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El camino a la visibilidad real, también en el trabajo

Nuestro país es la nación europea con más población LGTBi. También una de las naciones más respetuosas con la diversidad sexual. Y aun así, cruzar la puerta del trabajo todavía es sinónimo de ocultar su identidad sexual para siete de cada diez personas del colectivo, tal y como desvela el Proyecto Europeo ADIM Avanzando en la gestión de la diversidad LGBT en el sector público y privado. 

El miedo a ser objeto de insultos, burlas o comentarios negativos lleva a las personas del colectivo a dejar su vida personal reservada a la esfera privada, absteniéndose de compartir cualquier tipo de comentario más allá de lo puramente profesional. Mientras el resto de los compañeros comentan las últimas vacaciones con su pareja o comparten cualquier tipo de problema personal con el resto de la plantilla, ellos vuelven al armario.

Cuatro de cada diez empleados LGTBi esconden su identidad sexual por miedo a reforzar estereotipos

Más de la mitad lo hacen porque creen que su vida privada es algo personal, un rincón que debe quedar protegido de lo público. Sin embargo, el estudio elaborado por ADIM (con la participación del Ministerio de Igualdad, 16 empresas y ocho universidades públicas), invita a mirar con lupa esta idea. Y es que, detrás se esconde el miedo más que el pudor: un 43% se esconde para evitar rumores o estereotipos sobre su persona, un 32% para no verse obligado a dar explicaciones, un 21% por temor a que se le cierren puertas profesionales y un llamativo 7%, directamente, para evitar perder su puesto de trabajo.

Además, la discriminación no solo llega cuando ya se ha firmado el contrato. También a la hora de buscar empleo, una realidad que afecta especialmente a las personas trans: según la European Union Agency for Fundamental Rights, en España, el 77% de las mujeres trans ha sufrido discriminación a la hora de conseguir un puesto y, tras hacerlo, cinco de cada diez han sido víctimas de actitudes vejatorias. En el caso de los hombres trans, las cifras no son mucho más alentadoras: un 34% también han sido víctimas de discriminaciones.

La realidad laboral contrasta con la social, mucho más abierta y tolerante con el colectivo. Y en un momento como en el que nos encontramos, donde la defensa de la diversidad es la base de las sociedades más justas, crear un ambiente laboral inclusivo es tan fundamental como en el espacio público. A fin de cuentas, el tejido empresarial repercute directamente en la sociedad. Y viceversa.

En busca de un espacio seguro

El elemento diferencial para crear un ambiente diverso no es otro que la confianza: la garantía de un espacio seguro donde compartir información con la seguridad de que no va a suponer un perjuicio profesional o personal. La guía de Buenas Prácticas en diversidad LGTBI publicada por la Fundación Seres no deja lugar a dudas cuando asegura que la transformación debe ocurrir desde dentro, ya que la defensa de la igualdad del colectivo LGTBi no solo generará espacios laborales más plurales, sino que permeará hacia el resto de la cadena de valor, desde clientes a proveedores.

Así, la fundación, junto a más de una veintena de empresas instaladas en España con largo recorrido en políticas de diversidad, dibuja una hoja de ruta para fomentar la visibilidad real en las compañías. De forma resumida, la transformación pasa por una fase de reflexión y un plan de acción que incluya políticas internas, formación en diversidad y redes de empleados donde los trabajadores puedan expresar sus problemas y apoyarse mutuamente.

En la actualidad, 110 empresas en España están adheridas a la Red Empresarial por la Diversidad e Inclusión LGTB

Esta es una estrategia que están desarrollando ya numerosas compañías en España de distintas formas (aunque con el mismo objetivo): algunas financian investigaciones sobre discriminación para promover una cultura inclusiva dentro y fuera de la empresa, otras construyen redes de apoyo tan amplias que recorren el globo concienciando sobre diversidad mientras que, en otros entornos laborales, los empleados con puestos ejecutivos se muestran abiertamente LGTBi para construir una comunidad de visibilidad y promover iniciativas de concienciación y de liderazgo entre el resto de trabajadores.

En realidad, la semilla del cambio por una visibilidad real se plantó en 2015, cuando en España nació la Red Empresarial por la Diversidad e Inclusión LGTBI, la primera red interempresarial y de expertos de diversidad que cuenta actualmente con 110 empresas de distintos sectores asociadas a través de sus iniciativas de inclusión.

Casi diez años después, la entidad demuestra que hay empresas verdaderamente comprometidas a la hora de convertirse en espacios inclusivos, por ejemplo, ofreciendo canales de atención para que los empleados consulten temática LGTBi, realizando campañas anuales para visibilizar al colectivo, apoyando a las personas en transición de género, incluyendo personas LGTBi en puestos de alto rango o creando, más allá de proyectos individuales, grupos de talento y diversidad con amplia representación LGTBi.

Asegurar el bienestar del colectivo es un deber. También un importante valor añadido. Como advierte el estudio de la Unión Europea, «las compañías que trabajan la diversidad sexual son mucho más efectivas a la hora de potenciar la creatividad y la innovación, pues aseguran el bienestar de quienes trabajan en ellas y garantizan su mayor implicación». La ecuación es sencilla: la diversidad es proporcional al grado de bienestar de los empleados. Más es más. Y, siempre, debe ser igual.

Cuando la independencia la trae el sol

El día que Europa tomó posición a favor de Ucrania en su conflicto con Rusia, desde Bruselas eran conscientes de que aquella decisión no solo tendría un impacto diplomático, materializado en una ruptura absoluta de las relaciones internacionales con la potencia rusa, sino que también acarrearía cambios sustanciales en el plano económico y social. Meses después de aquella declaración, la Unión Europea en su conjunto ha entrado de lleno en una nueva era, marcada por la desconexión total de la energía rusa, cuyo suministro gasístico conformaba uno de los principales pilares del sistema de producción para el viejo continente.

En los últimos tres años la potencia solar fotovoltaica instalada en el territorio español se ha triplicado

Una vez que esta medida tomó forma, las instituciones europeas comenzaron a trabajar en un plan que permitiera a los países miembros generar alternativas y fijar un nuevo rumbo para las previsiones establecidas. Para ello, la Comisión Europea ha calculado una inversión de 210.000 millones de euros de cara a que los Veintisiete logren la ansiada y necesaria independencia energética. Un objetivo marcado por la firme apuesta por las energías renovables, a las que se destinará un total de 86.000 millones de euros. Entre todas ellas, desde Bruselas se ha depositado una especial confianza en la energía fotovoltaica, llamada a ser «la principal fuente de energía» del continente a partir de 2030. Una previsión para la que será necesario aunar esfuerzos de cara a encontrar implementaciones que garanticen el futuro energético sin comprometer el desarrollo en otros campos. Creatividad e innovación al servicio del futuro.

En el caso de España, nuestro país no solo no es ajeno a este asunto, sino que a lo largo de los últimos años se ha posicionado como uno de los principales focos a la hora de generar energía solar. De hecho, en los últimos tres años la potencia solar fotovoltaica instalada en el territorio español se ha triplicado, según datos de Red Eléctrica, pasando de 4.767 MW a inicios del 2019, a un total de 15.190 MW a finales del 2021. Como es evidente, este aumento de las instalaciones ha provocado un impacto considerable en el mix de generación eléctrico español, que en solo dos años ha pasado del 3,55% de energía solar fotovoltaica en 2019 a un 8,05% de energía solar en 2021. Ante este escenario, y en vista del aumento en inversión para este campo, resulta esencial continuar en esta línea de trabajo y potenciar la generación de energía solar a través de nuevas fórmulas.

La Unión Europea trabaja con la previsión de que la energía fotovoltaica sea «la principal fuente de energía» a partir de 2030

Para ello, Europa puede fijarse en aquellos países donde la obtención de energía fotovoltaica está más y mejor asentada de cara a replicar algunos de los proyectos. Uno de ellos, quizás el más eficaz de todos, es el proyecto de energía solar llevado a cabo en el estado de Gujarat, en el occidente de la India. Allí se han instalado miles de paneles solares sobre los numerosos canales que recorren la zona, uniendo así dos objetivos esenciales y totalmente complementarios: generar energía y evitar la evaporación del agua. El resultado se ha materializado en el ahorro de millones de litros de agua cada año y la creación de 2.200 MW de energía solar. No es el único proyecto que ha logrado combinar eficiencia y creatividad. En 2014, las autoridades de Krommenie, en Países Bajos, necesitadas de espacio para instalar las placas fotovoltaicas que generan la energía, pusieron en marcha un carril bici plagado de estos paneles. Conocida como SolaRoad, esta ciclovía generó aproximadamente 3.000 kWh en su primer semestre, una cifra mucho más alta de lo esperado y que hizo que países como Francia replicaran la iniciativa.

Con el mundo y el orden geopolítico en constante cambio, este tipo de iniciativas son más que necesarias para consolidar el liderazgo y la independencia de la Unión Europea. Una independencia que, dada la situación actual, solo podrá llegar en forma de energía. Es ahí donde las renovables juegan un papel clave.

Los derechos humanos, bajo la lupa

Los períodos de crisis tienden a tener un efecto negativo en los derechos de la población. Los derechos humanos y sociales son un daño colateral de las situaciones problemáticas, como han ido demostrando las grandes vicisitudes de la historia reciente. La Gran Recesión de hace poco más de una década impactó profundamente en la sociedad, aumentando las desigualdades y precarizando derechos. La gran pregunta ahora es si la pandemia del coronavirus ha tenido un efecto similar.

La FRA alerta: «la pandemia ha tenido un tremendo efecto negativo en el disfrute por parte de la gente de los derechos sociales»

El último estudio de la Agencia de los Derechos Fundamentales (FRA, por sus siglas en inglés) ha abordado esa cuestión, analizando la factura del covid-19. Sus investigaciones confirman que la crisis sanitaria sí ha tenido un efecto directo sobre los derechos de la ciudadanía europea. El Informe de la FRA sobre los derechos fundamentales de 2022 concluye: «la pandemia ha tenido un tremendo efecto negativo en el disfrute por parte de la gente de los derechos sociales, afectando a todas las áreas de la vida».

Así, durante los últimos años se han hecho más abruptas tanto la desigualdad como la situación de vulnerabilidad de ciertos colectivos. Quienes estaban en una posición precaria antes de la crisis sanitaria, han salido de ella en una situación mucho peor. De hecho, el porcentaje de europeos que están en una situación delicada ha escalado. En febrero/marzo de 2021, el 23,7% de los habitantes de la Unión Europea reconocía que le costaba llegar a final de mes. En 2019, eran el 18,5.

También ha crecido el número de personas que siente que la sociedad europea las está dejando de lado. Es el 26% de los europeos, frente al 18,3% que aseguraba lo mismo en 2020. En este punto, la situación es más complicada para las mujeres que para los hombres. El 23,3% de los hombres asegura sentir esa percepción (frente al 17% de 2020), mientras que son el 27,7% de las mujeres (frente al 19,3% previo) quienes acusan esos efectos.  Por edades, los más jóvenes son –sin tener en cuenta el género– los más perjudicados. El 32,8% de los europeos de entre 18 y 34 años cree que la sociedad los está expulsando.

Los grandes puntos de tensión

Más allá de las percepciones de la ciudadanía y de lo que ha supuesto en términos de precariedad esta crisis, algunas áreas se han visto especialmente tensionadas. Entre todos los golpes que los derechos fundamentales han sufrido durante este último año, la FRA ha identificado tres áreas clave en las que los efectos han sido más duros.

La primera es la de los derechos de la infancia. Según las conclusiones del informe, la crisis ha aumentado el riesgo de exclusión y pobreza de aquellos menores europeos que ya estaban en entornos más desfavorecidos. Así mismo, la pandemia ha tenido un efecto directo –y para peor– sobre el bienestar infantil y el acceso a la educación. Por ejemplo, no toda la infancia contaba con los mismos recursos para acceder al e-learning.

Al 23,7% de los europeos les cuesta llega a fin de mes y el 26% siente que la sociedad los deja de lado

El siguiente punto en el que las cosas han empeorado ha sido en el racismo. Durante estos años pandémicos, tanto los delitos de odio como la discriminación han subido. De forma particular, la FRA destaca cómo ha aumentado «la incitación al odio en línea contra los migrantes y las minorías étnicas».

Por tanto, no sorprende que el otro gran punto en el que el organismo europeo ha identificado como tensionado haya sido el conectado con las migraciones. «Las personas migrantes fueron víctimas de violencia o expulsadas en las fronteras terrestres de la UE y más de 2.000 migrantes murieron en el mar», señala el comunicado en el que se aborda el estudio, recordando que el número de menores migrantes no acompañados que han llegado a las fronteras europeas en este período ha subido.

Por tanto, alerta la agencia comunitaria, es crucial que en los planes de recuperación europeos se tenga en cuenta el fomento de los derechos y, también, que se trabaje para la cohesión social. Por ahora, los fondos de recuperación ya han ido en esa dirección. «La respuesta a la pandemia del covid-19 y la guerra de Ucrania muestran cómo se forja la Unión Europea cuando se enfrenta a crisis», asegura el director de la FRA, Michael O’Flaherty, señalando que los planes de financiación «pueden y están marcando una diferencia significativa». La UE no debe perderlo de vista.