En 64 países las relaciones entre personas del mismo sexo siguen siendo ilegales y en siete de ellos incluso pueden castigarse con la pena de muerte. Mientras algunas naciones avanzan hacia la igualdad, otras retroceden, endureciendo sus leyes y provocando un aumento de los discursos de odio.
Millones de personas celebran cada mes de junio en todo el mundo el Mes del Orgullo para visibilizar al coletivo LGTBIQ+, reclamar sus derechos y celebrar la diversidad. Sin embargo, la realidad global sigue marcada por una profunda desigualdad. Según el último informe de la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex, ILGA World, en 64 países las relaciones entre personas del mismo sexo son delito, y en siete de ellos la ley contempla incluso la pena de muerte. La mayoría de estas normativas represivas se concentran en Oriente Medio, África y Asia, donde las estructuras sociales y políticas mantienen fuertes resistencias a la diversidad sexual y de género.
En algunos casos, estas políticas han alcanzado extremos alarmantes, como es el caso de Uganda, donde se aprobó en 2023 una ley que criminaliza el «intento» de mantener relaciones homosexuales y que prevé cadena perpetua o ejecución en casos considerados como «homosexualidad agravada». La legislación también castiga con multas y cárcel a quienes promuevan o defiendan los derechos del colectivo. Otros países africanos como Malí o Ghana han endurecido los últimos años sus códigos penales contra la homosexualidad. Por su parte, en el caso de Trinidad y Tobago, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha manifestado su preocupación ante la decisión de la Corte de Apelaciones del país de volver a criminalizar las relaciones sexuales consentidas entre adultos del mismo sexo.
Uganda aprobó en 2023 una de las leyes más duras del mundo contra la homosexualidad, con prisión perpetua o pena de muerte
La represión legal se suma a la violencia en las calles y la comunidad trans en particular afronta una doble discriminación. Según el informe de Transgender Europe (TGEU), desde 2008, se han documentado más de 5.000 asesinatos de personas trans en el mundo, de los cuales 350 ocurrieron entre 2023 y 2024. América Latina y el Caribe concentran la mayor parte de estos crímenes, con Brasil a la cabeza, representando el 31% de los casos registrados en 2023. La mayoría de las víctimas son mujeres trans en situación de exclusión social y muchas de ellas, trabajadoras sexuales.
La hostilidad también se manifiesta a través de leyes que buscan borrar la presencia LGTBIQ+ del espacio público. Como el caso de Rusia y la conocida «ley contra la propaganda homosexual», que prohíbe cualquier representación positiva o neutral de estas personas en medios, escuelas o redes sociales, restringiendo la libertad de expresión. En Europa, países como Hungría y Polonia han impuesto restricciones alegando la defensa de «valores tradicionales», recortando derechos y generando un clima de intolerancia.
En España, los delitos de odio contra el colectivo LGTBIQ+ se han duplicado en un año y una de cada cuatro personas sufre discriminación
Estos retrocesos no solo afectan directamente al colectivo, sino que legitiman los discursos de odio. España cuenta con un marco legal avanzado en materia de derechos LGTBIQ+ y, aun así, los delitos de odio aumentan cada año. Así lo indica el informe Estado del Odio LGTBI+ 2025 que ha presentado este año la Federación Estatal LGTBI+ señalando que una de cada cuatro personas del colectivo sufre discriminación en España, así como el incremento del número de agresiones, que se han duplicado en un año. Este informe también muestra que «las personas LGTBIQ+ que viven en entornos no urbanos y en pequeños municipios tienen un menor acceso a recursos e información y, por ello, más riesgo y mayor desprotección».
Frente a este panorama, la visibilidad y la celebración del Orgullo siguen siendo herramientas poderosas de denuncia y afirmación. Pero también es necesario mirar más allá del mes de junio: los derechos LGTBIQ+ son una cuestión de diversidad, justicia social y derechos humanos fundamentales.
