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Europa frena la vulneración de derechos humanos en las empresas

Respetar los derechos humanos y el medio ambiente pronto será de debida diligencia para cualquier empresa europea. La primavera pasada, el comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, anunció el avance en una iniciativa legislativa obligatoria sobre debida diligencia en derechos humanos y medio ambiente para todas las empresas con sede en el continente. Esta tiene como último propósito reforzar el marco regulador de tal forma que las empresas, ya sean multinacionales o pequeñas compañías, consigan alinear sus necesidades tanto con sus grupos de interés como con la sociedad.

El documento se ha hecho esperar. Amplios sectores empresariales, así como sindicatos y organizaciones sin ánimo de lucro, llevan a su espalda varios años de trabajo impulsando acciones contundentes en los derechos humanos y la seguridad climática. Recientemente, más de 26 empresas internacionales firmaron una declaración conjunta para que la UE exija al sector privado la debida actuación en materia de derechos humanos. Cientos de inversores se han pronunciado en la misma línea: es urgente frenar el trabajo forzoso y el daño al entorno en la cadena de producción. En su 2020 ICT Benchmark, la organización KnowTheChain descubrió que las empresas con sede en Europa obtuvieron una puntuación muy baja a la hora de acatar la seguridad de sus empleados. 

Empresas con sede en Europa obtuvieron una puntuación muy baja con respecto a la seguridad de sus empleados

Y la pandemia no ha hecho más que evidenciar esta urgencia: Business Human Rights Resource Center ha rastreado las acciones de 35 marcas de moda globales para descubrir que ni siquiera la mitad lleva a cabo ejercicios de debida diligencia. Queda mucho que pincelar de esta futura directiva pero, sobre el papel, se plantea que se establezcan requisitos obligatorios con un sistema de sanciones supervisado a nivel nacional, abarcando toda la cadena de valor. Tras un primer rastreo sobre los enfoques legislativos existentes en relación a la debida diligencia, la Comisión ha concluido que la legislación debe contemplar medidas adicionales para grupos vulnerables y vigilar todas las actividades de la compañía, una acción que cambiará el cálculo del riesgo con respecto al abuso de trabajadores, daños a las comunidades y al medio ambiente.

La debida diligencia ya preocupaba a las compañías mucho antes

Para que esta directiva sea eficaz, indica la European Coalition for Corporate Justice, deben asegurarse: el respeto de los derechos en la cadena de valor, la identificación y mitigación de los impactos adversos potenciales y reales sobre el medio ambiente y trabajadores, la cooperación en su solución y la responsabilidad sobre las acciones negativas. Estos, no obstante, son requisitos que las compañías responsables llevan tiempo incluyendo en su agenda, siendo la seguridad laboral y el cuidado del medioambiente dos pilares fundamentales para una sociedad sostenible.

En este sentido, el Grupo Red Eléctrica, dispone de un Modelo de Gestión de Derechos Humanos diseñado para proteger, respetar y remediar cualquier riesgo en materia de derechos que sigue la metodología definida por los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos propuesta por la Organización de las Naciones Unidas. 

La actividad de la compañía, por el sector en que se enmarca, tiene vinculados riesgos en el ámbito de los derechos humanos principalmente en materia de salud y seguridad de las personas, condiciones laborales, cadena de suministro e impacto sobre las comunidades. El Grupo Red Eléctrica cuenta con políticas y mecanismos de control para minimizar estos riesgos, asegurar el respeto de los derechos humanos y remediar posibles vulneraciones de los mismos.

El Grupo Red Eléctrica dispone de un Modelo de Gestión de Derechos Humanos

Desde 2013 Red Eléctrica desarrolla análisis periódicos de diligencia debida  para identificar los riesgos asociados a su actividad, tanto directa como indirecta, en materia de derechos humanos y con alcance a todas las empresas del Grupo. El resultado de este proceso evidencia que la compañía tiene un nivel de riesgo bajo, aplica los controles adecuados para su gestión y, por tanto, no ha sido necesaria la implantación de ninguna acción de remediación. La compañía mantiene un enfoque de control y de mejora continua a través del desarrollo de actuaciones que permiten la prevención de posibles vulneraciones así como la búsqueda de soluciones y su reparación en el caso de que se produjeran.

En su compromiso explícito con la promoción de los derechos humanos en todos los territorios en los que opera, Red Eléctrica pone a disposición de sus grupos de interés el canal ético como mecanismo formal de respuesta ante consultas y denuncias relacionadas con su cumplimiento, haciendo público el informe anual de gestión de la ética donde se incluye un análisis de las posibles denuncias recibidas en esta materia. Adicionalmente, la compañía cuenta con otros canales de comunicación con sus grupos de interés, donde éstos pueden trasladar sus inquietudes en relación a cualquier vulneración de los derechos humanos. 

El aumento de la legislación de debida diligencia obligatoria en materia de derechos humanos en los países europeos garantizará que el resto de compañías sigan el mismo camino hasta conseguir una cadena de valor global que responda a un futuro sostenible, con puestos de trabajo seguros que contemplen todas las minorías. En el momento crucial de reconstruir la economía post-covid, la directiva europea puede marcar un antes y después en hacerla más resistente para todos y todas.

El ‘coliving’ como nueva forma sostenible de vivir

En menos de diez años harán falta más de 96.000 viviendas al día para dar techo a los más de 3.000 millones de personas que seremos en 2030. Así lo estiman las predicciones de las Naciones Unidas, que dan con unas cifras imposibles de acotar. En la actualidad las ciudades ya acogen a más de la mitad de la población mundial y producen más del 75% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero. Cada vez tenemos menos espacio y más habitantes: cuando la hoja del calendario marque el año 2050, el 75% de la población estará viviendo en entornos urbanos, lo que sumará aún más presión al ya acuciante problema de la habitabilidad y, por ende, de la sostenibilidad.

La rápida urbanización sobrecarga los servicios, satura el suelo, agota los recursos, empeora el aire y conlleva un crecimiento urbano incontrolado que llevará a un número creciente de habitantes en barrios pobres, tal y como indica el Objetivo de Desarrollo Sostenible 11 sobre ciudades y comunidades sostenibles. Con la mirada puesta en el futuro, la teoría de lo común ha tomado parte del protagonismo en el discurso por la sostenibilidad. El consumo colaborativo y la financiación colectiva han demostrado ser modalidades que fomentan un modo de vida mucho más sostenible y justo con el planeta. Ahora, en el ámbito inmobiliario, el coliving transforma la vivienda en una mucho más abierta e inclusiva, más común, priorizando los espacios compartidos por encima de los privados.

¿Por qué es sostenible el ‘coliving’?

El modelo se importa de Silicon Valley, donde el acceso a la vivienda es, como en la mayor parte de las grandes ciudades, tremendamente complicado. Aunque en un principio surgió como una simple idea de compartir piso y abaratar el precio en un mercado de rentas demasiado altas, el ‘coliving’ ha evolucionado en una alternativa que puede responder de forma muy satisfactoria al reto de la habitabilidad en formato de vivienda colaborativa que recupera los valores humanos de la comunidad -cada vez más difusos en el individualismo de las ciudades- y reduce la huella de carbono de los hogares. 

El coliving es una alternativa que puede responder de forma muy satisfactoria al reto de la habitabilidad

El ‘coliving’ busca recuperar la convivencia entre vecinos a través de valores y objetivos comunes, con una co-gobernanza que sitúa a las personas en el centro, distinguiendo muy claramente entre zonas privadas y una serie de zonas comunes cuyo uso deciden los propios habitantes: un parque lúdico para los más pequeños, una zona de ‘coworking’, una terraza para barbacoas o un huerto urbano. Todo es válido siempre que cuente con la aprobación de la mayoría. Al compartir espacio y recursos se genera una pequeña economía de proximidad con la que se optimizan energías, se ahorran costes y se apuesta por las finanzas éticas. 

De esta forma, la vida colaborativa se alinea por pura inercia con la sostenibilidad. Además, el vecindario suele autogestionarse garantizando, de esta forma, el derecho a la vivienda, una de las grandes metas que buscan alcanzar los ODS. A la hora de diseñar los planos, los vecinos suelen apostar por situar al medio ambiente en el centro de la ecuación, por lo que cabe esperar que estas viviendas sean energéticamente eficientes y estén construidas con materiales sostenibles. Se suele abogar por evitar aislantes, pinturas o barnices utilizados tradicionalmente y que pueden resultar perjudiciales así como por una distribución que, además de garantizar el reparto energético más eficiente, juegue muy bien con el equilibrio entre la densidad poblacional y el espacio que ocupa el edificio en sí superando ese reto de minimizar el uso del suelo sin dejar de lado la comodidad de la vivienda.

Parte activa desde los cimientos

En España se contabilizan unas 150 viviendas ‘coliving’ de todo tipo: desde senior -grupos de mayores de 65 años y nuevas residencias- hasta intergeneracionales o específicas para grupos como personas LGTBI. La clave está en compartir los mismos intereses. Desde Cohousing Spain, el colectivo estatal que defiende este modelo de viviendas, aseguran que el ‘coliving’ cumple con 12 de los 17 ODS: la democratización de la vivienda y las finanzas, mejora de la oferta de vivienda no especulativa, recuperación de pueblos y edificios en desuso, fomento de ecosistemas económicos interdisciplinares y sostenibles (economía local, social, colaborativa y circular), mutualismo comunitario, incorporación de tecnología y fomento de la implicación social, entre otros. 

En España se contabilizan unas 150 viviendas ‘coliving’

Algunos modelos cooperativos han llegado incluso a propiciar acuerdos legales ofreciendo contratos de propiedad a cambio de rehabilitación de un edificio. En Aletxa, un pueblo de Álava, un grupo de vecinos decidió rehabilitar un caserío de finales del siglo XVIII en una vivienda colaborativa, aplicando los mejores criterios de sostenibilidad y abriendo espacios para favorecer la vida en común. Las cinco viviendas, completamente autosuficientes, miden unos 45 metros cuadrados. Bajo la fórmula cooperativa, el objetivo principal es conseguir la mejor vivienda, con la mejor calidad y la mayor eficiencia sin intermediarios.

Del ‘coliving’ pueden extraerse numerosas ideas para el ámbito urbano, más allá de lo que concierne a la vivienda. La madrileña Cooperativa Entrepatios, que recientemente cumplió 15 años, se basa en tres pilares fundamentales: el social (los vecinos y vecinas forman parte activa del proyecto), el económico (financiado con banca ética) y el medioambiental (persigue generar la menor huella ecológica e impacto posible). La participación activa del ciudadano, el protagonismo de los espacios públicos y la reducción del impacto medioambiental son las tres características por las que se abogan de cara a la Agenda 2030. Si pretendemos hacer de las ciudades nuestro hogar, necesitamos hacerlo en una vida colaborativa con el medio ambiente. 

La descentralización como palanca de crecimiento económico

España es hoy, según datos de la propia Unión Europea, uno de los países comunitarios que más agencias continentales alberga en su territorio. Al contar con cuatro organismos de este calibre se sitúa en tercer lugar en relación con los demás países del continente. Es por esta suerte de unión por la que se han beneficiado directamente algunas «pequeñas» ciudades del país como Alicante, Vigo o Bilbao. Esto, unido a reconocimientos tales como los de las capitales verdes —ganado en 2012 por Vitoria-Gasteiz—, muestra que las regiones periféricas (es decir, fuera de los principales polos económicos) cada vez juegan un papel más fundamental en el funcionamiento económico.

OCDE: La correlación entre el nivel de gasto descentralizado y el PIB per cápita es positiva

Basta dirigir la mirada a las propias cifras para comprobar que, efectivamente, España es uno de los países más descentralizados a nivel europeo. De hecho, gran parte de los países más desarrollados del mundo —tanto en términos económicos como políticos— poseen también un alto grado de descentralización. Según afirma la OCDE, la correlación entre el nivel de gasto descentralizado y el PIB per cápita es absolutamente positiva. Como es evidente, más que una simple casualidad estadística, los datos están respaldados con una base teórica que, en realidad, responde a la lógica más simple: si se es capaz de comprender mejor las realidades específicas del territorio, así como las preferencias de los ciudadanos locales, se responderá, entonces, con una mayor eficacia. Es, en definitiva, una cuestión de perspectiva. 

Las descentralización como ventaja económica

Parte de estas ventajas tienen su origen también en el propio sistema económico, ya que en un entorno descentralizado la competencia entre administraciones regionales y locales para la promoción y atracción de empresas, talento e inversión se convierte, en definitiva, en el mayor incentivo posible. Es posible que estas afirmaciones se observen con mayor certeza en la actualidad, en un momento en el que parece más evidente que nunca que el país no puede sostenerse tan solo sobre dos patas, sino con las diecisiete CC.AA. y dos ciudades autónomas que lo componen. Eso es, al menos, lo que parece: cuanta más relevancia adquieran las distintas regiones de un país, más progreso obtendrán aquellas y, por tanto, el total del mismo. Para que la maquinaria funcione con todos sus engranajes la totalidad del poder económico no debe residir, por ejemplo, tan solo en la capital.

Según la AIREF, la descentralización proveería a los Estados de una dirección única y cohesionada de progreso

Los datos ofrecidos por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIREF) muestran también una perspectiva halagüeña a este respecto. Según sugieren, la descentralización proveería a los Estados de una dirección única y cohesionada de progreso que, en términos regionales, llevaría a la convergencia económica (o, lo que es lo mismo, que todas las regiones compartiesen la riqueza al mismo nivel, sin grandes diferencias). Unos datos que, además, sostienen —con información sobre Alemania y Austria, principalmente— que el propio crecimiento es más rápido dentro de los países descentralizados.

Es en esta senda en la que se sitúa también el propio Fondo Monetario Internacional, que según un estudio elaborado por la organización en 2019 los beneficios netos para trasladarse a regiones de mayores ingresos (como puede ser, por ejemplo, Madrid) disminuyeron alrededor de un 30%, algo en lo que participa también la posibilidad de realizar el trabajo a distancia. Sin embargo, el mismo informe también hacía hincapié en que la crisis del 2008 pudo crear en España, a su vez, un contexto de disparidad que, ahora, crece hasta ensancharse, lo que podría llegar a abrir una compleja brecha dentro del intrincado sistema autonómico del país. La pandemia puede provocar, eso sí, un profundo replanteamiento del sistema, obligado por el éxodo de las grandes ciudades. 

¿La generalización del teletrabajo impulsará la descentralización?

Las ventajas de la descentralización pueden volverse evidentes en una situación como la actual, en la que el teletrabajo se ha revelado como una herramienta imprescindible para el propio desarrollo vital de la ciudadanía. La pandemia ha acelerado nuevos modelos de trabajo dentro de las empresas, lo que podría abrir nuevas vías para salir de los grandes polos económicos del país hacia ciudades y regiones que antes, posiblemente, habían sido dejadas —relativamente— de lado. Ya no es posible interpretarlas como localizaciones secundarias: el desarrollo económico podría estar obligado a pasar por la totalidad del territorio nacional. Es posible, por tanto, que el coronavirus haya sentado un precedente. Redirigir grandes empresas y organismos a distintas regiones podría crear un ambiente de equilibrio económico entre regiones y progreso que en última instancia beneficie a todos y cada uno de los ciudadanos.

La descentralización parece, así, ser propicia para el crecimiento económico según las perspectivas arrojadas por numerosos informes. Son los apuntes proporcionados por organismos como la OCDE y la AIREF los que muestran que para alcanzar un desarrollo sostenible y global no hace falta un solo timón. El único requisito, parece, es navegar con determinación en una misma dirección.