La Unión Europea, en el marco del Pacto Verde Europeo, se ha fijado el ambicioso objetivo de lograr la neutralidad climática de aquí a 2050. Para alcanzar esa meta el continente se ha comprometido a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en al menos un 55%, con respecto a los niveles de 1990, antes de 2030. En esta línea, se ha lanzado un paquete de medidas, conocido como Objetivo 55, que pretende revisar y actualizar la legislación europea en materia de clima, energía y transporte.
Reducción de emisiones de dióxido de carbono (CO2), eficiencia energética, combustibles alternativos, fiscalidad energética y energías renovables son solo algunas de las cuestiones que, de manera urgente, se deben abordar y que el plan Objetivo 55 pretende abordar. El estricto cumplimiento de las mismas por parte de los estados miembros facilitará que podamos disfrutar de un planeta más sostenible.
La taxonomía verde potencia la inversión privada en actividades económicas que se alinean con seis de los ODS
Por supuesto, asumir estas medidas implica una fuerte inversión económica. Por ello, la Unión Europea ha desarrollado una taxonomía verde, un sistema de clasificación que establece un listado de actividades económicas sostenibles. Todo, con el objetivo de movilizar la inversión privada para acelerar la transición ecológica.
La protección de los inversores privados y los consumidores de las estrategias de greenwashing, con las que algunas empresas venden al cliente una imagen de respeto hacia el medio ambiente que no se corresponde con la realidad, se encuentra en el corazón de la taxonomía verde. De hecho, su principal objetivo es establecer jurídicamente las actividades económicas que pueden considerarse sostenibles e incorporar un estricto control sobre las mismas exigiendo auditorías e informes más detallados. Así, las empresas cuyas actividades se adapten a este sistema, tendrán más oportunidades de recibir financiación privada.
Pero ¿cómo determina la taxonomía verde qué actividades económicas entran en esa categoría y son, por tanto, beneficiosas para el inversor? La Comisión Europea establece que, para ser considerada ambientalmente sostenible, cualquier actividad económica debe orientarse (al menos) a la mitigación del cambio climático, la adaptación al mismo, el uso sostenible del agua, la transición hacia una economía circular, la prevención de la contaminación o la protección de ecosistemas saludables. Efectivamente, estos seis propósitos coinciden con seis de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas.
La Unión Europea se ha comprometido a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 55% antes del año 2030
Si bien el documento base de esta taxonomía verde entró en vigor en julio de 2021, queda pendiente la lista real de actividades económicas ambientalmente sostenibles, que ha de cumplimentarse a través de actos delegados. El primero de estos actos delegados entró en vigor en diciembre del pasado año tras la aprobación por parte de todos los estados miembros.
No obstante, la polémica surgió a principios de 2022 con el segundo de estos actos, que otorga categoría de energías verdes a las nucleares y el gas natural. No todos los estados aceptan esta categorización y, en previsión de esta negativa, la Comisión Europea plantea considerar la energía verde como transitoria hacia el pleno uso de energías renovables. Así, en los casos de la nuclear solo aplicaría para aquellas centrales construidas antes de 2045, y en el del gas natural a las que emitan menos de 100 gramos de CO2 por kilovatio hora.
Sin duda, los miembros de la UE deberán dar a este acto delegado, antes de su aprobación, una forma determinada que permita a los inversores privados seguir apostando por aquellas actividades económicas que mejoren el sistema energético y las relacionadas con las energías renovables.
