Autor: Santiago Alfonso Fernandez

Eliminar el desperdicio alimentario

Publicado por Santiago Alfonso Fernández
17 noviembre, 2021

Las cifras de desperdicio alimentario alcanzan unas cotas alarmantes. Solo en los hogares españoles se tiran anualmente a la basura 1.364 millones de kilos/litros de alimentos, según los datos del último ‘Panel para la cuantificación del desperdicio alimentario en los hogares’, del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Esto implica que se desperdician hasta 31 kilos/litros de alimentos por persona al año. La magnitud de estos datos hace necesario que se reconsidere la manera en la que nos alimentamos, pero también de cómo producimos, transportamos,  aprovechamos y tratamos los alimentos en las distintas fases de la cadena. De esta forma lograremos convertir un proceso hasta ahora lineal en uno circular con menor impacto en el entorno y en la sociedad.

Los hogares españoles  tiran a la basura 1.364 millones de kilos de alimentos al año

Para hacer frente a este reto, se ha aprobado el anteproyecto de Ley de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario. Un texto que pretende introducir cambios que sean clave en la industria y que engloben a todos los actores implicados. Tal y como se indica desde Moncloa la nueva normativa, que es la primera de estas características que se promueve en nuestro país, permitirá poner a España al mismo nivel que otros países europeos que ya cuentan con este tipo de legislación como Francia o Italia, dos de los precursores en esta materia.

Prevención y reaprovechamiento

La nueva ley tiene un enfoque altamente preventivo: todos los agentes de la cadena alimentaria deberán contar con un plan de prevención contra el desperdicio. De esta forma se pretende reducir las principales causas del despilfarro como son “errores en la planificación y calendario de cosecha, empleo de prácticas de producción y manipulación inadecuadas, deficiencia en las condiciones de almacenamiento, malas técnicas de venta al por menor y prácticas de los proveedores de servicios”, según señalan desde el Gobierno.

Otra de las novedades importantes es la jerarquía de prioridades que establece qué hacer con esos alimentos sujetos a convertirse en basura. La primera prioridad será la alimentación humana, ya sea a través de donaciones a ONG o a bancos de alimentos, para lo que deberán suscribir convenios de colaboración. A continuación, encontramos la transformación de alimentos en otros nuevos de mayor preservación (como mermeladas o zumos). Y solo en el caso de que no sean aptos para el consumo humano su uso se destinará como alimento animal, o para su transformación en compost o biogás.

Aproximadamente el 14% de los alimentos producidos a nivel mundial se pierde entre la producción y la fase anterior a la venta minorista

Por otro lado, los establecimientos hosteleros y otros servicios alimentarios estarán en la obligación de anunciar a sus clientes, preferiblemente en la carta o menú, la posibilidad de llevarse aquello que no se ha consumido y contar con recipientes adecuados para su transporte. Con ello, se busca involucrar y concienciar también a los consumidores.

Alineamiento con los ODS

Esta ley entra en sintonía con las intenciones legislativas y normativas a nivel global. La hoja de ruta común que comprenden los Objetivos de Desarrollo Sostenible ya contempla esta problemática, específicamente en el Objetivo 12: Producción y consumo responsables, a través de la meta 12.3, que trata de reducir la mitad del desperdicio de alimentos per cápita mundial, tanto a nivel del consumidor como en las cadenas de producción y suministro, sin olvidarse de las pérdidas producidas durante las cosechas. Y es que, como evalúan los indicadores de este ODS, un porcentaje elevado de alimentos se pierde antes de que llegue al consumidor: tal y como indica la FAO, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, se calcula que en torno al 14 % de los alimentos producidos a nivel mundial se pierde entre la producción y la fase anterior a la venta minorista. 

Además, una mejor gestión de nuestras cadenas de alimentación supone un impacto ambiental de grandes dimensiones que es necesario para afrontar la transición ecológica a nivel mundial.  Según el último informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) la totalidad de la industria alimentaria aporta entre el 25 y el 30% de los gases de efecto invernadero.

Es por ello por lo que la creación de marcos normativos como este se torna tan necesario en la coyuntura actual. Un cambio en los modelos de alimentación actuales, especialmente los occidentales, que se centren más en una alimentación de temporada, ecológica y de cercanía, inmersa en dinámicas circulares, es un factor clave en el cambio global que queremos alcanzar.

El rostro de la pobreza en España, cada vez más joven

Publicado por Santiago Alfonso Fernández
19 octubre, 2021

Lo tenemos como el primero de nuestros Objetivos de Desarrollo Sostenible y, sin embargo, los datos no son muy alentadores. Hablamos del Fin de la Pobreza, una problemática que dependiendo del contexto económico y social de cada país se manifiesta de diferentes formas. En España los datos relativos a pobreza arrojan una imagen desoladora para niños, niñas, adolescentes y adultos jóvenes, los más afectados por la sucesión de crisis, una generación con unos indicadores y tasas de riesgo de pobreza alarmantes.

Son diversos los informes que, incluso con anterioridad a la crisis provocada por la pandemia de la COVID-19, alertan sobre la necesidad de tomar medidas efectivas si no queremos agrandar la brecha generacional que existe actualmente en nuestro país. Uno de ellos es ‘El Mapa de la Pobreza Severa en España. El Paisaje del Abandono’ presentado el pasado mes de septiembre por la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN-ES). Según este documento el factor edad es especialmente determinante: la población menor de 17 años es el grupo más afectado estando un 14,1% en pobreza severa. Le siguen el colectivo menor de 30 años, que alcanza el 11%.

España deberá dedicar 527 millones de euros del Fondo Social Europeo Plus a la lucha contra la pobreza infantil

A pesar de ser España la cuarta economía de la zona euro, los datos sobre pobreza infantil nos sitúan en el tercer puesto dentro de la Unión Europea, por detrás de Rumanía y Bulgaria. Frente a la necesidad de abordar este gran reto surge una oportunidad única tras la puesta en marcha desde Bruselas de la Garantía Infantil Europea, mediante la cual los países con mayores tasas de pobreza infantil de la Unión Europea deberán dedicar al menos el 5% del Fondo Social Europeo Plus a combatirla en el nuevo periodo 2021-2027. Para España esto implica un total de 527 millones de euros, inversión para la que el Ministerio de Derechos Sociales deberá elaborar un Plan de Acción nacional en 2022. Para la redacción de esta hoja de ruta Unicef, junto al Ministerio, presentará a la Comisión Europea un informe sobre la situación inicial que sirva como base para detectar tanto a los colectivos más vulnerables como las medidas e indicadores que deberá abordar la propuesta.

Desempleo y falta de recursos económicos

Con respecto a la población menor de 30 años, las estadísticas arrojan una fotografía de gran desamparo en España: la renta media para quienes aún no han cumplido los 30 es de 10.156 euros al año. En mayo de 2021, la tasa de desempleo de las personas menores de 25 años era del 36,9%, una cifra sólo superada por Grecia. Pero aún hay más, un informe elaborado por el Observatorio Social La Caixa afirma que la riqueza neta media de los millennials es de 3.000 euros, frente a los 63.400 euros de la generación anterior. Así, sólo el 44% de los primeros tienen su vivienda en propiedad, frente al 65% de la generación X. Incluso quienes —a pesar de las altas tasas de paro— consiguen trabajo, deberían dedicar el 92,9% de su salario neto a pagar los 904 euros mensuales que costaba de media alquilar una vivienda en 2020. La consecuencia directa también nos la da el informe del Observatorio, con apenas un 18,6% de las personas entre 16 y 29 años emancipadas.

Apenas un 18,6% de las personas de entre 16 y 29 años están emancipadas

Las causas y consecuencias se entrelazan en un ciclo que se retroalimenta y que está lleno de contradicciones: los condicionantes socioeconómicos de los hogares más pobres engrosan las tasas de abandono escolar, mientras que la generación más preparada de españoles se enfrenta a una de las mayores tasas de paro de la democracia. Es necesario un pacto generacional que reconcilie las posibilidades y oportunidades independientemente de la edad, que apueste por una infancia y una juventud con oportunidades reales, y que dé soluciones a la población más joven.

Las bicicletas no son solo para el verano

Publicado por Santiago Alfonso Fernández
7 septiembre, 2021

La bicicleta es un modo de transporte tradicional (se inventó en el siglo XIX), y es muy común en zonas rurales de España. Un uso que se intensifica especialmente  durante los meses de verano, momento en que este tipo de vehículos inundan los puertos de montaña con deportistas ávidos de adrenalina o  las calles de los pueblos como forma alternativa de transporte. Sin embargo, la bicicleta cada vez gana mayor protagonismo en las apuestas por una movilidad más sostenible en las grandes ciudades, donde el reparto modal actual lo encabeza el vehículo privado y otros medios más contaminantes, menos saludables y más peligrosos.

En 2020 se vendieron en España más de un millón y medio de bicicletas nuevas, un 24,1% más que en el año anterior

Es el caso de España, donde el pasado mes de junio se presentó la hoja de ruta que se seguirá para el fomento de la bicicleta como medio de transporte activo: la Estrategia Estatal por la Bicicleta. Y es que, a pesar de nuestro clima mediterráneo, que favorece el uso de este tipo de vehículo, España se queda a la cola en porcentaje de uso en comparación con los países europeos vecinos. Según los datos del Barómetro de la Bicicleta en España 2019, elaborado por la Dirección General de Tráfico y la Red de Ciudades por la Bicicleta, la media diaria española de uso de la bicicleta es del 3,5%, mientras que, según recoge el último Eurobarómetro, la media diaria europea en 2014 ya se situaba en el 8%.

Pese a ello, los datos de los últimos años en nuestro país son mucho más halagüeños para las dos ruedas: 2020 fue el año en el que —posiblemente como consecuencia de la pandemia— el uso de la bicicleta despegó en España, con más de millón y medio de bicicletas nuevas vendidas (un aumento del 24,1% respecto a 2019). Por ello, ahora es más necesario que nunca apostar por la infraestructura necesaria, por la interconectividad entre diversos medios de transporte y por las subvenciones y ayudas para aquellos que deseen desplazarse sobre sillín.

Con el objetivo de que el transporte activo (aquel que implica un esfuerzo físico) gane terreno al vehículo privado, se ha iniciado una reconfiguración de los modelos de ciudad actuales, apostando por urbes mucho más accesibles y cercanas. De hecho, dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, la movilidad activa aparece como uno de los ejes principales y aúna cerca de 3.000 millones de euros para la creación de zonas de bajas emisiones, iniciativas de movilidad peatonal y la promoción del uso de la bicicleta.

La bicicleta como motor de transformación de las ciudades

Existen tres ejes fundamentales en la construcción de la Estrategia Estatal de la Bicicleta: la seguridad de las personas, que vuelve a las bases de la movilidad; la interdependencia entre la sostenibilidad, social, económica y medioambiental; y la cada día más necesaria conectividad, en sus dos vertientes: la digitalización del sector de la movilidad y la conectividad multimodal del territorio. Para ello, se van a impulsar acciones alrededor de cinco prioridades: avanzar en la movilidad sostenible a través de un cambio modal a la bicicleta; promover la vida saludable mediante la movilidad activa; aprovechar el potencial del cicloturismo; fomentar y proteger el ocio y el deporte en bicicleta; y la coordinación en la acción del Estado en el impulso de la bicicleta.

La bicicleta funciona como mecanismo de transformación de las ciudades, haciéndolas más justas, seguras y limpias

Y es que la bicicleta es un verdadero motor en la transformación de las ciudades, con beneficios que empiezan por la movilidad urbana y pasan la garantía de una mayor autonomía de ciertos sectores de la población, como pueden ser adolescentes y la tercera edad; o la igualdad de género, garantizando una movilidad menos dependiente económicamente y más flexible.

Además, este medio de transporte es una oportunidad excelente para el desarrollo económico y social de ciertos territorios a través de nuevas modalidades de turismo que se mantienen en línea con las pautas marcadas en materia de sostenibilidad. Así, el cicloturismo permite una diversificación y desestacionalización del turismo, a la vez que permitiría dinamizar territorios con un alto valor ecológico y cultural, pero de difícil acceso a través de otras opciones como el coche o la moto.

Este tipo de iniciativas llegan en un momento en el que parece que la ciudadanía está dispuesta a hacer el cambio. Según el informe El Sector de la Bicicleta en Cifras 2019 de la Asociación de Marcas y Bicicletas de España, en 2018 y 2019 el número de bicicletas vendidas representó un importe superior a 3.500 millones de euros.

En definitiva, impulsar el uso de la bicicleta refuerza la noción de la movilidad como un derecho fundamental de los ciudadanos, y como un elemento integrador y de desarrollo social y económico, en línea con otros proyectos como el Plan Europeo de la Bicicleta, publicado en mayo de este mismo año. Son este tipo de políticas, integrales y con una visión holística, las que se hacen necesarias frente a los retos que plantea nuestra época.

¿Una isla artificial contra la subida del nivel del mar?

Publicado por Santiago Alfonso Fernández
23 julio, 2021

El mar se presenta como uno de los principales atractivos turísticos del mundo, dando la costa múltiples oportunidades para las actividades recreativas más variadas. Es un paisaje completamente distinto al conglomerado urbano al que está acostumbrada la mayoría de la población. Especialmente en verano, la costa se convierte en un lugar en el que se busca la tranquilidad, la diversión y la evasión de los problemas cotidianos. Sin embargo, el mar podría ser una de nuestras principales preocupaciones este siglo.

Uno de los efectos más preocupantes de la subida de la temperatura global es la expansión de las masas de agua oceánicas y el deshielo de los casquetes polares, habiendo aumentado el nivel del mar hasta 20 centímetros en algunas zonas desde 1900. Esto afecta principalmente a las playas, costas y poblaciones que viven en asentamientos cerca del mar. Para 2050 podrían ser 300 millones de personas los afectados por esta subida, con apenas un aumento en altura de 20-30 centímetros; y en 2100 podría superar la barrera de los 400 millones y los 100 cm. Aunque consiguiéramos frenar de golpe las emisiones de gases de efecto invernadero, la inercia frente al cambio que muestran los fenómenos climáticos haría que aun así el mar subiera otro medio metro durante este siglo.

600 millones de personas, el 10% de la población mundial, vive en zonas costeras por debajo de los 10 metros sobre el nivel del mar

En total, 600 millones de personas, el 10% de la población mundial, vive en zonas costeras por debajo de los 10 metros sobre el nivel del mar. El país con más población amenazada por este problema antropogénico es China con más de 90 millones de personas afectadas. Y en el caso de España podría tener que reubicar a más de 2 millones de personas. 

Medidas para paliar el impacto de la subida del mar

Ante esta amenaza, el pasado mes de junio Dinamarca anunció la aprobación de un proyecto para construir una isla artificial que albergará a 35.000 personas. No es un recurso turístico o una simple ampliación de fronteras: es una medida que trata de dar solución a los problemas a los que se enfrentará el país debido a la subida del nivel del mar este siglo. El 17% de la población de Dinamarca podría perder sus hogares en los próximos años bajo las aguas y el Gobierno ha decidido comenzar a elaborar una solución antes de que ese momento llegue. 

En España, hasta 2 millones de personas podrían verse afectadas por la subida del nivel del mar

Dinamarca no es el único país que se ha planteado este tipo de solución—otros incluso ya la han llevado a cabo. Kiribati, un archipiélago ubicado en el Pacífico con 100.000 habitantes también planteó en 2011 una solución similar: plataformas flotantes en forma de anillo donde la población esté a salvo ante este fenómeno. Esta podría ser la solución para otras naciones asiáticas y oceánicas como Tonga, la Maldivas o la Isla de Cook. En el caso de Las Maldivas, en un intento también por desarrollarse económicamente, son varias las ocasiones en las que han construido nuevas islas, como Hulhumalé. Esta isla fue inaugurada en 2004 y en 2019 ya estaba habitada por 50.000 personas, aunque se estima que albergue hasta 240.000. Con estos métodos estas regiones tratan de mantener y fomentar el turismo del que viven actualmente, mientras luchan contra el cambio climático, ya que adaptación y desarrollo económico van de la mano. Y es que la subida del nivel del mar provocará grandes pérdidas económicas, que incluso ya se están haciendo notar en algunos sectores: los precios de la vivienda en zonas cuya afectación por la subida es innegable ya ven cómo el precio de sus viviendas se devalúa: es el caso de Florida, en Estados Unidos, con pérdidas de hasta 14.000 millones de dólares.

Iniciativas innovadoras como las islas artificiales no son nuevas, a lo largo de la historia encontramos otros ejemplos como las islas flotantes del Titikaka, donde vive el pueblo de los Uros, en Perú; o la predecesora de México D.F., Tenochtitlan, isla que habitaban 250.000 personas y estaba rodeada de otras islas artificiales. 

En lo concerniente a las islas artificiales contemporáneas, existen proyectos futuros para hacer de ellas un medio ecológicamente equilibrado y con menor impacto ambiental, como el Lylipad de Vicente Callebaut (proyecto diseñado para recibir refugiados climáticos), o el proyecto BioHaven, donde balsas de plástico reciclado podrían ser repobladas y ubicadas en humedales y pantanos. Sin embargo, estas medidas no están exentas de críticas debido al posible impacto ecológico que este tipo de construcciones pueden conllevar por las cantidades de arena que deberían movilizarse para llevarlas a cabo. Por ello, medidas adaptativas como la construcción de estas islas artificiales siempre deben ir acompañadas de un exhaustivo estudio de impacto ambiental para evitar que la solución se convierta en un nuevo problema.

El cooperativismo como respuesta a los ODS

Publicado por Santiago Alfonso Fernández
13 julio, 2021

A la hora de abordar la Agenda 2030 son varios los retos a los que nos enfrentamos como sociedad, entre ellos la correcta consecución de algunas de sus metas en territorios con menos recursos o más aislados, como pueden ser los entornos rurales. Es en estos lugares donde toman vital importancia algunas de las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible como son el comercio justo, la protección del medio ambiente o el reequilibrio entre el medio rural y el urbano.

El pasado 3 de julio se celebraba el Día Internacional de las Cooperativas, una oportunidad idónea para destacar el papel de este tipo de agrupaciones en ámbitos clave como la salud, la agricultura, la producción, el comercio minorista, las finanzas, la protección del medio ambiente o los servicios sociales. La ética tras el movimiento cooperativista, de colaboración y apoyo mutuo, se presenta como fundamental para afrontar estos retos, y estas agrupaciones se revelan como un factor clave en la transformación que estamos llevando a cabo de nuestros modos de producir y consumir. “Las empresas cooperativas logran el desarrollo sostenible para todos”, asegura Naciones Unidas.

En Europa existen en torno a 30.000 empresas cooperativas con casi 9 millones de socios y más de 600.000 trabajadores

Según el Libro Blanco de la Agricultura y el Desarrollo Rural,  en Europa existen en torno a 30.000 empresas cooperativas con casi nueve millones de socios y más de 600.000 trabajadores. Su volumen de negocio alcanza los 210.000 millones de euros, representando más del 60% de la producción, transformación y comercialización agraria. 

El movimiento cooperativo se encarga de que los beneficios sociales, medioambientales y financieros alcancen a aquellos grupos pertenecientes a la base de la pirámide económica, creando oportunidades y fomentando la inclusión financiera. Muchos de los valores sobre los que se asienta el sector desde hace más de un siglo son los mismos que se tratan de reforzar y poner de manifiesto a través de los ODS. La equidad, la participación directa, la defensa de libertades religiosas y políticas, etc., son algunos de estos pilares, que ahora se consideran fundamentales para la transformación de nuestra sociedad a nivel mundial. 

Así, ciertos ODS como el 1 (Fin de la pobreza), el 2 (Hambre cero), el 12 (Producción y consumo responsables) y, en especial, el 17 (Alianzas para lograr los objetivos), encuentran en estas asociaciones y/o empresas una herramienta estratégica desde la cual hacer partícipes a la ciudadanía y a los productores en la consecución de sus metas, a la vez que se tejen redes de cooperación y redistribución del capital. El cooperativismo cuenta con una vinculación directa con 69 de las metas marcadas por los ODS, el 41% del total existentes. De esta forma, la apuesta y fortalecimiento de un sector como el cooperativo se convierte en un aspecto esencial para la transformación sostenible de las agendas mundiales. Así, algunas iniciativas a nivel mundial como AgriCOOPDS, liderada por el Foro Rural Mundial, son un instrumento clave en el desarrollo y consecución de las metas planteadas por los ODS y su correcto impacto sobre los diferentes territorios, teniendo en cuenta que cada uno cuenta con necesidades específicas. 

El cooperativismo cuenta con una vinculación directa con 69 metas de los ODS, 41% del total de metas existentes

El cooperativismo nació en el siglo XIX como respuesta a las necesidades de colaboración entre productores y consumidores para una mejor y más beneficiosa redistribución de la riqueza y los beneficios en general, así como por la lucha conjunta para la obtención de más derechos y justas regulaciones al comercio. A pesar de su longevidad, cada vez está más presente en todos los sectores, y no únicamente en el agrario; por ejemplo, también existen cooperativas de artistas o periodistas. Es indispensable tener en cuenta un movimiento con tanta fuerza, que además plantea un modelo económico distinto al capitalista, donde la acumulación financiera se ve sustituido como primer objetivo por el reparto equitativo entre todos. Esto hace que esté en constante tangencia con otros modelos de economía solidaria, como las economías feministas o los modelos ecológicos. Aun así, su pertinencia se mantiene vigente, y ahora, cuando la colaboración y el refuerzo de las redes de apoyo son más necesarios que nunca, otras formas de entender la economía desde un planteamiento más social y humano son esenciales.

Así será la nueva Ley de Residuos

Publicado por Santiago Alfonso Fernández
14 junio, 2021

A principios de 2020, el Gobierno comenzó a elaborar el borrador de la nueva Ley de Residuos y Suelos Contaminados, y el pasado mes de mayo fue aprobado su anteproyecto. Uno de los principales objetivos de esta ley será impulsar los modelos de economía circular en nuestro país, como recogen las últimas directivas de la Unión Europea, el Paquete de Economía Circular y la directiva de plásticos de un solo uso, siendo además esta ley parte del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia presentado por el Gobierno. 

Una correcta gestión de los residuos, y en especial de los plásticos, es esencial para la transformación que se propone desde Europa. Tanto es así que en su Plan de Acción en materia de economía circular identificó los plásticos como una de las áreas prioritarias de intervención, al considerar que se recicla menos de la cuarta parte del plástico recogido y casi la mitad termina en vertederos.

La Unión Europea estima que se recicla menos de la cuarta parte del plástico recogido y casi la mitad termina en vertederos

La visión que dirige esta nueva ley es la de disminuir la cantidad de escenarios en los que un objeto de consumo se convierte en residuo, fomentando el reciclaje, limitando los productos de un solo uso, o con nuevas “tasas verdes”. 

Todo ello con el fin de armonizar la vida humana contemporánea con los impactos provocados sobre el medio ambiente por los residuos que genera la misma, promoviendo la transición española hacia una economía innovadora y sostenible, que cumpla con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y que convierta a España en un país competente en esta materia a largo plazo.

¿Qué cambiará para los ciudadanos?

Uno de los rasgos definitorios de esta ley es el impacto que tendrá en la relación diaria de los ciudadanos y ciudadanas con los residuos, así como de las empresas y administraciones. Vamos a tener que acostumbrarnos, escaladamente, a una nueva jerarquía de nuestros residuos a la hora de depositarlos en el contenedor; todo ello en colaboración con los Ayuntamientos y otras entidades locales, que serán los encargados de su recogida. Esta actividad generará nuevas tasas, algunas de las cuales serán abonadas por el consumidor. Así, veremos aparecer nuevos contenedores en nuestras ciudades y municipios: los municipios de más de 5.000 habitantes deberán recoger los biorresiduos domésticos a partir de 2022 y a partir de 2024 el resto.

Asimismo, veremos cómo desaparecen poco a poco ciertos productos de nuestras estanterías. Este mismo año, a partir del 3 de julio, quedará prohibida la introducción en el mercado de nuevos productos de un solo uso como bastoncillos de algodón, cubiertos, agitadores de bebidas, tuppers para consumo inmediato o vasos de poliestireno expandido. 

También existen actuaciones contra el despilfarro de alimentos y objetos no perecederos en hogares, empresas y en el sector hostelero. Este último, además, deberá ofrecer al usuario la posibilidad de consumir agua no envasada de manera gratuita siempre que sea posible. Sin embargo, tanto consumidores como empresas dedicadas a la hostelería o la restauración, se verán en la misma obligación de separar el aceite de cocina para su recogida por separado.

Todo lo anterior fomentará la paulatina desaparición de objetos hasta ahora cotidianos. Otros, más que desaparecer, deberán readaptarse con un cambio en su diseño: las tapas y tapones deberán permanecer unidos a la botella; y, atendiendo a los materiales, también se fijarán porcentajes mínimos para la presencia de plástico reciclado en la composición. En el caso de las botellas plásticas, para 2029, el 90% de las botellas producidas deberán ser recogidas separadamente del resto de residuos. 

Los envases de plástico no reciclable tendrán su propio impuesto de 0.45€ por kilogramo fabricado o adquirido

De cara a todos aquellos residuos que sí que se producirán inevitablemente por la acción humana (cada español/a genera aproximadamente 471 kg al año), se fomenta el establecimiento de una “red estatal integrada de instalaciones de eliminación de residuos” de forma que la gestión de los mismos se produzca a la menor distancia posible de su punto de generación.

Además, aparecen dos nuevos impuestos: el primero al vertido y a la incineración, como parte de la nueva visión en la que se apostará firmemente por la prevención de creación de residuos y su reutilización frente a la destrucción contaminante. El segundo es un impuesto que se ha fijado en 0,45€ el kilo para los envases de plástico no reutilizables (vasos, tapas, tapones, tuppers de consumo inmediato…), como una medida más que fomente la reducción de estos materiales en un 50% para 2026 y un 70% para 2030 con respecto a los valores de 2022. Este impuesto recae sobre la fabricación, importación o adquisición de cualquier producto plástico no reutilizable.

No cabe duda de que la relación de nuestro país con los residuos va a verse transformada, como lo irán haciendo muchos otros aspectos de nuestras vidas en el camino hacia una economía circular, más sostenible, en línea con los ODS.

Movilidad sostenible: más allá del vehículo eléctrico

Publicado por Santiago Alfonso Fernández
11 mayo, 2021

Nuestras ciudades serán el escenario de la lucha contra el cambio climático durante las próximas décadas y que triunfemos en nuestros objetivos dependerá en gran medida de cómo nos movamos en ellas. La movilidad urbana es uno de los principales generadores de emisiones de CO2 a la atmósfera. Concretamente produce 35,1 millones de toneladas de CO2, de los que el 75,5% procede de los coches, por lo que su correcta gestión es clave para la actual crisis climática. 

La movilidad urbana es uno de los principales generadores de emisiones de CO2 a la atmósfera

El pasado mes de abril se aprobó en el Senado la que será la primera ley española que busque frenar las causas y mitigar las consecuencias de la crisis climática: la Ley de Cambio Climático y Transición Energética. Este proyecto de ley tiene como uno de sus pilares el fomento de una movilidad sin emisiones, poniendo especial atención en la transición hacia un modelo donde el vehículo privado deje de depender de combustibles fósiles (el transporte supone el 68% del crudo consumido) potenciando el coche eléctrico. Este impulso se materializa en facilidades para la adquisición de este tipo de vehículos y la transformación de nuestro parque móvil mediante incentivos económicos o mayor número de puntos de recarga, entre otras medidas. 

Ahora bien,la movilidad sostenible pasa también por volver a considerar al peatón como actor central del tablero y facilitar modos de transporte no motorizados.Medidas menos llamativas, como peatonalizaciones o creación de nuevas tarifas en el transporte público, terminan por ser el núcleo de los planes que promueven un nuevo tipo de movilidad en la ciudad, como el caso de los Planes de Movilidad Urbana Sostenible que han adoptado diversas ciudades y municipios españoles. Devolver la ciudad al peatón y recuperar itinerarios hasta ahora copados por los vehículos privados es esencial para una correcta articulación urbana: la eliminación de barreras arquitectónicas en las aceras que dificulten o interrumpan el trayecto, la creación de plataformas únicas (acerados al mismo nivel que la carretera), la ampliación de los carriles bici, o una correcta comunicación de posibles cortes o incidentes, a través de medios digitales, son medidas que fomentan el movimiento del peatón y las bicicletas.

Recuperar el ‘derecho a la ciudad’

El derecho a la ciudad defiende la capacidad que cada persona tiene de participar y transformar nuestras ciudades, pero para ello hace falta que podamos movernos por ellas, habitarlas, y participar en sus procesos. La mejor forma de vivir la ciudad es a través de sus espacios públicos. 

El fomento de una mayor equidad social a través del derecho a la ciudad entre todos sus habitantes, independientemente de su lugar de residencia o nivel socioeconómico, encuentra en el transporte público su principal forma de acción. Para el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), un transporte público eficaz es sinónimo de una gestión eficiente y sostenible del sistema de movilidad urbano. Asimismo, permite reducir la congestión de nuestras calles y las emisiones, lo que lo convierte en una alternativa que mejora la calidad de vida en nuestras ciudades y fomenta el desarrollo económico. Por ello, es necesario que se apueste por un transporte público asequible y de calidad, con una correcta articulación de los nodos y recorridos (a través de la creación de intercambiadores en centros estratégicos, creación de carriles bus, unificación de tarifas, etc.). 

Un transporte público eficaz es sinónimo de una gestión eficiente y sostenible del sistema de movilidad urbano

Por otro lado, en los últimos años, las modalidades de movilidad compartida han estado en auge ya que se han presentado como una alternativa flexible y económica. Desde el alquiler de coches compartidos en la ciudad, hasta la planificación de rutas al trabajo de los empleados de una misma compañía. Sin embargo, este tipo de modalidad compartida privada corre el riesgo de verse afectado por el actual escenario de pandemia. Se hace necesario, entonces, una correcta gestión e implementación de medidas sanitarias que permitan dar continuidad a los aspectos positivos que ofrece esta alternativa.

Todas estas medidas, correctamente gestionadas e implementadas, conforman el modelo de la movilidad urbana intermodal, que conjuga el uso de medios de movilidad blanda, es decir, aquellos que no usan un vehículo a motor, con el uso de vehículos de cero emisiones o compartidos. El coche eléctrico es una de las principales medidas que podemos adoptar en un futuro inmediato para reducir las emisiones, pero es necesario contemplar otro tipo de opciones para una visión integrada de la movilidad urbana que nos permita un cambio de modelo para unas ciudades más justas y sanas.