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Enero de 2007, Estados Unidos. Una crisis financiera comenzaba a cocinarse en el gran continente. Pocos meses después, un déficit de capital se extendería como la pólvora por los bancos estadounidenses hasta explotar con la quiebra del gigante financiero Lehman Brothers en verano de 2008. Un acontecimiento que marcaría el origen de una crisis económica y financiera de repercusión mundial.

Ese enero, antes de la precipitación de tan desafortunados acontecimientos, el columnista de The New York Times, Thomas L. Friedman, acuñó el término Green New Deal para referirse -en una clara alusión a la reforma que llevó a cabo el presidente Roosevelt para paliar los efectos de la Gran Depresión en los años 30- a un amplio programa con el objetivo de revitalizar la economía americana que girase en torno a las energías verdes. La idea cayó en el olvido durante los últimos meses de presidencia de George W. Bush, y aunque Barack Obama retomó el plan durante su primera campaña electoral, el Green New Deal quedó camuflado en medio de la feroz crisis. La idea nunca llegó a enterrarse.

En 2012 la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (Río+20) reabría la puerta al debate: ¿es posible un capitalismo respetuoso con el planeta y sus recursos naturales? ¿Puede la economía verde ser la alternativa al modelo de producción y consumo actual? Desde esa cumbre, numerosos economistas y expertos han analizado la posibilidad de un nuevo capitalismo verde o ecocapitalismo que reinvente el sistema económico mundial. Ahora, con la celebración de la Cumbre del Clima (COP25) que se ha celebrado en Madrid a inicios de diciembre, se ha vuelto a poner sobre la mesa la idea de una maquinaria basada en un beneficio que sea compatible con la protección de los ecosistemas y la lucha contra el cambio climático.

Sin embargo, si hubiese que datar el verdadero impulso del Green New Deal, al menos como propuesta tenida en real consideración, sería en 2018 con la llegada a la política de Alexandria Ocasio-Cortez. La congresista demócrata, apoyada por el ala más izquierdista del partido Demócrata de Estados Unidos, entre los que se encuentran el senador Bernie Sanders y la senadora Elisabeth Warren, propone la creación de una serie de medidas económicas y sociales. Todas ellas orientadas hacia la transformación de la economía estadounidense y sustentadas en una transición ecológica justa y generadora de empleo sostenible. Puesto sobre papel y presentado ante el órgano legislativo, el proyecto tiene todavía sus detractores pero ha sido la punta de lanza para teóricos económicos y sociólogos. También para movimientos juveniles, como el Sunrise Movement en Estados Unidos, que están dispuestos a trasladar de manera pacífica la intención política de combatir el cambio climático a las calles.

El economista y sociólogo estadounidense Jeremy Rifkin es también uno de los abanderados de este Pacto Verde. Según explica en su último libro El Green New Deal Global, la descarbonización de la economía -que, según sostiene, sucederá de una manera casi natural cuando la sociedad de los combustibles fósiles colapse entorno a 2028-, permitirá que la transición ecológica sea rentable y justa a la vez.

Hacia una Europa verde y sostenible

El Pacto Verde también ha echado raíces en Europa. La nueva presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció hace unos días un ambicioso pero realista Europen Green Deal, una hoja de ruta que pretende transformar el continente en el primero neutro para 2050. Para ello, el Ejecutivo ha desplegado un plan que desplegará un paquete legislativo que revolucionará de forma integral la economía europea para hacer frente al cambio climático. Los principales ejes de este plan serán: incrementar la ambición climática con horizonte 2030 y 2050; garantizar el suministro y la producción de energía limpia, asequible y segura; movilizar a la industria por una economía circular y limpia; fomentar la construcción y la renovación de edificios eficientes; conseguir un medioambiente con polución cero; preservar y restaurar los ecosistemas y la biodiversidad; impulsar un modelo agroalimentario justo y saludable; y acelerar el cambio a una movilidad inteligente y sostenible.

Pero el Green New Deal no es una política nueva en Europa. En 2007 ya nacieron los primeros brotes con la puesta en marcha de la Estrategia Energética de la Unión Europea, conocida como 20-20-20, que pretendía, según el documento, “provocar una nueva revolución industrial y crear una economía de alta eficiencia energética y baja emisión de CO2”. El plan ambiciona reducir en un 20% las emisiones de gases de efecto invernadero, en un 20% el consumo de energía y garantizar que en otro 20% la energía provenga de fuentes renovables. Ese mismo año, en Reino Unido nació Green New Deal Group, un grupo de activistas ecologistas que publicaron un manifiesto con el mismo nombre que marcaba unas pautas para iniciar una transición hacia un nuevo sistema económico orientado a frenar el cambio climático.

El Green New Deal, a examen

Sin embargo, no todos los autores son favorables a una alteración radical del sistema económico que afecte a todas las piezas del engranaje, incluidas la industria, el transporte o el sector de la energía. Es el caso de la escritora Naomi Klein, que alerta de los posibles peligros de un sistema económico verde basado en el capitalismo. “No necesitamos un New Deal pintado de verde, sino una doctrina de choque”, señala Klein en su libro On Fire: The Burning Case for a Green New Deal (2019). A su juicio, las políticas hasta ahora definidas no están lo suficientemente orientadas a solventar todos desafíos interconectados con la crisis climática, como el de acabar con la pobreza, la desigualdad o el hambre. “Necesitamos estar en guardia contra la posibilidad de que el estado de emergencia se convierta en un estado de excepción, en el que poderosos intereses explotan el miedo y el pánico del público para revertir derechos ganados con dificultad, o forzar soluciones tan falsas como rentables para ellos”, sostiene.

Y frente a este amplio abanico de perspectivas de teóricos y políticos, jóvenes en todo el mundo se manifiesta desde el 2018 con más ímpetu que nunca. Más allá de planteamientos económicos, exigen un cambio radical y democrático que permita abordar la cuestión climática. La joven activista sueca Greta Thunberg -que en el último año se ha convertido en el estandarte de la lucha contra el cambio climático- es un claro ejemplo de la demanda de las nuevas generaciones. "Millones de personas alrededor del mundo marcharon y demandaron acciones reales contra el cambio climático. Mostramos que estamos unidos y que los jóvenes somos imparables". Con estas palabras, Thunberg hace una llamada a todos los ciudadanos para que dejen de lado sus intereses y diferencias y aúnen fuerzas para luchar contra la mayor amenaza a la que se enfrenta la humanidad.

Ya nadie duda de que el cambio climático no es solo un problema de futuro. Estamos ante todo un desafío en el presente que vemos cómo día a día cambia las condiciones de la vida en el planeta, es decir, cómo lo cambia todo. Las evidencias científicas se suceden tanto en los informes del IPCC como en otros estudios, y comprobamos con preocupación cómo los peores escenarios se van cumpliendo mucho antes de lo previsto.

No es de extrañar, por tanto, que el Secretario General de Naciones Unidas convocase una cumbre especial para pedir a los países que incrementen sus compromisos de reducción de emisiones. Visto lo que cada Estado ha enviado a Naciones Unidas, se necesitaría triplicar esta ambición para garantizar que se cumple, al menos, el Acuerdo de París, aunque la ciencia ya nos dice que esto no será suficiente. La movilización global que al calor de Fridays for Future coincidió con la cumbre de Naciones Unidas precisamente pretendía presionar a los gobiernos para que, asumiendo su responsabilidad, planteen medidas ambiciosas y urgentes capaces de hacer frente a la crisis climática. A este conjunto de medidas es a lo que llamamos transición ecológica.

Una transición supone una transformación integral y progresiva. Un camino por recorrer para transitar de un lugar –o de una forma de hacer las cosas– a otro. En definitiva, un cambio de paradigma. De ahí que no se trate solo de cambiar el modelo energético, fundamental para la lucha contra el cambio climático. Se trata también de replantear el consumo de agua, el uso del territorio, la gestión de materias primas, el modelo de producción y por supuesto, de consumo, etc. En definitiva, una nueva forma de entender nuestra relación con el planeta asumiendo que la biosfera nos impone unos límites.

El reto no acaba aquí. Todo esto ha de hacerse compatible con la exigencia ética de maximizar el bienestar de todas las personas, las que habitamos hoy el planeta y las que vendrán. Una transición ecológica exitosa necesita garantizar que nadie se queda atrás y eso exige políticas públicas. El coste de este cambio de paradigma no se repartirá igual entre unos sectores de la población y otros. A quienes hoy cuentan con menos recursos, son más vulnerables y disponen de menos herramientas para hacer frente a la crisis esta transición les va a salir más cara.

A nivel global, esto puede verse en el desequilibrio entre los países con mayor y menor nivel de desarrollo. Paradójicamente son estos últimos quienes, habiendo contribuido menos a la crisis ambiental por su menor grado de industrialización, están pagando más caras las consecuencias. En ocasiones por su ubicación geográfica y en otras por tener un modelo económico más dependiente de las condiciones naturales y al mismo tiempo carecer de infraestructuras y herramientas para gestionar el desafío.

Este reto lo tenemos también dentro del llamado mundo desarrollado, donde la crisis de 2008 se saldó con un fuerte incremento de las desigualdades. La brecha entre los habitantes de grandes ciudades y los del resto, así como entre la población más acomodada y la más vulnerable, puede verse agravada si no se articulan políticas públicas de transición justa que no dejen a nadie atrás. Los chalecos amarillos en Francia nos han dado un aviso, pero el malestar puede ir a más si no se gestiona con criterios de justicia y equidad.

La transición ecológica es hoy un imperativo para garantizar la vida en el planeta, no hay duda. Para que sea exitosa, es fundamental que se ponga en marcha junto a políticas contra la desigualdad. De lo contrario, no solo no será posible, sino que puede contribuir a crear sociedades más cercanas a la distopía que tratamos de evitar.

*Cristina Monge, politóloga, asesora ejecutiva de Ecodes y profesora de sociología en la Universidad de Zaragoza

La transición energética es imparable. A finales de 2018, 169 países se habían comprometido ya a cumplir diferentes objetivos energéticos a nivel nacional o regional para pasarse a las renovables. Siguiendo su estela, cada vez son más las instituciones y empresas privadas que apuestan por las energías verdes. A continuación, repasamos 10 claves para entender la importancia de una transición que, si es socialmente justa y no deja a nadie por el camino, podría (y debería) cambiar el futuro del planeta.

1. Abrazar las renovables supondría una reducción del 70% de emisiones de CO2

Según la Agencia Internacional de Energías Renovables (IRENA), una rápida adopción de las renovables en todo el mundo podría hacer que los niveles de emisiones de dióxido de carbono cayeran hasta un 70% respecto a los niveles actuales. La agencia asegura que, dentro de treinta años, en un planeta con diez mil millones de habitantes y megaciudades hiperpobladas, “con una combinación de energía renovable competitiva en costos, eficiencia energética y sistemas digitales, las emisiones de CO2 podrían ser mucho menores que en la actualidad”. Aun así, para cumplir con el Acuerdo de París habría que adoptar las renovables a un ritmo seis veces más rápido que el actual.

2. Cada año se crean millones de puestos de trabajo relacionados con las renovables

Según IRENA, el pasado año se crearon en todo el mundo once millones de empleos directamente relacionados con las energías verdes. Además, en un estudio elaborado por la agencia se asegura que la transición energética proporcionará una mejora del 2,5% del PIB y un aumento del 0,2% en el empleo mundial en comparación con permanecer en el sistema actual.

3. Cerca de 840 millones de personas carecen aún de acceso a la electricidad

Uno de los principios básicos de la transición energética es la electrificación del planeta. Una condición que, según Naciones Unidas, debe ir de la mano de un acceso universal a las energías limpias y rentables. El Informe sobre el progreso del ODS 7 de 2019, realizado por la Agencia Internacional de la Energía (IEA), IRENA, la ONU, el Banco Mundial y la Organización Mundial de la Salud (OMS), considera imprescindible lograr que las poblaciones más empobrecidas del planeta sean capaces de mejorar el despliegue y acceso de sus fuentes de energía de manera sostenible. Parece que vamos por el buen camino, aunque aún queda mucho por hacer: en 2010, 1.200 millones de personas carecían de electricidad en sus hogares; en 2017 –último año analizado– la cifra se reduce a 840 millones. Ahora, uno de los mayores retos es el de conseguir la electrificación de las zonas rurales, especialmente en los países más empobrecidos.

4. Casi 3.000 millones de personas no tienen acceso a fuentes alternativas

Muy relacionado con el punto anterior: el acceso universal a la electricidad – procedente de fuentes renovables– evitaría que millones de personas se expusiesen a los gases nocivos que producen la madera y el carbón a la hora de quemarse en la cocina –sobre todo cuando esta se sitúa en un espacio cerrado y con poca ventilación–. Además, en el mundo hay 2.900 millones de personas que no tienen acceso a energías limpias (y seguras) para cocinar.

5. En las ciudades son los mayores focos de contaminación

Según el informe Escenario, políticas y directrices para la transición energética elaborado por la Fundación Renovables, en las ciudades, donde se concentra el 55% de la población, se consume el 75% de toda la energía producida y se generan el 80% de la contaminación mundial. Por ello, Naciones Unidas señala a las grandes ciudades como punto de partida: si las áreas metropolitanas del planeta no se suben al carro de las energías verdes difícilmente se podrá hacer frente a la crisis climática a la que nos enfrentamos.

6. Cada dólar invertido en la transición tendrá un retorno de entre 3 y 7 dólares

IRENA, en su estudio La transformación de la energía global: la hoja de ruta hacia 2050, estima que por cada dólar que se invierta en la puesta en marcha de la transición energética habrá un retorno, a medio-largo plazo, de entre 3 y 7 dólares. Esto se transformaría en un beneficio acumulado de entre 65 y 160 billones de dólares en todo el mundo.

7. En 2018 se invirtieron 272.900 millones de euros en nuevas instalaciones renovables

Sin tener en cuenta los grandes proyectos hidroeléctricos, un informe de Bloomberg NEF y del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEP) asegura que la cifra, a pesar de ser ligeramente menor que en el año anterior, es positiva. Además, explica que las inversiones en mejoras, investigación y desarrollo de energía limpias aumentó un 12% respecto a 2017, alcanzando los 7.600 millones de dólares. Se prevé que las inversiones sigan creciendo en los próximos años.

8. Suecia, Suiza, Noruega, Finlandia y Dinamarca, los países mejor preparados para la descarbonización

Al menos, así lo asegura el Informe del Foro Económico Mundial para la promoción de una transición energética efectiva. Les siguen de cerca Austria, Reino Unido, Francia, los Países Bajos e Islandia. El reto que se nos presenta por delante, como sociedad global, es conseguir que países como Haití (el último de la lista de los países más preparados para la transición), Sudáfrica, Zimbabue o Venezuela sean capaces de transitar hacia modelos energéticos mucho más sostenibles y descarbonizados.

9. La tecnología, una aliada esencial de la eficiencia energética

La tecnología es una de las palancas de cambio esenciales para frenar el cambio climático. Basta fijarse en cómo las nuevas tendencias tecnológicas, como el Internet de las Cosas o la tecnología blockchain, están transformando la forma de analizar la información y de optimizar la eficiencia energética. De hecho, según establece el Marco de Clima y Energía para 2030 de la Unión Europea, se espera conseguir una mejora de la eficiencia energética de al menos el 32,5% de cara a la próxima década. Para lograrlo se contempla una inversión de 10 mil millones de euros destinada al desarrollo de nuevas tecnologías que permitan generar o almacenar energía renovable y reducir el consumo de electricidad.

10. La movilidad eléctrica: el epicentro de las ciudades del siglo XXI

Cada vez más ciudadanos utilizan las nuevas modalidades de transporte que han aparecido en los últimos años: bicicletas, patinetes, y coches y motos compartidas han conquistado las calles de las grandes urbes. En la trasformación de las ciudades, donde se aglutina cerca del 55% de la población mundial, hay un claro protagonista: los vehículos eléctricos. Según datos del Observatorio Europeo de Combustibles Alternativos (EAFO), en lo que llevamos de 2019 se han matriculado 5.604 turismos eléctricos e híbridos enchufables. El dato refleja el auge de este tipo de vehículos, pero también que el crecimiento de este tipo de transporte demasiado lento debido a la (todavía) limitada capacidad de las baterías. Nuevas líneas de investigación aseguran que, en el futuro, los coches eléctricos no solo gozarán con suficiente autonomía, sino que permitirán generar, almacenar y compartir energía.

Con todo, los esfuerzos de los países europeos, que se han fijado el objetivo de reducir las emisiones de C02 de los coches en un 37% para 2030, están siendo titánicos. En nuestro país se calcula que para afianzar los vehículos eléctricos se deberían instalar 80.000 puntos de recarga de aquí a 2025. Una ambiciosa meta que garantizaría que los ciudadanos puedan desplazarse de una ciudad a otra de manera sostenible y sin que eso implicase renunciar a largos trayectos.

Si te dijeran que las ciudades acogen a más de la mitad de la población mundial, ¿qué porcentaje de la superficie terrestre pensarías que ocupan? La respuesta es cuando menos impactante: solo representan el 2%. Sin embargo, su relativamente pequeña dimensión no impide que consuman más de dos tercios de la energía mundial ni que sean responsables de más del 70% de las emisiones de dióxido de carbono. Si le damos la vuelta a estos datos, los núcleos urbanos presentan un gran potencial para liderar el cambio hacia una economía sostenible y desarrollar soluciones de producción y consumo de energías limpias y eficientes que permitan recuperar la salud del planeta. Aunque todavía queda camino por recorrer, ya se están empezando a registrar cambios importantes en algunos puntos del globo.

En la actualidad, más de 100 ciudades obtienen hasta un 70% de su electricidad de fuentes renovables como la hidráulica, la geotérmica, la solar o la eólica, según datos de Carbon Disclorure Project (CDP), una organización que evalúa las políticas medioambientales de las grandes urbes. El ranking se elabora a partir de datos obtenidos tanto del sector público como del privado y es el resultado de un análisis de cómo las ciudades gestionan las emisiones de gases de efecto invernadero y de cómo adaptan sus políticas a riesgos relacionados con el clima o la seguridad del agua. Reikiavik es quizás uno de los casos más evidentes de ciudad líder en fuentes renovables: el 100% de la energía que consume es geotérmica —una fuente limpia e inagotable— o hidráulica. Y esto no sucede solo en la capital islandesa, sino en todo el país. Por un lado, la tierra del fuego y el hielo es una zona de gran actividad volcánica, que genera una cantidad de energía suficiente para administrar el total de los sistemas geotérmicos del país. Por otro lado, los glaciares cubren el 11% del territorio y, cuando se deshielan, proporcionan los recursos necesarios para transformarse en energía hidráulica. Por si fuera poco, en los últimos años, Islandia ha maximizado sus líneas de actuación energética para convertirse en un país de carbón neutro antes de 2040. Lejos de allí, también Dubái se ha marcado una meta ambiciosa: que en 2050 el 75% de su energía provenga de fuentes renovables. Para ello, ha hecho una fuerte inversión en el proyecto de construcción de una ciudad sostenible, situada a unos 30 kilómetros de distancia del actual centro urbano. El objetivo a alcanzar en este nuevo núcleo es que la totalidad de la energía sea limpia. Así, las casas se han construido con materiales ecológicos y están recubiertas con una pintura reflectante que ayuda a rebajar las altas temperaturas. Además, todos los edificios disponen de paneles solares (algo verdaderamente práctico, teniendo en cuenta la cantidad de horas de luz del emirato), electrodomésticos eficientes, sistemas inteligentes de aire acondicionado y tecnología puntera diseñada para reducir el consumo de energía y agua.

En la misma línea, la ciudad más verde de Canadá, Vancouver, es otro ejemplo urbano que se abastece casi en su totalidad de energía limpia procedente de presas hidroeléctricas. Desde 2007, sus emisiones de CO2 se han reducido un 33%, lo que llevó a que ya en 2015 se marcase un objetivo todavía más exigente: convertirse en una ciudad 100% renovable y reducir las emisiones de dióxido de carbono un 80% antes de 2050. Para ello, su estrategia pone el foco en los dos principales responsables de la presencia de gases de efecto invernadero, el transporte y los edificios, que solo en 2014 fueron responsables del 90% del total de las emisiones. Una de las grandes propuestas del Gobierno estatal para llegar a la meta fijada es la de desarrollar edificios inteligentes y vehículos impulsados por energía eléctrica y biogás. Con todo, estos casos concretos de ciudades implicadas en la transición hacia un sistema energético global más limpio son todavía insuficientes para alcanzar el imperativo de mantener la temperatura global de la Tierra a 1,5ºC acordado por el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático solo dos años después de la firma del Acuerdo de París: se necesitan más urbes implicadas, ya que nunca antes los esfuerzos de ese 2% del territorio que representan las ciudades fueron tan necesarios para garantizar la supervivencia del planeta.

¿Qué pensaría Thomas Edison si levantase la cabeza y viera que hoy las bombillas pueden encenderse con la luz del sol? Como buen genio, seguramente al visionario le encantaría observar cómo el actual sistema energético evoluciona, no sin traspiés, hacia la descarbonización, la descentralización y la digitalización. Concretamente esta última, según el director general de la Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA), José María González Moya, “nos permitirá una mejor gestión de los recursos y una mayor conciencia sobre cuándo y de qué manera consumimos energía”. La máxima expresión de esa conciencia parece ser el autoconsumo, una opción renovable que poco a poco ha ido conquistando el sector energético y que, sin duda, tendrá un lugar privilegiado en el futuro.

Al menos así lo prevé la Agencia Internacional de Energía Renovables (IRENA, por sus siglas en inglés), que en su último informe apunta a que el 50% del consumo final de la energía en el mundo será electricidad y, de ese porcentaje, el 86% tendrá origen renovable. “Las ventajas del autoconsumo son muchas”, recuerda González Moya. Y es que no solo permite al cliente final generar energía de forma limpia, implicarse en la gestión energética y contribuir así en la lucha contra el cambio climático, sino que también supone un ahorro económico gracias a la gran competitividad que han alcanzado las tecnologías como los paneles solares. Sin embargo, las placas fotovoltaicas ya no son lo que eran. Cada día salen al mercado nuevas e innovadoras soluciones que convierten a esta tecnología en un material de construcción atractivo y estético que puede acoplarse en los edificios y que, de cara al futuro, podría llegar a rediseñar la imagen de las ciudades.

No hay más que ver, por ejemplo, los paneles solares fotovoltaicos integrados en las tejas cerámicas de los tejados que ha desarrollado una empresa holandesa. Pero, además de estas tejas negras, han patentado también unas de terracota que podrán utilizarse en edificios históricos protegidos sin alterar su belleza y armonía.

¿Y si las tejas o paneles solares fueran las hojas de árboles y plantas a través de las cuales generar energía eléctrica? Lo que era inimaginable en la época de Edison es ya una realidad gracias a una compañía española que parte de la fotosíntesis para generar electricidad. Un sistema eléctrico recoge la energía que la planta produce en este proceso natural (electrones y H2O) y produce energía que permite conectar automáticamente teléfonos móviles a la red a través de una conexión NFC (Near Field Communication) implantada en lo que parecía ser tan solo la maceta de la planta.

Plantar árboles es una potente herramienta para combatir el cambio climático. Y aquí innovación y digitalización juegan un papel clave. Porque gracias a los drones se pueden detectar rápida y fácilmente espacios de reforestación. Lauren Fletcher, antiguo ingeniero de la NASA, ha creado una empresa que se encarga precisamente de esto. Su dron Robin es capaz de sobrevolar los espacios más escabrosos y plantar 120 árboles en un minuto. Su objetivo, sembrar 500.000 millones de árboles para 2050.

El futuro es eléctrico y aunque el uso de las renovables va en aumento, todavía queda camino por recorrer. Para ello debe darse primero “un importante cambio social e industrial”, además de “un refuerzo de la I+D en energía que incluye la necesidad de seguir en los avances tecnológicos en las energías solar fotovoltaica y eólica, así como a propiciar el desarrollo de otras formas de energía, como la eólica marina o la solar termoeléctrica”, apunta Julio Usaola, catedrático de Ingeniería Eléctrica de la Universidad Carlos III.

Afortunadamente, en nuestro país se ha apostado fuertemente por el campo de la Investigación, Desarrollo e Innovación en el sector de las renovables. Así lo corrobora el Estudio del Impacto Macroeconómico de las Energías Renovables en España que indica que el sector aportó 247 millones de euros en 2017 a I+D+i, un 3,3% de su contribución directa al PIB. “Esto es casi el triple que la media española (1,2%) y muy superior a la media de la Unión Europea (2%)”, señala el director general de la APPA.

En esta línea, el área que más va a crecer en los próximos años va a ser la del almacenamiento. Todavía en proceso de desarrollo, el poder almacenar el excedente de energía producida será clave a la hora de integrar las renovables de manera efectiva y, sobre todo, económica.

“A medio plazo, son las baterías de ion de litio las que pueden tener un mayor recorrido; a largo plazo, el hidrógeno puede convertirse en un vector energético que dé respuesta a consumos no eléctricos en el sector”, opina el catedrático Usaola. Desde su punto de vista, si esto no se desarrolla suficientemente, el uso de las renovables será menor y su coste, mayor.

En la cumbre del clima de Katowice (COP24), que selló las bases para la implementación del Acuerdo de París, el Gobierno socialista español aseguró que las emisiones de gases invernaderos se reducirían en un 90% de cara a 2050 y que se tendería hacia una electrificación de la energía. Se trata de una meta, cuando menos ambiciosa, que se engloba dentro del objetivo de liderar el camino hacia la neutralidad climática que la Comisión Europea definió en noviembre de 2018 en la Estrategia a Largo Plazo para 2050; un plan que busca cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. 

Como una de las primeras medidas para frenar la imperante amenaza climática, el 5 de abril de 2019 entró en vigor en nuestro país el Real Decreto sobre autoconsumo, una normativa que da carpetazo al conocido como “impuesto al sol” y que, según especifica el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), “hace viable el autoconsumo en España, permitiendo posibilidades de implementación que, hasta el momento, no se contemplaban”. Así se simplifican los procesos administrativos, técnicos y económicos asociados a esta manera de generar energía ¿Pero, en qué consiste exactamente este revolucionario modelo energético y qué oportunidades ofrece?

El primer elemento clave que hay que tener en cuenta como consumidor es la existencia de las distintas clases de autoconsumo que se recogen en el texto. Con la puesta en marcha del Real Decreto, se establecen dos tipos distintos: el individual conectado a una red interior (única figura reconocida hasta ahora y que facilita las instalaciones en casa) y  el colectivo. Esta segunda posibilidad permite que varios consumidores puedan conectarse a un mismo generador de electricidad establecido fuera de la vivienda. En otras palabras, según se especifica en el documento, “se permite el autoconsumo en comunidades de propietarios o entre empresas o industrias ubicadas en una misma localización”. 

Además del tipo de autoconsumo, la ley incluye novedades respecto al lugar donde se pueden situar las infraestructuras. Antes de su entrada en vigor, en España solo estaba permitido consumir energía procedente de instalaciones de generación eléctrica situadas dentro de la vivienda del consumidor. Ahora, por ejemplo, es posible asociar las placas fotovoltaicas de dos edificios contiguos e instalarlas donde mejor convenga para que los vecinos de ambos inmuebles puedan tener acceso a la electricidad generada. 

Otra de las claves a tener en cuenta es la implantación de un mecanismo simplificado de la compensación de excedentes, es decir, de aquella energía que el autoconsumidor no use de manera instantánea. “Hasta el momento, si el usuario quería obtener una compensación por esta energía que se inyecta en la red, debía constituirse jurídicamente como productor de energía. Con el Real Decreto aprobado, la comercializadora de energía compensará al usuario por la energía excedentaria en cada factura mensual”, exponen desde IDAE. Además, cuando se trate de autoconsumo colectivo, “un consumidor podrá aprovechar los excedentes de su vecino y ser copartícipe de la generación y el consumo, si este no está consumiendo su parte proporcional de energía”. 

El 5 de abril de 2019 entró en vigor el Real Decreto sobre autoconsumo, una medida que da carpetazo al conocido como “impuesto al sol” y que hace viable el autoconsumo en España, permitiendo posibilidades de implementación que, hasta el momento, no estaban contempladas. ¿Pero, en qué consiste exactamente este revolucionario modelo energético?

En 2015, ante la necesidad de dar una respuesta a la apremiante amenaza del cambio climático, los líderes mundiales se reunieron y firmaron el Acuerdo de París para adoptar medidas progresivas y eficaces que frenasen lo que ya se ha bautizado como la crisis del siglo: la climática. Tres años después, el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) de la ONU dio un tirón de orejas a los países firmantes –y a todos en general– al afirmar que el aumento de dos grados de la temperatura global que se había fijado en el Acuerdo era insuficiente para evitar efectos “duraderos o irreversibles”.

Tras la evaluación del cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la Unión Europea reconoció que “necesita ir más allá para cumplir el Acuerdo de París y reducir de forma significativa su dependencia de los combustibles fósiles”. Para poder cumplir el objetivo de “liderar el camino hacia la neutralidad climática”, en noviembre de 2018 la Comisión Europea aprobó la Estrategia a Largo Plazo para 2050. España, por su parte, ha mostrado un firme deseo de liderar la transición energética hacia el uso de renovables como principal fuente de energía –ejemplo de ello es la creación del Ministerio para la Transición Ecológica–.

*Jorge Sanz Oliva es director asociado de NERA Economic Consulting y presidente de la Comisión de Expertos de Transición Energética de 2018

Es frecuente escuchar que “la energía que menos contamina es la que no se consume”. Se trata de una afirmación totalmente cierta y sin embargo, la “energía que no se consume” es también la que menos bienestar produce porque no nos calienta en invierno, no conserva nuestros alimentos refrigerados, no ilumina nuestros hogares y tampoco ayuda a fabricar o a transportar los productos que consumimos. De ahí que consumir energía sea esencial para nuestras vidas. Entonces, la pregunta es: ¿cómo conciliar el reto ambiental con el consumo energético? A diferencia de lo que ocurría hace tan solo diez años, actualmente las grandes instalaciones de generación de electricidad que utilizan el sol y el viento (ambas fuentes de energía renovable) son económicamente rentables y no necesitan subvenciones. En poco tiempo esto va a permitir avanzar en la lucha contra el cambio climático sin que eso suponga un gran coste para los consumidores. No obstante, los precios actuales y las previsiones de evolución tecnológica reflejan que la estrategia menos onerosa para reducir las emisiones de CO2 no pasa, por ejemplo, por invertir en aislamiento térmico de edificios (que es enormemente caro) sino por eliminar las barreras a la penetración de las energías fotovoltaica y eólica en la economía. Para ello es necesario incrementar el peso de estas energías renovables en la generación eléctrica y, al mismo tiempo, aumentar el peso de la electricidad en el consumo de energía final. Electrificar la economía requiere que las personas y las empresas sustituyan su actual consumo de energías fósiles (gas natural y derivados del petróleo) por el de electricidad. Por ejemplo, se puede empezar por apostar por el coche eléctrico o por los sistemas aerotérmicos para cubrir las necesidades de calor y frío en el hogar o, en el caso de las empresas, sustituir las calderas de gas natural por unas eléctricas. Sin embargo, mientras existan penalizaciones al consumo de electricidad y subvenciones al consumo de energías fósiles va a ser difícil que consumidores y empresas sean activos en el proceso de electrificación.

Porque, en efecto, el consumo de energías fósiles está subvencionado en nuestro país. No a través de ayudas explícitas —prohibidas por la UE— sino porque no se les cargan todos los costes que ocasiona su consumo. Por ejemplo, el consumo de cualquier forma de energía, ya sea electricidad o combustibles fósiles, obliga a invertir en renovables en un cierto porcentaje. Pero los consumidores de gas natural y de derivados del petróleo no financian los sobrecostes de las inversiones en renovables que su consumo induce, sino que el 90% de los sobrecostes de estas tecnologías los pagan los consumidores de electricidad. De igual manera ocurre con los sobrecostes de la cogeneración, que deberían imputarse a todos los consumidores de energía final. Sin embargo, a día de hoy se cobran únicamente a los consumidores de electricidad. Por otra parte, el uso de electricidad también está penalizado porque los peajes eléctricos incluyen los sobrecostes del suministro en los territorios no peninsulares y las anualidades de los pagos de déficits tarifarios incurridos en el pasado por el incremento en el coste de los apoyos a las energías renovables. Todo esto penaliza el consumo de electricidad y fomenta el uso continuado de los combustibles fósiles a pesar de sus elevadas emisiones de gases de efecto invernadero. Por ello hay tres actuaciones que son clave para luchar, con éxito, contra el cambio climático. En primer lugar, es necesario facilitar la construcción de instalaciones eólicas y fotovoltaicas que pueden producir electricidad sin emisiones de gases de efecto invernadero (actualmente no son necesarias subvenciones porque sus costes las hacen ya competitivas). En segundo lugar, es preciso fomentar —o al menos no obstaculizar— la electrificación de la economía, lo que requiere que se diseñen las tarifas eléctricas de forma que se ponga fin a la penalización a su consumo. En este aspecto la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia está ya trabajando en una reforma del diseño tarifario que refleje los costes de suministro. En tercer lugar, hay que acabar con las subvenciones al consumo de energía contaminante, lo que implica que hay que llevar a cabo una reforma fiscal medioambiental.

Asimismo, la necesidad de una reforma fiscal, como la propuesta por la Comisión de Expertos de Transición Energética en 2018, se puede apreciar en el hecho de que simplemente con esa reforma y un impuesto al consumo de CO₂ a 30 €/tCO₂, la economía española podría alcanzar el mismo objetivo de electrificación (27%) previsto por el Gobierno para 2030 en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC). Todo ello, sin gastar ni un solo euro de dinero público; en contraste con el PNIEC, que plantea decenas de intervenciones, con un gasto de 236.000 M€ en diez años. Sin embargo, el Plan Nacional solo dedica un pequeño párrafo a la reforma fiscal. Y dicho párrafo no perfila los principios en los que se va a basar la reforma, sino que se limita a indicar que será el Ministerio de Hacienda quien la liderará —a pesar de que los problemas ambientales no son, precisamente, una prioridad del Ministerio de Hacienda—, y no el Ministerio para la Transición Ecológica. La buena noticia es que el PNIEC enviado a la Comisión Europea es solo un borrador. El Gobierno aún está a tiempo de rectificar y sentar las bases para una verdadera reforma fiscal que demuestre que su preocupación por el cambio climático no es un mero eslogan.