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El día que Europa tomó posición a favor de Ucrania en su conflicto con Rusia, desde Bruselas eran conscientes de que aquella decisión no solo tendría un impacto diplomático, materializado en una ruptura absoluta de las relaciones internacionales con la potencia rusa, sino que también acarrearía cambios sustanciales en el plano económico y social. Meses después de aquella declaración, la Unión Europea en su conjunto ha entrado de lleno en una nueva era, marcada por la desconexión total de la energía rusa, cuyo suministro gasístico conformaba uno de los principales pilares del sistema de producción para el viejo continente.

En los últimos tres años la potencia solar fotovoltaica instalada en el territorio español se ha triplicado

Una vez que esta medida tomó forma, las instituciones europeas comenzaron a trabajar en un plan que permitiera a los países miembros generar alternativas y fijar un nuevo rumbo para las previsiones establecidas. Para ello, la Comisión Europea ha calculado una inversión de 210.000 millones de euros de cara a que los Veintisiete logren la ansiada y necesaria independencia energética. Un objetivo marcado por la firme apuesta por las energías renovables, a las que se destinará un total de 86.000 millones de euros. Entre todas ellas, desde Bruselas se ha depositado una especial confianza en la energía fotovoltaica, llamada a ser «la principal fuente de energía» del continente a partir de 2030. Una previsión para la que será necesario aunar esfuerzos de cara a encontrar implementaciones que garanticen el futuro energético sin comprometer el desarrollo en otros campos. Creatividad e innovación al servicio del futuro.

En el caso de España, nuestro país no solo no es ajeno a este asunto, sino que a lo largo de los últimos años se ha posicionado como uno de los principales focos a la hora de generar energía solar. De hecho, en los últimos tres años la potencia solar fotovoltaica instalada en el territorio español se ha triplicado, según datos de Red Eléctrica, pasando de 4.767 MW a inicios del 2019, a un total de 15.190 MW a finales del 2021. Como es evidente, este aumento de las instalaciones ha provocado un impacto considerable en el mix de generación eléctrico español, que en solo dos años ha pasado del 3,55% de energía solar fotovoltaica en 2019 a un 8,05% de energía solar en 2021. Ante este escenario, y en vista del aumento en inversión para este campo, resulta esencial continuar en esta línea de trabajo y potenciar la generación de energía solar a través de nuevas fórmulas.

La Unión Europea trabaja con la previsión de que la energía fotovoltaica sea «la principal fuente de energía» a partir de 2030

Para ello, Europa puede fijarse en aquellos países donde la obtención de energía fotovoltaica está más y mejor asentada de cara a replicar algunos de los proyectos. Uno de ellos, quizás el más eficaz de todos, es el proyecto de energía solar llevado a cabo en el estado de Gujarat, en el occidente de la India. Allí se han instalado miles de paneles solares sobre los numerosos canales que recorren la zona, uniendo así dos objetivos esenciales y totalmente complementarios: generar energía y evitar la evaporación del agua. El resultado se ha materializado en el ahorro de millones de litros de agua cada año y la creación de 2.200 MW de energía solar. No es el único proyecto que ha logrado combinar eficiencia y creatividad. En 2014, las autoridades de Krommenie, en Países Bajos, necesitadas de espacio para instalar las placas fotovoltaicas que generan la energía, pusieron en marcha un carril bici plagado de estos paneles. Conocida como SolaRoad, esta ciclovía generó aproximadamente 3.000 kWh en su primer semestre, una cifra mucho más alta de lo esperado y que hizo que países como Francia replicaran la iniciativa.

Con el mundo y el orden geopolítico en constante cambio, este tipo de iniciativas son más que necesarias para consolidar el liderazgo y la independencia de la Unión Europea. Una independencia que, dada la situación actual, solo podrá llegar en forma de energía. Es ahí donde las renovables juegan un papel clave.

A pesar de los esfuerzos extremadamente complejos, la actual administración norteamericana parece haber logrado un hito que parecía imposible: establecer las pautas concretas de un plan para lograr que en el año 2050 casi la mitad de la electricidad provenga de energía solar–actualmente es alrededor del 3%–. El logro, en realidad, no solo beneficiará a Estados Unidos sino a toda la humanidad ya que la superpotencia, al fin y al cabo, es aún el segundo mayor emisor de CO2 del planeta, tan solo por detrás de China.

La fecha elegida para la aplicación de este plan no es accidental. Los estadounidenses pretenden alcanzar una economía neutra en carbono –es decir, emitir la misma cantidad de gases de efecto invernadero que sea posible absorber por parte del planeta– para el año 2050. Ambas acciones van en consonancia con el resto de la política climática diseñada por el nuevo gobierno, como el descenso de emisiones en metano –en un 30% por debajo de los niveles de 2020 para el año 2030– o la consecución de una red energética nacional completamente limpia para el año 2035.

 Al menos 30 de los 50 Estados se han fijado un porcentaje mínimo de energía de origen renovable

Una de las últimas órdenes ejecutivas es reveladora en este sentido: la mitad de los coches nuevos vendidos en Estados Unidos en el año 2030 deberán ser eléctricos o de emisiones cero. Estos primeros pasos, si bien parecen ser tímidos, confirman la tendencia surgida tiempo atrás: los millones de toneladas de dióxido de carbono emitidos a la atmósfera por parte del país llevan una dirección evidentemente descendente desde al menos el año 2010. Y es que en los últimos diez años las emisiones de CO2 del país norteamericano se han reducido pasando de 5.571,8 megatoneladas a 4.535,3.

La neutralidad, no obstante, tan solo será un objetivo realizable siempre que se apueste con decisión por las energías renovables, tal como señalan los distintos grupos científicos. En términos macroeconómicos, las metas parecen lo suficientemente claras como para pensar que esta apuesta ya se está perfilando, y es que, según la Casa Blanca, para 2030 se deberían haber reducido en un 50% los niveles de emisión de gases de efecto invernadero con relación a 2005. Algunos agentes sociales van incluso más allá: hasta 13 grandes compañías públicas han enviado una carta a la Casa Blanca apoyando el recorte de emisiones en un 80% por debajo de los niveles de 2005 para el año 2030.

La mitad de los coches nuevos vendidos en Estados Unidos en el año 2030 deberán ser eléctricos o de emisiones cero

La cuestión requiere máxima urgencia: para el año 2100, incluso reduciendo drásticamente las emisiones de gases de efecto invernadero, las muertes relacionadas con el calentamiento global podrían ascender hasta las 26.000 anuales (actualmente son alrededor de 12.000). La inacción, sin embargo, sería fatal: dichas cifra podría ser de 100.000.

Al lado de los costes humanos, por tanto, los costes económicos, aunque elevados, palidecen. La administración norteamericana prevé invertir hasta tres billones y medio de dólares en un plan general de infraestructuras que apoye la transición hacia una energía limpia, las diversas políticas para combatir el cambio climático, la implementación del vehículo eléctrico en la sociedad y la jubilación de los combustibles fósiles. Además, al menos 30 de los 50 Estados ya han establecido un porcentaje mínimo de energía eléctrica de origen renovable.

Las medidas, tomadas en su conjunto, ofrecerían un fuerte impulso para cumplir el límite señalado en el Acuerdo de París; es decir, ayudarían a mantener el aumento de la temperatura alrededor de 1,5ºC en relación con los niveles preindustriales. Estados Unidos, así, pasaría de ser uno de los países más contaminantes del planeta a reducir su huella de carbono a un nivel casi imperceptible. No es casual: todas las inversiones dispuestas para la energía verde conllevan a su vez la creación de múltiples puestos de trabajo y la promoción de una industria y una tecnología modernas y no-contaminantes.

Nadie pone ya en duda que para que la Tierra sea habitable en el futuro es imprescindible transformar nuestro modo de vida actual. Consumimos más recursos de los que la naturaleza genera, y estamos llevando al límite las capacidades del planeta. En esa reconfiguración, que tenemos que abordar desde todos los ámbitos sociales y económicos, juega un papel clave la transición energética, con la que lograríamos eliminar la dependencia actual de los combustibles fósiles y frenar el calentamiento global.

Entre los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU (ODS), el Objetivo 7 apunta directamente a esta transición al establecer como necesario el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna. Un reto que requiere una apuesta firme por el incremento de las energías renovables. Esta transformación, que supone un vuelco para las economías mundiales tradicionalmente arraigadas a las energías fósiles, tendrá un importante impacto no solo en el medio ambiente sino también en el mercado laboral, ayudando a la consecución del Objetivo 8 de los ODS: promover el crecimiento económico inclusivo y sostenible, el empleo y el trabajo decente para todos.

Las previsiones indican que para 2050 se crearán hasta 122 millones de puestos de trabajo relacionados con la energía

Escasos días antes del comienzo de la celebración de la COP26, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) publicó, junto a la Agencia Internacional de Energía Renovable (IRENA), el estudio Energía renovable y empleos: revisión anual 2021. En el documento,ambas organizaciones destacan el enorme potencial de creación de empleo que conllevará una transición energética eficiente. Según sus cálculos, en 2050 existirán 122 millones de puestos de trabajo relacionados con la energía renovable, lo que representa más de un tercio de todos los empleos del sector.

Guy Ryder, director general de la OIT, recordó, durante la presentación del estudio, que "el potencial de las energías renovables para generar trabajo decente es una clara indicación de que no tenemos que elegir entre la sostenibilidad medioambiental y la creación de empleo. Ambas pueden ir de la mano". Si bien es cierto que reducir el uso de combustibles fósiles implicará  la pérdida de puestos de trabajo -el estudio calcula que, hasta 2030, desaparecerán entre seis y siete millones de empleos por el cierre o transformación de las industrias más contaminantes-, la expansión de las energías limpias generará entre 24 y 25 millones de nuevos puestos.

Francesco la Camera, director general de IRENA, insistió en que "la capacidad de las energías renovables para crear puestos de trabajo está fuera de toda duda”. Pero incide en que “los gobiernos deben aumentar su ambición para alcanzar el nivel cero" y no dejar a nadie atrás.

La OIT destaca el gran potencial de España en empleos verdes

En nuestro país, la economía verde emplea a casi medio millón de personas, lo que supone el 2,5% de la fuerza laboral. Además, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, diseñado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, estima que en 2030 esa cifra habrá aumentado hasta 1,5 millones de personas.

Un ejemplo del impacto que puede tener la transición energética en la creación de empleo es el de los parques eólicos, instalaciones que requieren profesionales para su construcción, pero también para la puesta en marcha y mantenimiento de los aerogeneradores. Cabe recalcar que, según el Anuario Eólico 2021 de la Asociación Empresarial Eólica, en España hay en la actualidad 1.265 parques eólicos presentes en 1.037 municipios y 237 centros de fabricación en 16 de las 17 comunidades autónomas. Gracias a ello, más de 30.000 personas trabajan en el sector eólico en España a día de hoy y se estima que en 2030 podría emplear a más de 60.000. Una previsión que abre nuevas oportunidades de desarrollo para las zonas rurales.

Solo el sector eólico podría emplear a más de 60.000 personas en España

Respecto al tipo de perfiles que se demandarán en el mercado de las renovables, el estudio de la OIT y de IRENA, antes citado, hace una reflexión del tipo de profesionales que se requerirán en sectores como el fotovoltaico o el eólico. Según las estimaciones, seis de cada diez empleados tendrán una formación mínima, mientras que el 30% serán titulados universitarios en ciencias, tecnología, ingeniería o matemáticas. El resto serán profesionales administrativos (1,4%) y de otros perfiles universitarios como abogados o expertos en logística, marketing o regulación (5%).

Como indica la propia OIT, debemos acometer cambios en los sistemas de producción actuales a un nivel similar al que se produjo durante la revolución industrial. Solo de esta manera lograremos una economía verde y sostenible que beneficie no sólo al planeta sino también a la empleabilidad de quienes lo habitamos.

La madera puede ser tan fuerte como el acero y guardar en su interior un nuevo futuro para la energía eólica. Así lo ha demostrado la localidad de Björko, a las afueras de Gotemburgo (Suecia), tras construir un aerogenerador de madera de más de 30 metros de altura. Es el primero del país y se ha convertido en un espejo en el que actualmente se miran el resto de economías por tres motivos muy concretos: al ser un material más barato que el acero reduce en gran medida los costes de producción, proporciona un mayor ahorro energético y minimiza drásticamente su impacto medioambiental.

«Una torre de madera puede reducir hasta 2.000 toneladas de emisiones»

Estos nuevos modelos de aerogeneradores, que se suman a otras iniciativas de menor impacto como los aerogeneradores sin aspas, están construidos en madera laminada, un material capaz de adaptarse sin mayores complicaciones a la altura que necesiten las torres. Además, se consideran climáticamente neutros, ya que la madera utilizada para su construcción proviene directamente de árboles que ya han absorbido su parte de dióxido de carbono. «Una torre de madera puede reducir hasta 2.000 toneladas de emisiones», calcula Otto Lundman, presidente de la compañía que ha creado este modelo, Modvon. «Es un avance importante que abre camino a la generación de nuevos aerogeneradores».

Sin embargo, fue Alemania el primer país que apostó por la madera para la producción eólica en 2012, abriendo la veda a nuevas obras de la ingeniería basadas en las materias primas que nos aporta la naturaleza y que siempre nos han acompañado. Es importante tener en cuenta que las turbinas eólicas tienen una vida útil media de 20 a 25 años, así que los primeros aerogeneradores que se instalaron a principios de este siglo pronto nos harán plantearnos cómo desmantelarlos y deshacernos de sus residuos de una forma respetuosa con el medio ambiente.

Volver a lo básico

En la actualidad, el 85% de los materiales que componen los campos eólicos son reciclables pero, según cálculos de la Universidad de Cambridge, en los próximos años se producirán 43 millones de toneladas de materiales eólicos que deberán encontrar un destino. Los materiales más tradicionales se presentan así como el mejor aliado para afrontar la transición energética de la forma más sostenible. 

El 85% de los materiales que componen los campos eólicos son reciclables

Otro buen ejemplo de esta nueva ambición por reducir el impacto medioambiental de las energías renovables a través de materias básicas lo encontramos en la energía solar. Cada panel fotovoltaico produce una huella de 29 gramos de dióxido de carbono por kW, una cifra que debe reducirse de cara a garantizar la eficiencia energética sostenible.

Por eso, varias empresas españolas están desarrollando un proyecto capaz de reducir hasta un 30% la huella de carbono de la industria fotovoltaica, empleando más eficientemente sus recursos e innovando en materiales que abaratan el precio y, además, son más reciclables, como la plata o el indio. Por otro lado, la Universidad de Berkeley (California) ha descubierto que es completamente factible utilizar metales oxidados para fabricar paneles solares, reciclando esos materiales, que, de otra forma, acabarían en la basura y abaratando el coste de producción de energía solar. 

Los sectores de la arquitectura y la construcción  recurren de nuevo y cada vez más a los materiales provenientes de la naturaleza para erigir las viviendas del futuro. Para 2050, el mundo tendrá que dar un techo a más de 9.700 millones de personas, según cálculos de las Naciones Unidas, por lo que garantizar la sostenibilidad de nuestros hogares pasará por hacerlo de la forma más circular posible. 

La proteína de leche, las fibras de celulosa o el mycelium son cada vez más atractivos en la construcción de viviendas sostenibles

Entre los nuevos materiales que se están utilizando para las viviendas encontramos paneles que reemplazan a la madera y están fabricados a partir de desechos de cultivo de trigo, pintura ecológica creada con arcilla y proteína de la leche, mycelium -una especie de hongo- para crear ladrillos resistentes, fibras de celulosa para aislar los hogares de las temperaturas extremas o ceniza volcánica como sustituta del cemento.
Según el informe Innovación y Sostenibilidad en Materiales 2020 de Alimarket, en los últimos cinco años los fabricantes de materiales lanzaron 1.769 nuevas soluciones sostenibles de cara a reducir el impacto medioambiental de nuestra actividad en el planeta. Desde los primeros días de vida de la humanidad, el ser humano siempre ha buscado imitar a la naturaleza y vivir a su imagen y semejanza. A fin de cuentas, nada es tan eficiente y circular como la propia vida del planeta, por lo que vivir de forma sostenible debe basarse en la aplicación de sus materiales más básicos, aquellos que permitan devolverle lo que hemos tomado prestado durante tanto tiempo.

La descarbonización es el término que se refiere al proceso de reducción de emisiones de carbono y es hilo conductor de la transición energética en la que estamos inmersos. En este contexto, una de las iniciativas que surgen con fuerza para agilizar la tan necesaria transición hacia una economía post-carbono es la energía azul. Una fuente que surge del potencial del mar y que permite aprovechar las olas, las mareas y las corrientes marinas para la generación de energía (o, en términos más específicos, generar energía undimotriz, mareomotriz e hidrocinética, respectivamente). 

Las grandes ventajas que ofrece la energía azul no residen solo en el hecho de no emitir carbono a la atmósfera, sino también en su amplia difusión y en la estabilidad y previsibilidad que ofrece. Los océanos cuentan con una extensión de más de 361 millones de kilómetros cuadrados en todo el planeta, lo que hace que este tipo de energía limpia sea accesible para los cinco continentes. Por otro lado, en tanto que depende del mar, su generación no está sujeta a los vaivenes ni de la climatología ni de las estaciones, ni tampoco depende de ninguna franja horaria como sucede con la energía solar. Por otro lado, los cálculos que podemos manejar relativos a los movimientos marítimos (la previsión de sus olas o sus mareas), nos permite realizar una previsión de su generación eléctrica.  En definitiva, la fuerza del mar se está revelando con una tecnología con gran potencial para garantizar un suministro seguro y continuado.

La energía azul podría cifrar su potencia en 2030 con hasta 10 gigavatios

No obstante, esta energía, a diferencia de otras más extendidas y asentadas, es aún joven y emergente y, como tal, su desarrollo aún no es absoluto. Si bien la International Renewable Energy Agency (IRENA) proyecta una capacidad global de 10 gigavatios de energía azul para 2030, la mayor parte de las tecnologías aún se encuentran en fase de prototipo. Sin embargo, las previsiones son prometedoras. Según IRENA, “las tecnologías renovables marinas, aunque todavía no pueden competir en precio con los combustibles fósiles u otras renovables más maduras, serán menos costosas con el tiempo, a medida que su despliegue vaya creando economías de escala”. En la actualidad, existen dieciséis prototipos de extracción energética marina que se dividen en dos tipos de tecnologías: las basadas en la energía de las mareas, como las turbinas de eje horizontal o el cometa submarino; y las relativas a la energía del oleaje, donde se pueden encontrar prototipos como la columna de agua oscilante o el convertidor de olas (bulge wave), entre otros.

Aún a pesar de su facilidad de acceso, debido a la extensión marina, la energía azul se halla hoy principalmente bajo el paraguas occidental, siendo los pioneros en este mercado países como Francia, Reino Unido, Estados Unidos, Australia o incluso España. 

Francia, Reino Unido, Estados Unidos, Australia y España son pioneros en proyectos de energía azul

En nuestro país, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030 es el que marca los pasos hacia la transición energética del país y el camino a seguir en los próximos años. Uno de los objetivos principales del plan es alcanzar el  74% de presencia de energías renovables en el sector eléctrico, con el fin de que en 2050 el sector sea 100% renovable.

En este marco normativo se contempla el desarrollo de las energías del mar. En concreto, prevé medidas y programas específicos destinados a tecnologías en desarrollo con la esperanza de que en un futuro la energía eléctrica que hoy es cada vez más verde, sea también azul.

Para llegar al futuro hay que soltar la mano de los combustibles fósiles. Y no es fácil. A pesar de que el Acuerdo de París pide urgentemente el fin de su uso, todavía se están construyendo nuevas centrales térmicas en numerosos rincones del mundo. China e India, por ejemplo, son los dos países con mayor número de plantas de energía de carbón con las que cuentan para dar respuesta a sus elevados índices de demanda energética. ¿Es posible garantizar la demanda energética reduciendo nuestra dependencia de los combustibles fósiles?

Alcanzar la neutralidad climática pasa por buscar alternativas que transformen el sistema de la forma más justa y rentable para todos. Por suerte, para encontrar algunos ejemplos, no hay que irse muy lejos: Dinamarca acaba de dar luz verde a un innovador proyecto que no solo cambia el paradigma de la distribución energética verde, sino que también genera riqueza: fomenta la creación de empleo, convierte los residuos en agua y renaturaliza el sur de Copenhague. Bienvenidos a Holmene.

Una isla para llegar a la meta: Holmene

Islote, en danés. Ese es su significado. Holmene es -o, mejor dicho, será- un archipiélago de nueve islas artificiales distribuidas en tres millones de metros cuadrados de superficie y 18 kilómetros de costa, que se expandirán por la península de Jutland. El conjunto, fruto de la innovación y la tecnología verde, tendrá la capacidad para reducir la emisión de 70.000 toneladas de CO₂ al año y producir un total de 322.000 MWh de energía verde, la suficiente como para cubrir el consumo del 25% de la población de Copenhague. 

En 2050, Dinamarca prohibirá la extracción de petróleo y gas en el mar

Ideado por el gobierno danés y el municipio de Hidrove, este paisaje costará 425 millones de euros y empezará a construirse en 2022. Estará listo, si todo va bien, en 2040, justo a tiempo para cumplir con la fecha de caducidad que las nuevas políticas verdes danesas han puesto al petróleo en el país: a partir de 2050, quedará prohibida la extracción de petróleo y gas en el mar del Norte.

Holmene también supondrá un importante impulso al futuro de la economía danesa. Las nuevas islas energéticas acogerán la mayor planta de conversión de residuos del norte de Europa, donde se procesarán los bioresiduos y las aguas sanitarias de 1,5 millones habitantes de la región para convertirlas en agua limpia y biogás, contribuyendo así a la economía circular y creando más de 12.000 puestos de trabajo. 

Una de las claves de un sistema más sostenible se encuentra en la intermodalidad de las estructuras. Y eso es algo que el gobierno danés también tiene en cuenta. Holmene apuesta por la protección de la biodiversidad, su equilibrio sano con la vida humana y la adaptación urbana a las alteraciones meteorológicas provocadas por la crisis climática. Así, las nueve islas estarán rodeadas por un cinturón natural que se utilizará para instalaciones deportivas y áreas recreativas y que, con la ayuda de diques, convertirá el archipiélago en un muro de contención frente a posibles inundaciones no previstas.

La ejemplaridad danesa

Dinamarca siempre se ha caracterizado por su ambición en la lucha contra el cambio climático. Para empezar, construyó el primer parque eólico marino del mundo y lanzó 13 asociaciones climáticas con el sector privado. Después, adelantó a la Unión Europea en materia climática al establecer hace dos años una Ley del Clima para reducir sus emisiones en un 70% hasta 2030.

Dinamarca ha establecido el objetivo de reducción emisiones más amplio de la UE: un 70% para 2030

La de Dinamarca fue la meta de reducción más alta anunciada por un país. «Hemos escuchado la llamada de la ciencia. Hemos decidido no apuntar a lo que sabemos que es posible, sino a lo que sabemos que es necesario. Nuestra tarea ahora es hacer posible lo necesario. Queremos que otros países tomen ejemplo de nosotros», señaló el ministro danés de clima, Dan Jorgensen, tras la aprobación de esta legislación, firmada como vinculante para evitar que un posible cambio de partido pueda influir en el camino hacia la neutralidad climática en 2050. 

Tres décadas antes, el gobierno danés ya había asentado las bases hacia la transición energética. Primero, a través de un Comité para la Transformación Verde, para que todas las decisiones políticas importantes tuvieran en cuenta consideraciones climáticas. Más tarde, a través de una serie de acciones integradas bajo el Plan de Adaptación Climática de Copenhague, que incluyen la reestructuración integral del sistema de drenaje, la construcción de jardines y techos verdes para recoger agua de lluvia, o la mejora de los espacios públicos. Homlene es ahora el siguiente gran proyecto, uno que promete transformar por completo -y para siempre- el paisaje y la vida en Dinamarca. Y del que otros países podrán tomar ejemplo.

Este 2020 ha sido un auténtico temporal en alta mar. La ola que más nos ha afectado ha sido, sin duda, la de la pandemia del coronavirus. Pero como toda marea, la de 2020 trae también otras olas preocupantes: la de la recesión económica y la del cambio climático, que ha quedado relegado a un segundo plano debido a la imperante necesidad de enfocarse en la urgencia de la crisis sanitaria. Es importante que recordemos que una crisis nunca viene sola y que ahora la clave está en acelerar el trabajo para poner freno a los efectos de un cambio climático que sigue sobrevolándonos a diario. 

El Consejo Mundial de la Energía no deja de hacer hincapié a través de su informe World Energy Trilemma 2020 -elaborado junto con la consultora Oliver Wyman- en la necesidad de “humanizar la energía” dotando a los avances en sostenibilidad de un enfoque más social que preste atención a una redistribución más justa de los recursos, solucione la brecha de acceso energético entre países y permita evolucionar hacia un escenario más verde a través de una tecnología más asequible. 

España avanza en sostenibilidad e igualdad en el acceso energético, pero debe mejorar en seguridad energética

«Esta pandemia está provocando un gran impacto en el camino hacia la transición energética. Han aparecido nuevas formas de trabajar en ello, así como claros ganadores y perdedores», indica el informe, que analiza además la evolución de 130 países en materia de equidad, seguridad energética y sostenibilidad. En el primer puesto de la clasificación global de este índice se sitúa Suiza. En el último (108), Nigeria. España se encuentra en el puesto número 15 por detrás de 12 países europeos, como Italia, Reino Unido, Francia o Austria. Hemos mejorado en sostenibilidad y en igualdad en el acceso energético, pero aún hay camino por recorrer en seguridad energética. ¿Qué podemos mejorar?

En busca de una menor dependencia

La seguridad energética consiste en garantizar el suministro de energía de manera sostenible medioambiental y económica, a través del abastecimiento exterior y la generación de fuentes autóctonas, en el marco de los compromisos internacionales. En este ámbito, España obtiene una puntuación del 65,7 en respuesta a la caída de la capacidad de almacenamiento, lo que nos lleva a situarnos en el puesto 25. Compartimos cifra con Portugal y Rusia. No obstante, en diez años, hemos mejorado las tres subcategorías: dependencia de importaciones, almacenamiento y diversidad de generación de energía eléctrica. 

Las instituciones públicas son conscientes del reto al que se enfrenta nuestro país en cuanto a la garantía de una distribución energética justa. De hecho, según los datos del Ministerio de Exteriores, el 44,9% de la energía primaria consumida proviene del petróleo; el 22,3% del gas natural y el 11,6% de la energía nuclear. Además, España tiene una importante dependencia en las importaciones puesto que el 70% de la demanda energética se cubre de esta forma.  

El 70% de la demanda energética se cubre con importaciones

El cambio climático es una ficha esencial en este puzzle: el sector energético, como indicaba en 2015 la Estrategia de Seguridad Energética Nacional, es altamente sensible a los efectos producidos por el cambio climático. La disminución de las precipitaciones, el aumento de las temperaturas o el cambio abrupto en el régimen de los vientos puede incidir en la demanda de los recursos y afectar al rendimiento de muchas centrales energéticas. 

El anteproyecto de la Ley de Cambio Climático fija, para 2030, generar el 70% de la electricidad con energías renovables y mejorar la eficiencia energética en al menos un 35%. 

En 2030 el 70% de la electricidad deberá proceder de energías renovables

Sin embargo, quedan más asuntos por resolver: invertir adecuadamente en las infraestructuras, crear más interconexiones energéticas y fomentar una política energética que garantice el funcionamiento del mercado interior de la energía para hacernos menos dependientes del exterior.

La pandemia como escenario sobre le que improvisar

España puede presumir de puntuar muy alto en materia de igualdad de acceso a la energía, un 92,4. En cuanto a la sostenibilidad energética -la capacidad de un país para mitigar los efectos del cambio climático a través de la eficiencia energética y su distribución, la calidad del aire y la descarbonización- el informe destaca que los países con los sistemas energéticos más sostenibles se encuentran en Europa, donde destaca el crecimiento del uso de energías renovables. La preocupación por la sostenibilidad ha llevado a nuestro país a obtener un notable alto (79,8) superando a territorios como Bélgica, Portugal, Irlanda o Los Países Bajos. El Consejo Mundial de Energía lo achaca a la aprobación de la Ley de Cambio Climático y los objetivos de acceso a las energías renovables así como a la descarbonización y los nuevos modelos de negocios. 
En este último año, a pesar de la tormenta, hemos sido capaces de incrementar la producción eléctrica renovable y de reducir las emisiones de dióxido de carbono per cápita. ¿Y qué ocurrirá tras la pandemia del coronavirus? ¿Caminaremos hacia atrás? Ni siquiera el Consejo Mundial de Energía es capaz de predecirlo pero, en esta situación de incertidumbre asegura que «líderes energéticos, instituciones y políticos deben explorar de forma constructiva este escenario sin precedentes explorando la situación para llegar a la línea de meta: una política energética que, combinada con este contexto, garantice la transición ecológica más beneficiosa».

Liberté, egalité, fraternité. Este lema es mundialmente conocido por promover valores sobre los que reside el espíritu de la sociedad francesa. Pero la crisis del coronavirus, sin duda, ha sacudido las entrañas galas y ha puesto a prueba esos tres conceptos básicos de libertad, igualdad y fraternidad. Una segunda ola de COVID-19 podría asestar la estacada definitiva a una economía que lleva más de medio año en recesión’. Con una incidencia de 600 contagios por cada 100.000 habitantes, Francia ha decretado el toque de queda en nueve ciudades, lo que sin duda tendrá un impacto notable sobre la economía, pero a su vez ha anunciado un rescate millonario para impedir el colapso del país.

El ‘plan France Relance’ asciende a 100.000 millones de euros, es decir, un tercio del presupuesto francés

El conocido como France Relance se hace más necesario que nunca. “100.000 millones es la cantidad que nuestra economía necesita para recuperarse”. Con estas palabras, el primer ministro francés, Jean Castex, anunciaba a principios de septiembre el ambicioso plan para recuperar los niveles económicos de antes de la pandemia para 2022. Un plan con el que Francia apuesta fuertemente por esa transición energética en la que Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, lleva tiempo trabajando en el seno de la Unión Europea. 

Competitividad, cohesión social y transición

Dicen que cada crisis puede entenderse en clave de oportunidad y parece que el Ejecutivo galo se ha propuesto utilizar la recién estrenada recesión para acelerar el cumplimiento del Horizonte 2030 en el país. Competitividad, cohesión social y transición son los tres pilares básicos sobre los que descansa France Relance que, como asegura el Gobierno, pretende evitar  los errores de la crisis financiera de 2008. Para ello, este rescate a la francesa se formula como una combinación de gastos y desgravaciones fiscales que pretenden frenar la destrucción de empleo y recuperar el ritmo de crecimiento en apenas dos años, a la vez que se descarboniza la economía para hacerla más verde y sostenible. 

Los 100.000 millones de euros que constituye este nuevo paquete de medidas equivale a un tercio del presupuesto del Estado y se suma a los 470.000 millones movilizados de manera urgente desde el inicio de la crisis para cubrir el paro parcial y los préstamos para empresas. Además, como recuerda el primer ministro francés, supone casi cuatro veces más que el plan de recuperación de 2008. Todo ello hace que este plan se erija como uno de los más ambiciosos de los presentados hasta ahora por los grandes países europeos. El 40% del monto total estará financiado por los fondos europeos aprobados para la recuperación y 40.000 millones se destinarán tan solo a mantener a flote París, motor económico del país. 

France Relance, además, pretende crear 160.000 empleos nuevos para paliar así la oleada de personas que se han quedado sin trabajo como consecuencia del parón económico derivado de los confinamientos.  

Impulso de la transición ecológica y la descarbonización

30.000 millones (casi un tercio del plan) viene anunciado con el distintivo verde

De los miles de millones con los que contará este fondo francés de recuperación, 30.000 millones –lo que equivale a casi un tercio del plan– viene anunciado con el distintivo verde. Así, como demanda la Unión Europea –y, cada vez más, la sociedad–, el dinero se destinará a propulsar la transición energética, especialmente en sectores como el transporte y la movilidad urbana, aunque también servirá para impulsar la renovación energética de edificios, la descarbonización de industrias y empresas y dar el pistoletazo de salida a una transición agroecológica. Pero Francia también apostará por una reconversión hacia las energías renovables, de las que el hidrógeno verde – producido con energías limpias– se llevará 2.000 millones de euros.

El hidrógeno verde será financiado con un total de 2.000 millones

El Gobierno francés también ha anunciado que destinará 35.000 millones de euros para frenar la deslocalización industrial y mejorar la competitividad empresarial. Y habrá un paquete destinado exclusivamente a la cohesión social y territorial, entre cuyas medidas destacan las inyecciones presupuestarias al empleo joven y las inversiones en el sistema hospitalario, que se busca reforzar después del estrés al que ha sido sometido a lo largo de toda la pandemia. Además, Macron y Castex han anunciado que habrá un paquete de 800 millones en ayudas directas a familias y colectivos vulnerables.

Francia se enfrenta, en estos momentos, a la peor caída de su Producto Interior Bruto desde la Segunda Guerra Mundial. Por eso, el Gobierno intenta poner todos los recursos a su alcance para que el PIB no se encoja más allá del 11% previsto y, a la vez, se consiga doblegar la curva de contagios de esta segunda ola que podría llevarse muchas vidas por delante. La salida de la crisis económica y sanitaria parece que será verde o no será. 

Es el momento de la ambición climática europea. La UE se encuentra ante un momento crucial de su historia tras la pandemia, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, no ha dudado en redoblar su apuesta por la agenda verde como mecanismo de salida ante la crisis sanitaria y económica que sacude al mundo. Al menos así lo aseguró el pasado miércoles cuando, durante su primer discurso sobre el Estado de la Nación, anunció un aumento del recorte de las emisiones de “al menos” el 55% (respecto a los niveles de 1990) en vez del 40% actual para 2030.

Se trata, según asegura Von der Leyen, de una meta “ambiciosa pero alcanzable” que, aunque pueda parecer “insuficiente para algunos y excesiva para otros” es más necesaria ahora que nunca. La Comisión lleva meses advirtiendo de que posponer la acción climática no era una opción. “Para hacer frente a la crisis de la COVID-19 necesitamos políticas macroeconómicas expansivas, y el Green Deal ofrecerá un doble beneficio: la inversión necesaria para la transición es del mismo calibre que la necesaria para la recuperación. Así que, ¿por qué escoger una cuando podemos tener las dos?”, explicaba hace apenas unas semanas, el vicepresidente de la Comisión y encargado de la agenda verde, Frans Timmermans.

Así, la propuesta de aumento de la ambición climática, que deberá ser sometida a votación en el Parlamento Europeo en octubre, pretende garantizar que se alcance el objetivo de convertir a Europa en el primer continente climáticamente neutro y el del Acuerdo de París de limitar el aumento de la temperatura planetaria en 1,5ºC.

Para llevar a cabo esta hazaña, la Comisión cuenta con el Fondo para la Recuperación de Europa de 750.000 millones, de los cuales, un 37% se gastará directamente en el Green Deal. Además, se fijará un objetivo para que el 30% de los fondos del plan de recuperación, financiado a través de la emisión de deuda, sea “a través de bonos verdes”.

La apuesta por la digitalización

“Esta tiene que ser la década digital de Europa”, explicaba la alemana. Pero para eso, aseguraba, se deben dejar claros los principios de privacidad, conectividad, libertad de expresión, libre circulación de datos y ciberseguridad. En esta línea, las actuaciones de la UE se articularán en torno a diferentes ejes que incluyen la creación de una nube informática europea y una identidad electrónica europea segura, la apuesta por la conectividad en cada población y una inversión de 8 mil millones de euros en superordenadores y otra inversión para la expansión del 5G, el 6G y la fibra.

Un refuerzo del sistema sanitario

Si bien la Unión Europea está todavía en proceso de recuperación, también quiere estar preparada para futuras pandemias. Por eso, durante el discurso sobre el Estado de la Unión se anunció la creación de una agencia europea de investigación y desarrollo biomédicos avanzados, así como la construcción de una Unión Europea de la Salud más fuerte, con el refuerzo del programa EU4Health, de la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) y el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC).

Plan para la migración

Desde 2015 Europa busca cómo gestionar la crisis migratoria. Ahora, apenas dos semanas después del incendio del campo de refugiados de Moria (Grecia), Von der Leyen ha anunciado un plan sobre migración y asilo que la Comisión presentará este miércoles 23 de septiembre y que, según asegura, incluirá un “enfoque humano”. Asimismo, la presidenta ha subrayado la necesidad de solidaridad con los países en primera línea de llegadas.