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Mamá, quiero un juguete inclusivo

A la hora de socializar y desarrollarse, el juego desempeña un papel esencial en la vida de los niños, pero ¿pueden los juguetes impulsar también la integración social y la diversidad?


Los juguetes que hemos tenido en nuestra infancia nos han dejado una huella que va mucho más allá de los momentos de ocio, aunque quizá no seamos del todo conscientes de ello. Su papel es clave en el desarrollo de todo ser humano, ya que contribuyen a adquirir habilidades sociales y emocionales desde las primeras etapas de la infancia. 

Ya a principios del siglo XX, con el surgimiento de nuevas corrientes educativas como Montessori o Waldorf, comenzó a cambiar la concepción del juego, que empezó a entenderse como un espacio para la creatividad, la imaginación y la libre expresión, convirtiendo los juguetes en nuevas herramientas de aprendizaje. Tal es su importancia que en 1989 la Asamblea General de las Naciones Unidas elevó el «juego» a la categoría de derecho de la infancia y estableció el deber de los adultos de protegerlo. 

Sin embargo, en la mayoría de los casos aspectos como la inclusión o la diversidad quedan relegados a un segundo plano en los juguetes que encontramos en el mercado, pese a su relevancia a la hora de que los niños construyan su identidad social.

¿Qué es un juguete inclusivo?

Ana Mata, coordinadora de la Guía de AIJU Instituto Tecnológico de Producto Infantil y de Ocio, define los juguetes inclusivos como «aquellos accesibles, adaptativos y que permiten una interrelación entre los niños sin los prejuicios de la discriminación, mostrando la diversidad como algo natural».

El juguete inclusivo es accesible, adaptativo y permite establecer relaciones en la infancia sin los prejuicios de la discriminación

Los primeros esfuerzos de los fabricantes de juguetes para poder ofrecer juguetes inclusivos se dirigieron a reducir los sesgos de género. Así, compañías como Moltó, El Corte Inglés o incluso la empresa de productos de limpieza y del hogar Vileda incorporan desde hace varios años la imagen tanto de niños como de niñas en sus campañas publicitarias de juguetes simbólicos como cocinitas, planchas, supermercados o sets de limpieza, desvinculando así estos productos de los estereotipos de género.

La diversidad racial también es cada vez más habitual en los estantes de las jugueterías. Un ejemplo de ello es Mattel con su muñeca Barbie, que ya cuenta con 22 versiones de diferentes etnias, 35 tonos de piel y nueve tipos de cuerpo distintos. Otra línea de muñecas de este fabricante, Monster High, pone el foco en la diversidad de sus personajes con el «objetivo de crear un mundo en el que todos y todas puedan sentirse orgullosos de ser ellos mismos». Una misión que refuerzan mediante iniciativas como el Proyecto Pertenencia, que proporciona ayuda a los niños y niñas para conectar con sus comunidades y crear vínculos, o su asociación con organizaciones como la Fundación Anar, que busca educar a niños y niñas en la tolerancia y el respeto.

La diversidad más allá del género y la raza

Han transcurrido ya más de diez años desde que la empresa Famosa lanzara al mercado «La Consulta Médica de Nenuco», que consistía en un muñeco con ambliopía (ojo vago) al que había que tratar con un parche y gafas correctoras. Con el tiempo, este juguete evolucionó, dando lugar a nuevas versiones, como bebés con implantes cocleares o con síndrome de Down. 

A pesar de la mayor presencia de juguetes inclusivos en el mercado, todavía no existe una adecuada representatividad de la diversidad social

Pero no es la única compañía que ha incorporado diversidades funcionales y sanitarias en sus muñecos a lo largo de los años. Marcas como Miniland cuentan con juguetes en los que los más pequeños pueden ver reflejadas realidades como el vitíligo, la discapacidad motora —con muñecos en silla de ruedas— o la discapacidad visual. Otros fabricantes también han lanzado al mercado ediciones de su muñeca con diferentes patologías, como la diabetes.

Aunque estos juguetes inclusivos han ayudado a normalizar la diversidad y fomentar la empatía, a día de hoy aún hay niños y niñas que se ven excluidos de los juguetes que existen en el mercado. Así lo afirma un estudio de 2024 de la Confederación de Organizaciones Familiares de la Unión Europea (COFACE Families Europe), que pone de manifiesto que los juguetes inclusivos no son lo suficientemente accesibles y que todavía no existe una adecuada representatividad de la diversidad social. 

Este hecho demuestra que, pese a los pasos dados por la industria hacia la diversidad y la inclusión, aún son casos minoritarios que requieren mayor presencia y protagonismo para integrarse plenamente en la realidad social que representan. Solo así conseguiremos que algún día la etiqueta de «juguete inclusivo» desaparezca para convertirse simplemente en lo que siempre debieron ser: juguetes.

¿En qué consiste la pobreza menstrual?

La menstruación puede ser un lujo para millones de mujeres en todo el mundo, un fenómeno con graves consecuencias para su salud, educación y participación social.


La menstruación acompaña a las mujeres durante 38 años de su vida, según el Banco Mundial. En ese periodo, en promedio, cada una consumirá más de 10.000 productos relacionados con su menstruación. Esto es, claro, si puede conseguirlos. Porque, según la organización, más de 500 millones de mujeres en todo el mundo no pueden acceder de forma adecuada a compresas, tampones, ropa interior, analgésicos o agua limpia para su higiene diaria.

Cuando el acceso a productos higiénicos femeninos se convierte en un lujo, las mujeres corren más riesgo de sufrir infecciones, problemas dermatológicos o dolor crónico. Y no solo eso, la pobreza menstrual trasciende como desafío para la salud y puede llegar a ser un obstáculo también para la plena inclusión de las mujeres en distintos ámbitos de la sociedad. 

Brechas sociales y geográficas en el acceso a productos menstruales

En situación de pobreza menstrual, muchas adolescentes se ven obligadas a faltar al colegio y, en el caso de adultas, a reducir su participación en el trabajo o en la vida social, lo que convierte un problema de higiene y salud en una cuestión de derechos humanos. 

Hay países en los que este problema se hace más evidente en la brecha entre el entorno rural y el urbano: según datos de la OMS y UNICEF, una de cada cinco adolescentes y mujeres en las zonas rurales de Etiopía no utiliza ningún producto, en comparación con la proporción de una de cada veinte en las zonas urbanas.  

A lo largo de toda su vida, una mujer puede llegar a necesitar más de 10.000 productos relacionados con la menstruación

Y también se producen desigualdades por nivel socioeconómico en países aparentemente ricos. En Estados Unidos, una de cada cuatro adolescentes y una de cada tres adultas tiene dificultades para asumir el precio de los productos menstruales. Este fenómeno se da sobre todo en las familias de menores ingresos.

En España, esta realidad también está presente, aunque con matices distintos. Estudios de Period Spain y del Instituto Universitario de Investigación en Atención Primaria IDIAP Jordi Gol estiman que entre el 20% y el 22% de las mujeres han experimentado algún tipo de dificultad económica para adquirir productos menstruales.  

Las más afectadas son las mujeres jóvenes, con bajos ingresos o en un escenario de mayor vulnerabilidad social, como aquellas que se encuentran en situación de calle. En estos casos, la pobreza menstrual suele ser el síntoma de un marco de exclusión más amplio. 

Soluciones posibles y el debate sobre el «impuesto rosa»

La causa de este fenómeno se encuentra en una combinación entre el estigma, situaciones de vulnerabilidad o contextos desfavorecidos, los elevados precios de los productos menstruales y la falta de infraestructuras de agua y saneamiento. 

En situaciones de pobreza menstrual, muchas adolescentes se ven obligadas a faltar al colegio y mujeres adultas a su puesto de trabajo

Frente a esta realidad, las soluciones existen y requieren acción conjunta. Algunas comunidades y organizaciones han implementado programas de distribución gratuita de productos menstruales en colegios, universidades y centros de atención social.

Por otro lado, también ha recibido numerosas críticas el llamado «impuesto rosa», que consiste en el sobrecoste que pagan las mujeres por productos o servicios equivalentes a los de los hombres simplemente por estar dirigidos a un público femenino. Hay quienes abogan por que estos productos se adquieran con la misma asequibilidad que los medicamentos necesarios.

En definitiva, la menstruación no debería ser un privilegio, sino una cuestión básica de salud y dignidad. Sin acceso a productos higiénicos adecuados, las mujeres no están lidiando solo con una necesidad física, sino con toda una serie de barreras para estudiar, trabajar y participar plenamente en la sociedad.

Ser mujer no debería ser sinónimo de limitaciones o estigmas. La menstruación no es enfermedad ni vergüenza, y atender esta necesidad básica es reconocer la dignidad de todas.

Condorcet, el volcán cubierto de nieve precursor de los movimientos sociales

Los movimientos sociales de hoy se conformaron como tenues pero valientes llamas al calor  de la Ilustración de la mano de visionarios como Nicolás de Condorcet.  El Siglo de Luces, y de sombras, del que emanaron ideas de progreso, por las que hoy se sigue luchando.


No todo el mundo puede presumir de tener su nombre en un astro y perpetuar así su identidad a través del tiempo y el espacio. Esto sucedió con Nicolás de Condorcet, un filósofo, científico, matemático y politólogo francés a quien las circunstancias de su tiempo no le fueron lo suficientemente justas, pese a luchar sin denuedo por la igualdad real y la justicia social.  Un legado que quiso reconocer la Unión Astronómica Internacional en 1935 asignado su nombre a un cráter de la cara oculta de la Luna. 

Los comienzos de Condorcet

En el discurrir del Siglo de las Luces, emergieron corrientes, ideas, y profundos cambios sociales inspirados por grandes personajes que hoy siguen influyendo en nuestros días.  Marie Jean Antoine Nicolas de Caritat, más conocido como Nicolas de Condorcet (1743-1794) fue uno de ellos.

Irrumpió en la escena ilustrada francesa, rompiendo con sus propios moldes familiares. Hijo de militar, del cual quedó huérfano a las pocas semanas de nacer, renunció pronto a la carrera castrense y dedicó su vida al estudio de las ciencias matemáticas, las cuales aplicó a la teoría política, filosofía y a la ciencia social, convirtiéndose en un renombrado filósofo, teórico y humanista.

Como todo ser humano, sus circunstancias vitales fueron las que marcaron su carácter y dirección. Desde muy pequeño fue sometido a una estricta educación jesuita en Reims, donde no solo destacó rápidamente como un gran estudiante, sino que también desarrolló una profunda convicción sobre la necesidad de alejar la religión de la educación.

No hay nada más esencial e imprescindible como la educación para que el progreso social y la democracia se desarrollen plenamente

Un personaje cuya explosiva personalidad determinó sus planteamientos llegando a ser definido en plena Ilustración francesa como «un volcán cubierto de nieve». Julie de Lespinasse, aristócrata organizadora de célebres reuniones de élites en el París ilustrado del siglo XVIII, afirmó: «Condorcet, esta alma sosegada y moderada en el curso ordinario de la vida se convierte en ardiente y fogosa cuando se trata de defender a los oprimidos o de defender lo que aún le es más querido: la libertad de los hombres...».

Vehemente en sus respuestas pero racional en su contenido, es considerado como uno de los precursores de los grandes movimientos sociales que hoy siguen en lucha. Condorcet defendió el feminismo, la igualdad y la reforma educativa, sugiriendo que la enseñanza, debía de ser pública, gratuita e impartida a niños y niñas por igual, para de esta forma  erradicar la idea de la época de que las mujeres eran menos instruidas.

Igualdad y educación como núcleo central del progreso

No tenemos que mirar muy lejos para hablar del sufragio femenino, teniendo que entrar el siglo XX para que las primeras mujeres europeas pudieran ejercer su derecho a voto.

Sin embargo, ya en 1790 Condorcet publicaba su obra Sobre la admisión de las mujeres al derecho de ciudadanía, defendiendo la igualdad de mujeres y hombres de forma natural, convirtiéndose en uno de los pioneros del feminismo: «O ningún miembro de la raza humana tiene derechos, o todos tienen los mismos; y cualquiera que vote en contra de los derechos de otro, sea cual sea su religión, color o sexo, pierde automáticamente los suyos»

Su obra resultó determinante para abolir la esclavitud en la Asamblea General de Naciones Unidas dos siglos después de su muerte

Por ello, este volcán inerte en ocasiones y furioso por momentos, consideró que no había nada más esencial e imprescindible como la educación para que el progreso social y la democracia se desarrollen plenamente. Defendiendo postulados que hoy en día se encuentran en plena actualidad social, Condorcet postulaba una educación igualitaria, pública y obligatoria. Según el autor, la educación serviría de barrera frente al monopolio de valores y pensamientos, y sería la única forma de generar en la ciudadanía un pensamiento ilustrado y dominado por la razón. «Ilustrar a los hombres para convertirlos en ciudadanos», afirmaba en sus escritos. 

El atrevimiento en los planteamientos que defendía no se frenó aquí. Condorcet también destacó por su ferviente oposición a la esclavitud colonial y su incansable lucha por la abolición de la pena de muerte. Su obra Reflexiones sobre la esclavitud de los negros, publicada en 1781, resultó determinante para abolir definitivamente la esclavitud en la Asamblea General de Naciones Unidas en el siglo XX.

Sin embargo, esta implacable defensa de los derechos humanos convirtió a este ilustrado en víctima de la Revolución Francesa. En 1794 fue encontrado muerto de forma misteriosa en su celda, 48 horas después de ser arrestado por los jacobinos en Clamart por, entre otras razones, oponerse a la pena de muerte. Un final que no logró silenciar sus ideas ni enturbiar su legado, que ha llegado hasta nuestros días más vivo y actual que nunca; marcando el inicio de movimientos sociales basados en la igualdad de oportunidades de todos los seres humanos con independencia de su sexo, nacionalidad, origen o condición.

Cuando la arquitectura es hostil

No siempre es visible: a veces son pinchos o bancos incómodos; otras, la simple imposibilidad de sentarse sin pagar. La arquitectura hostil se cuela en nuestras calles para expulsar a quienes no entran en moldes herméticos y termina erosionando el derecho a la ciudad. 

En una escena de la miniserie noruega Architekten (2023), una sátira sobre la crisis de vivienda y el urbanismo excluyente, el personaje interpretado por Ingrid Giæver destruye una barra de un banco público que impide que la gente se tumbe. Autodenominada «activista contra la arquitectura hostil», la joven tiene una motivación personal: conseguir que su padre, un hombre sin hogar, encuentre un sitio donde dormir en la ciudad. 

A la arquitectura hostil o defensiva solemos asociarla con este tipo de bancos diseñados para dificultar o incomodar su uso original –el de ofrecer asiento– para impedir que pernocten o descansen en ellos las personas sin hogar. Ese urbanismo ideado para «ahuyentar» puede manifestarse de varias formas: alféizares inclinados, formas extremas, vallas, púas, triángulos metálicos o asientos donde solo cabe una persona. El banco Candem es el diseño antisocial más reconocido. Parece que casi cualquier idea sirve para repeler a los colectivos indeseados: llegó a comercializarse en Reino Unido un dispositivo de «mosquito» cuyo sonido ahuyentaba a los jóvenes, aunque fue prohibido en 2010 por el Consejo de Europa.

Este tipo de urbanismo incluye la sensación de que el entorno urbano está diseñado para el consumo y el turismo y no para los residentes

Sin embargo, este tipo de urbanismo excluyente también incluye aspectos que no vemos, como la sensación de que el entorno urbano está diseñado para el consumo y el turismo y no para los residentes. Cuando se animó a un grupo de jóvenes madrileños a fotografiar lo que resultara «hostil» en sus barrios para un informe, no solo identificaron los mencionados bancos anti-homeless; también elementos como el exceso de tráfico, la falta de espacios verdes, la carencia de sombras o fuentes y un espacio público invadido por el uso comercial. Todo esto les generaba malestar, limitaba su ocio saludable y promovía un estilo de vida individualista. 

¿Por qué diseñar una ciudad así? Según J. Petty, la motivación está en explotar la rentabilidad de los espacios. Esta lógica neoliberal obliga a restringir el acceso a todas aquellas personas que no puedan aportar económicamente. Además, añadir a los espacios públicos elementos que dificulten su uso favorece el consumo en establecimientos privados porque reorienta a las personas hacia este tipo de lugares, limitando el ocio y forzando a permanecer en casa si no se gasta dinero, además de funcionar como método de control social

La arquitectura hostil perjudica a unos colectivos más que a otros. Tiene un impacto negativo en la gente joven, que ve limitada su autonomía y su capacidad de participación en la vida pública. Un estudio realizado en Nueva York mostró una reducción en el acceso de los jóvenes al espacio público por culpa de la comercialización y la privatización de las actividades de ocio. 

Los más afectados por la arquitectura hostil son la gente sin hogar y las personas con discapacidad

Análisis realizados en España revelan que a menudo se usan estos elementos para evitar que los jóvenes se agrupen en el espacio público y lleven a cabo actividades de ocio y sociabilidad que se alejen de las pautas del consumo. Sin embargo, las más afectadas son las personas sin hogar y las personas con discapacidad. Las personas con movilidad reducida (por ejemplo, aquellas que usan silla de ruedas) no solo se encuentran con obstáculos físicos que les impiden el paso, sino también con un entorno inhóspito que afecta a su bienestar mental. 

En última instancia, no obstante, este tipo de arquitectura nos afecta a todos: socava nuestro derecho a la ciudad, un concepto de Henri Lefebvre que implica la posibilidad de participar plenamente en la vida urbana y de acceder a los espacios públicos de manera equitativa. Para garantizar o recuperar este derecho debemos replantear el diseño urbano para priorizar la habitabilidad, la inclusión y la interacción social, en lugar de la mercantilización y la turistificación. Y para ello hacen falta la participación y propuestas de todos los ciudadanos.  

Los derechos LGTBIQ+ más allá del Orgullo

En 64 países las relaciones entre personas del mismo sexo siguen siendo ilegales y en siete de ellos incluso pueden castigarse con la pena de muerte. Mientras algunas naciones avanzan hacia la igualdad, otras retroceden, endureciendo sus leyes y provocando un aumento de los discursos de odio. 


Millones de personas celebran cada mes de junio en todo el mundo el Mes del Orgullo para visibilizar al coletivo LGTBIQ+, reclamar sus derechos y celebrar la diversidad. Sin embargo, la realidad global sigue marcada por una profunda desigualdad. Según el último informe de la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex, ILGA World, en 64 países las relaciones entre personas del mismo sexo son delito, y en siete de ellos la ley contempla incluso la pena de muerte. La mayoría de estas normativas represivas se concentran en Oriente Medio, África y Asia, donde las estructuras sociales y políticas mantienen fuertes resistencias a la diversidad sexual y de género.  

En algunos casos, estas políticas han alcanzado extremos alarmantes, como es el caso de Uganda, donde se aprobó en 2023 una ley que criminaliza el «intento» de mantener relaciones homosexuales y que prevé cadena perpetua o ejecución en casos considerados como «homosexualidad agravada». La legislación también castiga con multas y cárcel a quienes promuevan o defiendan los derechos del colectivo. Otros países africanos como Malí o Ghana han endurecido los últimos años sus códigos penales contra la homosexualidad. Por su parte, en el caso de Trinidad y Tobago, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha manifestado su preocupación ante la decisión de la Corte de Apelaciones del país de volver a criminalizar las relaciones sexuales consentidas entre adultos del mismo sexo. 

Uganda aprobó en 2023 una de las leyes más duras del mundo contra la homosexualidad, con prisión perpetua o pena de muerte

La represión legal se suma a la violencia en las calles y la comunidad trans en particular afronta una doble discriminación. Según el informe de Transgender Europe (TGEU), desde 2008, se han documentado más de 5.000 asesinatos de personas trans en el mundo, de los cuales 350 ocurrieron entre 2023 y 2024. América Latina y el Caribe concentran la mayor parte de estos crímenes, con Brasil a la cabeza, representando el 31% de los casos registrados en 2023. La mayoría de las víctimas son mujeres trans en situación de exclusión social y muchas de ellas, trabajadoras sexuales. 

La hostilidad también se manifiesta a través de leyes que buscan borrar la presencia LGTBIQ+ del espacio público. Como el caso de Rusia y la conocida «ley contra la propaganda homosexual», que prohíbe cualquier representación positiva o neutral de estas personas en medios, escuelas o redes sociales, restringiendo la libertad de expresión. En Europa, países como Hungría y Polonia han impuesto restricciones alegando la defensa de «valores tradicionales», recortando derechos y generando un clima de intolerancia. 

En España, los delitos de odio contra el colectivo LGTBIQ+ se han duplicado en un año y una de cada cuatro personas sufre discriminación

Estos retrocesos no solo afectan directamente al colectivo, sino que legitiman los discursos de odio. España cuenta con un marco legal avanzado en materia de derechos LGTBIQ+ y, aun así, los delitos de odio aumentan cada año. Así lo indica el informe Estado del Odio LGTBI+ 2025 que ha presentado este año la Federación Estatal LGTBI+ señalando que una de cada cuatro personas del colectivo sufre discriminación en España, así como el incremento del número de agresiones, que se han duplicado en un año. Este informe también muestra que «las personas LGTBIQ+ que viven en entornos no urbanos y en pequeños municipios tienen un menor acceso a recursos e información y, por ello, más riesgo y mayor desprotección». 

Frente a este panorama, la visibilidad y la celebración del Orgullo siguen siendo herramientas poderosas de denuncia y afirmación. Pero también es necesario mirar más allá del mes de junio: los derechos LGTBIQ+ son una cuestión de diversidad, justicia social y derechos humanos fundamentales. 

¿Cómo se vive el autismo en el medio rural?

Aunque es un entorno más amigable para ellos, el medio rural puede ser un hándicap para las personas con Trastorno del Espector Autista que habitan en él debido a la escasez de recursos como profesionales especialistas, buenas comunicaciones o la dependencia del transporte en su día a día. 


El escaso nivel de ruido y el bajo nivel de estímulos, entre otros factores, pueden hacer pensar en un primer momento que el medio rural es el entorno ideal en el que vivir para una persona con TEA (Trastorno del Espectro Autista).

No obstante, a pesar de las ventajas que un entorno tranquilo como lo son las zonas rurales puede proporcionar a las personas con autismo, vivir alejado de la ciudad también implica dificultades.

La falta de recursos especializados cercanos, la necesidad de desplazamiento para su atención y la accesibilidad limitada del transporte son algunos de los retos que deben enfrentar a diario las personas con TEA que viven en un medio rural. Además de limitar su calidad de vida, estas circunstancias pueden llegar a suponer un riesgo de exclusión. 

Según estimaciones de la Confederación Autismo España, alrededor de 74.700 personas con TEA podrían estar viviendo en zonas rurales de nuestro país

La presidenta de la asociación TEA Zamora, Maribel Ramos, hace hincapié en que lo que «más sufren» las personas con autismo en una provincia eminentemente rural son los desplazamientos  –sobre todo, para aquellos que viven en poblaciones pequeñas–, ya que en la ciudad es donde todos los servicios se encuentran centralizados: psicólogo, apoyo escolar, fisioterapeuta… Además, la presidenta añade que sería «muy costoso» que los servicios se desplacen hasta estas poblaciones porque habría que poner profesionales itinerantes y hay zonas muy lejanas y que no disponen de muy buenas comunicaciones con la capital.

Esta escasez de recursos que conllevan desafíos significativos diarios para las personas con TEA suele venir dada por la dispersión de la población y por las características físicas o de orografía de los entornos del medio rural, lo que puede dificultar el acceso a esos ya de por sí mencionados escasos servicios, como ejemplifica Maribel Ramos.

A estas características intrínsecas al lugar se suman en no pocas ocasiones la falta de profesionales especializados y la escasez de figuras de cuidado no profesionales que se deben, generalmente, a la dispersión de las familias y a los gastos extra que aquellas suponen.

Las personas con Trastorno del Espectro Autista que viven en las áreas rurales suelen tener un nivel educativo inferior en comparación con las que viven en las áreas urbanas, lo que puede reducir sus posibilidades de lograr un empleo

Asimismo, y en relación con este último factor, las personas con esta condición del espectro autista que viven en las áreas rurales suelen tener un nivel educativo inferior en comparación con las que viven en las áreas urbanas, lo que puede llegar a reducir sus posibilidades de lograr un empleo, según la Asociación Autismo España.

La AAE expone que los datos muestran que la ruralidad pueden ser un factor que multiplica las situaciones de discriminación. Por ello, la Confederación Autismo España, con el apoyo del Fondo Social Europeo Plus y  junto con otras entidades, puso en marcha la iniciativa +RuralTEA, con el objetivo de marcar un cambio significativo en la vida de las personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA) que residen en la España rural.

Según estimaciones de la Confederación Autismo España, alrededor de 74.700 personas con TEA podrían estar viviendo en zonas rurales de nuestro país. Este proyecto se enfoca en brindar soluciones personalizadas para superar las barreras que enfrentan estas personas en municipios alejados de los servicios especializados.

El proyecto +RuralTEA también busca como objetivo prioritario cambiar esta realidad de las personas con autismo, a través de un enfoque integral que incluye la detección de necesidades, la implementación de acciones concretas y el acompañamiento continuo a las familias, de manera que factores como carecer de infraestructuras adecuadas y servicios de transporte no supongan una diferencia en la calidad de vida con respecto a aquellas personas con la misma condición que habitan en un entorno urbano para que, así, las zonas rurales puedan seguir siendo un entorno amigable para ellas.

En este sentido, destaca también Redeia que, en el marco de su compromiso con la lucha contra la desigualdad y la mitigación de los desequilibrios territoriales, ha apoyado la iniciativa social de la asociación El Remós (Huesca). Esta entidad atiende a 22 usuarios, a quienes proporciona formación y la oportunidad de un proyecto laboral, favoreciendo su inclusión activa en la comunidad.

Mediante el acondicionamiento y asfaltado del camino que lleva hasta el centro, la compañía promueve la relación y la integración de las personas con discapacidad en su entorno social.

Iniciativas como estas, que contribuyen a reducir los desequilibrios urbano-rurales, son necesarias para que las personas con TEA puedan adaptarse a su entorno sin tener que abandonarlo por falta de recursos. Garantizar una atención inclusiva en cualquier punto del territorio no solo mejora su calidad de vida, sino que también fortalece el tejido social de las zonas rurales.

Dorothy Day, la activista santa que quiso poner fin a la pobreza

Desde el corazón de Brooklyn, Dorothy Day dedicó su vida a combatir la desigualdad. Activista, periodista y católica comprometida, fundó el Catholic Worker Movement para dar esperanza a los más desfavorecidos. 


Conocida como «La Radical Piadosa», Dorothy Day fue una escritora norteamericana, defensora de los derechos de la mujer y de los obreros que se convirtió en una de las figuras más influyentes del activismo social en Estados Unidos. Nacida en 1897 en Brooklyn (Nueva York), creció en una familia de ascendencia irlandesa y británica, y desde muy joven se sintió atraída por la literatura y las causas sociales, dos intereses que definirían su camino. 

Dorothy Day canalizó toda su energía hacia la acción comunitaria y la solidaridad con los más vulnerables

Y es que, en un momento de profunda incertidumbre en Estados Unidos, Day trabajó como periodista en publicaciones que promovían el socialismo y el cambio social, defendiendo activamente los derechos de la mujer, el amor libre y el aborto. Sin embargo, la transformación más profunda de su vida llegó en 1927, cuando decidió convertirse al catolicismo. A partir de ese momento, la escritora canalizó toda su energía hacia la acción comunitaria y la solidaridad con los más vulnerables, inspirada por los valores cristianos de compasión y justicia. Encontró en la fe una razón para luchar contra la pobreza y la exclusión y, junto al filósofo Peter Maurin, fundó en 1933 el Movimiento del Trabajador Católico (Catholic Worker Movement).

Esta iniciativa nació en pleno corazón de la Gran Depresión, un periodo en el que millones de estadounidenses perdieron sus trabajos y sus hogares. Day y Maurin crearon casas de acogida donde todo el que lo necesitara podía encontrar un plato de comida caliente y un lugar donde dormir. Era una respuesta directa y tangible a la pobreza, y también una declaración política, pues la sociedad no podía dar la espalda a los más desfavorecidos.

El Catholic Worker Movement sigue funcionando actualmente, inspirando a nuevas generaciones a trabajar por una sociedad más justa

El Catholic Worker Movement se construyó sobre los principios de la no violencia y la acción directa, ya que Day rechazaba la guerra y el uso de la violencia, convencida de que el cambio verdadero solo podía lograrse a través del amor y la solidaridad. Su compromiso con la paz la llevó a participar en diversas manifestaciones y a ser arrestada en varias ocasiones. Sobrevivió a una huelga de hambre en prisión por oponerse a la entrada de su país en la Primera Guerra Mundial y por la cuestión del voto femenino. «A mi alrededor solo percibía oscuridad y desolación», reflejó en su autobiografía, La larga soledad.

De radical a santa

Aunque Dorothy Day nunca quiso ser considerada una santa, su vida estuvo marcada por una búsqueda constante de la justicia y el amor al prójimo. Para ella, la fe no era algo abstracto, sino una llamada a la acción. En 1980, a los 83 años, Dorothy Day falleció, tras una vida llena de pobreza voluntaria. Sin embargo, el Movimiento del Trabajador Católico sigue funcionando actualmente, inspirando a nuevas generaciones a luchar contra la pobreza y a trabajar por una sociedad más justa.

Day demostró que una vida dedicada a los demás, a los pobres y desfavorecidos, puede ser una inspiración en tiempos de desesperanza. La activista que quiso poner fin a la pobreza sigue siendo un ejemplo de cómo la compasión y la acción comunitaria pueden transformar la sociedad desde sus cimientos.

La pobreza de tiempo, una desigualdad invisible

La falta de tiempo libre debido a la carga de trabajo remunerado y no remunerado es un problema creciente. Afecta especialmente a las mujeres y a los sectores más vulnerables, con importantes repercusiones para la salud.


Cuando pensamos en la pobreza, solemos imaginar una carencia económica que afecta a la vivienda, la salud o la calidad de vida. Sin embargo, en los últimos años ha surgido un nuevo concepto: la pobreza de tiempo, que se refiere a la falta de tiempo libre disponible para el ocio, el descanso y el autocuidado. Según los datos de The Time Use Initiative (TUI), en países como España, una persona se considera pobre de tiempo si dispone de menos de 170 minutos al día para dedicar a estas actividades. 

La feminización de la pobreza de tiempo

Uno de los aspectos más preocupantes que destaca la TUI es la desigualdad de género en la distribución del tiempo. En Europa, las mujeres dedican entre 1,5 y 2 veces más tiempo que los hombres al trabajo no remunerado, que incluye tareas domésticas y cuidados familiares, lo que limita el tiempo que pueden dedicar a su desarrollo profesional, al ocio o incluso al descanso.

Margarita Vega-Rapun, investigadora del Center for Time Use Research y autora del estudio The multidimensionality of poverty: time poverty in Spain (2021), destaca que este fenómeno perpetúa las desigualdades de género y genera un impacto negativo en la salud mental y física de las mujeres. 

Un problema de salud pública 

Este tipo de pobreza también impacta en la salud física y mental de las personas. La falta de tiempo para el autocuidado aumenta el riesgo de estrés crónico, agotamiento y enfermedades como la ansiedad y la depresión. También está asociada con problemas cardiovasculares y un sistema inmunológico debilitado. 

Pero esta problemática no afecta por igual a todas las clases sociales. Las personas con empleos precarios o mal remunerados suelen trabajar más horas o tener varios trabajos, lo que limita aún más su tiempo libre. Esto crea un círculo vicioso difícil de romper: al tener menos tiempo, las oportunidades para mejorar sus condiciones laborales se reducen drásticamente. 

Las personas que carecen de tiempo no tienen la oportunidad de adquirir nuevas habilidades, fortalecer vínculos sociales o participar activamente en la vida democrática, lo que limita su desarrollo personal y su plena integración en la sociedad.

La necesidad de políticas públicas y cambios culturales

The Time Use Initiative y expertos como Sara Moreno Colom, profesora de Sociología en la Universitat Autònoma de Barcelona, subrayan la importancia de implementar políticas públicas que aborden de manera integral la redistribución del tiempo en la sociedad. Entre las medidas clave se destacan la reducción de la jornada laboral, la flexibilidad horaria y el acceso a servicios públicos de cuidado que descarguen las responsabilidades familiares –que generalmente recaen sobre las mujeres–. 

Es crucial que estas políticas se apliquen a toda la población: trabajadores de todos los sectores, clases sociales y situaciones familiares, de manera que todos puedan disfrutar de un tiempo libre suficiente y de calidad.

En definitiva, reorganizar el uso del tiempo es crucial para garantizar el bienestar de la población. Promover el derecho al tiempo libre, adoptar modelos laborales más flexibles y fomentar una mayor eficiencia en la gestión del tiempo puede aliviar la presión que muchas personas enfrentan en su vida diaria. Estas medidas no solo mejorarán la salud y el equilibrio personal, sino que también impulsarán una sociedad más productiva y con una mejor calidad de vida.

Violencia obstétrica, cuando el maltrato llama a consulta

La violencia obstétrica es una realidad invisible para muchos sistemas sanitarios pese a que mujeres de todo el mundo reportan continuamente malos tratos, intervenciones innecesarias y la negación de sus derechos durante el embarazo, parto y posparto. 


En 2007, Venezuela se convirtió en el primer país en introducir el término violencia obstétrica en su legislación, definiéndolo como «la apropiación del cuerpo y procesos reproductivos de las mujeres por personal de salud, que se expresa en un trato deshumanizador, en un abuso de medicalización y patologización de los procesos naturales, trayendo consigo pérdida de autonomía y capacidad de decidir libremente sobre sus cuerpos y su sexualidad, impactando negativamente en la calidad de vida de las mujeres». Después le siguieron algunos países de América Latina. A nivel internacional no hay una definición consensuada, aunque en 2014 la OMS señaló que «en todo el mundo, muchas mujeres sufren un trato irrespetuoso y ofensivo durante el parto en centros de salud, que no solo viola los derechos de las mujeres a una atención respetuosa, sino que también amenaza sus derechos a la vida, la salud, la integridad física y la no discriminación».

Más allá de las definiciones, la violencia obstétrica se materializa en algunas técnicas normalizadas que, en muchas ocasiones, no son identificadas como violentas. Según el Observatorio de Violencia Obstétrica, estas conductas incluirían prácticas rutinarias no basadas en evidencia, como la restricción de movimientos, la ingesta de líquidos, o el uso de la posición horizontal durante el parto, así como el intervencionismo innecesario (fórceps didácticos, maniobra de Kristeller, episiotomías y cesáreas no justificadas), entre otras. Además, la violencia obstétrica también implica no respetar la fisiología del parto, no atender las necesidades básicas de las mujeres y de sus hijos o hijas (como el acompañamiento familiar), la atención integral al dolor, la no incorporación de prácticas beneficiosas orientadas a la humanización del parto o no respetar el protagonismo y la autonomía de las mujeres. 

Como también han denunciado diversas expertas y organizaciones feministas como El Parto es Nuestro, muchas de estas prácticas están relacionadas con estereotipos de género muy arraigados en nuestra sociedad. Estos se materializan en un trato denigrante hacia las mujeres embarazadas, consideradas como sujetos pasivos, y, en muchas ocasiones, en la omisión de sus planes de parto y nacimiento.

Nombrar las violencias estructurales para transformar la realidad

En todo el mundo, mujeres con experiencias similares se han ido organizando para buscar reparación en un sistema en el que se han sentido invisibles o vulnerables tal y como recoge el proyecto de la artista visual Silvia Marte. La similitud de sus relatos demuestra que lo que han vivido no es causa de una mala praxis puntual, sino de un problema estructural al que hay que hacer frente.  

Sin embargo, la violencia obstétrica aún no está reconocida en la legislación de ningún Estado miembro de la UE, según un estudio presentado en 2024, que evaluó el nivel de conciencia y el tratamiento jurídico del tema en los 27 Estados miembros. Las lagunas jurídicas detectadas en esta materia obligan a las mujeres que solicitan reparación a basarse en instrumentos jurídicos preexistentes, como derechos de los pacientes o las normas mínimas de asistencia sanitaria, que pocas veces incluyen de forma explícita los tratamientos obstétricos y ginecológicos. Además, este informe también señala la dificultad que tienen muchas mujeres que han experimentado violencia obstétrica para poder denominarla y comprenderla como tal, ya que aún hay un desconocimiento generalizado. 

Este estudio sitúa la violencia obstétrica como convergencia de dos problemas estructurales: la violencia de género y la falta de recursos de los sistemas e instituciones sanitarias, y ofrece algunos datos de diferentes países. Por ejemplo, en Polonia, un estudio reveló que el 71,8% de las actividades realizadas durante las exploraciones ginecológicas eran bruscas, y el 14,6% recuerda una exploración ginecológica en urgencias como extremadamente dolorosa y desagradable. En España, un estudio que contó con una muestra de 17.541 mujeres mostró que el 45,9% de las mujeres entrevistadas no fueron informadas sobre los procedimientos a los que iban a someterse, ni se les solicitó expresamente que dieran su consentimiento informado. De ellas, el 74% señaló a profesionales de ginecología como responsables de no haberles informado ni haberles solicitado su consentimiento. 

Además, un estudio publicado en Woman and Birth en el que participaron 899 mujeres, muestra que el 67,4% de las mujeres en España ha experimentado violencia obstétrica en al menos una de sus formas: el 54,5% reportó violencia física; el 25,1%, violencia verbal; y el 36,7%, psicoafectiva.  

A pesar de todo, el término violencia obstétrica sigue creando confrontación y siendo rechazado por diferentes colectivos profesionales en España. De hecho, no fue incluido en la reforma de la Ley de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, aunque sí se incluyó el término «parto respetado» y se definieron las «intervenciones ginecológicas y obstétricas adecuadas» y «la violencia contra las mujeres en el ámbito reproductivo».

¿Por qué genera rechazo este término? «No es un término bien recibido por parte de la comunidad médica (…), de alguna manera, se contrapone a nuestra vocación», explica Mina Comas, jefa de servicio de obstetricia del Hospital Germans Trias i Pujol, en un documental que celebra los 20 años de El Parto es Nuestro. «Creo que, más allá del término, debemos ser capaces de entender cuál es la realidad, qué expresa ese término y, nos guste o no, aceptar que existe. Como profesionales directamente implicados, debemos tomar parte proactiva, positiva, propositiva, en lugar de quedarnos en la fachada de rechazo del término», concluye Comas.

Narges Mohammadi, la Nobel de la Paz presa por defender los derechos de las iraníes

Esta activista iraní fue vicepresidenta del Centro de Defensores de los Derechos Humanos y ha sido encarcelada en varias ocasiones por su activismo en pro de la democracia y la igualdad. En 2023, recibió el Premio Nobel de la Paz, que no pudo recoger porque se encontraba en prisión.


La ganadora del Premio Nobel de la Paz en 2023 no pudo acudir al evento de entrega: Desde 2021,  la activista Narges Mohammadi, de 51 años, está condenada por su defensa de los derechos humanos a 12 años y 11 meses de prisión, y a 154 latigazos.

Al acto sí pudieron asistir sus hijos Kiana y Ali, gemelos de 17 años, que leyeron en Oslo el discurso que su madre escribió desde la cárcel y que fue sacado del centro penitenciario de forma clandestina. 

Desde que estudiaba en la Universidad Internacional Imam Jomeini, Narges Mohammadi publicó artículos sobre los derechos de la mujer y se implicó en grupos estudiantiles. Licenciada en Física, comenzó a trabajar como ingeniera y, en paralelo, inició una carrera periodística centrada en denunciar la carencia de libertades a la que es sometida la población iraní.

Narges Mohammadi cumple actualmente una condena de 12 años y 11 meses de prisión por su activismo en favor de los derechos humanos

La primera detención que sufrió la propició su nombramiento como vicepresidenta del Centro de Defensores de los Derechos Humanos, una organización iraní en defensa de los derechos de mujeres, presos políticos y otras minorías clausurada en 2010 por las fuerzas de seguridad. A partir de entonces, sus entradas y salidas de prisión han sido continuas en base a lo que las autoridades consideran difusión de propaganda contra el Estado y actuaciones en contra de la seguridad nacional. Pero ella siguió reivindicando la democracia, mientras cosechaba numerosos reconocimientos internacionales que culminarían con el Nobel de la Paz.

En Irán, a pesar de celebrarse elecciones para elegir a los miembros del Parlamento y al presidente, el ayatolá Jamenei es reconocido como líder supremo que ostenta el poder absoluto. La aplicación restrictiva de las leyes coránicas es la máxima por la que se rige, y su control de las fuerzas de seguridad, el poder judicial y los medios de comunicación gubernamentales provoca una inexistencia de facto de las libertades de expresión, reunión, religión, asociación y participación política. En este clima restrictivo, las mujeres llevan la peor parte, al verse abiertamente discriminadas en cuestiones relativas al matrimonio, el divorcio y la custodia de sus descendientes, entre otras que incluyen la obligatoriedad de utilizar el velo en público a partir de los 7 años de edad.

El régimen teocrático iraní otorga al ayatolá Jamenei un poder absoluto como jefe de Estados

Muchos de los activistas iraníes que, como Narges, combaten la dura restricción de sus derechos, sufren encarcelamientos sin juicio y enfrentan torturas y maltrato. Ella denunció estos violentos métodos de coerción en el libro Tortura blanca (2022), donde recoge el testimonio de catorce mujeres (incluido el suyo) sometidas a todo tipo de violencia psicológica, física y sexual durante el cumplimiento de sus condenas. 

En su discurso en la ceremonia de entrega del Nobel, Mohammadi reivindicó los esfuerzos de la ciudadanía iraní para lograr la democracia, la libertad y la igualdad usurpadas por el régimen teocrático, y defendió la protesta pacífica y la resistencia civil para construir una sociedad igualitaria. También hizo un llamamiento a la comunidad internacional para defender esta lucha.

Dos días después de recibir el Premio Nobel, fue hospitalizada para que se le practicase una angioplastia. Las autoridades le obligaban a ir al hospital con velo, orden que ella incumplió y motivó su reingreso inmediato en prisión, contraviniendo las recomendaciones médicas.

Numerosas organizaciones no gubernamentales han creado la Coalición Free Narges con el objetivo de lograr la movilización popular que permita la liberación de esta mujer valientemente comprometida con los derechos humanos.