A nadie sorprende ya el hecho de vivir en una de esas épocas que terminan reflejándose en los libros de historia como etapas de transición. La lucha contra el cambio climático y la búsqueda de una sociedad sostenible cuya existencia y actividad no colisione con la supervivencia del planeta ha obligado a replantear cuestiones y planteamientos que afectan a todos los sectores, embarcados en una metamorfosis total. Todo cambia, y lo hace obligado por las circunstancias a pasos de gigante.
Entre todos los procesos, el iniciado por el sector energético, uno de los principales emisores de dióxido de carbono hacia la atmósfera y base sobre la que se sustenta buena parte del sistema global, se percibe como una suerte de llave impulsora de los que quedan por acometer.
La UE dará más peso a los contratos a largo plazo que reflejen los costes reales de producción
De esa necesidad, unida a una situación geopolítica inestable que plantea serias dudas sobre cuánto tiempo podrá aguantar el mercado sobre los estándares actuales, surge la reforma estructural del mercado eléctrico propuesta por la Unión Europea. Una reforma cuyos objetivos pasan por proteger mejor a los consumidores frente a la excesiva volatilidad de los precios pero, sobre todo, por fomentar el crecimiento de las energías limpias y fortalecer la adaptabilidad del mercado.
Pese a las diferentes aristas que muestra esta iniciativa, su esencia se puede entender desde tres ejes o bloques principales:
El primero, y quizás el más relevante, pasa por dar más peso a los contratos a largo plazo que reflejen los costes reales de producción. Esto se prevé que genere una mayor estabilidad y favorezca la entrada al mercado de la nueva generación inframarginal, para la que, no obstante, también se pretende establecer un límite de precio de cara a asegurar que sus ingresos no sean excesivos y cortar la dependencia del precio marginal a corto plazo. Es decir: facturas de luz que dependerán cada vez menos de los combustibles fósiles y que contribuirán a impulsar el desarrollo de alternativas renovables.
Desde la Comisión Europea se plantean una serie de cambios legislativos que protejan a hogares y empresas y en la que se integra también una mejora de la transparencia, vigilancia e integridad del mercado
El segundo paso importante que la UE ha puesto sobre la mesa pasa por reducir el papel del gas en los mercados a corto plazo. "La consulta cubrirá todas las formas de mejorar las condiciones bajo las cuales las soluciones de flexibilidad como la respuesta a la demanda y el almacenamiento de energía compiten en los mercados a corto plazo. Combinado con la generación renovable, esto podría contribuir a reducir el papel que juega la generación a gas en el mercado a corto plazo como una fuente de generación flexible y, con el tiempo, eliminará la generación de energía a gas en línea con los objetivos de descarbonización de la UE”, explican desde Bruselas sobre una medida que garantizaría a su vez que siempre se utilice la electricidad más barata posible para satisfacer la demanda al mismo tiempo que los flujos fronterizos continuarían funcionando sin problema. Una especie de cortafuegos a situaciones de emergencia como la generada, por ejemplo, con la guerra en Ucrania y su afectación a la distribución de gas por parte de Rusia.
La tercera pata de esta reforma pasa por una necesidad que venía reivindicándose de forma constante por buena parte de la sociedad y consiste en empoderar al consumidor o, al menos, devolverle a una situación de cierto control o equilibrio respecto a la oferta. En este sentido, desde la Comisión Europea se plantean una serie de cambios legislativos que protejan a hogares y empresas y en la que se integra también una mejora de la transparencia, vigilancia e integridad del mercado.
En definitiva, lo que componen estas medidas es un rediseño del mercado eléctrico europeo en unos términos que, al margen de iniciativas que otros países soliciten adherir, favorezcan la consolidación de las energías renovables y establezcan una relación más justa entre generadores y consumidores. Tras una consulta pública ejercida por la Comisión Europea junto a los países miembros, este mes de marzo Bruselas presentará las propuestas definitivas.
