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Se llamaba Lucrecia Pérez. Tenía solo 33 años y cenaba con unos amigos dominicanos en una discoteca de Aravaca, en la periferia de Madrid, cuando recibió dos disparos de un grupo de neonazis que iban buscando “sudacas”. Han pasado ya tres décadas, pero su asesinato marcó un antes y un después en España: fue el primer caso contabilizado de un caso racista.

Además de iniciar una estadística que no ha dejado de crecer desde entonces, supuso la primera vez que la sociedad española se miró a sí misma y se cuestionó si era racista. Una pregunta cuyo eco aún resuena con cada nuevo delito de odio que salta a las noticias. El último, el de Vinicius Jr., el jugador del Real Madrid que ha denunciado los gritos xenófobos que recibió en el estadio de Mestalla por parte de la afición valenciana. “España se conoce como país de racistas”, dijo el jugador brasileño.

Al margen de los encendidos debates que han tenido lugar desde ese partido, lo cierto es que el racismo y la xenofobia representan el primer motivo de delito de odio en España, con un 37% de los casos, por delante de la orientación sexual (27%) y la ideología (18%). Son datos del último ‘Informe sobre la evolución de los delitos de odio’, que realiza cada año el Ministerio de Interior, correspondiente a 2021. En total, ese año se contabilizaron 639 casos de racismo en toda la geografía española, un 68% más que en 2013, cuando hubo 381 hechos conocidos.

 

 

Territorialmente, el número de infracciones penales por xenofobia es muy desigual en función de la comunidad autónoma. En 2021, las regiones donde más hechos de este tipo se constataron fueron Euskadi (149), Comunidad de Madrid (125) y Cataluña (81). Donde menos, Extremadura (2), La Rioja (4) y Cantabria (7). Los altos datos de Euskadi corresponden, según el informe, a la formación específica que la Ertzaintza recibe sobre estos delitos y el avance en los análisis cualitativos, lo que les permite identificar más este tipo de infracciones.

 

 

Denunciar delitos de odio es aún una tarea complicada en España. El estigma, la sensación de impunidad y el miedo a una contradenuncia (especialmente en personas en situación irregular) provoca que solo el 18,2% de las personas que han experimentado una situación discriminatoria por motivos raciales o étnicos haya presentado alguna queja, reclamación o denuncia, según los resultados de una encuesta del Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica (CEDRE).

El racismo representa el primer motivo de delito de odio en España, con un 37% de los casos, por delante de la orientación sexual y la ideología

En los últimos años, se han dado pasos a nivel autonómico, estatal e incluso europeo para corregir o minimizar estos comportamientos discriminatorios y animar a ponerlos en conocimiento de las autoridades. El más importante a nivel nacional ha sido la aprobación de la Ley 15/2022, de 12 de julio, para la igualdad de trato y la no discriminación. Además de reforzar los mecanismos de protección y asistencia a las víctimas, facilitando la denuncia y asegurando la confidencialidad y la protección de su intimidad, establece sanciones y medidas de reparación que amplían los ámbitos de protección más allá del entorno laboral. Desde la aprobación del texto, la educación, la vivienda, los servicios públicos, la sanidad, el acceso a bienes y servicios o la participación política también son considerados ámbitos donde puede darse discriminación.

El entorno laboral ha pasado de ser el primer espacio donde las personas sufren más racismo en 2013, al tercer lugar en 2020, superados por el ámbito de la vivienda y los establecimientos abiertos al público,  según datos del CEDRE.

 

 

El texto, aprobado el verano pasado por las Cortes, también recoge la posibilidad de establecer acciones positivas para promover la igualdad de oportunidades y corregir desigualdades estructurales, así como la creación de un Observatorio de la Igualdad de Trato y la no Discriminación, un órgano independiente encargado de realizar estudios, análisis y evaluaciones sobre la situación de la igualdad y la no discriminación en España.

 

El color de piel, principal motivo

El color de piel es el principal motivo porque el que sufren racismo las personas racializadas, con un 55% de los casos, seguido de sus costumbres (38%) y, por último, sus creencias religiosas (33%), según el estudio de CEDRE. Pero a menudo este fenómeno es interseccional ya que “se mezclan estereotipos específicos sobre ciertos grupos de origen, con características personales como el sexo, el nivel educativo o el nivel de ingresos”.

El color de piel es el principal motivo de racismo entre las personas racializadas, con un 55% de los casos

“Las personas que son víctimas del racismo, no lo son por lo que han hecho, si no por lo que son y representan. Alegan que muchas veces la normalización del racismo lleva a asumir que estos hechos son inevitables, dada la supuesta condición intrínseca de las personas gitanas, migradas y racializadas. De alguna forma, aseguran que representa ‘pagar un precio’ por ‘estar aquí'”, explica la organización SOS Racismo,  en un informe correspondiente a 2022.

En cuanto a las nacionalidades que más lo sufren, destacan las personas de América del Sur -con un gran peso migratorio en España-, en un 34% de los casos, seguido de África subsahariana (22%) y el Magreb (21%). Las personas migrantes señalan además las diferencias en el trato que ven en función de su origen y rasgos físicos ante las mismas condiciones de llegada a España. “Se hace alusión a la bienvenida en España y en la Unión Europea de las personas ucranianas, en detrimento de otras, que también se ven forzadas a abandonar su hogar por guerras y conflictos bélicos”, explican los autores del estudio de la ONG.

 

 

Según SOS Racismo, las entidades públicas son además las que más ejercen la discriminación racista (42%), por delante incluso de particulares (29%) y entidades privadas (26%). Por tipo de discriminación, la denegación de acceso a prestaciones y servicios privados es donde más barreras y dificultades se encuentran las personas que llegan a España. “Experimentan la discriminación dentro de un contexto social, económico y cultural determinado, en donde se construyen y reproducen los privilegios y las desventajas. En ese sentido, son discriminadas no por quiénes son, sino por lo que se piensa que son o representan; es decir, en virtud de la asignación de estereotipos sociales o culturales negativos”, explica la organización.

 

 

Aunque la palabra edadismo fue incorporada al Diccionario de la Lengua Española, por la Real Academia Española (RAE) el pasado 20 de diciembre de 2022, el término viene de lejos, y fue formulado por primera vez por Robert Neil Butler, gerontólogo y psiquiatra estadounidense a mediados de los años 60. Butler dedicó gran parte de su vida profesional al estudio del envejecimiento y acuñó el término “ageism” para referirse a los estereotipos y prejuicios alrededor de las personas mayores.

Alrededor de un año antes de que la RAE incorporase al diccionario la traducción española del término, un informe de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) alertaba sobre la actitud discriminatoria hacia las personas de avanzada edad que ostenta la mitad de la población mundial.

La discriminación por razón de edad, especialmente de las personas mayores o ancianas, tiene graves consecuencias para el conjunto de la sociedad

En nuestro país, el edadismo se ha convertido en un problema que ha reclamado la atención del propio Ministerio de Sanidad. Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), en la actualidad, las personas mayores de 65 años en nuestro país superan los 20 millones, y las previsiones apuntan a que llegaremos a los 25 millones en solo 10 años. Por ello, la Dirección General de Salud Pública de dicho Ministerio ha elaborado varias infografías orientadas a la sensibilización ciudadana acerca de este tipo de discriminación y sus consecuencias, así como una serie de recomendaciones para combatirla.

Como apuntan desde el propio Ministerio, las consecuencias del edadismo van desde un aislamiento social y una inseguridad económica que merma la salud mental, hasta una menor calidad de vida que redunda en el aumento de muertes prematuras entre la población de mayor edad. El Informe Mundial sobre el Edadismo publicado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) alerta de que las personas que sufren esta discriminación ven mermada su esperanza de vida en 7,5 años.

El material de sensibilización difundido por el Ministerio de Sanidad hace referencia también al aumento de la brecha digital que supone el edadismo. Según la Unión Democrática de Pensionistas y Jubilados de España (UDP), el 40,5% de las personas mayores nunca ha accedido a internet. Teniendo en cuenta la aceleración de la digitalización en que estamos inmersos, esto supone que algunas personas sean incapaces de realizar esa clase de gestiones cotidianas que solo se pueden hacer a través de canales digitales. El porcentaje, además, sube hasta el 60% en aquellas personas mayores cuya capacidad de gasto es insuficiente.

En nuestro país, a día de hoy, el edadismo supone un tipo de discriminación más generalizado que el sexismo o el racismo

Otra de las graves consecuencias del edadismo es la regulación del mercado laboral. El límite de edad en que una persona aún sigue considerándose activa para los empleadores se está reduciendo de manera significativa. Según se desprende del Mapa de Talento Senior 2021, elaborado por la Fundación Mapfre, el 85% de los currículums de personas mayores de 55 años son desechados automáticamente. De hecho, el paro a partir de dicha edad se ha triplicado desde 2008, situándose en un 12,75% en el momento de realización del informe. Tal como señala el propio Ministerio de Sanidad, este tipo de discriminación puede ser, a día de hoy, más generalizado incluso que el sexismo y el racismo.

Desde la Confederación Española de Organizaciones de Personas Mayores aplauden esta labor de sensibilización, pero reclaman la urgencia de acometer medidas legislativas concretas que logren paliar el edadismo. Para impulsar dichas medidas, la organización publicó el año pasado un Manifiesto que defiende el envejecimiento saludable en nuestro país. Entre las medidas reclamadas, se encuentra la de un Plan Nacional sobre Envejecimiento Saludable que incluya la reorganización de los recursos sanitarios y el desarrollo de más servicios de geriatría hospitalarios. Algo en lo que actualmente trabaja el Ministerio de Sanidad.

Una justa valoración de las personas mayores nos permitirá erradicar este tipo de discriminación, y nos ayudará a construir una sociedad más justa, inclusiva y cohesionada.

A pesar de todos los avances conseguidos en materia de derechos humanos y justicia social, la desigualdad sigue siendo una realidad con la que conviven millones de personas en todo el mundo. La literatura ha sido una herramienta clave a la hora de abordar los diferentes tipos de desigualdad existentes y analizar tanto sus causas como sus consecuencias. Presentamos una recopilación de lecturas que proporcionan una visión amplia del tema y que invita a la reflexión:

“El segundo sexo” de Simone de Beauvoir

En este clásico de la literatura feminista, la filósofa francesa Simone de Beauvoir, una de las figuras más influyentes del movimiento feminista del siglo XX, analiza la posición de la mujer en la sociedad y cómo la construcción social de la feminidad ha llevado a la opresión y la desigualdad de género. En este ensayo filosófico se analiza el hecho de la condición femenina en las sociedades occidentales desde múltiples puntos de vista: científico, histórico, psicológico, sociológico, ontológico o cultural. Además, De Beauvoir sostiene que la desigualdad de género es un problema que debe ser abordado tanto a nivel individual como estructural.

 

 

“El capital en el siglo XXI” de Thomas Piketty

Escrito por el economista francés Thomas Piketty, este libro se ha convertido en un clásico moderno de la literatura económica. Piketty examina la evolución de la desigualdad económica en el mundo desde el siglo XVIII hasta la actualidad, argumentando que el capitalismo, tal como se practica actualmente, favorece la acumulación de riqueza en unos pocos generando una sociedad cada vez más desigual y menos justa. “El capital en el siglo XXI” ha sido aclamado como un hito en la literatura económica y ha generado un amplio debate sobre la desigualdad y sus consecuencias en la sociedad actual.

 

“Los condenados de la tierra” de Frantz Fanon

Debemos recordar que la libertad y la justicia son derechos universales. Frantz Fanon, pensador y escritor franco-argelino, describe en “Los condenados de la tierra” la experiencia de la colonización y la opresión de los países del Tercer Mundo por parte de otras potencias. Fanon aborda la problemática de la desigualdad social y política en los países colonizados generando una situación de explotación y violencia. El libro es una llamada a la acción revolucionaria y una crítica a la opresión colonial donde el autor reflexiona acerca de que la búsqueda de la independencia no puede separarse de la lucha por la justicia social y económica. Si buscas inspiración para luchar por la libertad y la justicia, es una lectura obligada.

 

“El precio de la desigualdad” de Joseph E. Stiglitz

Joseph E. Stiglitz, economista estadounidense ganador del Premio Nobel de Economía, reflexiona sobre la creciente brecha entre ricos y pobres en Estados Unidos, desde una perspectiva económica y social. Stiglitz argumenta que la desigualdad no solo es injusta, sino que también es una amenaza para la economía y la democracia. Lo hace a partir de datos y estadísticas que demuestran cómo la desigualdad económica limita el crecimiento y la prosperidad. Podríamos decir que es una crítica al sistema económico actual y a las políticas que han permitido la concentración de la riqueza en manos de unos pocos.

 

“Desigualdades insostenibles: Por una justicia social y ecológica” de Lucas Chancel

¿Crees que puede haber un vínculo entre las desigualdades sociales y las ambientales? ¿Los desequilibrios económicos afectan de manera directa a la ecología? Lucas Chancel, economista francés, lo afirma rotundamente en este libro donde a través de diversos estudios, se muestra cómo la búsqueda de beneficios económicos y la explotación de recursos naturales conlleva la degradación del medio ambiente y la exclusión social de las comunidades más pobres y marginadas. Las desigualdades económicas y sociales están relacionadas con los impactos ambientales siendo necesario que las políticas ecológicas se centren en la justicia social. Un tema clave en el siglo XXI con una visión alternativa para abordar los desafíos sociales y ambientales de nuestro tiempo.

La humanidad llevaba un buen ritmo en la erradicación de la pobreza hasta que llegó el coronavirus, ese enemigo que lo cambió todo. Ahora, Naciones Unidas calcula que el legado directo de la pandemia son 700 millones de personas viviendo en la pobreza extrema, lo que se traduce en la pulverización de cuatro años de progreso. ¿Por dónde podemos seguir para alcanzar la meta de pobreza cero? 

No hay dos mundos iguales. Tampoco dos realidades similares. Basta con prestar atención a la situación socioeconómica de los ciudadanos de países desarrollados y países en vías de desarrollo para encontrar las múltiples diferencias (y escasas similitudes) entre el bienestar de unos y otros. Como otros desafíos, la pobreza también marca su propia línea sobre la que nos movemos. Linde que, según el último informe elaborado por el Laboratorio Mundial de la Desigualdad, queda marcada por una sangrante descompensación de ingresos: el 10% de la población mundial recibe actualmente el 52% de los ingresos globales, mientras que más de la mitad de la población gana el 8,5%. En otras palabras, la mitad más pobre posee el 2% de toda la riqueza.

El 10% de la población mundial recibe actualmente el 52% de los ingresos globales, mientras que más de la mitad de la población gana el 8,5%

Hay otra cifra sobre la mesa: actualmente, 1.300 millones de personas viven por debajo del umbral de la pobreza (con menos de 2,15 dólares al día) y 700 millones lo hacen en la pobreza extrema (con menos de 1,90 dólares al día). Ante estos números, los expertos barajan la cada vez más cercana posibilidad de que no se puedan alcanzar los objetivos de erradicación de pobreza marcados por la Agenda 2030 puesto que, antes de que termine la década, tan solo deberían contabilizarse 600 millones de personas subsistiendo con menos de 2,15 dólares al día. “Los avances básicamente se han detenido, a lo que se suma un escaso crecimiento de la economía mundial”, valoraba recientemente David Malpass, presidente del Grupo Banco Mundial.

Esta misma interpretación la corrobora Naciones Unidas en su barómetro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que analiza cada año los avances (o atrasos) de las 17 metas para alcanzar la justicia social y climática para concluir que el acelerador ha dejado de funcionar y la pobreza vuelve a adelantar por la derecha. La pregunta cae por su propio peso: si organizaciones, empresas y ciudadanía llevan décadas trabajando por erradicar esta lacra, ¿por qué parece que no hay avance posible? ¿Acaso no hemos conseguido nada en este último tiempo? 

Los datos, desglosados, muestran una historia diferente. Antes incluso de que se escuchara hablar de la Agenda 2030, la pobreza extrema ya se había convertido en una carrera contrarreloj: en 1981, Naciones Unidas dibujó sobre el mapa el llamado “centro de gravedad extrema” —el lugar exacto donde se acumularían más personas con grandes privaciones socioeconómicas—, un punto que, según las previsiones, avanzaría desde Asia meridional hasta el sur de África, pasando por Oriente Medio y el norte del continente. Precisamente en ese año, el trabajo público y privado consiguió pulverizar las cifras, convirtiendo (como si de magia se tratara) el 43,6% de personas con menos de 2,15 dólares al día en 1981 en un pequeño 8,4% de personas en 2019. 

“En 2015, la pobreza extrema global se había reducido a la mitad y en las últimas tres décadas más de un millón de personas habían conseguido escapar de ella”, afirmaba el Banco Mundial. Todo iba viento en popa —con algunos años más exitosos que otros—, pero llegó un inesperado enemigo: el coronavirus. En un momento de incertidumbre absoluta, ni siquiera una reputada institución como esta se veía capaz de predecir el desenlace. Según sus cálculos, en el peor de los casos, la pandemia dejaría de recuerdo 676 millones de personas con menos de 1,90 dólares al día. En un enfoque más optimista, podría resolverse con 656 millones, número que, si bien menos serio, se situaba muy lejos de los 518 millones que se vislumbraban antes de que la pandemia entrara en nuestras vidas. Pero, como ya se ha mostrado al inicio del artículo, el legado inmediato de la pandemia ha superado todas las previsiones (de forma negativa).

 

“Tan solo en 2020, el número de personas viviendo en la pobreza extrema alcanzó los 70 millones. Es el crecimiento global más excesivo desde que se empezara monitorizar en 1990”, explica el Banco Mundial en su informe más reciente. En total, la pérdida de ingresos del 40% más pobre de la población mundial fue el doble que las del 20% más rico. Los confinamientos, la eliminación de puestos de trabajo y el propio padecimiento de la enfermedad generó un impacto más extremo en aquellos países donde el centro de gravedad de la pobreza ya alcanzaba a millones de personas. Naciones de las que, precisamente, ya hablaba la ONU en 1981.

Y es que tal y como demuestran las cifras de Our World in Data, el porcentaje de personas viviendo con menos de 2,15 dólares al día fue mucho mayor en 2021 que hace más de cincuenta años. Madagascar es una de las naciones más afectadas, con un 80% de las personas bajo este umbral, frente al 40% de 1961. En una situación similar se encuentra Uzbekistán, aunque, con un enfoque más macro, es en la mayor parte de África (especialmente en el centro y en el sur) donde más de la mitad de la población no consigue desprenderse de la pobreza. 

La diferencia entre países desarrollados y países en vías de desarrollo es evidente: en Europa, ningún país alcanza el 1% de ciudadanos afectados. Esta evolución a la inversa es aún más fácil de observar si tomamos un indicador más extremo, el de 1,90 dólares al día, donde apenas se observan avances antes y después de la pandemia. En África subsahariana, las personas en este umbral han pasado de un 36,7% a un 37,9% entre 2019 y 2021; una tendencia que se observa igualmente en el Norte de África, América Latina y, en general, a lo largo y ancho de todo el mundo. 

 

¿Y ahora, qué?

Cuando se habla de pobreza no se habla únicamente de privaciones económicas. Va más allá de la falta de ingresos y recursos para garantizar unos medios de vida sostenibles. Es un asunto de derechos humanos, porque también se trata de hambre, malnutrición, falta de una vivienda digna y acceso limitado a servicios básicos como la educación o la salud. Y se suma el problema del cambio climático, cuyas consecuencias más directas afectan, como es evidente, a los países con escasos recursos económicos. Además, tiene rostro de mujer: según Naciones Unidas, 122 mujeres de entre 25 y 34 años viven en pobreza por cada 100 hombres del mismo grupo y edad. 

Concretamente, el 15% de las personas en pobreza extrema sufren serias dificultades para acceder a combustible para cocinar alimentos básicos y conseguir un techo digno bajo el que vivir

Concretamente, el 15% de las personas en pobreza extrema sufren serias dificultades para acceder a combustible para cocinar alimentos básicos y conseguir un techo digno bajo el que vivir. El saneamiento y la alimentación son otras grandes carencias cuando el dinero no alcanza y que desemboca, como problema multidimensional que es la pobreza, en otros derechos básicos para garantizar la justicia social, como el tiempo de escolarización y la incapacidad para asistir a la escuela (la mayoría de los niños abandonan el colegio en edades tempranas para traer ingresos a casa). 

Naciones Unidas calcula que la pandemia ha acabado con cuatro años de progreso en la erradicación de la pobreza. Además, el aumento de la inflación y la guerra en Ucrania ralentizan aún más los avances. ¿Existe todavía margen para cambiar el relato? “En una época de endeudamiento récord y recursos fiscales escasos no va a ser sencillo avanzar. Los Gobiernos deben concretar sus recursos en la maximización del crecimiento”, advirtió Indermit Gill, vicepresidente de Economía del Desarrollo en esta institución. Una propuesta que debe superarse a sí misma y centrarse en los países más pobres, teniendo en cuenta que las prestaciones económicas de desempleo que se dieron durante la pandemia alcanzaron al 52% de la población mientras que, en los países de bajos ingresos, tan solo llegaron al 0,8%, cómo apunta el Barómetro de los ODS.

En lo que respecta a la fiscalidad dura, los expertos insisten en que los Gobiernos deben actuar sin demora en tres frentes para acelerar (de nuevo) la lucha contra la pobreza: aumentar las transferencias monetarias en los países más pobres, hacer inversiones en el crecimiento a largo plazo y, muy especialmente, movilizar los ingresos sin poner más presión sobre los países con bajos ingresos. Medidas complejas pero muy eficaces a la hora de ganarle tiempo a los últimos coletazos de la pandemia y evitar que sea la pobreza extrema el motivo por el que se juzgue al mundo cuando lleguemos a la última página de la Agenda 2030.

Cuando en 1994 Nelson Rolihlahla Mandela llegó al gobierno sudafricano, la historia del mundo cambió. Su irrupción en el poder, en un país aquejado por la segregación racial, supuso un antes y un después en la lucha contra el racismo a nivel internacional. Este hecho sumado a otras causas sociales en las que estuvo involucrado le ha posicionado como uno de los grandes líderes mundiales del siglo XX.

Madiba, nombre con el que sus compatriotas se dirigían a él en honor al clan al que pertenecía, fue hijo del líder de la tribu y su infancia transcurrió en el entorno rural sudafricano, donde conoció de cerca los usos y costumbres de su gente. Muchos rasgos del liderazgo y la enorme valoración de la justicia social los aprendió de su primo Jongintaba, uno de los jefes tribales, que lo tuteló una vez fallecido su padre.

Poco antes de cumplir la mayoría de edad, Mandela ya formaba parte del consejo tribal, en el que sus dotes de líder empezaban a vislumbrarse. Tras su negación a un matrimonio concertado en 1941 se fue a Johannesburgo donde comenzó a trabajar como ayudante para un despacho de abogados. El nombre clave en esos tiempos fue Walter Sisulu, un amigo íntimo que influyó en sus ideas políticas y lo ayudó a terminar sus estudios de Derecho. Tanto Sisulu, como toda la gente que trató directamente con Madiba, relató siempre que el poder de seducción, la confianza en sí mismo y su personalidad aplastante, eran rasgos innegables de la persona que pasó a la historia como la figura que derrocó el Apartheid en Sudáfrica. Sin embargo, su meteórica carrera política se vería dramáticamente interrumpida por su entrada en prisión.  Su fervorosa militancia en el Congreso Nacional Africano (CNA) y en el Partido Comunista de Sudáfrica, pero, sobre todo, la fundación de La Lanza de la Nación, una organización guerrillera y armada en 1961, le llevaron a un proceso judicial que le sentenció a cadena perpetua en 1962. Desde entonces, pasó 27 años privado de libertad. En concreto, su lucha fue contra los bantustanes: un plan del gobierno con el que se pretendía marginar a la población no blanca (el 70%) en Sudáfrica.

«Una nación no debe juzgarse por cómo trata a sus ciudadanos con mejor posición, sino por cómo trata a los que tienen poco o nada»

Igual que Pepe Mujica (ex presidente de Uruguay), Dilma Rouseff (ex presidenta de Brasil), y Lech Walesa (ex presidente de Polonia), Mandela fue uno de los líderes que excepcionalmente lograron pasar de la prisión a la silla presidencial. Sin embargo, para él el camino fue mucho más largo. Después de décadas luchando desde la sombra, en 1984 el gobierno le ofreció una libertad condicionada a establecerse en uno de los bantustanes, pero él no la aceptó. Durante el mismo tiempo, su esposa Winnie (con quien estaba casado desde 1958), abrazó con fervor la lucha contra el Apartheid así como la causa contra la liberación de Mandela (ya de dimensiones internacionales), y, finalmente, en 1990, tras la legalización del CNA, Madiba fue excarcelado.

Tres años más tarde, igual que le había sucedido a Lech Walesa, Mandela recibió el Premio Nobel de la Paz, que compartió con Frederik de Klerk, entonces presidente de la República. Ese gesto le convirtió en uno de los líderes más conciliadores de todos los tiempos. No en vano, un año más tarde, cuando se celebraron las elecciones generales de Sudáfrica, Mandela, como candidato del CNA, se convirtió en el primer presidente negro de un país conocido por el constante endurecimiento de su política segregacionista racial.

Hoy es recordado en su país natal como ‘El padre de Sudáfrica’, gracias al plan de reconstrucción y desarrollo con el que pudo mejorar el nivel de vida de la población que vivía en las condiciones más precarias. «Una nación no debe juzgarse por cómo trata a sus ciudadanos con mejor posición, sino por cómo trata a los que tienen poco o nada», aseguraba Mandela. Una visión que las nuevas generaciones tienen presente gracias a la película Invictus, el filme de Clint Eastwood en el que relata cómo ‘Madiba’, con su apoyo a la selección nacional de rugby durante la copa mundial de 1995, impulsó la inclusión social y la conciliación entre las dos Sudáfricas que habían permanecido segregadas durante décadas.

Los períodos de crisis tienden a tener un efecto negativo en los derechos de la población. Los derechos humanos y sociales son un daño colateral de las situaciones problemáticas, como han ido demostrando las grandes vicisitudes de la historia reciente. La Gran Recesión de hace poco más de una década impactó profundamente en la sociedad, aumentando las desigualdades y precarizando derechos. La gran pregunta ahora es si la pandemia del coronavirus ha tenido un efecto similar.

La FRA alerta: «la pandemia ha tenido un tremendo efecto negativo en el disfrute por parte de la gente de los derechos sociales»

El último estudio de la Agencia de los Derechos Fundamentales (FRA, por sus siglas en inglés) ha abordado esa cuestión, analizando la factura del covid-19. Sus investigaciones confirman que la crisis sanitaria sí ha tenido un efecto directo sobre los derechos de la ciudadanía europea. El Informe de la FRA sobre los derechos fundamentales de 2022 concluye: «la pandemia ha tenido un tremendo efecto negativo en el disfrute por parte de la gente de los derechos sociales, afectando a todas las áreas de la vida».

Así, durante los últimos años se han hecho más abruptas tanto la desigualdad como la situación de vulnerabilidad de ciertos colectivos. Quienes estaban en una posición precaria antes de la crisis sanitaria, han salido de ella en una situación mucho peor. De hecho, el porcentaje de europeos que están en una situación delicada ha escalado. En febrero/marzo de 2021, el 23,7% de los habitantes de la Unión Europea reconocía que le costaba llegar a final de mes. En 2019, eran el 18,5.

También ha crecido el número de personas que siente que la sociedad europea las está dejando de lado. Es el 26% de los europeos, frente al 18,3% que aseguraba lo mismo en 2020. En este punto, la situación es más complicada para las mujeres que para los hombres. El 23,3% de los hombres asegura sentir esa percepción (frente al 17% de 2020), mientras que son el 27,7% de las mujeres (frente al 19,3% previo) quienes acusan esos efectos.  Por edades, los más jóvenes son –sin tener en cuenta el género– los más perjudicados. El 32,8% de los europeos de entre 18 y 34 años cree que la sociedad los está expulsando.

Los grandes puntos de tensión

Más allá de las percepciones de la ciudadanía y de lo que ha supuesto en términos de precariedad esta crisis, algunas áreas se han visto especialmente tensionadas. Entre todos los golpes que los derechos fundamentales han sufrido durante este último año, la FRA ha identificado tres áreas clave en las que los efectos han sido más duros.

La primera es la de los derechos de la infancia. Según las conclusiones del informe, la crisis ha aumentado el riesgo de exclusión y pobreza de aquellos menores europeos que ya estaban en entornos más desfavorecidos. Así mismo, la pandemia ha tenido un efecto directo –y para peor– sobre el bienestar infantil y el acceso a la educación. Por ejemplo, no toda la infancia contaba con los mismos recursos para acceder al e-learning.

Al 23,7% de los europeos les cuesta llega a fin de mes y el 26% siente que la sociedad los deja de lado

El siguiente punto en el que las cosas han empeorado ha sido en el racismo. Durante estos años pandémicos, tanto los delitos de odio como la discriminación han subido. De forma particular, la FRA destaca cómo ha aumentado «la incitación al odio en línea contra los migrantes y las minorías étnicas».

Por tanto, no sorprende que el otro gran punto en el que el organismo europeo ha identificado como tensionado haya sido el conectado con las migraciones. «Las personas migrantes fueron víctimas de violencia o expulsadas en las fronteras terrestres de la UE y más de 2.000 migrantes murieron en el mar», señala el comunicado en el que se aborda el estudio, recordando que el número de menores migrantes no acompañados que han llegado a las fronteras europeas en este período ha subido.

Por tanto, alerta la agencia comunitaria, es crucial que en los planes de recuperación europeos se tenga en cuenta el fomento de los derechos y, también, que se trabaje para la cohesión social. Por ahora, los fondos de recuperación ya han ido en esa dirección. «La respuesta a la pandemia del covid-19 y la guerra de Ucrania muestran cómo se forja la Unión Europea cuando se enfrenta a crisis», asegura el director de la FRA, Michael O’Flaherty, señalando que los planes de financiación «pueden y están marcando una diferencia significativa». La UE no debe perderlo de vista.