Informar sobre el deterioro ambiental y los intereses que lo alimentan se ha convertido en un acto de valentía. Un 70 % de los periodistas ambientales ha sufrido agresiones por su trabajo, según datos de la UNESCO. Estos reporteros encarnan hoy una lucha silenciosa por la verdad en un entorno cada vez más hostil.
Ser periodista ambiental hoy significa, en muchos casos, ser una amenaza para muchos intereses económicos y de poder. La labor de exponer los daños ambientales y a quienes los perpetúan se ha convertido en un acto de resistencia, especialmente en zonas con conflictos de interés en materia de medio ambiente. En regiones de América Latina, el Sudeste Asiático y África, informar sobre la destrucción de los ecosistemas y los abusos de recursos naturales ha puesto a estos reporteros en el punto de mira de aquellos que tienen mucho que ganar y poco que perder con la explotación del entorno. Según datos de Global Witness, Brasil, México, Filipinas y Colombia destacan entre los países donde se denuncia un mayor número de amenazas y agresiones a activistas y periodistas ambientales.
La minería, la deforestación y las prácticas de agricultura intensiva son algunas de las principales causas de conflicto en estas zonas. Empresas multinacionales y sectores económicos poderosos, apoyados en ocasiones por los propios gobiernos, intentan acallar las investigaciones periodísticas a través de intimidaciones y acoso. Un informe de la UNESCO señala que, entre 2009 y 2023, al menos 204 periodistas y medios de comunicación especializados han sido objeto de acciones legales. Actores estatales han presentado denuncias penales contra 93 periodistas, y 39 de ellos han terminado en prisión, sobre todo en Asia y el Pacífico.
Que la defensa de la preservación del medio ambiente es incómoda para el poder quedó patente con el caso de Dian Fossey, zoóloga y conservacionista estadounidense, conocida principalmente por su trabajo con los gorilas de montaña en Ruanda. Su oposición a los cazadores furtivos y hacia la explotación abusiva de los recursos naturales la pusieron en la diana y fue asesinada el 26 de diciembre de 1985 en su cabaña en Karisoke, Ruanda.
Algunos gobiernos y empresas están en el punto de mira por intimidaciones y censura contra reporteros ambientales
Es también desgraciadamente paradigmático el caso de Berta Cáceres, la reconocida activista ambiental y defensora de los derechos humanos en Honduras, que fue asesinada el 2 de marzo de 2016. Cáceres era una líder indígena de la etnia lenca y cofundadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH). Su trabajo se centraba en la protección del medio ambiente y la defensa de los territorios indígenas frente a proyectos de explotación de recursos, como represas hidroeléctricas y minas, que amenazaban la vida y cultura de las comunidades locales.
Aún sin esclarecer sigue la muerte de Abisaí Pérez, estudiante de la Universidad Autónoma de Ciudad de México que realizó diversas denuncias en torno a las inundaciones en la Ciudad de Tula. El año pasado fue encontrado sin vida y su familia sigue clamando justicia.
Los cargos por difamación también son comunes, con 63 casos documentados principalmente en Europa y América del Norte, en los que las demandas buscan desacreditar y silenciar a estos periodistas. La criminalización, las demandas y el acoso judicial son estrategias recurrentes para frenar la cobertura sobre temas ambientales. Las campañas de desprestigio y la desinformación buscan deslegitimar las informaciones y presentar a los reporteros como adversarios del desarrollo económico.
Los ataques a periodistas ambientales revelan los altos riesgos de informar sobre temas ecológicos
Carolina Amaya, periodista ambiental salvadoreña denuncia tácticas intimidatorias contra ella y contra su familia. Desde su exilio voluntario en México, la periodista asegura que el acoso ha sido permanente desde que comenzó a investigar la situación opaca del lago de Coatepeque, un ecosistema que ha sido objeto de permisos de construcción opacos,
«El 28 de febrero de 2023, publicamos una investigación sobre la construcción ilegal en Coatepeque y esa misma noche, mi papá fue detenido bajo el régimen de excepción», denuncia Amaya.
El rol crucial del periodismo ambiental
A pesar de estos desafíos, el periodismo ambiental es esencial para que la sociedad comprenda la gravedad de la crisis climática y las prácticas que contribuyen a ella. Sin estas voces, el público perdería acceso a información vital sobre temas como la pérdida de biodiversidad, los abusos empresariales, el cambio climático y la contaminación.
Fortalecer la seguridad de los periodistas ambientales es una prioridad urgente para cualquier sociedad que aspire a la transparencia y la sostenibilidad. Proteger su labor implica implementar leyes que sancionen a quienes los atacan, promover políticas que defiendan la libertad de prensa y reconocer su trabajo como un pilar en la defensa del medio ambiente.
