En España, uno de cada tres municipios ha perdido el 25% de su población desde el comienzo del siglo XXI. El abandono del medio rural viene unido al envejecimiento de sus habitantes: más de 400 pueblos ya cuentan con más de la mitad de su población por encima de los 65 años, lo que los sitúa en una desagradable lucha contra reloj. El problema empieza a escalar prioridades en la agenda política aprovechando la transición sostenible que ha cogido impulso desde Europa con los planes de recuperación económica.
Algunas de las iniciativas más interesantes contra la despoblación rural provienen, sorprendentemente, de particulares. Son lo que se conocen como emprendedores rurales: personas que buscan revitalizar por completo las zonas despobladas —normalmente, de sus propias poblaciones— mediante su actividad económica. La búsqueda de formas de vida alternativas a la ciudad que ha traido la pandemia, ha hecho crecer estos proyectos emprendedores.
En el ámbito de las administraciones públicas, destaca el Plan de Medidas ante el Reto Demográfico, que cuenta con una inversión superior a 10.000 millones de euros (o, lo que es lo mismo, un 10% del presupuesto del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que busca reactivar la economía del país tras la pandemia). Los objetivos de este plan pasan por mejorar la vertebración territorial del país, eliminar la grave brecha entre los mundos urbanos y rurales e impulsar actuaciones dentro de las zonas territoriales más afectadas por la urgencia del reto demográfico. Y todo ello con el fin de garantizar el acceso a los mismos servicios que se tienen en las urbes, promover la igualdad de género, eliminar brechas sociales y generar oportunidades de emprendimiento y actividad económica.
Los impulsos que se asocian a este plan se incluyen en la llamada transición ecológica y digital, cuyo objetivo último es garantizar la cohesión total del país. Además, las directrices del plan pretenden llevar a cabo, en parte, una pequeña descentralización económica. Ejemplo de ello son los centros de datos, documentación y mantenimiento, sobre los que la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, destacó que “son cuestiones que no tienen que quedar en grandes capitales”. Su dispersión, según la ministra, puede llegar a crear un fuerte foco de empleo para zonas rurales que buscan dinamizarse. Algo similar ocurre con el turismo, una de las principales industrias económicas del país: el turismo sostenible es, en este plan, uno de los cimientos fundamentales para la reactivación de las zonas rurales.
En definitiva, con este plan se pretende mejorar el atractivo del territorio rural para atraer (o mantener) a los jóvenes en estas regiones mediante iniciativas que mejoren el empleo, así como la educación, con iniciativas como la promoción de más centros territoriales de la UNED.
Diferentes piezas para un mismo puzzle
La España vaciada ha perdido en los últimos 70 años la mitad de su peso económico, demográfico y laboral. Soria, por ejemplo, ha visto su población reducida en un 23% según cifras del Instituto Nacional de Estadística. Es por ello que desde muchas de estas regiones provienen algunas de las soluciones políticas y económicas más interesantes de los últimos años.
Un ejemplo es el que protagoniza Castilla-La Mancha, comunidad que está en pleno proceso de modificación de su Ley de Gestión Forestal Sostenible con el fin de adecuarla a la lucha contra la despoblación. Según destaca el Gobierno regional respecto a la reforma, “los montes han sido y deben seguir siendo uno de los motores de la actividad económica. No solo porque la presencia de estos bienes se encuentra ubicada en su gran mayoría en estos entornos, sino porque la gestión de los montes de forma ordenada y continua en el tiempo es una fuente de recursos y de empleo en el medio rural”. Esto no es casual: grandes áreas despobladas de la comunidad se hallan dentro de los bosques, los cuales ocupan alrededor de un 44% de su territorio y pueden encontrar en ellas la solución para hacer una gestión sostenible de los recursos naturales, estimulando con ello, a su vez, el desarrollo económico, social y demográfico.
Ejemplo similar protagoniza también Navarra con su proyecto ECO Pueblo, un plan finalizado este mismo año que buscaba la regeneración de las poblaciones rurales aisladas mediante el desarrollo económico. Esta iniciativa, integrada en el Programa Empleaverde de la Fundación Biodiversidad, ha tenido entre sus principales objetivos lograr una mayor empleabilidad de personas en riesgo de exclusión mediante su incorporación a negocios verdes que, a su vez, están sustituyendo a negocios menos sostenibles. Este ha sido el caso de las viñas de San Martín de Unx que, a través de este proyecto, han sido reemplazadas por otras producciones más productivas y sostenibles.
Otra de las iniciativas con más proyección es el Erasmus rural, promovido desde el gobierno central. Este programa, que se lanzará a finales del curso 2021-2022, tendrá una duración de tres meses y estará centrado en lo laboral, más que en lo académico. Su fin: “que al menos tres meses de la primera experiencia laboral de nuestros jóvenes tengan lugar en este tipo de entornos para una conexión emocional y laboral”, explican fuentes oficiales. En definitiva, diferentes formas con las que devolver a la España rural la vida que una vez tuvo.