El clima es, para Europa, la última gran frontera. Al menos, este es el horizonte más cercano que se puede vislumbrar desde Bruselas. La propuesta de la Comisión Europea, aprobada oficialmente el pasado jueves 24 de junio por el propio parlamento, busca convertir los objetivos del Pacto Verde Europeo en fines legalmente vinculantes. Es decir, que la búsqueda de una sociedad climáticamente neutra —no liberar más gases de efecto invernadero de los que se pueden absorber— en 2050 es, hoy, un compromiso que se debe cumplir a ojos de la ley, dejando atrás la voluntariedad que habitualmente definía este tipo de acciones. Es lo que ya se conoce como Ley Europea del Clima, en la cual han llegado a participar incluso los propios ciudadanos (con hasta casi 1.000 contribuciones particulares).
La Ley Europea del Clima marca un nuevo hito con la nueva obligatoriedad de los límites y objetivos asentados en el Pacto Verde Europeo
«Celebro con gran satisfacción la conclusión de esta última fase de la adopción de la primera ley climática de la UE, que establece en la legislación el objetivo de neutralidad climática para 2050», expresaba la pasada semana João Pedro Matos Fernandes, ministro portugués de Medio Ambiente y Acción por el Clima. Para el continente es una conquista que marca un antes y un después en una batalla que ya se antoja dura: en menos de nueve años, la Unión Europea debe reducir las emisiones netas de gases de efecto invernadero en al menos un 55% respecto a los niveles de 1990. A todo ello se suma, además, un objetivo intermedio fechado para 2040 y, si bien aún sus cifras y metas están pendientes de hacer públicas, tal parada en el camino parece concebirse como una etapa de transición (así como, un termómetro de la situación) hacia la neutralidad que se debe alcanzar en 2050. Es por esta serie gradual de pasos por la que hoy se reconoce, a su vez, la necesidad de aumentar los sumideros de carbono en todo el continente. Así, se prevé promover una legislación más ambiciosa, preparándose ya proposiciones en este campo para el verano de este mismo año.
Según reza la nueva ley, cada cinco años se examinarán los progresos registrados, en consonancia con el balance mundial del Acuerdo de París. De hecho, en una fecha tan cercana como 2023, la Comisión Europea evaluará la coherencia de las medidas nacionales y de la Unión con la meta de cumplir con la trayectoria de la forma más directa y sencilla posible. Cabe recordar que, de hecho, desde enero de este mismo año los Estados miembro de la Unión Europea participan en el programa CORSIA, un plan de compensación de carbono centrado en el recorte de emisiones derivado de la aviación internacional. En julio de este mismo año se prevé que la Comisión proponga revisar con celeridad todos los instrumentos políticos pertinentes para poder cumplir, así, las reducciones adicionales de emisiones para 2030.
En menos de nueve años, la UE debe reducir las emisiones netas de gases de efecto invernadero en al menos un 55% respecto a 1990
Esta nueva legislación, no obstante, tiene un objetivo evidente: garantizar que la transición hacia la neutralidad climática sea irreversible, ofreciendo así, además, una mayor previsión a los inversores y al resto de potenciales agentes económicos. Las ambiciones continentales, por tanto, son inéditas. La ley muestra incluso la existencia de un compromiso a favor no solo de la neutralidad, sino de las emisiones negativas a partir del año 2050. Otras de las disposiciones que prevén ayudar a la consecución de todas estas metas, además de la aplicación de políticas más estrictas, es la creación de un consejo científico consultivo de carácter continental, que proporcionaría asesoramiento científico independiente acerca del cambio climático y sus efectos.
Según resumen desde Europa, esta ley «se focaliza en la efectiva transición alrededor de una sociedad próspera y justa, con una economía moderna, competitiva y eficiente en la gestión de los recursos». No obstante, esto no es algo que pueda lograr el poder ejecutivo europeo de una forma aislada. Es por ello que se prevé una colaboración activa con los sectores de la economía que opten por elaborar hojas de ruta voluntarias indicativas para alcanzar el objetivo de neutralidad climática en menos de tres décadas.
Fran Timmermans, vicepresidente de la Comisión Europea para el Pacto Verde Europeo, ya aseguró hace días que con esta nueva ley el continente «estará liderando el mundo no solo con palabras». Para el político neerlandés, la legislación es un gran paso adelante gracias a la disciplina que proporciona, ya que ahora los límites fijados en la propia legislación, lógicamente, serán obligatorios. Y si bien es consciente de que las metas climáticas promoverán discrepancias políticas, también avisa de que «esto no es el final, no es ni siquiera el principio del fin. Esto es, en el mejor de los casos, el final del principio».
