Nacer sin existir. La identidad como factor clave en la protección de los derechos humanos

Nacer, pero sin existir. Como si la vida dejase a alguien en el camino. Con una historia personal, pero sin un rostro oficial. Esa es la situación en la que se encuentra una cuarta parte de los niños y niñas en el mundo: en total, según cifras de las Naciones Unidas, 166 millones de menores de cinco años no están registrados oficialmente en sus países. Sin identidad, son invisibles a la hora de acceder a la educación, la atención médica y otros servicios básicos en cualquier sociedad.

Cada día nacen en el mundo miles de niños que quedan sin registrar y, por tanto, desprovistos de un nombre reconocido y de una nacionalidad. A pesar de que durante las últimas décadas la población mundial infantil ha crecido exponencialmente, cuando se pone la lupa sobre los registros de algunos países aparece ese agujero negro. A pesar de que lo establece la Convención de los Derechos Humanos del niño, en los países más vulnerables la identidad de los más pequeños a través de los certificados de nacimiento todavía hoy no está garantizada.

Según Unicef, en 2007, solo un 0,1% de los recién nacidos en las islas Salomón contaban con un certificado de nacimiento

«El registro de nacimiento es más que un derecho. Muestra cómo la sociedad reconoce y admite su identidad y existencia», explicaba la directora adjunta de UNICEF, Geeta Rao Gupta, en un informe que analiza el fenómeno en 174 países. «Es clave para garantizar que los niños no sean olvidados, que no se queden detrás del progreso de sus naciones».

Esa es precisamente una de las metas que se han propuesto –y que ha pasado más desapercibida que otras– los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Concretamente, es el ODS 16, que busca apuntalar la justicia y las instituciones sólidas, el que recoge esta meta, la 16.9: proporcionar una identidad jurídica a todas las personas, evitando así que la infancia pase por ese coladero de sistemas incapaz de ampararla. Según UNICEF, los porcentajes más bajos de registros de nacimiento se encuentran en Somalia (3%), Liberia (4%), Etiopía (7%), Zambia (14%) y Chad (16%).

En busca de los niños sin nombre

Si ningún ser humano es una isla entera por sí mismo, como ya se encargó de decir el poeta John Donne, sino que cada uno es una parte de una sociedad al completo, ¿por qué todavía nos encontramos con este alto número de personas invisibles? Los expertos apuntan como principal barrera a la dificultad de establecer sistemas de registro en países con pocas y malas infraestructuras de comunicación. Ese es el motivo por el que el fenómeno de la no-identidad se da, como indica UNICEF, principalmente en las zonas del África subsahariana y el sudeste asiático, donde al mismo tiempo encontramos la mayor parte de los conflictos armados activos: Afganistán, Siria, Yemen, las luchas en el Sahel o la guerra olvidada de Sudán del Sur.

Así, el descontrol de los registros es retroalimentado por la inseguridad de estos territorios y las instituciones débiles, que complican aún más la emisión de certificados de nacimiento de sus habitantes. Sobran los ejemplos: en 2007, en las islas Salomón, con más de seis millones de habitantes e importantes conflictos étnicos, solo el 0,1% de los menores del archipiélago contaron con un certificado de nacimiento. Y en Papúa Nueva Guinea, UNICEF encontró un único punto de registro civil para una población de siete millones de habitantes, lo que dificultaba a muchos el desplazamiento al no poder permitirse perder días de trabajo o afrontar los gastos de transporte correspondientes.

La falta de una identidad oficial sitúa en un punto delicado a las poblaciones de por sí vulnerables, como las mujeres, los migrantes o las minorías étnicas

Son las propias instituciones las que no se encargan de facilitar el registro a sus habitantes o de informarles adecuadamente sobre cómo proceder con el certificado de nacimiento, poniendo demasiadas trabas burocráticas. De hecho, como reveló un estudio de Data2X, la alta mortalidad de los menores de cinco años desmotiva a muchos padres a invertir tiempo en conseguirles una identidad, optando por destinar sus escasos ingresos a aspectos considerados más urgentes, como la alimentación o la vivienda.

La siguiente ficha del tablero la mueven los propios sesgos culturales de cada país, que suelen priorizar el registro de un género o una etnia, especialmente en las zonas rurales. Así, el problema se vuelve aún más complejo para las mujeres, los migrantes y las minorías, lo que a la vez hace su situación aún más delicada: desprovistos del amparo del sistema, se encuentran aún más indefensos frente a situaciones de trata y abuso, pero también ante problemas serios de salud –sin estar registrados no pueden acceder a tratamientos y vacunas– o la pobreza endémica.

Por último, los movimientos masivos de poblaciones, que cada vez superan más techos debido a los desplazamientos provocados por los conflictos armados y las consecuencias del cambio climático, hacen aún más invisibles a esas personas que nacieron sin identidad. Ante una llegada masiva de refugiados sin nombre, a cualquier país le resulta imposible asegurar su protección sin contar con un solo dato oficial de su vida. Y es un suma y sigue: de nacer nuevos bebés en los campos de refugiados y zonas de asilo, esta invisibilidad se hereda hacia el resto de las ramas del árbol genealógico.

Ante esta situación, y aprovechando los beneficios que ofrece la digitalización, países como Belice –donde gran parte de la población cuenta con teléfonos móviles– decidieron en plena pandemia buscar formas de incrementar las partidas de nacimiento, aprovechando los paquetes de ayuda contra la covid-19 para incluir folletos explicando cómo rellenar un formulario de registro en una app conectada directamente con el registro civil y centrándose en las comunidades más vulnerables, como los nacidos en comunidades indígenas o los solicitantes de asilo.

Otras estrategias como vincular el registro de las campañas de vacunación o las campañas de certificación itinerantes han mostrado también cierto éxito en países como Guinea y Sudán, recuperando algo fundamental en cada persona: la protección de sus derechos (que es la de su propia vida).