La despoblación se ha vuelto una de las principales amenazas para la cohesión social territorial. Los motivos son evidentes, ya que en España 39,5 millones de personas viven en el 15,9% del territorio, mientras el 84,1% restante está habitado solo por 7,5 millones. Aunque desde 1975 la población española ha aumentado en un tercio su crecimiento, este no es homogéneo, ya que el potente desarrollo económico ha creado grandes movimientos migratorios, produciendo trasvases de población que han desequilibrado no solo el propio territorio, si no las tendencias demográficas adjuntas. Es el caso, por ejemplo, de Soria, que según el Instituto Nacional de Estadística ha visto reducida su población en un 23% desde 1975. Es parte de lo que algunos llaman la “España vacía”, en contraposición con lugares como Madrid, cuyo crecimiento durante estos años es más que evidente.
Este desplazamiento hacia las zonas urbanas unido a que el envejecimiento de la población ha crecido un 30% durante los últimos años, ha hecho que la situación se haya agravado en múltiples áreas del ámbito rural nacional, donde cuentan únicamente con ingresos provenientes de las jubilaciones. Las consecuencias ya están teniendo lugar: la renta rural no solo es alrededor de un 25% más baja, si no que el propio riesgo de pobreza es inherentemente más alto.
Sin embargo, en los últimos meses estamos ante lo que parece será un nuevo capítulo del desarrollo rural. La pandemia no solo ha hecho que los trasvases de población comiencen a darse ahora al revés —algo posible por la expansión forzosa del teletrabajo— sino que también ha arrojado luz sobre un problema que parecía crónico y que, ahora, deja entreabierta su puerta.
Varias llaves para una misma cerradura
¿Cómo evitar que las zonas rurales, según el INE, pierdan unos cinco habitantes cada hora? Gran parte de la responsabilidad recae en la amplia brecha que las separa de las ciudades. Parte del bienestar urbano no ha podido llegar aún a los pueblos, que no disfrutan en su totalidad de aspectos evidentes del progreso social, como la sanidad, la educación y los servicios sociales. Las soluciones pasan por una mayor inversión, necesidad que ha quedado patente con la futura implantación del próximo Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Economía española, ‘España Puede’, en el que se otorga un 16% del presupuesto a la “agenda urbana y rural, la lucha contra la despoblación y el desarrollo de la agricultura”. En Europa, la Red Europea de Desarrollo Rural, incluye el intercambio de contactos entre agentes del mundo rural y el apoyo a las aplicaciones de las diversas prácticas y programas de desarrollo rural de los Estados miembros de la Unión Europea. Se trata, por tanto, de una suerte de foro activo enfocado por completo al hallazgo —y aplicación— de soluciones eficaces. Ejemplo de estos programas es PADIMA, que se estructura en torno a tres pilares básicos de intercambio entre sus socios: educación (y formación), marketing territorial y diversificación económica. Un acto de concienciación que hace posible mirar al futuro con las herramientas adecuadas (y, por tanto, necesarias).
La importancia que ahora parece haber obtenido este problema en Europa, responde quizás a la llegada a la presidencia de la Comisión Europea de Ursula Von der Leyen, quien en su discurso del Estado de la Unión ya habló del “Green Deal europeo y los fondos de recuperación Next Generation, que serán una gran oportunidad para revitalizar las zonas rurales”. Es este último proyecto, Next Generation, el que se alza como el marco necesario para la prevista inyección de 15.000 millones de euros en ayudas para las zonas rurales. Se trata de un arma con la que poder realizar cambios estructurales (algunos, de hecho, requeridos en el Green Deal o Pacto Verde Europeo). Un impulso continental, en definitiva, que surge sobre los ecos financieros de la Política Agrícola Común, cuyas inversiones ya han ayudado a transformar las zonas verdes del continente en los años anteriores.
Para paliar el abandono rural se necesitará de la implicación de todos y de medidas de diversa índole: crear una nueva red económica y mejorar la existente y, sin duda, implantar los avances tecnológicos a la mayor celeridad posible. Algo que también va en consonancia con la propia agenda europea, la cual marca que todos los ciudadanos han de tener, por ejemplo, conexiones de al menos 30 mbps para reducir la brecha digital.
El establecimiento y expansión de las telecomunicaciones, la mejora del bienestar social —véase la cercanía de un centro médico— y el desarrollo y aplicación tecnológica en el ámbito económico —como se prevé que ocurra, por ejemplo, en la propia agricultura—, son tres de los pilares fundamentales en los que parece gestarse un nuevo horizonte para el mundo rural y el urbano, pues todos saldremos beneficiados. Es un proyecto con el que crear un continente para el futuro.
Iniciativas desde el sector privado
El sector privado (empresas y fundaciones) también se ha implicado en frenar la despoblación rural y promover el desarrollo económico de la España vacía. Un ejemplo son los proyectos que el Grupo Red Eléctrica está desarrollando en colaboración con agentes locales. Con Correos y AlmaNatura, tiene en marcha la segunda edición de Holapueblo, plataforma que pone en contacto a municipios con baja densidad de población con personas que desean realizar un cambio de vida abandonando la ciudad, instalándose en un pueblo y emprendiendo allí un negocio.
Otra de sus iniciativas llevará acceso a internet de calidad a pueblos de Segovia poco atractivos desde un punto de vista comercial gracias a un acuerdo con Nordesnet que ya está desplegando su propia infraestructura e iluminando la fibra propiedad de Red Eléctrica. Y valga otro ejemplo más: Huerta Próxima, desarrollada en colaboración con Intervegas, y que consiste en una plataforma de venta que conecta a productores de fruta, verdura, lácteos, carne y huevos con consumidores de forma directa, de modo que los productos frescos y de proximidad sigan llegando a las despensas de los ciudadanos.