A inicios de marzo, el Gobierno decretaba el cierre de los centros educativos primero del País Vasco, La Rioja y la Comunidad de Madrid y luego del resto del territorio español para frenar el contagio por coronavirus. Esta drástica medida obligó a millones de niños y jóvenes a seguir con el curso académico desde casa, confirmando la existencia de una brecha digital que podría agrandar la brecha educativa entre las familias con más recursos y las que menos tienen. Sin embargo, esta visible grieta no se limita a los pupitres: la crisis del coronavirus ha profundizado las desigualdades sociales en todos los sentidos.
¿Cuántas personas tienen los recursos para trabajar desde casa? ¿Qué sectores no pueden permitirse mantener a sus empleados en remoto? ¿Qué ocurre con aquellos estudiantes que dependen de las becas comedor? ¿Cuántos no podrán volver a sus puestos de trabajo cuando pase la pandemia? O, sencillamente, ¿qué pasa con quienes no tienen una casa en la que quedarse? Aunque todavía es pronto para medir los efectos del coronavirus, y pese a que el Gobierno ya ha puesto en marcha un paquete de medidas sociales y económicas para paliar sus consecuencias, estas preguntas ponen sobre la mesa una cruda realidad: los colectivos más vulnerables no son solo aquellos que están más expuestos al contagio, sino que, con toda probabilidad, serán los que se vean más duramente golpeados las consecuencias sociales y económicas que trae consigo la declaración del estado de alarma.
Para Manuel Franco, profesor de Epidemiología de la Universidad de Alcalá en Madrid e investigador del proyecto europeo Heart Healthy Hoods, la primera desigualdad visible es en el ámbito de la salud. “Las desigualdades sociales crean y perpetúan las desigualdades en salud. Esas inequidades sociales no son otra cosa que los procesos y fenómenos que ocurren en nuestras sociedades, países, ciudades, distritos, barrios y edificios, y que se relacionan directamente con la salud y las enfermedades que tenemos”.
Los grupos vulnerables, más expuestos al coronavirus
“Quedarse en casa”, “Mantenerse a un metro de distancia” y “Lavarse las manos con agua y jabón” son las principales indicaciones de las autoridades para frenar el contagio y protegerse del coronavirus. Sin embargo, en España se calcula que entre 30.000 (según los últimos datos del INE) y 40.000 personas (según datos Cáritas y la organización FEANTSA) no tienen un hogar y, por tanto, carecen de recursos para mantener las recomendaciones de confinamiento, higiene y distanciamiento social. Además, según recuerdan organizaciones como la Fundación Arrels, muchas de ellas padecen patologías crónicas previas, agravadas por las condiciones en las que viven habitualmente. Son, en definitiva, población de riesgo. Esto, unido a que muchas de las entidades sociales se han visto obligadas a interrumpir sus servicios, convierten a este colectivo, ya de por sí uno de los vulnerables, en uno de los más expuestos al coronavirus.
A grandes rasgos, “los determinantes sociales de salud están íntimamente relacionados con trabajos y nivel educativo, con nuestro género, edad y el lugar donde vivimos”, recuerda Manuel Franco. En muchos casos, las personas que trabajan en sectores más precarizados o que tienen ingresos más bajos son las que menor acceso tienen a la opción del teletrabajo. Es el caso de los obreros, los trabajadores del hogar o aquellos que asisten a personas mayores, que suelen desplazarse en transporte público (donde hay una mayor probabilidad de contagio) hasta sus puestos de trabajo. Porque, recuerdan expertos como Franco, dejar de trabajar y cumplir con el confinamiento supone renunciar a su única fuente de ingresos. Esta situación dificulta a su vez el cuidado de los niños y niñas: ante la imposibilidad de dejar a los hijos al cuidado de otros, muchos padres se ven obligados a elegir entre su trabajo o su familia.
Las personas sin hogar carecen de recursos para mantener las recomendaciones de protección contra el coronavirus
Los expertos apuntan a que en el mercado laboral son ese tipo de trabajos los que más se van a resentir. Según los primeros cálculos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), son además los que corren más riesgo de desaparecer. Las expectativas no son halagüeñas: la organización calcula que aumentará el desempleo y el subempleo a nivel mundial y que, en el peor de los casos, se podrían destruir cerca de 25 millones de puestos de trabajos. En España, por el momento, el grueso de las empresas gravemente afectadas por la crisis del coronavirus ha adoptado a la fuerza expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) que afectan ya a cientos de miles de ciudadanos.
Con todo, las brechas sociales que existían previamente se han acentuado ante una situación de emergencia sin precedentes. Y aunque no podemos conocer el futuro, la pandemia podría exacerbar aún más esas desigualdades. Pero la puerta queda abierta a la esperanza. A falta de una mirada retrospectiva que permita analizar su efectividad, la Administración central ha adoptado un paquete de medidas económicas orientado a proteger a los más vulnerables. Entre estas se incluyen la moratoria en el pago de hipotecas, la prohibición de cortar el agua, la luz o el gas a colectivos vulnerables o garantizar la prestación por desempleo a los afectados por los ERTES.
Asimismo, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, explicaba en una entrevista en el diario El País hace unos días, que se habían relajado las normas de ayudas públicas de los Estados y que aportaría una fuerte inyección económica a aquellos países más golpeados por la crisis sanitaria. Y añadía: “Ningún país de la Unión Europea puede superar esta crisis por sí solo, pero juntos desarrollaremos la fortaleza no solo para luchar contra el virus, sino también para recuperar el vigor de nuestra economía”. Un vigor que se verá también reflejado en nuestra capacidad de reducir unas diferencias sociales hoy más visibles que nunca.
