La Ley de Cambio Climático y Transición Energética (PLCCTE) está un paso más cerca de convertirse en realidad. El pasado 19 de mayo, el Consejo de Ministros envió a las Cortes el primer proyecto legislativo para que España alcance la neutralidad de emisiones antes de 2050 y logre así cumplir con los objetivos del Acuerdo de París. Este texto permitirá, entre otras metas, que nuestro país fije por ley sus objetivos nacionales de reducción de emisiones de gases efecto invernadero en 2030 con un descenso del 20% respecto a los niveles de 1990.
Además de implicar a todos los sectores económicos en el reto de una reindustrialización más sostenible y una reducción drástica de sus emisiones, esta nueva Ley de Cambio Climático destaca por situar la educación ambiental en el centro del debate. De hecho, el octavo de sus nueve títulos está dedicado a la inclusión de la crisis climática en el sistema educativo español, ya que se trata de un aspecto que el Gobierno considera “de especial importancia” para implicar a la sociedad española en todas las respuestas frente al cambio climático y la promoción de la transición energética.
La normativa contempla que el sistema educativo español refuerce el conocimiento sobre el cambio climático
A través de cuatro puntos, la normativa contempla que el sistema educativo español refuerce el conocimiento sobre el cambio climático en las aulas –tanto en colegios como institutos y universidades– con miras a que los alumnos adquieran la suficiente responsabilidad personal y social para comprender la realidad que supone el cambio climático y puedan desarrollar en el futuro “una actividad técnica y profesional baja en carbono y resiliente frente al cambio del clima”.
En esta línea, además, se revisará el tratamiento del cambio climático en el currículo básico de las enseñanzas, siendo posible incluir cualquier elemento “para hacer realidad una educación para el desarrollo sostenible”. En las universidades ocurrirá lo mismo en aquellos planes de estudios en los que, según se especifica, “resulte coherente conforme a las competencias de los mismos”. Además, será fundamental que el profesorado tenga la formación suficiente y adecuada para llevar a cabo esta educación ambiental de manera satisfactoria, por lo que el Gobierno podrá impulsar las acciones necesarias para mejorar la formación de los docentes en este aspecto.
El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico también pone el foco en la formación profesional y fija en el anteproyecto que mantendrá actualizado el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales y el catálogo de ofertas formativas de FP “que capaciten en perfiles profesionales propios de la sostenibilidad medioambiental”.
La educación ambiental en Europa
Desde esta semana, el anteproyecto de Ley de Cambio Climático vuelve a recuperar -y a revitalizar con renovado impulso- un término que lleva largo recorrido en la historia educativa española. Ya en 1990, la Ley Orgánica para la Gestión del Sistema Educativo (LOGSE) planteó algunos contenidos ambientales que se fueron aplicando poco a poco en asignaturas como Conocimiento del Medio Natural y Geografía y Ciencias de Naturaleza. No obstante, no fue hasta la publicación del Libro Blanco de la Educación Ambiental en España en 1999 cuando quedaron implícitos sus objetivos y principios básicos.
En el resto de países europeos, la evolución de la educación ambiental ha sido muy dispar: depende del territorio y las medidas políticas. En el norte, Suecia y Finlandia lideran el camino: llevan introduciendo la ecología en los colegios públicos desde los noventa, alternando enseñanzas prácticas y teóricas. La formación ambiental en Dinamarca también se distribuye en un abanico multidisciplinar y variado, ya que la enseñanza escolar depende de las autoridades locales, mientras que el Ministerio de Educación controla las escuelas superiores y las universidades. En cuanto a Alemania, que estableció en 1980 sus objetivos de formación ambiental, cada uno de los 16 estados federados decide qué priorizar en los planes de educación. Este año, todas las escuelas del país deberían estar ofreciendo una asignatura por año que cubra el cambio climático desde diferentes perspectivas.
En el sur, las políticas de educación ambiental se aplican también de distinta forma. Francia tiene definida la estrategia de integración de la educación ambiental en la Circular de 1977 y apuesta por no tratarla como una rama independiente ni un tema de estudio en sí misma, sino que aboga por ampliar progresivamente el aprendizaje medioambiental en los distintos niveles educativos, desde la guardería hasta la Educación Secundaria Obligatoria. Por su parte, el Reino Unido ha desarrollado una política de educación verde más basada en la experimentación de los alumnos educando sobre el entorno y por el entorno.
También en Italia, el ministro de Educación, Lorenzo Fioramonti, llevó a finales del año pasado el cambio climático a las aulas tras anunciar que en el próximo curso las escuelas dedicarían 33 horas al año -en torno a una hora a la semana- a abordar la cuestión del cambio climático. El objetivo final del Ministerio es que la perspectiva verde se incluya en materias tradicionales como la Geografía, las Matemáticas o la Física para analizar los efectos de la acción humana en las diferentes zonas del planeta. Por su parte, Portugal sigue un camino muy similar al español: la educación ambiental quedó realmente integrada en la enseñanza a partir de 1986 y definida transversalmente en la reforma de 1987, que incluye definitivamente el concepto de educación ambiental. Sin embargo, todavía se plantean reformas para reforzar este aprendizaje.
