Este negocio clandestino se basa en trasladar desechos desde países ricos a regiones más vulnerables, gracias a rutas ocultas que ponen en jaque la protección del medioambiente y la salud a nivel mundial.
«Operación Custos Viridis» es el nombre de la mayor actuación internacional realizada hasta la fecha contra el tráfico ilegal de residuos, un negocio global que mueve desechos a menudo peligrosos a través de sofisticadas rutas intercontinentales, para reducir costes, eludir controles ambientales y maximizar beneficios.
La Guardia Civil, con la coordinación de Europol, lideró una operación de tres años de investigación y culminada en 2025 que logró desarticular redes criminales dedicadas al tráfico de residuos en los cinco continentes. El balance, hecho público el mes pasado, deja cifras contundentes: 127.000 toneladas de desechos incautados valorados en 31 millones de euros y 337 detenciones, 41 de ellas en España.
En una operación internacional se han incautado 127.000 toneladas de residuos ilegales, con un valor estimado de 31 millones de euros
Las investigaciones confirman que el tráfico ilegal de residuos opera a escala global gracias a circuitos paralelos. Según las autoridades, estas redes delictivas no solo se encargan de gestionar de manera irregular residuos urbanos e industriales, sino que además utilizan de forma sistemática la falsificación de documentos y prácticas fraudulentas para trasladar materiales peligrosos, lo que provoca un impacto ambiental significativo y supone un riesgo para la salud pública.
Entre los fenómenos detectados, destacan el aumento del comercio ilícito de gases refrigerantes procedentes de Asia y la exportación ilegal desde la Unión Europea de vehículos al final de su vida útil, textiles y residuos electrónicos hacia África, Asia e Iberoamérica. A nivel mundial, se incautaron 602 toneladas de agentes contaminantes, incluyendo mercurio, productos fitosanitarios y gases de efecto invernadero.
Solo en España se intervinieron 250 vehículos importados de manera ilícita y más de 3.000 certificados falsos de descontaminación, además de más de 5 toneladas de gases refrigerantes y 77 de residuos ilegales. Según los informes policiales, el país desempeña «un rol estratégico complejo en este entramado, actuando simultáneamente como origen, tránsito y destino de residuos». Los puertos de Algeciras, Barcelona, Valencia y Santander son puntos críticos de entrada y salida de estas mercancías.
Las redes criminales no solo gestionan desechos, también falsifican documentos para mover materiales peligrosos
El pasado febrero, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) publicó el informe Delitos y trata de residuos. En él se denuncia que estamos ante algo «increíblemente difícil de detectar, investigar y procesar» y que tiene graves consecuencias para el medioambiente, como la contaminación del agua, el suelo y los océanos, y la salud pública.
Un paso decisivo para combatir este problema global pasaría por la creación de un marco sancionador común. Aunque instrumentos como el Convenio de Basilea (suscrito por más de 170 países) establecen principios compartidos, las diferencias entre legislaciones nacionales en cuanto a sanciones, controles y capacidad de aplicación siguen generando vacíos que aprovechan las redes ilegales. La implantación de un sistema homogéneo de infracciones y penas no solo contribuiría a cerrar estas brechas, sino que también evitaría el desplazamiento de residuos hacia países con leyes más laxas.
En un contexto de creciente presión ambiental y normativa, mientras muchos ciudadanos suman su colaboración para mejorar la gestión de los residuos, el tráfico ilegal de estos supone uno de los grandes retos más inmediatos. Es necesaria una respuesta coordinada, sanciones más homogéneas y una vigilancia real sobre las cadenas globales de producción y desecho para que, en la práctica, no resulte más barato traficar con residuos que cumplir la ley.
