La última década es la más cálida registrada en toda la historia. Y no solo eso: hay un 50% de probabilidades de que en uno de los años del período 2022-2026 el calentamiento global supere en 1,5°C los niveles de temperatura preindustriales. Al menos, así lo afirma la Organización Meteorológica Mundial. Para nuestro país, las consecuencias pueden ser especialmente graves, ya que pueden volverlo casi completamente árido. De acuerdo con los criterios marcados por la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación, más de dos tercios del país se encuentran en peligro de desertificación. Se trata concretamente de un 74% del territorio: tan solo la cornisa cantábrica y la zona cercana a los Pirineos, junto con determinados puntos del centro y sur peninsular, se encuentran en niveles con menor riesgo.
Hay un 50% de probabilidades de que en uno de los años del período 2022-2026 el calentamiento global supere en 1,5°C los niveles de temperatura preindustriales
Más allá del rol del calentamiento global, lo cierto es que las razones son en cierta medida inherentes a gran parte de las condiciones de la Península Ibérica. Así, el dominio de un clima semiárido en grandes zonas, la extrema variabilidad de las lluvias en determinadas áreas y otros factores como un suelo pobre, un relieve desigual, la intensidad ganadera y agrícola y una explotación insostenible ocasional de los recursos hídricos subterráneos, crean condiciones especialmente propicias para los escenarios de desertificación. Otro de los factores esenciales son los incendios forestales, algo especialmente preocupante si tenemos en cuenta que los fuegos son cada vez más devastadores e intensos, lo que dificulta la recuperación de los ecosistemas.
Una de las herramientas diseñadas a nivel nacional, aprobada recientemente, es la Estrategia Nacional de Lucha contra Desertificación, cuyo objetivo es, entre otros, actualizar el antiguo Programa de Acción Nacional contra la Desertificación. Según el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), los impactos son múltiples y profundos, entre los que se incluyen la pérdida productiva de los suelos, la disminución de los beneficios agrarios, el agravamiento de la despoblación, la disminución del patrimonio cultural o la pérdida de biodiversidad. La Estrategia, elaborada junto a ministerios, comunidades autónomas, instituciones científicas y ONG, se estructura en torno a acciones como el desarrollo de un plan de restauración de terrenos afectados por la desertificación, la elaboración de un inventario nacional de suelos e incluso la creación de un Consejo y un Comité Nacional de Lucha contra la Desertificación. Todo enfocado hacia una fecha límite coincidente con los Objetivos de Desarrollo Sostenible: el año 2030.
Un 74% del país se encuentra en riesgo de desertificación
La desertificación constituye un fenómeno que, además, favorece el abandono de la población: cuanto más se empobrezca un suelo, menos podrá aprovecharlo –a través de la ganadería, la agricultura o la simple residencia– la comunidad en cuestión. Como es lógico, esto conlleva a su vez la degradación de la zona. En este sentido, si se atiende a los datos, España es uno de los países de la Unión Europea con peores perspectivas: poco más de un millón de hectáreas agrícolas se encuentra actualmente en peligro, según la información de la Comisión Europea. Tal como señala el propio MITECO, la degeneración que causan la aridez, la sequía, la presión sobre la vegetación y el agua o la urbanización «afecta enormemente» a nuestro país. La duda, mientras tanto, permanece en el aire: ¿conseguiremos frenar este peligroso fenómeno antes de ocho años?
