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La transición que necesitamos

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Ya nadie duda de que el cambio climático no es solo un problema de futuro. Estamos ante todo un desafío en el presente que vemos cómo día a día cambia las condiciones de la vida en el planeta, es decir, cómo lo cambia todo. Las evidencias científicas se suceden tanto en los informes del IPCC como en otros estudios, y comprobamos con preocupación cómo los peores escenarios se van cumpliendo mucho antes de lo previsto.

No es de extrañar, por tanto, que el Secretario General de Naciones Unidas convocase una cumbre especial para pedir a los países que incrementen sus compromisos de reducción de emisiones. Visto lo que cada Estado ha enviado a Naciones Unidas, se necesitaría triplicar esta ambición para garantizar que se cumple, al menos, el Acuerdo de París, aunque la ciencia ya nos dice que esto no será suficiente. La movilización global que al calor de Fridays for Future coincidió con la cumbre de Naciones Unidas precisamente pretendía presionar a los gobiernos para que, asumiendo su responsabilidad, planteen medidas ambiciosas y urgentes capaces de hacer frente a la crisis climática. A este conjunto de medidas es a lo que llamamos transición ecológica.

Una transición supone una transformación integral y progresiva. Un camino por recorrer para transitar de un lugar –o de una forma de hacer las cosas– a otro. En definitiva, un cambio de paradigma. De ahí que no se trate solo de cambiar el modelo energético, fundamental para la lucha contra el cambio climático. Se trata también de replantear el consumo de agua, el uso del territorio, la gestión de materias primas, el modelo de producción y por supuesto, de consumo, etc. En definitiva, una nueva forma de entender nuestra relación con el planeta asumiendo que la biosfera nos impone unos límites.

La transición ecológica es hoy un imperativo para garantizar la vida en el planeta

 

 

El reto no acaba aquí. Todo esto ha de hacerse compatible con la exigencia ética de maximizar el bienestar de todas las personas, las que habitamos hoy el planeta y las que vendrán. Una transición ecológica exitosa necesita garantizar que nadie se queda atrás y eso exige políticas públicas. El coste de este cambio de paradigma no se repartirá igual entre unos sectores de la población y otros. A quienes hoy cuentan con menos recursos, son más vulnerables y disponen de menos herramientas para hacer frente a la crisis esta transición les va a salir más cara.

A nivel global, esto puede verse en el desequilibrio entre los países con mayor y menor nivel de desarrollo. Paradójicamente son estos últimos quienes, habiendo contribuido menos a la crisis ambiental por su menor grado de industrialización, están pagando más caras las consecuencias. En ocasiones por su ubicación geográfica y en otras por tener un modelo económico más dependiente de las condiciones naturales y al mismo tiempo carecer de infraestructuras y herramientas para gestionar el desafío.

Este reto lo tenemos también dentro del llamado mundo desarrollado, donde la crisis de 2008 se saldó con un fuerte incremento de las desigualdades. La brecha entre los habitantes de grandes ciudades y los del resto, así como entre la población más acomodada y la más vulnerable, puede verse agravada si no se articulan políticas públicas de transición justa que no dejen a nadie atrás. Los chalecos amarillos en Francia nos han dado un aviso, pero el malestar puede ir a más si no se gestiona con criterios de justicia y equidad.

La transición ecológica es hoy un imperativo para garantizar la vida en el planeta, no hay duda. Para que sea exitosa, es fundamental que se ponga en marcha junto a políticas contra la desigualdad. De lo contrario, no solo no será posible, sino que puede contribuir a crear sociedades más cercanas a la distopía que tratamos de evitar.


*Cristina Monge, politóloga, asesora ejecutiva de Ecodes y profesora de sociología en la Universidad de Zaragoza

Las empresas, un potente agente de cambio e inclusión social

agenda 2030

Vivimos en un mundo en constante cambio que nos presenta un futuro incierto desde una visión “distópica” cargada de amenazas individuales y colectivas. Un mundo donde las personas pierden protagonismo y el papel de las instituciones queda relegado a un segundo plano. Estas incertidumbres generan desafección ciudadana hacia el sistema actual y desconfianza hacia las instituciones, tanto públicas como privadas. Las empresas no solo no están exentas de esta ruptura social sino que, además, frecuentemente se convierten en las causantes y beneficiarias de una estructura desigual.

Afortunadamente, hoy estamos en disposición de generar nuevas oportunidades y nuevos marcos que hagan del planeta un lugar gobernado por la justicia social; un lugar donde nadie quede atrás. Sin embargo, la mejor manera de predecir el futuro es liderarlo. Y hacerlo, no desde una visión jerarquizada de la toma de decisiones, sino desde una perspectiva compartida de colaboración radical. Para ello, debemos aprender a establecer unos ecosistemas que definan los marcos de actuación que permitan a ciudadanos, administraciones e instituciones, unidos bajo un mismo lenguaje universal, encontrar la suma ganadora que lleve a un enriquecimiento colectivo. No se trata de filantropía, se trata de integrar todas las acciones bajo el paraguas de una alianza forjada a base de cooperaciones blandas para un futuro sostenible.

La Agenda 2030, aprobada por 193 países, representa ese nuevo lenguaje universal que engloba en al conjunto de la sociedad en un único camino hacia ese futuro deseado. Es una agenda humanista, un pacto global que que va más allá de aportar el conocimiento necesario para avanzar. Al final, su pretensión trasciende la ambición de convertirse en la conceptualización de los valores de la ilustración y busca reafirmarse como estandarte de los derechos humanos.

Recogida en 17 objetivos y 169 metas, el pacto global implica necesariamente repensar nuestra manera de actuar y comprender que de nada sirve ponerle parches a un mal desarrollo. La Agenda nos marca un camino donde quedan señaladas acciones a corto plazo que, sin embargo, tienen la vista puesta en una futura alianza global donde todos los agentes sociales sean co-creadores. Porque todos somos parte del problema, pero también, somos el todo de la solución: nuestra misión es aportar ideas que permitan afrontar las metas y objetivos planteados. Inevitablemente, se ha de sustituir el egoísmo individual por la solidaridad como valor intrínseco.

«Las empresas deben encontrar su ethos empresarial en un marco común construido a base de alianzas»

La solidaridad no puede ser solo la expresión de un ejemplo de buenas prácticas. Ante todo, es un valor individual y colectivo que permite generar alianzas más allá de los intereses de los contrayentes. Es una manera de ser, de actuar, de entender el mundo en que vivimos y de ser copartícipe del beneficio de una sociedad que piensa en el aquí y en el ahora, tanto como en el allá y el mañana. Las empresas deben encontrar su propósito más sostenible, su ethos empresarial, en ese marco común construido a base de alianzas. Al mismo tiempo, deben convertirse en proveedoras de servicios y soluciones de un futuro ligado a los valores que representan los diferentes objetivos.

De esta manera, la contribución del sector empresarial se transforma en un compromiso compartido que impregna toda la cadena de valor y no es, en absoluto, un subproducto del modelo de negocio tradicional. El propósito de acción sostenible tiene que impactar positivamente en todos los aspectos de la empresa, tanto en su acción interna como externa. Sin olvidar que la generación de beneficios económicos y sociales necesitan estar orientados al empoderamiento de las personas.

Las empresas demandan marcos estables que propicien el cambio y entornos favorables para la implementación de medidas transformadoras dentro de la cultura empresarial. La Agenda 2030 está precisamente para ofrecer marcos de certidumbre compartida. Pero al final es la ciudadanía la que exige un cambio radical en el modelo de producción y consumo. Demandan una economía que vaya más allá de medir el crecimiento como un incremento del Producto Interior Bruto, y que se relacione a la mejora real de la calidad de vida de las personas.

No hay que olvidar que las personas somos la base del sistema. Por ello, las empresas que apuestan por apoyar el desarrollo del talento y a la vez ofrecen productos y servicios que giran en torno a las necesidades de los consumidores –cada vez más exigentes y comprometidos con el desarrollo sostenible–, se convierten en poderosos agentes de transformación.

Estamos ante un cambio inexorable: hasta ahora los diferentes actores sociales no habían trabajado conjuntamente con un fin común. La desigualdad es uno de los efectos negativos que ha traído la globalización y la consecuente crisis económicas. De ahí que nuestro reto estribe en la necesidad de generar acciones coordinadas para evitar que el crecimiento económico produzca beneficiarios y perjudicados. Porque si algo genera desigualdad son los modelos insostenibles tanto económica como socialmente. Las bases de una sociedad avanzada deben asentarse en unas conexiones que garanticen la protección de las personas y además refuercen la apuesta por el empoderamiento ciudadano.

«La Agenda 2030 está para ofrecer marcos de certidumbre compartida y construir entornos favorables para el cambio»

El sector empresarial es una fuerza dinámica que genera grandes beneficios tanto para su propia actividad como para la sociedad. Su papel es, a través del trabajo, liderazgo y talento, convertirse en ejemplo de referencia de una ciudadanía global comprometida con un desarrollo sostenible global.

De cara a 2030, el propósito está claro: las empresas tienen que ser motivadoras de la voluntad y satisfactoras de la demanda de una ciudadanía que desea cooperar en un mundo distinto. La economía sosteniblemente ética es posible y se traduce en beneficios tangibles e intangibles que retroalimentan el compromiso empresarial con un desarrollo inclusivo. Su liderazgo nace de entender que la calidad de vida de los trabajadores y trabajadoras no solo repercute en la cuenta de resultados de la empresa, sino que además, mejora el entorno social y económico.

El nuevo contrato social global que representa la Agenda 2030 reclama la creación de marcos de acción que converjan en un alianza win-win-win definida por una visión colectiva de las necesidades compartidas. No hay otro plan: no podemos perder la oportunidad que nos brinda la visión multilateral renovada gracias a los 17 objetivos y las 169 metas de la Agenda 2030. En un mundo que requiere de nuevas narrativas y actuaciones conjuntas, hemos de aprovechar los beneficios de ese lenguaje universal de progreso e inclusividad.

Transformar el mundo en que vivimos requiere de una voluntad firme de la situar la solidaridad en el centro de nuestros movimientos como ciudadanos globales. Las empresas, generadoras de una cultura de la colaboración se convierten el vectores transformación esenciales para salvaguardar el futuro de un planeta que ya no solo necesita protección, sino también una vuelta al pasado: que se reviertan las actuaciones que nos han llevado a la devastación de recursos.

Así pues, emprendamos esta transición hacia una economía con propósito, donde las empresas sean el agente imprescindible para alcanzar un modelo económico justo, inclusivo y sostenible.

Federico Buyolo es director general de la Oficina de la Alta Comisionada para la Agenda 2030

¿Es posible conciliar el reto ambiental con el consumo de energía?

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*Jorge Sanz Oliva es director asociado de NERA Economic Consulting y presidente de la Comisión de Expertos de Transición Energética de 2018


Es frecuente escuchar que “la energía que menos contamina es la que no se consume”. Se trata de una afirmación totalmente cierta y sin embargo, la “energía que no se consume” es también la que menos bienestar produce porque no nos calienta en invierno, no conserva nuestros alimentos refrigerados, no ilumina nuestros hogares y tampoco ayuda a fabricar o a transportar los productos que consumimos. De ahí que consumir energía sea esencial para nuestras vidas. Entonces, la pregunta es: ¿cómo conciliar el reto ambiental con el consumo energético? A diferencia de lo que ocurría hace tan solo diez años, actualmente las grandes instalaciones de generación de electricidad que utilizan el sol y el viento (ambas fuentes de energía renovable) son económicamente rentables y no necesitan subvenciones. En poco tiempo esto va a permitir avanzar en la lucha contra el cambio climático sin que eso suponga un gran coste para los consumidores. No obstante, los precios actuales y las previsiones de evolución tecnológica reflejan que la estrategia menos onerosa para reducir las emisiones de CO2 no pasa, por ejemplo, por invertir en aislamiento térmico de edificios (que es enormemente caro) sino por eliminar las barreras a la penetración de las energías fotovoltaica y eólica en la economía. Para ello es necesario incrementar el peso de estas energías renovables en la generación eléctrica y, al mismo tiempo, aumentar el peso de la electricidad en el consumo de energía final. Electrificar la economía requiere que las personas y las empresas sustituyan su actual consumo de energías fósiles (gas natural y derivados del petróleo) por el de electricidad. Por ejemplo, se puede empezar por apostar por el coche eléctrico o por los sistemas aerotérmicos para cubrir las necesidades de calor y frío en el hogar o, en el caso de las empresas, sustituir las calderas de gas natural por unas eléctricas. Sin embargo, mientras existan penalizaciones al consumo de electricidad y subvenciones al consumo de energías fósiles va a ser difícil que consumidores y empresas sean activos en el proceso de electrificación.

Mientras existan penalizaciones a la electricidad será difícil que los consumidores participen en el proceso

Porque, en efecto, el consumo de energías fósiles está subvencionado en nuestro país. No a través de ayudas explícitas —prohibidas por la UE— sino porque no se les cargan todos los costes que ocasiona su consumo. Por ejemplo, el consumo de cualquier forma de energía, ya sea electricidad o combustibles fósiles, obliga a invertir en renovables en un cierto porcentaje. Pero los consumidores de gas natural y de derivados del petróleo no financian los sobrecostes de las inversiones en renovables que su consumo induce, sino que el 90% de los sobrecostes de estas tecnologías los pagan los consumidores de electricidad. De igual manera ocurre con los sobrecostes de la cogeneración, que deberían imputarse a todos los consumidores de energía final. Sin embargo, a día de hoy se cobran únicamente a los consumidores de electricidad. Por otra parte, el uso de electricidad también está penalizado porque los peajes eléctricos incluyen los sobrecostes del suministro en los territorios no peninsulares y las anualidades de los pagos de déficits tarifarios incurridos en el pasado por el incremento en el coste de los apoyos a las energías renovables. Todo esto penaliza el consumo de electricidad y fomenta el uso continuado de los combustibles fósiles a pesar de sus elevadas emisiones de gases de efecto invernadero. Por ello hay tres actuaciones que son clave para luchar, con éxito, contra el cambio climático. En primer lugar, es necesario facilitar la construcción de instalaciones eólicas y fotovoltaicas que pueden producir electricidad sin emisiones de gases de efecto invernadero (actualmente no son necesarias subvenciones porque sus costes las hacen ya competitivas). En segundo lugar, es preciso fomentar —o al menos no obstaculizar— la electrificación de la economía, lo que requiere que se diseñen las tarifas eléctricas de forma que se ponga fin a la penalización a su consumo. En este aspecto la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia está ya trabajando en una reforma del diseño tarifario que refleje los costes de suministro. En tercer lugar, hay que acabar con las subvenciones al consumo de energía contaminante, lo que implica que hay que llevar a cabo una reforma fiscal medioambiental.

Con una reforma fiscal y un impuesto al consumo de CO2 a 30 €/tCO2, la economía podría alcanzar el objetivo de electrificación del 27%

Asimismo, la necesidad de una reforma fiscal, como la propuesta por la Comisión de Expertos de Transición Energética en 2018, se puede apreciar en el hecho de que simplemente con esa reforma y un impuesto al consumo de CO2 a 30 €/tCO2, la economía española podría alcanzar el mismo objetivo de electrificación (27%) previsto por el Gobierno para 2030 en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC). Todo ello, sin gastar ni un solo euro de dinero público; en contraste con el PNIEC, que plantea decenas de intervenciones, con un gasto de 236.000 M€ en diez años. Sin embargo, el Plan Nacional solo dedica un pequeño párrafo a la reforma fiscal. Y dicho párrafo no perfila los principios en los que se va a basar la reforma, sino que se limita a indicar que será el Ministerio de Hacienda quien la liderará —a pesar de que los problemas ambientales no son, precisamente, una prioridad del Ministerio de Hacienda—, y no el Ministerio para la Transición Ecológica. La buena noticia es que el PNIEC enviado a la Comisión Europea es solo un borrador. El Gobierno aún está a tiempo de rectificar y sentar las bases para una verdadera reforma fiscal que demuestre que su preocupación por el cambio climático no es un mero eslogan.