La violencia obstétrica es una realidad invisible para muchos sistemas sanitarios pese a que mujeres de todo el mundo reportan continuamente malos tratos, intervenciones innecesarias y la negación de sus derechos durante el embarazo, parto y posparto.
En 2007, Venezuela se convirtió en el primer país en introducir el término violencia obstétrica en su legislación, definiéndolo como «la apropiación del cuerpo y procesos reproductivos de las mujeres por personal de salud, que se expresa en un trato deshumanizador, en un abuso de medicalización y patologización de los procesos naturales, trayendo consigo pérdida de autonomía y capacidad de decidir libremente sobre sus cuerpos y su sexualidad, impactando negativamente en la calidad de vida de las mujeres». Después le siguieron algunos países de América Latina. A nivel internacional no hay una definición consensuada, aunque en 2014 la OMS señaló que «en todo el mundo, muchas mujeres sufren un trato irrespetuoso y ofensivo durante el parto en centros de salud, que no solo viola los derechos de las mujeres a una atención respetuosa, sino que también amenaza sus derechos a la vida, la salud, la integridad física y la no discriminación».
Más allá de las definiciones, la violencia obstétrica se materializa en algunas técnicas normalizadas que, en muchas ocasiones, no son identificadas como violentas. Según el Observatorio de Violencia Obstétrica, estas conductas incluirían prácticas rutinarias no basadas en evidencia, como la restricción de movimientos, la ingesta de líquidos, o el uso de la posición horizontal durante el parto, así como el intervencionismo innecesario (fórceps didácticos, maniobra de Kristeller, episiotomías y cesáreas no justificadas), entre otras. Además, la violencia obstétrica también implica no respetar la fisiología del parto, no atender las necesidades básicas de las mujeres y de sus hijos o hijas (como el acompañamiento familiar), la atención integral al dolor, la no incorporación de prácticas beneficiosas orientadas a la humanización del parto o no respetar el protagonismo y la autonomía de las mujeres.
Como también han denunciado diversas expertas y organizaciones feministas como El Parto es Nuestro, muchas de estas prácticas están relacionadas con estereotipos de género muy arraigados en nuestra sociedad. Estos se materializan en un trato denigrante hacia las mujeres embarazadas, consideradas como sujetos pasivos, y, en muchas ocasiones, en la omisión de sus planes de parto y nacimiento.
Nombrar las violencias estructurales para transformar la realidad
En todo el mundo, mujeres con experiencias similares se han ido organizando para buscar reparación en un sistema en el que se han sentido invisibles o vulnerables —tal y como recoge el proyecto de la artista visual Silvia Marte—. La similitud de sus relatos demuestra que lo que han vivido no es causa de una mala praxis puntual, sino de un problema estructural al que hay que hacer frente.
Sin embargo, la violencia obstétrica aún no está reconocida en la legislación de ningún Estado miembro de la UE, según un estudio presentado en 2024, que evaluó el nivel de conciencia y el tratamiento jurídico del tema en los 27 Estados miembros. Las lagunas jurídicas detectadas en esta materia obligan a las mujeres que solicitan reparación a basarse en instrumentos jurídicos preexistentes, como derechos de los pacientes o las normas mínimas de asistencia sanitaria, que pocas veces incluyen de forma explícita los tratamientos obstétricos y ginecológicos. Además, este informe también señala la dificultad que tienen muchas mujeres que han experimentado violencia obstétrica para poder denominarla y comprenderla como tal, ya que aún hay un desconocimiento generalizado.
Este estudio sitúa la violencia obstétrica como convergencia de dos problemas estructurales: la violencia de género y la falta de recursos de los sistemas e instituciones sanitarias, y ofrece algunos datos de diferentes países. Por ejemplo, en Polonia, un estudio reveló que el 71,8% de las actividades realizadas durante las exploraciones ginecológicas eran bruscas, y el 14,6% recuerda una exploración ginecológica en urgencias como extremadamente dolorosa y desagradable. En España, un estudio que contó con una muestra de 17.541 mujeres mostró que el 45,9% de las mujeres entrevistadas no fueron informadas sobre los procedimientos a los que iban a someterse, ni se les solicitó expresamente que dieran su consentimiento informado. De ellas, el 74% señaló a profesionales de ginecología como responsables de no haberles informado ni haberles solicitado su consentimiento.
Además, un estudio publicado en Woman and Birth en el que participaron 899 mujeres, muestra que el 67,4% de las mujeres en España ha experimentado violencia obstétrica en al menos una de sus formas: el 54,5% reportó violencia física; el 25,1%, violencia verbal; y el 36,7%, psicoafectiva.
A pesar de todo, el término violencia obstétrica sigue creando confrontación y siendo rechazado por diferentes colectivos profesionales en España. De hecho, no fue incluido en la reforma de la Ley de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, aunque sí se incluyó el término «parto respetado» y se definieron las «intervenciones ginecológicas y obstétricas adecuadas» y «la violencia contra las mujeres en el ámbito reproductivo».
¿Por qué genera rechazo este término? «No es un término bien recibido por parte de la comunidad médica (…), de alguna manera, se contrapone a nuestra vocación», explica Mina Comas, jefa de servicio de obstetricia del Hospital Germans Trias i Pujol, en un documental que celebra los 20 años de El Parto es Nuestro. «Creo que, más allá del término, debemos ser capaces de entender cuál es la realidad, qué expresa ese término y, nos guste o no, aceptar que existe. Como profesionales directamente implicados, debemos tomar parte proactiva, positiva, propositiva, en lugar de quedarnos en la fachada de rechazo del término», concluye Comas.
