Lo tenemos como el primero de nuestros Objetivos de Desarrollo Sostenible y, sin embargo, los datos no son muy alentadores. Hablamos del Fin de la Pobreza, una problemática que dependiendo del contexto económico y social de cada país se manifiesta de diferentes formas. En España los datos relativos a pobreza arrojan una imagen desoladora para niños, niñas, adolescentes y adultos jóvenes, los más afectados por la sucesión de crisis, una generación con unos indicadores y tasas de riesgo de pobreza alarmantes.
Son diversos los informes que, incluso con anterioridad a la crisis provocada por la pandemia de la COVID-19, alertan sobre la necesidad de tomar medidas efectivas si no queremos agrandar la brecha generacional que existe actualmente en nuestro país. Uno de ellos es ‘El Mapa de la Pobreza Severa en España. El Paisaje del Abandono’ presentado el pasado mes de septiembre por la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN-ES). Según este documento el factor edad es especialmente determinante: la población menor de 17 años es el grupo más afectado estando un 14,1% en pobreza severa. Le siguen el colectivo menor de 30 años, que alcanza el 11%.
España deberá dedicar 527 millones de euros del Fondo Social Europeo Plus a la lucha contra la pobreza infantil
A pesar de ser España la cuarta economía de la zona euro, los datos sobre pobreza infantil nos sitúan en el tercer puesto dentro de la Unión Europea, por detrás de Rumanía y Bulgaria. Frente a la necesidad de abordar este gran reto surge una oportunidad única tras la puesta en marcha desde Bruselas de la Garantía Infantil Europea, mediante la cual los países con mayores tasas de pobreza infantil de la Unión Europea deberán dedicar al menos el 5% del Fondo Social Europeo Plus a combatirla en el nuevo periodo 2021-2027. Para España esto implica un total de 527 millones de euros, inversión para la que el Ministerio de Derechos Sociales deberá elaborar un Plan de Acción nacional en 2022. Para la redacción de esta hoja de ruta Unicef, junto al Ministerio, presentará a la Comisión Europea un informe sobre la situación inicial que sirva como base para detectar tanto a los colectivos más vulnerables como las medidas e indicadores que deberá abordar la propuesta.
Desempleo y falta de recursos económicos
Con respecto a la población menor de 30 años, las estadísticas arrojan una fotografía de gran desamparo en España: la renta media para quienes aún no han cumplido los 30 es de 10.156 euros al año. En mayo de 2021, la tasa de desempleo de las personas menores de 25 años era del 36,9%, una cifra sólo superada por Grecia. Pero aún hay más, un informe elaborado por el Observatorio Social La Caixa afirma que la riqueza neta media de los millennials es de 3.000 euros, frente a los 63.400 euros de la generación anterior. Así, sólo el 44% de los primeros tienen su vivienda en propiedad, frente al 65% de la generación X. Incluso quienes —a pesar de las altas tasas de paro— consiguen trabajo, deberían dedicar el 92,9% de su salario neto a pagar los 904 euros mensuales que costaba de media alquilar una vivienda en 2020. La consecuencia directa también nos la da el informe del Observatorio, con apenas un 18,6% de las personas entre 16 y 29 años emancipadas.
Apenas un 18,6% de las personas de entre 16 y 29 años están emancipadas
Las causas y consecuencias se entrelazan en un ciclo que se retroalimenta y que está lleno de contradicciones: los condicionantes socioeconómicos de los hogares más pobres engrosan las tasas de abandono escolar, mientras que la generación más preparada de españoles se enfrenta a una de las mayores tasas de paro de la democracia. Es necesario un pacto generacional que reconcilie las posibilidades y oportunidades independientemente de la edad, que apueste por una infancia y una juventud con oportunidades reales, y que dé soluciones a la población más joven.
