A principios de 2020, el Gobierno comenzó a elaborar el borrador de la nueva Ley de Residuos y Suelos Contaminados, y el pasado mes de mayo fue aprobado su anteproyecto. Uno de los principales objetivos de esta ley será impulsar los modelos de economía circular en nuestro país, como recogen las últimas directivas de la Unión Europea, el Paquete de Economía Circular y la directiva de plásticos de un solo uso, siendo además esta ley parte del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia presentado por el Gobierno.
Una correcta gestión de los residuos, y en especial de los plásticos, es esencial para la transformación que se propone desde Europa. Tanto es así que en su Plan de Acción en materia de economía circular identificó los plásticos como una de las áreas prioritarias de intervención, al considerar que se recicla menos de la cuarta parte del plástico recogido y casi la mitad termina en vertederos.
La Unión Europea estima que se recicla menos de la cuarta parte del plástico recogido y casi la mitad termina en vertederos
La visión que dirige esta nueva ley es la de disminuir la cantidad de escenarios en los que un objeto de consumo se convierte en residuo, fomentando el reciclaje, limitando los productos de un solo uso, o con nuevas “tasas verdes”.
Todo ello con el fin de armonizar la vida humana contemporánea con los impactos provocados sobre el medio ambiente por los residuos que genera la misma, promoviendo la transición española hacia una economía innovadora y sostenible, que cumpla con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y que convierta a España en un país competente en esta materia a largo plazo.
¿Qué cambiará para los ciudadanos?
Uno de los rasgos definitorios de esta ley es el impacto que tendrá en la relación diaria de los ciudadanos y ciudadanas con los residuos, así como de las empresas y administraciones. Vamos a tener que acostumbrarnos, escaladamente, a una nueva jerarquía de nuestros residuos a la hora de depositarlos en el contenedor; todo ello en colaboración con los Ayuntamientos y otras entidades locales, que serán los encargados de su recogida. Esta actividad generará nuevas tasas, algunas de las cuales serán abonadas por el consumidor. Así, veremos aparecer nuevos contenedores en nuestras ciudades y municipios: los municipios de más de 5.000 habitantes deberán recoger los biorresiduos domésticos a partir de 2022 y a partir de 2024 el resto.
Asimismo, veremos cómo desaparecen poco a poco ciertos productos de nuestras estanterías. Este mismo año, a partir del 3 de julio, quedará prohibida la introducción en el mercado de nuevos productos de un solo uso como bastoncillos de algodón, cubiertos, agitadores de bebidas, tuppers para consumo inmediato o vasos de poliestireno expandido.
También existen actuaciones contra el despilfarro de alimentos y objetos no perecederos en hogares, empresas y en el sector hostelero. Este último, además, deberá ofrecer al usuario la posibilidad de consumir agua no envasada de manera gratuita siempre que sea posible. Sin embargo, tanto consumidores como empresas dedicadas a la hostelería o la restauración, se verán en la misma obligación de separar el aceite de cocina para su recogida por separado.
Todo lo anterior fomentará la paulatina desaparición de objetos hasta ahora cotidianos. Otros, más que desaparecer, deberán readaptarse con un cambio en su diseño: las tapas y tapones deberán permanecer unidos a la botella; y, atendiendo a los materiales, también se fijarán porcentajes mínimos para la presencia de plástico reciclado en la composición. En el caso de las botellas plásticas, para 2029, el 90% de las botellas producidas deberán ser recogidas separadamente del resto de residuos.
Los envases de plástico no reciclable tendrán su propio impuesto de 0.45€ por kilogramo fabricado o adquirido
De cara a todos aquellos residuos que sí que se producirán inevitablemente por la acción humana (cada español/a genera aproximadamente 471 kg al año), se fomenta el establecimiento de una “red estatal integrada de instalaciones de eliminación de residuos” de forma que la gestión de los mismos se produzca a la menor distancia posible de su punto de generación.
Además, aparecen dos nuevos impuestos: el primero al vertido y a la incineración, como parte de la nueva visión en la que se apostará firmemente por la prevención de creación de residuos y su reutilización frente a la destrucción contaminante. El segundo es un impuesto que se ha fijado en 0,45€ el kilo para los envases de plástico no reutilizables (vasos, tapas, tapones, tuppers de consumo inmediato…), como una medida más que fomente la reducción de estos materiales en un 50% para 2026 y un 70% para 2030 con respecto a los valores de 2022. Este impuesto recae sobre la fabricación, importación o adquisición de cualquier producto plástico no reutilizable.
No cabe duda de que la relación de nuestro país con los residuos va a verse transformada, como lo irán haciendo muchos otros aspectos de nuestras vidas en el camino hacia una economía circular, más sostenible, en línea con los ODS.
