Casi un tercio de la producción alimentaria es desperdiciada cada año alrededor del mundo. Y ese no es el único problema: esta forma de malgastar supone, además, el 10% de la emisión de gases de efecto invernadero.
Nuestro país es testigo de cómo se tiran, cada año, más de 7,7 millones de toneladas de alimentos según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). Lo que es lo mismo: 250 kilogramos de comida cada segundo. A nivel global, los números son capaces de impresionar aún más: se estima que se desperdicia aproximadamente el 30% de los alimentos que se producen en el mundo. Para paliar la situación, el Gobierno ha aprobado el proyecto de Ley de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario, que obliga a cada uno de los agentes de la cadena alimentaria a contar con un plan de prevención contra el desperdicio.
Alrededor de un 10% de la emisión de gases de efecto invernadero está asociado a los alimentos no consumidos
Según Luis Planas, ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, la ley no solo tiene un objetivo regulatorio, sino que también está pensada para «concienciar a la sociedad sobre la necesidad de disminuir el despilfarro de alimentos». El proyecto prevé no solo donaciones corporativas a las entidades sociales y oenegés, sino también la transformación de los alimentos que no se hayan vendido y que continúen siendo óptimos; en el caso de las frutas, por ejemplo, conllevaría crear mermeladas o zumos. A su vez, cuando las condiciones impidan el consumo, los materiales alimentarios pasarán a formar parte de la nutrición animal, el uso de subproductos industriales o la elaboración de compost o biocombustibles. A ello se suma una obligación particular para las empresas hosteleras: tendrán que facilitar que el consumidor pueda llevarse, sin coste adicional, los alimentos que no haya consumido.
Medidas como esta, influenciadas por ejemplos legislativos previos como el francés, van en consonancia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) marcados en la Agenda 2030. Es el caso del número 12, que establece la aspiración de «reducir a la mitad el desperdicio de alimentos per cápita mundial en la venta al por menor y a nivel de los consumidores y reducir las pérdidas de alimentos en las cadenas de producción y suministro, incluidas las pérdidas posteriores a la cosecha».
En la Unión Europea, pequeños gestos podrían cambiar el panorama actual: el etiquetado de fechas, por ejemplo, es el responsable del desperdicio del 10% de la comida, algo que también se aborda en la ley elaborada en nuestro país, donde se intenta incentivar la venta de productos con fecha de consumo preferente.
No obstante, no solo a través de la ley se pueden cambiar los hábitos establecidos durante años. Tal como reza el comunicado emitido desde el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, «para que la ley tenga éxito en la consecución de sus objetivos necesita de la implicación del conjunto de la cadena alimentaria y de la sociedad en general».
La Ley de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario prevé la transformación de los alimentos no vendidos o destinarlos al consumo animal
Un problema para el planeta
A la cuestión humanitaria y moral que supone este problema —690 millones de personas sufrieron hambre en 2019, y se prevé un fuerte crecimiento—, se le suma que es un problema ambiental: según la Organización de las Naciones Unidas (ONU), alrededor de un 10% de la emisión de gases de efecto invernadero está asociado a los alimentos no consumidos.
A pesar de ello, no se suele abordar: en el Acuerdo de París, por ejemplo, no existe ninguna mención al desperdicio alimentario. Y no es el único obstáculo a la hora de tomar medidas similares a las recogidas en la legislación española: gran parte de los países ni siquiera cuenta con métricas adecuadas para recoger los datos correspondientes.
Mientras tanto, millones de kilos se desperdician cada día alrededor del mundo perjudicando no solo a sus habitantes, sino también a su hogar, el planeta.
