En el año 1900, España contaba con aproximadamente 18 millones de habitantes según los censos históricos recogidos por el Instituto Nacional de Estadística. A día de hoy, somos más del doble. En total, 47.615.034 personas compartimos el gentilicio de ‘españoles’, pero nuestra distribución a lo largo del territorio es completamente heterogénea.
Durante el último siglo, cuatro comunidades autónomas han experimentado una caída demográfica: Castilla y León, Extremadura, Asturias y Galicia, a las que en la última década se han sumado Aragón, Cantabria, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana y La Rioja. En cifras, este éxodo ha supuesto que el 79% de los municipios de España concentre apenas el 10,4% de la población total. En otras palabras, de los 8.131 municipios que hay en nuestro país, 5.102 han perdido población desde 2001 y 6.232 desde 2010, tal y como señala el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, un fenómeno eminentemente rural.
La consecuencia más extrema de la despoblación es la desaparición de localidades que hace años albergaban vida y cultura, como ha sucedido con Fuente Pedraza (Salamanca), Berrugoso (Asturias) o Loureiro (La Coruña). Sin embargo, antes de llegar al punto de no contar con ningún vecino empadronado, los pueblos ya sufren las secuelas del abandono.
El 79% de los municipios de España concentra apenas el 10,4% de la población española
La vulnerabilidad a los efectos del calentamiento global y la disminución de la biodiversidad y agrodiversidad, son solo algunas de ellas. Sin población que se dedique al pastoreo, los matorrales proliferan en los montes, un fenómeno que, ligado a las sequías fruto del cambio climático, aumenta el riesgo de devastadores incendios como el que asoló 36.000 hectáreas en Losacio y 25.000 en la Sierra de la Culebra, ambos territorios pertenecientes a Zamora, una de las provincias más maltratadas por la despoblación.
Esta pérdida de actividades agrícolas, ganaderas o forestales tradicionales, provoca inevitablemente la pérdida de una herencia cultural tremendamente rica que, en numerosos municipios, no cuenta con relevo generacional. Pero, ¿y si la clave de la revitalización se encontrase en los oficios que se están perdiendo?
Bajo esta premisa, surge una alianza entre la Red Española de Desarrollo Rural y Redeia: el proyecto Oficios en RED, una iniciativa que busca promover la artesanía como aliada para frenar la despoblación, así como incentivar y diversificar la economía en el medio rural.
El proyecto debutó en las comarcas de la Sierra de Gata y Valle del Alagón, ambas en Cáceres. Durante el pasado mes de noviembre se organizó un encuentro entre artesanos, diseñadores e interioristas, para impulsar la tendencia de moda y decoración sostenibles.
En el evento participaron artesanos de la talla de María José González, la cuarta de una generación dedicada a transformar la paja de centeno en accesorios como la gorra de Montehermoso, elemento típico durante las fiestas de la localidad. Sus diseños, que hacen honor a la tradición, han protagonizado desde la portada de la revista Vogue hasta desfiles en la Fashion Week de Madrid.
En 2019, el sector de la artesanía tuvo un impacto económico de 6.049 millones de euros
La visibilidad de la artesanía rural ha catapultado también los diseños de Alejandro Roso, quinta generación de una saga de zapateros en Torrejoncillo que, desde niño, se escapaba al taller de su abuelo para aprender el oficio. No es el único artesano del pueblo: la familia Moreno León se dedica a la alfarería desde 1783 utilizando barro de Torrejoncillo, Sagrario Alviz es bordadora especializada en el tradicional pañuelo del gajo, y Marcelo Domínguez crea piezas de joyería de oro y plata, tal y como hacían sus ancestros orfebres.
Todos estos ejemplos de modelos de producción artesanal presentan grandes ventajas. A nivel económico, ofrecen oportunidades laborales para quienes siguen al pie del cañón en áreas olvidadas. Según el informe La alta artesanía en España: sello de identidad de la alta gama, el sector artesano alcanzó un impacto de 6.049 millones de euros en 2019, con un total de 64.000 empresas dedicadas –lo que representa un 1,9% del tejido empresarial del país– y 213.000 empleos. Apostar por la artesanía es apostar por los vecinos, talleres y tiendas locales de la España vaciada, pero también por el desarrollo de actividades con un impacto indirecto en la economía nacional como el turismo o la sostenibilidad de tradiciones y cultura.
La producción artesanal requiere solo de materias primas – abundantes en el entorno rural–, y se trata por tanto de un modelo sostenible por su proceso de elaboración, su durabilidad y su escaso impacto ambiental. Una alternativa necesaria ante las tendencias de fast fashion y de ‘decoración perecedera’, ambas fruto de una industria que produce productos en masa en función de tendencias pasajeras, con materiales de baja calidad, y mediante la explotación de trabajadores con condiciones laborales precarias.
La artesanía rural aporta además al consumidor un producto con historia. En un pañuelo bordado a mano, un colgante con un diseño único o una tinaja de barro, se oculta un legado que no todos logran perpetuar.
