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"Las ciudades son para las personas, no para los vehículos”. Esta declaración de principios hecha hace un tiempo por la directora ejecutiva de ONU Hábitat, Maimunah Sharif, sigue hoy más vigente que nunca. Sobre todo porque, en las últimas semanas, a las grandes ciudades del planeta se les han visto las costuras. Cuando el distanciamiento social se ha convertido en algo necesario para contener la expansión del coronavirus nos hemos dado cuenta de que en las grandes urbes, diseñadas para los vehículos, no hay suficiente espacio para las personas. Y ahora ha llegado el momento de cambiar esa realidad.

La considerable reducción del tráfico rodado y la disminución de la contaminación del aire como consecuencia del confinamiento han evidenciado la urgencia de situar a los ciudadanos (y no a los vehículos) en el centro de la planificación urbanística del futuro, que debe ser más sostenible para cumplir también con los objetivos de reducción de emisiones y la Agenda 2030 de Naciones Unidas.

Además, el aumento de la población urbana, que según la ONU crecerá en 6 millones de habitantes en 2050, es una amenaza seria para la salud si no se plantea un nuevo modelo de ciudad que vaya ligado a criterios de sostenibilidad. Es por eso que, algunos expertos han señalado a la “nueva normalidad” como un buen escenario para comenzar a alcanzar las metas propuestas por el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 11 sobre el desarrollo de espacios urbanos sostenibles.

Londres como hoja de ruta

La última gran ciudad en sumarse a esta corriente reformista es una de las capitales más importantes del planeta: Londres. Sin ir más lejos, la semana pasada, el alcalde de la ciudad, Sadiq Khan, aseguró que el coronavirus cambiaría fundamentalmente la forma en la que los londinenses se desplazan por la ciudad. En una de las mayores iniciativas de reorganización llevadas a acabo en cualquier ciudad del mundo, Londres limitará el acceso con automóviles a una superficie significativa de su casco urbano, cediendo así las calles a peatones, ciclistas y transporte público. El objetivo es claro: además de permitir ese distanciamiento social obligado por el coronavirus, la ciudad reducirá sus niveles de contaminación y la salud de los ciudadanos ganará a corto, medio y largo plazo.

El anuncio de Londres coincide con las propuestas en las últimas semanas de Milán, que peatonizará 35 kilómetros de calles, de París, que invertirá más de 300 millones de euros en crear nuevos carriles bici, o Bogotá, que reconvertirá 76 kilómetros para ciclistas y evitará así aglomeraciones en el transporte público.

En nuestro país, en la última semana más de 1.500 personas firmaron el manifiesto diseñado por el arquitecto Massimo Paolini y dirigido a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, donde se destacaba que la situación actual se presenta como una oportunidad única para llevar a cabo restructuraciones urbanísticas –tanto en la capital catalana como en el resto de ciudades españolas– y devolver la ciudad a las personas.

Según se especifica en el documento, la clave está en otorgar espacio al ciudadano a través de una reorganización de la movilidad. “No podemos seguir adelante si no quitamos espacio al automóvil, que se lleva más de la mitad de la superficie urbana”, explica el arquitecto y experto en urbanismo, José Rodríguez. En este sentido, reducir drásticamente el uso del vehículo privado mediante el fomento de la bicicleta -como ha venido haciéndose en las últimas semanas- , mejorar el transporte público en términos de acceso y frecuencias y ampliar aceras devolvería instantáneamente gran parte del espacio a los peatones. Hay ejemplos que demuestran que funciona, como la ampliación de las aceras  de la Gran Vía madrileña o la supermanzana de Barcelona.

Una ciudad más humana también pasa por apostar por impulsar los espacios públicos a través de la creación de nuevas zonas verdes, la naturalización de solares no edificados o la instalación de huertos urbanos en los diferentes barrios. Claros ejemplos de ello son el anillo verde de Vitoria o el cauce del río Tùria en Valencia. Desde la oficina de arquitectos Paisaje Transversal, que también ha propuesto una decena de medidas post-pandemia, Jon Aguirre destaca el especial esfuerzo que debe ponerse en este aspecto: “Tenemos una agenda urbana a nivel internacional, europeo y nacional. Las ciudades tienen que empezar a desarrollar un plan estratégico que incorpore la resiliencia, la infraestructura verde y la naturalización urbana”.

La desigualdad, el otro gran problema de las ciudades

Más allá del ámbito climático, la sostenibilidad también se dibuja a través de la erradicación de las desigualdades. Repensar la vivienda y garantizar su acceso es otra parte de la reorganización urbana. De hecho, es la primera meta del Objetivo 11 de los ODS que, además, insiste en fortalecer económicamente el desarrollo regional y evitar la despoblación.

Una importante necesidad, como señalan desde Paisaje Transversal, sería acabar de raíz con las llamadas “vulnerabilidades sistémicas”, como son los excesos del alquiler, los espacios domésticos limitados y la pobreza energética. “Desde hace tiempo se ha visto la urgencia de rehabilitación del parque inmobiliario como una lucha contra el cambio climático porque los edificios son grandes fuentes de gases de efecto invernadero”, explica Aguirre.

Rehabilitar es históricamente caro, pero existen ciertas medidas que pueden ayudar a mejorar los edificios más antiguos, como explica José Rodríguez: “Al no estar bien aislados requieren un gran consumo de calefacción y aire acondicionado. Eso podría solucionarse rehabilitándolo energéticamente incluyendo espuma de poliuretano en las fachadas, un procedimiento que no requiere obra interior, es barato y tiene muy buenos resultados”.

Economía al rescate

Como último paso, reorganizar las ciudades requiere replantear el modelo económico. Y esto el coronavirus lo ha conseguido con creces. No solo ha quedado evidenciada la dependencia exterior de bienes de consumo básicos, sino que además ha situado en el centro del debate las dificultades que han atravesado los pequeños comercios y el consumo local. Tal y como marca el arquitecto italiano en su manifiesto, la reorganización urbana debe pasar por impulsar la economía local y el cooperativismo, reutilizar materiales de construcción y reducir el turismo masivo.

Además de estos planes, el despacho de Paisaje Transversal añade políticas públicas en torno a la revitalización económica de barrios, el impulso de energías renovables a escala local y la recuperación de la industria mediante estrategias de renovación de polígonos. A fin de cuentas, el coronavirus ha dejado en evidencia que el desarrollo sostenible solo es posible si se transforma radicalmente la forma en la que administramos los espacios urbanos. Como subraya Aguirre: “Una ciudad sin un plan es una ciudad a la deriva”.

El estado de alarma decretado el pasado 14 de marzo para frenar la expansión del coronavirus ha cambiado radicalmente nuestra vida social. Ya no somos los que éramos. Las casas son ahora también oficinas, aulas de clase, gimnasios y lugares de ocio; las salidas a la calle están limitadas para comprar lo esencial, y el espacio vital de cada uno se ha extendido hasta un radio de dos metros. El aislamiento impide tocar, besar y abrazar a los seres queridos, pero no puede eliminar las ganas de comunicarnos y, sobre todo, de vernos. Desde hace casi un mes y medio la falta de contacto ha encontrado el sustituto –casi– perfecto: las videollamadas.

Las llamadas telefónicas ya no son suficientes. O al menos eso se desprende de los datos sobre el consumo de las apps que incluyen la opción de hablar a través del vídeo. “En los lugares más golpeados por el virus, las videollamadas a través de WhatsApp y Messenger han aumentado más del doble”, detalla Facebook –compañía a la que pertenecen estas aplicaciones– en un comunicado de prensa. En países como Italia, añade, “el tiempo invertido en llamadas grupales (con tres o más participantes) se ha incrementado más de un 1.000% durante el último mes”.

Sin embargo, ¿qué ocurre cuando la necesidad de estar conectados no surge por un deseo de ver a nuestra familia y amigos, sino por un imperativo para poder seguir asistiendo a clase o yendo al trabajo? Para realizar el primer tipo de videollamadas es suficiente con tener un Smartphone, mientras que para las segundas hace falta un dispositivo más grande y con mejores prestaciones que nos permita reproducir la experiencia real de estar en el aula o la oficina. Es aquí cuando se evidencian algunas de las brechas digitales que existen en nuestro país.

En España, “el 9,2% de los hogares con niños que pertenecen al tramo de ingresos más bajo (900 euros mensuales netos o menos) carecen de acceso a internet. Por el contrario, en los hogares con mayores ingresos el porcentaje de menores sin acceso a internet apenas llega al 0,4”, muestra un informe del Alto Comisionado para la lucha contra la pobreza infantil. La brecha digital implica, pues, una desigualdad educativa.

Otro factor a tener en cuenta a la hora de analizar la brecha digital entre los estudiantes es el acceso a tablets u ordenadores, dispositivos necesarios para poder seguir el ritmo de las clases. La encuesta TIC (Equipamiento y Uso de Tecnologías de Información y Comunicación en los Hogares) de 2019, señala que “el 23% de los hogares con menores del tramo más bajo de ingresos no tienen ordenador en casa, en comparación con el 1,2% del tramo de ingresos más alto”. En el caso de las tablets la brecha es aún mayor, ya que la diferencia entre la renta más alta y la más baja es de 28 puntos porcentuales.

Además del sector educativo, el coronavirus también ha trastocado el ecosistema laboral obligando a todas las empresas en las que sea posible a trabajar desde casa. El teletrabajo masivo, aunque ha supuesto un desafío para todo tipo de compañías, es casi una utopía para la mayoría de las Pymes. Según los datos publicados en marzo de 2019 por Cifras Pymes, el 99,8% del tejido empresarial está constituido por pequeñas y medianas empresas que emplean al 65,9% de los trabajadores. A pesar de suponer la casi totalidad de la fuerza de trabajo española, “solo el 14% de ellas tienen un plan de digitalización en marcha”, explica Gerardo Cuerva, presidente de la patronal Cepyme, en un artículo publicado en El País. Al bajo índice de digitalización de las Pymes y los autónomos se suma que su actividad laboral diaria suele implicar un mayor trato directo con la gente. Por tanto, la brecha digital también puede suponer un mayor riesgo de contagio.  

Disminuir las desigualdades asociadas a la brecha digital implican, principalmente, inversiones. Por poner un ejemplo, en el artículo mencionado, Cuerva estima que el coste para garantizar el teletrabajo es de “al menos 22.400 euros para una empresa de 10 trabajadores que requiera una instalación básica”. Sin embargo, si hay que sacar algo bueno de las crisis es, como apunta el historiador y filósofo Yuval Noah Harari, su impulso para generar cambios en las sociedades y acelerar procesos históricos ya en marcha. Y ya nos encontrábamos inmersos en medio de una transformación digital: esa Cuarta Revolución Industrial de la que habla el sociólogo y economista Jeremy Rifkin.

Quizá, esta pandemia ha ayudado a poner de manifiesto que es crucial acelerar al máximo la transformación digital. No solo porque es clave a nivel competitivo, sino porque ayudaría a reducir las desigualdades existentes y a alinearse con esa Agenda global de Naciones Unidas –Agenda 2030–, que apuesta por el desarrollo sostenible del planeta y sus habitantes.

Al menos así lo aseguró la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, durante la presentación del Green Deal, esa hoja de ruta que llevará a Europa a liderar la lucha contra el cambio climático. “La Unión Europea debe liderar la transición hacia un planeta sano y un nuevo mundo digital”, sostenía entonces Von der Leyen. Y añadía: “La digitalización tiene una enorme repercusión en nuestra forma de vivir, trabajar y comunicarnos. Debemos adaptarnos a esta nueva era”.

A finales de diciembre de 2019 el gobierno chino reportó a la Organización Mundial de la Salud (OMS) los primeros casos de un nuevo tipo de coronavirus registrado en la ciudad de Wuhan, en la provincia de Hubei. En cuestión de semanas, otros países asiáticos, como Japón y Tailandia, registraron contagios entre sus ciudadanos. A finales de enero los países europeos y Estados Unidos comenzaban a contabilizar los primeros casos de coronavirus. Mientras los Gobiernos de estas regiones comenzaban a orquestar estrategias para frenar la propagación del virus, el continente africano parecía ser una de las pocas zonas del mundo libre de contagios. Sin embargo, el pasado 14 de febrero Egipto informó del primer caso, poniendo en alerta a la comunidad internacional por las graves consecuencias que tendría la expansión del virus por África.

El coronavirus llegó a África más tarde que al resto de los continentes, pero la oficina regional en África de la OMS ha alertado de que en las últimas semanas la infección ha crecido de manera exponencial y se extiende a gran velocidad. A fecha de hoy (16 abril), ya hay casi 16.000 casos confirmados y se han reportado más de 870 muertes en todo el continente, según datos del Africa Centres for Disease Control and Prevention (Africa CDC). Solo tres países de los 55 que componen África no han declarado ningún caso y en cuatro de ellos –Sudáfrica, Egipto, Marruecos y Algeria– ya son más de 2.000 las personas infectadas.

A pesar de que el desafío que plantea el coronavirus es global, los efectos que este podría desatar si se extiende por África de la misma manera que ya lo ha hecho por Europa o Estados Unidos, son especialmente preocupantes. En primer lugar, porque el sistema sanitario africano carece tanto de recursos materiales como humanos. “África sufre más del 22% de las enfermedades mundiales, pero solo cuenta con el 3% del personal sanitario mundial y menos del 1% de los recursos financieros globales”, explica el doctor Naeem Dalal en el portal del World Economic Forum. Y refuerza estos datos con un ejemplo: “en Zambia, solo hay un médico por cada 10.000 personas”.

Además de la situación de precariedad en la que se encuentra el sistema sanitario africano para hacer frente al coronavirus, el continente se enfrenta desde hace años a otras crisis sanitarias, ya que en África conviven tres de las grandes enfermedades endémicas (la malaria, la tuberculosis y el sida). Y eso no es todo: la epidemia de Ébola no termina de erradicarse, África subsahariana es la región del mundo con mayor riesgo de mortalidad por gripe estacional y solo a finales de marzo de 2020 se reportaron 91 brotes de enfermedades distintas a lo largo de todo el territorio.

A pesar de estos datos, respecto al avance del coronavirus en África los expertos abren la puerta a la esperanza debido a la juventud de la población de la región. Mientras que en el resto de los continentes la edad media de sus habitantes sigue aumentando, en África se mantiene en los 18 años. Este dato se debe a la triste realidad que padece el continente africano: su esperanza de vida se sitúa en los 55 años debido a las condiciones deficientes de vida que sufren gran parte de sus más de 1.300 millones de habitantes. Por muy contradictorio que parezca, esta situación puede convertirse en su gran arma contra el coronavirus. El último estudio sobre los factores de riesgo asociados a las muertes por coronavirus, elaborado por un grupo de científicos chinos y publicado en la revista médica The Lancet, muestra que el riesgo de muerte en el hospital aumenta un 10% con cada año de vida del paciente.

Pero esta “ventaja” poblacional se desvanece cuando se tienen en cuenta las condiciones de vida de la mayoría de las personas del continente. Más de 250 millones de personas pasan hambre y el 39% de los niños de todo el mundo con retraso de crecimiento por malnutrición se encuentran en África, según datos de la OMS. Entre las consecuencias de la desnutrición, explica Unicef, está la posibilidad de desarrollar enfermedades cardiovasculares, otro de los factores de riesgo si se produce una infección por coronavirus. A esto se suma la dificultad de seguir alguna de las recomendaciones de prevención del coronavirus, como lavarse las manos con agua y jabón. La ONG Manos Unidas alerta de que en África subsahariana alrededor de 300 millones de personas no tienen acceso a agua potable e higiénica.

La comunidad internacional y las autoridades africanas no tiran la toalla y se aferran a la rapidez de actuación de la mayoría de los países. La directora de la oficina regional de África de la OMS, la doctora Matshidiso Moeti, se muestra ligeramente optimista pero hace hincapié en la necesidad de “descentralizar la respuesta para adaptarla a los contextos locales” y empoderar, así, a las diferentes comunidades. Por su parte, la secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para África de Naciones Unidas, Vera Songwe, señala la necesidad de una acción global a nivel económico y recuerda que “si un país en África, o en cualquier otro lugar, tiene coronavirus, todo el mundo seguirá teniéndolo”.

A inicios de marzo, el Gobierno decretaba el cierre de los centros educativos primero del País Vasco, La Rioja y la Comunidad de Madrid y luego del resto del territorio español para frenar el contagio por coronavirus. Esta drástica medida obligó a millones de niños y jóvenes a seguir con el curso académico desde casa, confirmando la existencia de una brecha digital que podría agrandar la brecha educativa entre las familias con más recursos y las que menos tienen. Sin embargo, esta visible grieta no se limita a los pupitres: la crisis del coronavirus ha profundizado las desigualdades sociales en todos los sentidos.

¿Cuántas personas tienen los recursos para trabajar desde casa? ¿Qué sectores no pueden permitirse mantener a sus empleados en remoto? ¿Qué ocurre con aquellos estudiantes que dependen de las becas comedor? ¿Cuántos no podrán volver a sus puestos de trabajo cuando pase la pandemia? O, sencillamente, ¿qué pasa con quienes no tienen una casa en la que quedarse? Aunque todavía es pronto para medir los efectos del coronavirus, y pese a que el Gobierno ya ha puesto en marcha un paquete de medidas sociales y económicas para paliar sus consecuencias, estas preguntas ponen sobre la mesa una cruda realidad: los colectivos más vulnerables no son solo aquellos que están más expuestos al contagio, sino que, con toda probabilidad, serán los que se vean más duramente golpeados las consecuencias sociales y económicas que trae consigo la declaración del estado de alarma.

Para Manuel Franco, profesor de Epidemiología de la Universidad de Alcalá en Madrid e investigador del proyecto europeo Heart Healthy Hoods, la primera desigualdad visible es en el ámbito de la salud. “Las desigualdades sociales crean y perpetúan las desigualdades en salud. Esas inequidades sociales no son otra cosa que los procesos y fenómenos que ocurren en nuestras sociedades, países, ciudades, distritos, barrios y edificios, y que se relacionan directamente con la salud y las enfermedades que tenemos”.

Los grupos vulnerables, más expuestos al coronavirus

“Quedarse en casa”, “Mantenerse a un metro de distancia” y “Lavarse las manos con agua y jabón” son las principales indicaciones de las autoridades para frenar el contagio y protegerse del coronavirus. Sin embargo, en España se calcula que entre 30.000 (según los últimos datos del INE) y 40.000 personas (según datos Cáritas y la organización FEANTSA) no tienen un hogar y, por tanto, carecen de recursos para mantener las recomendaciones de confinamiento, higiene y distanciamiento social. Además, según recuerdan organizaciones como la Fundación Arrels, muchas de ellas padecen patologías crónicas previas, agravadas por las condiciones en las que viven habitualmente. Son, en definitiva, población de riesgo. Esto, unido a que muchas de las entidades sociales se han visto obligadas a interrumpir sus servicios, convierten a este colectivo, ya de por sí uno de los vulnerables, en uno de los más expuestos al coronavirus.

A grandes rasgos, “los determinantes sociales de salud están íntimamente relacionados con trabajos y nivel educativo, con nuestro género, edad y el lugar donde vivimos”, recuerda Manuel Franco. En muchos casos, las personas que trabajan en sectores más precarizados o que tienen ingresos más bajos son las que menor acceso tienen a la opción del teletrabajo. Es el caso de los obreros, los trabajadores del hogar o aquellos que asisten a personas mayores, que suelen desplazarse en transporte público (donde hay una mayor probabilidad de contagio) hasta sus puestos de trabajo. Porque, recuerdan expertos como Franco, dejar de trabajar y cumplir con el confinamiento supone renunciar a su única fuente de ingresos. Esta situación dificulta a su vez el cuidado de los niños y niñas: ante la imposibilidad de dejar a los hijos al cuidado de otros, muchos padres se ven obligados a elegir entre su trabajo o su familia.

Los expertos apuntan a que en el mercado laboral son ese tipo de trabajos los que más se van a resentir. Según los primeros cálculos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), son además los que corren más riesgo de desaparecer. Las expectativas no son halagüeñas: la organización calcula que aumentará el desempleo y el subempleo a nivel mundial y que, en el peor de los casos, se podrían destruir cerca de 25 millones de puestos de trabajos. En España, por el momento, el grueso de las empresas gravemente afectadas por la crisis del coronavirus ha adoptado a la fuerza expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) que afectan ya a cientos de miles de ciudadanos.

Con todo, las brechas sociales que existían previamente se han acentuado ante una situación de emergencia sin precedentes. Y aunque no podemos conocer el futuro, la pandemia podría exacerbar aún más esas desigualdades. Pero la puerta queda abierta a la esperanza. A falta de una mirada retrospectiva que permita analizar su efectividad, la Administración central ha adoptado un paquete de medidas económicas orientado a proteger a los más vulnerables. Entre estas se incluyen la moratoria en el pago de hipotecas, la prohibición de cortar el agua, la luz o el gas a colectivos vulnerables o garantizar la prestación por desempleo a los afectados por los ERTES.

Asimismo, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, explicaba en una entrevista en el diario El País hace unos días, que se habían relajado las normas de ayudas públicas de los Estados y que aportaría una fuerte inyección económica a aquellos países más golpeados por la crisis sanitaria. Y añadía: “Ningún país de la Unión Europea puede superar esta crisis por sí solo, pero juntos desarrollaremos la fortaleza no solo para luchar contra el virus, sino también para recuperar el vigor de nuestra economía”. Un vigor que se verá también reflejado en nuestra capacidad de reducir unas diferencias sociales hoy más visibles que nunca.

En los últimos tres años, la humanidad se ha enfrentado a una crisis fija discontinua. Una crisis detrás de otra. Todo comenzó con el estallido de la covid-19, después con la guerra iniciada por Rusia contra Ucrania y, ahora, continúa con una inflación que a nivel mundial tocó techo en 2022, cuando se posicionó en el 8,8%.

Además, la zona euro terminó el año pasado con una escalada de precios desorbitada, que alcanzó el 10,6%, una cifra récord que no se había visto desde 2005. Todos estos factores han sido el cóctel perfecto para hacer aún más mella en el bolsillo de los ciudadanos. Tanto en los ingresos como en la pérdida del poder adquisitivo. Por primera vez en lo que llevamos de siglo, el salario a nivel mundial ha comenzado a disminuir.

Sin embargo, contra todo pronóstico, se ha producido la increíble paradoja de empezar a reducirse la brecha salarial en al menos 13 países en los últimos años. Así figura en el último informe presentado por la Organización Mundial del Trabajo (OIT) El impacto de la inflación y de la covid-19 en los salarios y el poder adquisitivo. Según indican, la diferencia entre el salario que percibe un hombre frente al que percibe una mujer por el mismo trabajo realizado en 13 de los 22 países analizados a nivel mundial está cada vez más cerca de cerrarse. En este caso, España no ha sido incluida en el análisis.

Desigualdades laborales entre hombres y mujeres 

A nivel mundial, las mujeres cobran menos que los hombres y se ven relegadas a un segundo plano en diversos ámbitos de la vida. Donde más se notan estas diferencias es en la esfera laboral.

A nivel mundial, las mujeres cobran un 20% menos que los hombres

Todo comienza nada más intentar acceder a un empleo. De base, ellas ya lo tienen más difícil, y concentran una mayor tasa de paro que los hombres. La situación no mejora cuando consiguen un trabajo. O bien suele ser peor remunerado o bien es a tiempo parcial, tal y como explican desde la OIT. A esto se suma que son ellas las que solicitan más excedencias que ellos para poder dedicar parte de su vida a cuidar a los hijos o a otros familiares.

Por si todo esto fuera poco, para los trabajos donde tanto los hombres como las mujeres desempeñan la misma función, ellas cobran un 20% menos de media, según señala la OIT. La Organización de las Naciones Unidas eleva la cifra mundial al 23% y advierte que, si no se ponen medidas para batallar contra esta desigualdad, no será hasta el año 2086 cuando esta brecha pueda cerrarse realmente.

En el informe de la OIT, los expertos consideran que hoy en día “las diferencias salariales entre hombres y mujeres siguen siendo elevadas en todos los países y regiones” y que “es necesario redoblar los esfuerzos para hacer frente a las desigualdades de género en el mercado de trabajo”. Es por ello que cada 22 de febrero se celebra el Día Mundial por la Igualdad Salarial.

En algunos países la diferencia ha disminuido

Eso sí, hay países donde la brecha cada año se encuentra un paso más cerca de cerrarse. Si se comparan los salarios entre hombres y mujeres de 2019 con respecto a los de 2021 (últimos datos disponibles), la diferencia salarial ha disminuido en 13 de los 22 países analizados a nivel mundial. Así, aunque estos no son los países en los hay menos desigualdad del mundo, sí son en los que el cierre de la propia brecha se ha notado más. El listado lo encabezan Panamá, México y Perú donde la brecha salarial ponderada ha disminuido un 7,49%, 5,58% y 5,12%, respectivamente. Al otro lado de la balanza, donde las diferencias han aumentado, se encuentran Paraguay (6,28%), seguido de Vietnam (4,39%) y Filipinas (2,91%). Estos son los que componen el listado de los nueve países restantes donde las diferencias han crecido.

Las diferencias salariales varían mucho entre países y sectores. Los datos a nivel mundial de la OCDE permiten determinar en qué lugar del mundo hay una mayor brecha salarial. La mediana en la UE es de 10,3%. A la cabeza se encuentra Corea, con un 30%, seguida de Israel (24%) y Japón (22%). En el otro lado se sitúan Bulgaria (2,6%), Rumanía (3,3%) y Bélgica (4%).

En países como Panamá, México o Perú la brecha salarial ha disminuido

No obstante, estos datos deben ser tomados con precaución porque, aunque el concepto de brecha salarial no cambia, sí lo hace la forma de medirla y, por lo tanto, los porcentajes varían dependiendo de la población estudiada.

En el listado de la OCDE figuran los salarios medianos de los trabajadores a tiempo completo. Es decir, no incluyen los trabajadores autónomos y a tiempo parcial, por ejemplo. Y, además, no han usado la media (otra forma de medir la brecha salarial, donde se suman todos los valores y se dividen entre el número total de estos) sino la mediana, el valor central que resulta después de ordenar los salarios. Tal y como explica Josu Mezo, profesor de Sociología, en el artículo ‘¡Muera la media, viva la mediana!: “La mediana suele ser un valor más representativo que la media en el sentido de que es un valor más cercano al de la mayoría”. Así, los salarios de altos directivos, que suelen ser muy elevados, no “estirarían” tanto esa brecha salarial.

Además, para hacer una radiografía completa es necesario tener en cuenta la tasa de incorporación de las mujeres al mercado laboral. En algunos países como en Rumanía el porcentaje de mujeres asalariadas es del 77% frente al 91% de Francia.

En España aún queda camino por recorrer

En el caso de España, las mujeres cobran alrededor de un 18% menos que los hombres de media. Aquí, para hacer los cálculos, se incluyen los salarios más elevados y los más bajos de la población. Los últimos datos del INE, actualizados a 2020, demuestran cómo la brecha va cerrándose tímidamente a lo largo de los años.

El último informe de CCOO, Por hacer más ganamos menos, ha hecho estimaciones actualizadas a 2023 y, según sus cálculos, el salario medio (y no mediano) anual del empleo de los hombres es de 27.322 euros frente a los 22.601 euros que perciben las mujeres.

Pese a esta desigualdad, la brecha aquí también está más cerca de cerrarse. Para CCOO el aumento del Salario Mínimo Interprofesional tiene mucho que ver en ello. Aseguran que la subida de los últimos años ha mejorado la situación de aquellos trabajadores con los salarios más bajos.

Ante los datos, desde la OIT proponen que una manera de combatir esta desigualdad es hacer públicos los sueldos de los empleados. “La transparencia salarial puede proporcionar a los trabajadores la información y las pruebas que necesitan para negociar las tarifas salariales y proporcionarles los medios para impugnar una posible discriminación salarial”, concluyen.