Detrás de cada coche eléctrico, panel solar o aerogenerador se esconde una creciente dependencia de minerales críticos, cuya extracción plantea desafíos económicos, geopolíticos, sociales y ambientales.
La transición hacia un modelo energético más limpio está impulsando una carrera por los minerales críticos. Los vehículos eléctricos, las energías renovables o el almacenamiento energético dependen de materiales como el litio, el cobalto, el níquel o las tierras raras. Según la Agencia Internacional de la Energía, la demanda de estos minerales podría cuadruplicarse de aquí a 2040 –solo en 2024, la de litio creció cerca de un 30%–.
Alta demanda y pocos países productores
Este crecimiento responde a una electrificación acelerada: cada coche eléctrico requiere hasta seis veces más minerales que uno convencional. La creciente demanda está tensionando la oferta global, dominada por un reducido número de países. El litio, un metal ligero y reactivo esencial por su capacidad para almacenar energía, es clave para las baterías recargables y se concentra principalmente en Australia, Chile y Argentina, donde abundan los salares ricos en este metal. El cobalto, valorado por su resistencia al calor y por su capacidad para mejorar la estabilidad y durabilidad de las baterías, se extrae en más de un 70% en la República Democrática del Congo.
Según la Agencia Internacional de la Energía, la demanda de estos minerales podría cuadruplicarse de aquí a 2040
Asimismo, Indonesia es el principal productor de níquel, un metal utilizado para aumentar la densidad energética de las baterías y también presente en infraestructuras eléctricas por su resistencia a la corrosión. A ello se suman las tierras raras –un grupo de 17 elementos químicos con propiedades magnéticas, luminiscentes y electroquímicas– fundamentales para la fabricación de imanes permanentes en aerogeneradores y vehículos eléctricos, cuya producción está dominada por China, con cerca del 85% del total global. Esta alta concentración geográfica plantea riesgos geopolíticos y de suministro, especialmente para Europa, muy dependiente de las importaciones.
Ante este panorama, España aflora como un actor con potencial. El país cuenta con recursos de litio en Extremadura y Galicia, cobre en Andalucía, wolframio en el noroeste –Galicia, Salamanca, Zamora y Asturias– y posibles reservas de tierras raras en Castilla-La Mancha. Además, la Unión Europea ha identificado varios proyectos estratégicos en territorio español dentro de su plan para asegurar el suministro de materias primas críticas. Pero esta posibilidad choca con importantes barreras normativas y sociales.
Barreras ambientales, sociales y regulatorias
La legislación ambiental española y europea exige evaluaciones de impacto rigurosas, lo que alarga los plazos de los proyectos mineros. A ello se suma la oposición de comunidades locales preocupadas por los efectos en el territorio. Este equilibrio entre protección ambiental y autonomía estratégica es uno de los grandes desafíos de la transición.
La legislación ambiental española y europea exige evaluaciones de impacto rigurosas, lo que alarga los plazos de los proyectos mineros
La extracción de estos minerales no está exenta de impactos. La minería puede provocar contaminación de aguas, degradación del suelo y un elevado consumo de recursos, especialmente en el caso del litio. Además, en algunos países productores persisten problemas sociales como condiciones laborales precarias o conflictos con comunidades locales.
Para poder abordar estos retos, la Unión Europea ha puesto en marcha la Ley de Materias Primas Críticas, que fija objetivos como extraer el 10% de estos minerales en Europa, procesar el 40% y cubrir el 25% de la demanda a través del reciclaje antes de 2030. Esta apuesta pasa por combinar seguridad de suministro con estándares ambientales elevados.
La transición energética es imprescindible, aunque implica contradicciones. Más allá de cambiar las fuentes de energía, la clave será gestionar de manera responsable los recursos que la hacen posible.
