El ser humano se ha preocupado del medio ambiente mucho antes de que existieran leyes para protegerlo, pero a medida que la civilización ha avanzado –y con ella la economía, la tecnología o la ciencia–, ha sido necesario diseñar y aplicar una legislación con un objetivo esencial: cuidar del planeta en el presente para evitar su colapso en el futuro.
Fue así como surgió el código de Hammurabi en el año 1700 a.C, el cual estipulaba que quien tala un árbol de un huerto ajeno debe indemnizar al dueño con media mina de plata o, ya lejos de ese quid pro quo de recursos, la primera propuesta de ley para proteger el norteamericano valle de Yosemite y sus bosques de sequoias en 1872. Paralelamente, algo cambió en el medio ambiente durante esta época, y es que según un estudio publicado en la revista científica Nature Sustainability, la influencia humana sobre el cambio climático se remonta a la década de 1860. Sin embargo, hizo falta más de un siglo para aprobar un tratado internacional que frenase las emisiones de gases de efecto invernadero, tal y como propugnó el Protocolo de Kioto en 2005.
Desde entonces, la legislación ambiental ha avanzado a pasos agigantados de la mano de la investigación, la cual ha asegurado por activa y por pasiva que, de no actuar con urgencia, la temperatura media mundial seguirá subiendo a niveles excesivos para el clima, la producción de alimentos o la salud de la población, entre otras consecuencias.
En este arduo viaje hacia el equilibrio medioambiental, el Parlamento Europeo ha avanzado un paso más mediante la aprobación del nuevo Reglamento de Reparto del Esfuerzo en marzo de 2023.
El Parlamento Europeo considera imperativo reducir las emisiones hasta un 40% antes de 2030
Con 486 votos a favor, 132 en contra y 10 abstenciones, la revisión del reglamento trae consigo una serie de novedades entre las que se incluye una drástica reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero en todos los países de la Unión Europea. Así pues, en 2030 es imperativo haber reducido entre un 30% y un 40% las emisiones en comparación con los niveles de 2005 y, hasta llegar a dicha fecha, los Estados miembros no podrán superar su asignación anual de emisiones al año vinculadas al transporte por carretera, la calefacción de edificios, la industria de agricultura, las pequeñas instalaciones industriales y la gestión de residuos.
Si bien el cambio afecta a toda la Unión Europea, el reglamento ha estipulado unos objetivos diferentes para cada país en función de dos factores: su Producto Interior Bruto per cápita y la relación coste-eficacia. De este modo, a Estados miembros como Bulgaria o Rumanía se les ha asignado una reducción de emisiones cercana al 10%, mientras que España, Francia o Alemania, se encuentran cercanas al 40%.
Otra de las actualizaciones fijada por el nuevo reglamento es la limitación de las posibilidades de guardar en reserva las emisiones, pedirlas prestadas o comerciar con ellas.
Cada país tendrá un objetivo de reducción de emisiones en función de su PIB per cápita y la relación coste-eficacia
Según la versión previa del Reglamento de Reparto del Esfuerzo adoptada en mayo de 2018, durante los años en los que las emisiones son inferiores al objetivo asignado, los Estados miembros pueden acumular el excedente para usarlo posteriormente. Igualmente, cuando las emisiones superan el límite, era posible pedir prestada una cantidad limitada de asignaciones. Además, los países de la Unión Europea pueden realizar con gran libertad acciones de compra y venta entre ellos. Y si bien este comercio de emisiones plantea ventajas para cada nación en particular –concretamente la rentabilidad de poder adquirir reducciones cuando son más baratas y utilizar los beneficios para invertir en tecnología–, también conlleva un gran riesgo a gran escala: los intereses individuales podían obstaculizar el cumplimiento del objetivo climático general de la Unión Europea.
Por este motivo, el nuevo marco regulador ha fijado un tope en el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero, una decisión que fomenta la transparencia, pues a partir de ahora la información sobre las acciones nacionales de los Estados miembros pasará a ser pública en un formato accesible para cualquier ciudadano, pero también se salvaguardará la flexibilidad para poder seguir invirtiendo en el medio ambiente.
La votación de estas nuevas medidas es solo un anticipo de lo que está por llegar, pero, en palabras de Jessica Polfjärd, diputada y ponente del reglamento, «es un paso de gigante», ya que «las nuevas normas sobre los recortes nacionales de emisiones harán que todos los Estados miembros contribuyan y permitirán colmar las lagunas existentes», lo que sitúa a la Unión Europea en la cima de la agenda climática.
