Eliminar el desperdicio alimentario

Las cifras de desperdicio alimentario alcanzan unas cotas alarmantes. Solo en los hogares españoles se tiran anualmente a la basura 1.364 millones de kilos/litros de alimentos, según los datos del último ‘Panel para la cuantificación del desperdicio alimentario en los hogares’, del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Esto implica que se desperdician hasta 31 kilos/litros de alimentos por persona al año. La magnitud de estos datos hace necesario que se reconsidere la manera en la que nos alimentamos, pero también de cómo producimos, transportamos,  aprovechamos y tratamos los alimentos en las distintas fases de la cadena. De esta forma lograremos convertir un proceso hasta ahora lineal en uno circular con menor impacto en el entorno y en la sociedad.

Los hogares españoles  tiran a la basura 1.364 millones de kilos de alimentos al año

Para hacer frente a este reto, se ha aprobado el anteproyecto de Ley de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario. Un texto que pretende introducir cambios que sean clave en la industria y que engloben a todos los actores implicados. Tal y como se indica desde Moncloa la nueva normativa, que es la primera de estas características que se promueve en nuestro país, permitirá poner a España al mismo nivel que otros países europeos que ya cuentan con este tipo de legislación como Francia o Italia, dos de los precursores en esta materia.

Prevención y reaprovechamiento

La nueva ley tiene un enfoque altamente preventivo: todos los agentes de la cadena alimentaria deberán contar con un plan de prevención contra el desperdicio. De esta forma se pretende reducir las principales causas del despilfarro como son “errores en la planificación y calendario de cosecha, empleo de prácticas de producción y manipulación inadecuadas, deficiencia en las condiciones de almacenamiento, malas técnicas de venta al por menor y prácticas de los proveedores de servicios”, según señalan desde el Gobierno.

Otra de las novedades importantes es la jerarquía de prioridades que establece qué hacer con esos alimentos sujetos a convertirse en basura. La primera prioridad será la alimentación humana, ya sea a través de donaciones a ONG o a bancos de alimentos, para lo que deberán suscribir convenios de colaboración. A continuación, encontramos la transformación de alimentos en otros nuevos de mayor preservación (como mermeladas o zumos). Y solo en el caso de que no sean aptos para el consumo humano su uso se destinará como alimento animal, o para su transformación en compost o biogás.

Aproximadamente el 14% de los alimentos producidos a nivel mundial se pierde entre la producción y la fase anterior a la venta minorista

Por otro lado, los establecimientos hosteleros y otros servicios alimentarios estarán en la obligación de anunciar a sus clientes, preferiblemente en la carta o menú, la posibilidad de llevarse aquello que no se ha consumido y contar con recipientes adecuados para su transporte. Con ello, se busca involucrar y concienciar también a los consumidores.

Alineamiento con los ODS

Esta ley entra en sintonía con las intenciones legislativas y normativas a nivel global. La hoja de ruta común que comprenden los Objetivos de Desarrollo Sostenible ya contempla esta problemática, específicamente en el Objetivo 12: Producción y consumo responsables, a través de la meta 12.3, que trata de reducir la mitad del desperdicio de alimentos per cápita mundial, tanto a nivel del consumidor como en las cadenas de producción y suministro, sin olvidarse de las pérdidas producidas durante las cosechas. Y es que, como evalúan los indicadores de este ODS, un porcentaje elevado de alimentos se pierde antes de que llegue al consumidor: tal y como indica la FAO, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, se calcula que en torno al 14 % de los alimentos producidos a nivel mundial se pierde entre la producción y la fase anterior a la venta minorista. 

Además, una mejor gestión de nuestras cadenas de alimentación supone un impacto ambiental de grandes dimensiones que es necesario para afrontar la transición ecológica a nivel mundial.  Según el último informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) la totalidad de la industria alimentaria aporta entre el 25 y el 30% de los gases de efecto invernadero.

Es por ello por lo que la creación de marcos normativos como este se torna tan necesario en la coyuntura actual. Un cambio en los modelos de alimentación actuales, especialmente los occidentales, que se centren más en una alimentación de temporada, ecológica y de cercanía, inmersa en dinámicas circulares, es un factor clave en el cambio global que queremos alcanzar.