La tormenta Filomena puso de manifiesto la falta de preparación y resistencia de las ciudades frente a los fenómenos climáticos más extremos. Paradójicamente son las urbes las que han provocado —o al menos, aumentado— este tipo de respuestas meteorológicas: según la ONU, las ciudades son responsables del 70% de las emisiones de gases de efecto invernadero, una de las principales causas del cambio climático.
Tal y como señalan desde Naciones Unidas, las ciudades también pueden ser una de las figuras clave para enmendar los daños que, en gran parte, ellas mismas han causado. Cambiar la forma en que planificamos, construimos, gestionamos y proveemos de suministros energéticos a nuestras urbes es algo fundamental a la hora de reducir la emisión de gases nocivos. Esto es posible mediante sencillas soluciones que abarcan desde la construcción de edificios sin emisiones de carbono a un sistema de transporte público que apueste por vehículos más limpios alimentados por combustibles alternativos. Unas inversiones que, según estimaciones del Banco Mundial, serían mucho menores que los 18.000 millones de dólares anuales que cuestan a nivel mundial los desastres naturales.
Los desastres naturales cuestan 18.000 millones de dólares anuales a nivel mundial
Un problema global... y europeo
Uno de los grandes ejemplos de actuación se sitúa en Europa, concretamente en la capital inglesa. Londres adolece, al igual que muchas otras poblaciones alrededor del mundo, de un importante problema de contaminación ambiental: más de un 95% de quienes residen en la ciudad se halla expuesto, según World Resources Institute, a esta clase de polución aérea (una cifra que aumenta hasta casi el 100% en las zonas de menores recursos económicos). Con el fin de reducir estas cifras, en 2003 se estableció una “tasa de congestión” aplicable a todos los vehículos que se adentrasen en el centro de la ciudad. El último avance en este sentido se aplicó durante el 2019, año en que se consiguió crear —por primera vez a nivel global— una “zona de emisiones extremadamente bajas”: 21 kilómetros cuadrados del área central de Londres en las que los conductores deben, o bien adaptarse a los estándares de emisiones, o bien pagar una tasa que posteriormente se reinvierte en el sistema de transporte público local. La iniciativa, en la que se han fijado otras ciudades como Madrid, ha llevado a reducir la entrada de hasta 44.000 vehículos contaminantes en la capital británica y a disminuir un 44% las emisiones de dióxido de nitrógeno.
Este caso, sin embargo, parece ser una excepción. Según datos del Basque Center for Climate Change, los planes de adaptación al cambio climático de las ciudades más grandes del planeta no van a conseguir resultados efectivos a medio y largo plazo tal y como están planteados en la actualidad. No serán capaces de reducir la vulnerabilidad de tormentas como Filomena ni de incrementar la propia resistencia de las ciudades, dada la escasa definición de los procesos de financiación y regulación ligados a estos planteamientos. Los expertos responsables del estudio recuerdan que para que las políticas de adaptación al cambio climático sean efectivas, los organismos municipales deberían: mejorar la información climática y la forma en que es utilizada, incrementar los canales de financiación local, fortalecer los sistemas de monitorización y evaluación y tener en cuenta, sobre todo, a los grupos de población más vulnerables.
En España solo un 10,1% de las ciudades cuenta con un plan de mitigación contra los problemas climáticos
En la península ibérica es tan solo Barcelona quien parece adentrarse —aunque tímidamente— en la senda de las buenas prácticas climáticas. Este problema de adaptación a la emergencia ambiental, eso sí, se vuelve más complejo en cuanto que cada núcleo urbano posee sus propias particularidades, con diferentes climas y regímenes hidrológicos. Así, no es lo mismo una ciudad situada en el norte de España que la propia Barcelona, cuyo principal problema vendría determinado por las fuertes lluvias torrenciales características del clima mediterráneo.
Una lucha por (y para) el futuro
El clima, no obstante, tampoco es un mero problema de eventuales urgencias; se trata de volver a hacer nuestras ciudades habitables. Basta observar el avance del aumento de la temperatura en Ávila o Murcia, mucho más calurosas ahora —con 1,8 grados de diferencia— que hace 30 años. El hecho de convertir nuestros propios hogares en lugares cada vez más inhabitables es un fenómeno tan absurdo como cada vez más evidente. Según la revista Journal of Cleaner Production, un 33% de las ciudades de la Unión Europea no cuenta aún con un plan de mitigación a los problemas climáticos, y solo un 26% tiene un plan de adaptación. En el ámbito nacional, los datos empeoran severamente: tan solo un 10,1% cuenta con un plan de mitigación, cifra que baja hasta el 7,3% en relación a los planes de adaptación.
Una transición hacia economías resilientes y con bajas emisiones de carbono podría crear hoy más de 65 millones de nuevos empleos netos hasta la próxima década. Un potencial estímulo económico que para acometer las medidas que ya dejan de ser algo opcional: nunca habrá empleo y economía en un futuro sin salud.
