Tras años en un segundo plano, la lucha contra el cambio climático ha pasado a ocupar, por fin, el centro del debate público. Décadas después de que comenzaran las alertas por parte de la comunidad científica y los colectivos ecologistas, la mayor parte de los gobiernos del mundo han entendido la urgencia del problema y la necesidad de colocar la protección del planeta como un eje esencial de la política nacional e internacional. Hasta ahora, la degradación de la Tierra, una situación provocada principalmente por la sobreactividad humana, siempre ha sido enfocada desde una perspectiva medioambiental o productiva, como un problema que perjudica principalmente al mundo natural y al sistema bajo el que se rige la sociedad actual. Se obvia el hecho de que los principales perjudicados están siendo las personas y, en concreto, aquellas con menos recursos o en situación de exclusión.
El cambio climático amenaza el disfrute de aspectos como la vida, el agua, el saneamiento, el acceso a alimentos, la salud, la vivienda o el propio desarrollo
Prueba de ello es el ascendente nivel de preocupación que este tema suscita entre la población, dado el impacto que esta percibe en su día a día. Según una encuesta realizada por el Eurobarómetro, casi ocho de cada diez europeos (78%) considera el cambio climático como un problema muy grave. Y es que el constante deterioro del planeta amenaza seriamente el disfrute efectivo de aspectos como la vida, el agua, el saneamiento, el acceso a alimentos, la salud, la vivienda o el propio desarrollo. Aspectos, todos ellos, que comparten un mismo denominador: son derechos humanos. Por este motivo, desde las instituciones internacionales se está instando a los gobiernos a tomar medidas urgentes contra el cambio climático desde un punto de vista de protección a los colectivos sociales más vulnerables. «Los Estados tienen la obligación de defender los derechos humanos para prevenir los efectos adversos predecibles del cambio climático y garantizar que aquellos a los que afecte, sobre todo los que estén en una situación de vulnerabilidad, tengan acceso inmediato a recursos y medidas de adaptación efectivos que les permitan vivir dignamente», se puede leer en un informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH).
«Es necesario que los Estados tomen medidas ambiciosas de adaptación y mitigación que sean inclusivas y respetuosas con las comunidades a las que afecte el cambio climático»
Con ello, desde el corazón de la ONU se abre un nuevo frente desde el que presionar a los gobiernos a tomar medidas efectivas y de calado contra el calentamiento global y los efectos adversos que ello genera. En este sentido, la realidad de la demanda queda reflejada en multitud de ejemplos, desde las prolongadas sequías en el África subsahariana, que han dejado sin agua potable a multitud de comunidades, hasta las devastadoras tormentas tropicales en el sudeste asiático que se han llevado casas y comercios, pasando por los incendios y las olas de calor en el hemisferio norte. Todos estos fenómenos afectan directamente a las personas y, más concretamente, a aquellas que menor acceso tienen a recursos que les permitan adaptarse a la situación actual. Un crecimiento de la desigualdad que tienen nombres y rostros y, como no puede ser de otra manera, reclama soluciones inmediatas. «Es necesario que los Estados tomen medidas ambiciosas de adaptación y mitigación que sean inclusivas y respetuosas con las comunidades a las que afecte el cambio climático», insisten desde la ACNUDH, desde donde se trabaja para potenciar aspectos como la inclusión de la sociedad civil en los procesos de tomas de decisiones medioambientales, la facilitación de mecanismos de derechos humanos para abordar los problemas medioambientales o la investigación y promoción para abordar vulneraciones de los derechos humanos causadas por la degradación del medio ambiente, en particular hacia grupos en situaciones de vulnerabilidad.
Si algo ha quedado demostrado a lo largo de los años es que el cambio climático es un problema de todos que tiene un impacto especial entre aquellos con menos recursos. Un foco de desigualdad que, al margen del daño que supone para el medio ambiente, también puede conllevar un desgaste de las sociedades y los derechos conquistados. Evitarlo es algo que está en nuestra mano.
