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La consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en 2030 está en la agenda política internacional y, si bien algunos están cerca de ser alcanzados, la consecución de otros está en serio peligro.

Uno de ellos es el ODS 7, que tiene entre sus metas aumentar significativamente el uso de energías renovables, duplicar la tasa de mejora de la eficiencia energética y garantizar a todas las personas el acceso a energía asequible, segura, sostenible y moderna.

La deuda creciente y el aumento de los precios de la energía provocan una excesiva lentitud en los avances para cumplir las metas de la ODS 7

En los últimos años se han tomado medidas que han permitido avanzar en algunos aspectos, como el aumento del uso de energías renovables en el sector eléctrico. Pero estos logros no serán suficientes para alcanzar las metas fijadas en el ODS 7. Así lo advierte el informe de seguimiento Tracking SDG 7: The Energy Progress Report, publicado el pasado 6 de junio. El estudio, elaborado por la Agencia Internacional de Energía, la Agencia Internacional de Energías Renovables, la División de Estadística de las Naciones Unidas, el Banco Mundial y la Organización Mundial de la Salud, muestra cómo los flujos de financiación pública en energías no contaminantes de los países con bajos ingresos ha disminuido sustancialmente desde antes de la pandemia de covid-19.

Es solo uno de los problemas plasmados en dicho informe, que pronostica que, en 2030, de no tomar nuevas medidas e intensificar las ya adoptadas, 1.900 millones de personas no tendrán acceso a métodos no contaminantes para cocinar y 660 millones carecerán de acceso a la electricidad. Los motivos de tan preocupantes cifras se encuentran en la deuda creciente y el aumento de los precios de la energía. Las consecuencias no solo afectarán negativamente a la salud de las personas más vulnerables, sino que también acelerarán el cambio climático.

Los más afectados por la lentitud de los avances en la consecución del ODS 7 son aquellos países menos desarrollados. Si bien el ritmo de crecimiento del porcentaje de población mundial con acceso a la electricidad creció sensiblemente desde 2010, se ha visto seriamente ralentizado en el período 2019-2021, y el África subsahariana concentra más del 80% de la población mundial sin acceso a la electricidad. Por otra parte, esta zona y el continente asiático concentran la mayor parte de los 2.300 millones de personas que, en la actualidad, siguen utilizando combustibles contaminantes para cocinar. Este dato toma más relevancia al saber que, como confirma la Organización Mundial de la Salud (OMS), 3,2 millones de personas mueren prematuramente, cada año, por la contaminación del aire doméstico causada por el uso de combustibles contaminantes para cocinar.

Para agravar la situación, los flujos internacionales de financiación pública de energías no contaminantes en países en desarrollo han ido descendiendo en los últimos años. En 2021, solo se llegó al 40% de los 24.600 millones de dólares alcanzados en 2017. Con estas cifras, difícilmente se podrá revertir la ya precaria situación en los años venideros.

Se prevé que, en 2030, 660 millones de personas carecerán de acceso a la electricidad si no se toman medidas

El estudio también revela que la proporción de electricidad de fuentes renovables creció un 28,2% en 2020, el mayor aumento anual desde que se hace seguimiento de los progresos en los ODS. Lamentablemente, la proporción de energías renovables utilizadas en calefacción y transporte (más de las tres cuartas partes del consumo mundial de energía) no son suficientes para lograr el objetivo de no sobrepasar el calentamiento global en 1,5 grados centígrados de media.

Los últimos años han demostrado que las energías renovables no solo son necesarias para el bienestar de la población mundial y los ecosistemas, sino que, además, son rentables y competitivas. A pesar de ello, las zonas más pobres del planeta siguen sin tener acceso a las mismas. Es imprescindible, por tanto, intensificar su integración en los sistemas eléctricos, aumentar la inversión en dichas energías y potenciarlas en los países menos desarrollados para que el ODS 7 pueda alcanzarse con éxito.

La transición ecológica no es un camino fácil. Tampoco rápido. La sociedad en su conjunto cada vez es más consciente de la necesidad de transformar la economía y, en definitiva, la vida, al mismo tiempo que cada vez resulta más evidente la necesidad de frenar en seco el desgaste del planeta. La realidad es que el proceso, que atañe a todos los niveles de la sociedad, es tremendamente frágil en su desarrollo, existiendo infinidad de factores capaces de originar cambios y ralentizar la hoja de ruta marcada en un origen. La transición energética es, en definitiva, un proceso cuyo nivel de éxito va intrínsecamente ligado a la estabilidad que lo avale.

En España, el desarrollo de la transformación verde avanza a buen ritmo, aunque en los últimos meses se ha visto ligeramente aminorado como consecuencia de la inflación registrada y las consecuencias de la guerra en Ucrania. Así lo evidencia el último informe elaborado por el Observatorio de la Transición Energética y la Acción Climática en nuestro país, en el cual se han comparado los datos actuales con las previsiones a medio y largo plazo marcadas por el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030. El dibujo que ofrece esta comparativa no deja lugar a dudas: España va por el buen camino, firme en la hoja de ruta hacia un mundo más justo ambientalmente, pero no hay lugar para el desliz.

España logró emitir en 2022 dos toneladas menos de gases de efecto invernadero que lo que aconsejaban las previsiones

El informe aborda aspectos esenciales como el grado de descarbonización de la economía nacional. En este aspecto, los datos han empeorado durante los dos últimos años, con una subida del 2,8% en la emisión de gases de efecto invernadero, pero se mantienen en las previsiones marcadas por la administración. Concretamente, en 2022, se registraron 297,46 toneladas métricas equivalentes de dióxido de carbono, dos toneladas menos de los índices aconsejados. Un número que en 2023 debe seguir bajando hasta las 290,07 MtC02eq.

En este sentido, en un tema adyacente como es la eficiencia energética, los números, pese a ser positivos, tampoco dejan espacio para el despiste. Tal y como se refleja en el informe, desde 2020 la tendencia ha venido empeorando, con un crecimiento acumulado del consumo de energía primaria que, no obstante, sigue por debajo de los índices previstos. Según los datos, en 2022 España consumió 115.332,27 kilotoneladas equivalentes de petróleo, más de 3.000 toneladas menos del objetivo que se marcaba el PNIEC para ese año.

Un poco más apretado con respecto a la comparativa entre realidad y objetivo está el ámbito del consumo eléctrico sobre el consumo total energético. Mientras que el objetivo que figura en el PNIEC contemplaba que en 2022 esta cuota estuviera en el 24,83%, la realidad es que actualmente se encuentra muy cerca pero sin llegar a ese punto (24,56%), tras una caída de medio punto durante el último año.

En lo que refiere a las energías renovables, a todas luces marcadas como el futuro del sistema productivo, España dispone de cierto margen de mejora en el mix energético. De acuerdo con los datos reflejados en el Informe del sistema eléctrico 2022, elaborado por Red Eléctrica, la generación renovable en el sistema eléctrico nacional ha sido del 42,2 % el pasado año, cuatro puntos por debajo de 2021 debido al descenso de casi un 40% de la producción hidráulica.

La generación renovable en el sistema eléctrico se situó en 2022 en el 42,2%

También el bolsillo de los consumidores ha sufrido en el último año, una situación agravada por la guerra de Ucrania, que ha puesto sobre la mesa el debate sobre si el consumo energético de España puede seguir dependiendo del exterior, asumiendo así las variaciones de mercado ligadas al mismo. En este sentido, volviendo a términos del informe elaborado por el Observatorio, actualmente el sistema energético español depende en un 74,11% de fuentes de energía extranjeras. Más de cuatro puntos por encima del objetivo, que había pautado un 69% para 2022. En este aspecto, la clave pasa por el fortalecimiento de la producción energética nacional y la apuesta definitiva por las renovables como ámbito tractor. De lo contrario, conflictos o situaciones como la guerra iniciada por Rusia supondrán constantemente un problema para la economía a nivel macro y micro.

Sin embargo, pese a este último factor en el que existe un amplio margen de mejora, la realidad que dibujan estos datos es la de un país que, tras años de dudas y escepticismo, es absoluta y plenamente consciente del reto que encara. No hay mejor receta a la hora de afrontar el futuro con garantías.

A nadie sorprende ya el hecho de vivir en una de esas épocas que terminan reflejándose en los libros de historia como etapas de transición. La lucha contra el cambio climático y la búsqueda de una sociedad sostenible cuya existencia y actividad no colisione con la supervivencia del planeta ha obligado a replantear cuestiones y planteamientos que afectan a todos los sectores, embarcados en una metamorfosis total. Todo cambia, y lo hace obligado por las circunstancias a pasos de gigante.

Entre todos los procesos, el iniciado por el sector energético, uno de los principales emisores de dióxido de carbono hacia la atmósfera y base sobre la que se sustenta buena parte del sistema global, se percibe como una suerte de llave impulsora de los que quedan por acometer.

La UE dará más peso a los contratos a largo plazo que reflejen los costes reales de producción

De esa necesidad, unida a una situación geopolítica inestable que plantea serias dudas sobre cuánto tiempo podrá aguantar el mercado sobre los estándares actuales, surge la reforma estructural del mercado eléctrico propuesta por la Unión Europea. Una reforma cuyos objetivos pasan por proteger mejor a los consumidores frente a la excesiva volatilidad de los precios pero, sobre todo, por fomentar el crecimiento de las energías limpias y fortalecer la adaptabilidad del mercado.

Pese a las diferentes aristas que muestra esta iniciativa, su esencia se puede entender desde tres ejes o bloques principales:

El primero, y quizás el más relevante, pasa por dar más peso a los contratos a largo plazo que reflejen los costes reales de producción. Esto se prevé que genere una mayor estabilidad y favorezca la entrada al mercado de la nueva generación inframarginal, para la que, no obstante, también se pretende establecer un límite de precio de cara a asegurar que sus ingresos no sean excesivos y cortar la dependencia del precio marginal a corto plazo. Es decir: facturas de luz que dependerán cada vez menos de los combustibles fósiles y que contribuirán a impulsar el desarrollo de alternativas renovables.

Desde la Comisión Europea se plantean una serie de cambios legislativos que protejan a hogares y empresas y en la que se integra también una mejora de la transparencia, vigilancia e integridad del mercado

El segundo paso importante que la UE ha puesto sobre la mesa pasa por reducir el papel del gas en los mercados a corto plazo. "La consulta cubrirá todas las formas de mejorar las condiciones bajo las cuales las soluciones de flexibilidad como la respuesta a la demanda y el almacenamiento de energía compiten en los mercados a corto plazo. Combinado con la generación renovable, esto podría contribuir a reducir el papel que juega la generación a gas en el mercado a corto plazo como una fuente de generación flexible y, con el tiempo, eliminará la generación de energía a gas en línea con los objetivos de descarbonización de la UE”, explican desde Bruselas sobre una medida que garantizaría a su vez que siempre se utilice la electricidad más barata posible para satisfacer la demanda al mismo tiempo que los flujos fronterizos continuarían funcionando sin problema. Una especie de cortafuegos a situaciones de emergencia como la generada, por ejemplo, con la guerra en Ucrania y su afectación a la distribución de gas por parte de Rusia.

La tercera pata de esta reforma pasa por una necesidad que venía reivindicándose de forma constante por buena parte de la sociedad y consiste en empoderar al consumidor o, al menos, devolverle a una situación de cierto control o equilibrio respecto a la oferta. En este sentido, desde la Comisión Europea se plantean una serie de cambios legislativos que protejan a hogares y empresas y en la que se integra también una mejora de la transparencia, vigilancia e integridad del mercado.

En definitiva, lo que componen estas medidas es un rediseño del mercado eléctrico europeo en unos términos que, al margen de iniciativas que otros países soliciten adherir, favorezcan la consolidación de las energías renovables y establezcan una relación más justa entre generadores y consumidores. Tras una consulta pública ejercida por la Comisión Europea junto a los países miembros, este mes de marzo Bruselas presentará las propuestas definitivas.

El día que Europa tomó posición a favor de Ucrania en su conflicto con Rusia, desde Bruselas eran conscientes de que aquella decisión no solo tendría un impacto diplomático, materializado en una ruptura absoluta de las relaciones internacionales con la potencia rusa, sino que también acarrearía cambios sustanciales en el plano económico y social. Meses después de aquella declaración, la Unión Europea en su conjunto ha entrado de lleno en una nueva era, marcada por la desconexión total de la energía rusa, cuyo suministro gasístico conformaba uno de los principales pilares del sistema de producción para el viejo continente.

En los últimos tres años la potencia solar fotovoltaica instalada en el territorio español se ha triplicado

Una vez que esta medida tomó forma, las instituciones europeas comenzaron a trabajar en un plan que permitiera a los países miembros generar alternativas y fijar un nuevo rumbo para las previsiones establecidas. Para ello, la Comisión Europea ha calculado una inversión de 210.000 millones de euros de cara a que los Veintisiete logren la ansiada y necesaria independencia energética. Un objetivo marcado por la firme apuesta por las energías renovables, a las que se destinará un total de 86.000 millones de euros. Entre todas ellas, desde Bruselas se ha depositado una especial confianza en la energía fotovoltaica, llamada a ser «la principal fuente de energía» del continente a partir de 2030. Una previsión para la que será necesario aunar esfuerzos de cara a encontrar implementaciones que garanticen el futuro energético sin comprometer el desarrollo en otros campos. Creatividad e innovación al servicio del futuro.

En el caso de España, nuestro país no solo no es ajeno a este asunto, sino que a lo largo de los últimos años se ha posicionado como uno de los principales focos a la hora de generar energía solar. De hecho, en los últimos tres años la potencia solar fotovoltaica instalada en el territorio español se ha triplicado, según datos de Red Eléctrica, pasando de 4.767 MW a inicios del 2019, a un total de 15.190 MW a finales del 2021. Como es evidente, este aumento de las instalaciones ha provocado un impacto considerable en el mix de generación eléctrico español, que en solo dos años ha pasado del 3,55% de energía solar fotovoltaica en 2019 a un 8,05% de energía solar en 2021. Ante este escenario, y en vista del aumento en inversión para este campo, resulta esencial continuar en esta línea de trabajo y potenciar la generación de energía solar a través de nuevas fórmulas.

La Unión Europea trabaja con la previsión de que la energía fotovoltaica sea «la principal fuente de energía» a partir de 2030

Para ello, Europa puede fijarse en aquellos países donde la obtención de energía fotovoltaica está más y mejor asentada de cara a replicar algunos de los proyectos. Uno de ellos, quizás el más eficaz de todos, es el proyecto de energía solar llevado a cabo en el estado de Gujarat, en el occidente de la India. Allí se han instalado miles de paneles solares sobre los numerosos canales que recorren la zona, uniendo así dos objetivos esenciales y totalmente complementarios: generar energía y evitar la evaporación del agua. El resultado se ha materializado en el ahorro de millones de litros de agua cada año y la creación de 2.200 MW de energía solar. No es el único proyecto que ha logrado combinar eficiencia y creatividad. En 2014, las autoridades de Krommenie, en Países Bajos, necesitadas de espacio para instalar las placas fotovoltaicas que generan la energía, pusieron en marcha un carril bici plagado de estos paneles. Conocida como SolaRoad, esta ciclovía generó aproximadamente 3.000 kWh en su primer semestre, una cifra mucho más alta de lo esperado y que hizo que países como Francia replicaran la iniciativa.

Con el mundo y el orden geopolítico en constante cambio, este tipo de iniciativas son más que necesarias para consolidar el liderazgo y la independencia de la Unión Europea. Una independencia que, dada la situación actual, solo podrá llegar en forma de energía. Es ahí donde las renovables juegan un papel clave.

A pesar de los esfuerzos extremadamente complejos, la actual administración norteamericana parece haber logrado un hito que parecía imposible: establecer las pautas concretas de un plan para lograr que en el año 2050 casi la mitad de la electricidad provenga de energía solar–actualmente es alrededor del 3%–. El logro, en realidad, no solo beneficiará a Estados Unidos sino a toda la humanidad ya que la superpotencia, al fin y al cabo, es aún el segundo mayor emisor de CO2 del planeta, tan solo por detrás de China.

La fecha elegida para la aplicación de este plan no es accidental. Los estadounidenses pretenden alcanzar una economía neutra en carbono –es decir, emitir la misma cantidad de gases de efecto invernadero que sea posible absorber por parte del planeta– para el año 2050. Ambas acciones van en consonancia con el resto de la política climática diseñada por el nuevo gobierno, como el descenso de emisiones en metano –en un 30% por debajo de los niveles de 2020 para el año 2030– o la consecución de una red energética nacional completamente limpia para el año 2035.

 Al menos 30 de los 50 Estados se han fijado un porcentaje mínimo de energía de origen renovable

Una de las últimas órdenes ejecutivas es reveladora en este sentido: la mitad de los coches nuevos vendidos en Estados Unidos en el año 2030 deberán ser eléctricos o de emisiones cero. Estos primeros pasos, si bien parecen ser tímidos, confirman la tendencia surgida tiempo atrás: los millones de toneladas de dióxido de carbono emitidos a la atmósfera por parte del país llevan una dirección evidentemente descendente desde al menos el año 2010. Y es que en los últimos diez años las emisiones de CO2 del país norteamericano se han reducido pasando de 5.571,8 megatoneladas a 4.535,3.

La neutralidad, no obstante, tan solo será un objetivo realizable siempre que se apueste con decisión por las energías renovables, tal como señalan los distintos grupos científicos. En términos macroeconómicos, las metas parecen lo suficientemente claras como para pensar que esta apuesta ya se está perfilando, y es que, según la Casa Blanca, para 2030 se deberían haber reducido en un 50% los niveles de emisión de gases de efecto invernadero con relación a 2005. Algunos agentes sociales van incluso más allá: hasta 13 grandes compañías públicas han enviado una carta a la Casa Blanca apoyando el recorte de emisiones en un 80% por debajo de los niveles de 2005 para el año 2030.

La mitad de los coches nuevos vendidos en Estados Unidos en el año 2030 deberán ser eléctricos o de emisiones cero

La cuestión requiere máxima urgencia: para el año 2100, incluso reduciendo drásticamente las emisiones de gases de efecto invernadero, las muertes relacionadas con el calentamiento global podrían ascender hasta las 26.000 anuales (actualmente son alrededor de 12.000). La inacción, sin embargo, sería fatal: dichas cifra podría ser de 100.000.

Al lado de los costes humanos, por tanto, los costes económicos, aunque elevados, palidecen. La administración norteamericana prevé invertir hasta tres billones y medio de dólares en un plan general de infraestructuras que apoye la transición hacia una energía limpia, las diversas políticas para combatir el cambio climático, la implementación del vehículo eléctrico en la sociedad y la jubilación de los combustibles fósiles. Además, al menos 30 de los 50 Estados ya han establecido un porcentaje mínimo de energía eléctrica de origen renovable.

Las medidas, tomadas en su conjunto, ofrecerían un fuerte impulso para cumplir el límite señalado en el Acuerdo de París; es decir, ayudarían a mantener el aumento de la temperatura alrededor de 1,5ºC en relación con los niveles preindustriales. Estados Unidos, así, pasaría de ser uno de los países más contaminantes del planeta a reducir su huella de carbono a un nivel casi imperceptible. No es casual: todas las inversiones dispuestas para la energía verde conllevan a su vez la creación de múltiples puestos de trabajo y la promoción de una industria y una tecnología modernas y no-contaminantes.

Nadie pone ya en duda que para que la Tierra sea habitable en el futuro es imprescindible transformar nuestro modo de vida actual. Consumimos más recursos de los que la naturaleza genera, y estamos llevando al límite las capacidades del planeta. En esa reconfiguración, que tenemos que abordar desde todos los ámbitos sociales y económicos, juega un papel clave la transición energética, con la que lograríamos eliminar la dependencia actual de los combustibles fósiles y frenar el calentamiento global.

Entre los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU (ODS), el Objetivo 7 apunta directamente a esta transición al establecer como necesario el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna. Un reto que requiere una apuesta firme por el incremento de las energías renovables. Esta transformación, que supone un vuelco para las economías mundiales tradicionalmente arraigadas a las energías fósiles, tendrá un importante impacto no solo en el medio ambiente sino también en el mercado laboral, ayudando a la consecución del Objetivo 8 de los ODS: promover el crecimiento económico inclusivo y sostenible, el empleo y el trabajo decente para todos.

Las previsiones indican que para 2050 se crearán hasta 122 millones de puestos de trabajo relacionados con la energía

Escasos días antes del comienzo de la celebración de la COP26, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) publicó, junto a la Agencia Internacional de Energía Renovable (IRENA), el estudio Energía renovable y empleos: revisión anual 2021. En el documento,ambas organizaciones destacan el enorme potencial de creación de empleo que conllevará una transición energética eficiente. Según sus cálculos, en 2050 existirán 122 millones de puestos de trabajo relacionados con la energía renovable, lo que representa más de un tercio de todos los empleos del sector.

Guy Ryder, director general de la OIT, recordó, durante la presentación del estudio, que "el potencial de las energías renovables para generar trabajo decente es una clara indicación de que no tenemos que elegir entre la sostenibilidad medioambiental y la creación de empleo. Ambas pueden ir de la mano". Si bien es cierto que reducir el uso de combustibles fósiles implicará  la pérdida de puestos de trabajo -el estudio calcula que, hasta 2030, desaparecerán entre seis y siete millones de empleos por el cierre o transformación de las industrias más contaminantes-, la expansión de las energías limpias generará entre 24 y 25 millones de nuevos puestos.

Francesco la Camera, director general de IRENA, insistió en que "la capacidad de las energías renovables para crear puestos de trabajo está fuera de toda duda”. Pero incide en que “los gobiernos deben aumentar su ambición para alcanzar el nivel cero" y no dejar a nadie atrás.

La OIT destaca el gran potencial de España en empleos verdes

En nuestro país, la economía verde emplea a casi medio millón de personas, lo que supone el 2,5% de la fuerza laboral. Además, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, diseñado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, estima que en 2030 esa cifra habrá aumentado hasta 1,5 millones de personas.

Un ejemplo del impacto que puede tener la transición energética en la creación de empleo es el de los parques eólicos, instalaciones que requieren profesionales para su construcción, pero también para la puesta en marcha y mantenimiento de los aerogeneradores. Cabe recalcar que, según el Anuario Eólico 2021 de la Asociación Empresarial Eólica, en España hay en la actualidad 1.265 parques eólicos presentes en 1.037 municipios y 237 centros de fabricación en 16 de las 17 comunidades autónomas. Gracias a ello, más de 30.000 personas trabajan en el sector eólico en España a día de hoy y se estima que en 2030 podría emplear a más de 60.000. Una previsión que abre nuevas oportunidades de desarrollo para las zonas rurales.

Solo el sector eólico podría emplear a más de 60.000 personas en España

Respecto al tipo de perfiles que se demandarán en el mercado de las renovables, el estudio de la OIT y de IRENA, antes citado, hace una reflexión del tipo de profesionales que se requerirán en sectores como el fotovoltaico o el eólico. Según las estimaciones, seis de cada diez empleados tendrán una formación mínima, mientras que el 30% serán titulados universitarios en ciencias, tecnología, ingeniería o matemáticas. El resto serán profesionales administrativos (1,4%) y de otros perfiles universitarios como abogados o expertos en logística, marketing o regulación (5%).

Como indica la propia OIT, debemos acometer cambios en los sistemas de producción actuales a un nivel similar al que se produjo durante la revolución industrial. Solo de esta manera lograremos una economía verde y sostenible que beneficie no sólo al planeta sino también a la empleabilidad de quienes lo habitamos.