Autor: Ana Zarzalejos

¿En qué consiste la pobreza menstrual?

La menstruación puede ser un lujo para millones de mujeres en todo el mundo, un fenómeno con graves consecuencias para su salud, educación y participación social.


La menstruación acompaña a las mujeres durante 38 años de su vida, según el Banco Mundial. En ese periodo, en promedio, cada una consumirá más de 10.000 productos relacionados con su menstruación. Esto es, claro, si puede conseguirlos. Porque, según la organización, más de 500 millones de mujeres en todo el mundo no pueden acceder de forma adecuada a compresas, tampones, ropa interior, analgésicos o agua limpia para su higiene diaria.

Cuando el acceso a productos higiénicos femeninos se convierte en un lujo, las mujeres corren más riesgo de sufrir infecciones, problemas dermatológicos o dolor crónico. Y no solo eso, la pobreza menstrual trasciende como desafío para la salud y puede llegar a ser un obstáculo también para la plena inclusión de las mujeres en distintos ámbitos de la sociedad. 

Brechas sociales y geográficas en el acceso a productos menstruales

En situación de pobreza menstrual, muchas adolescentes se ven obligadas a faltar al colegio y, en el caso de adultas, a reducir su participación en el trabajo o en la vida social, lo que convierte un problema de higiene y salud en una cuestión de derechos humanos. 

Hay países en los que este problema se hace más evidente en la brecha entre el entorno rural y el urbano: según datos de la OMS y UNICEF, una de cada cinco adolescentes y mujeres en las zonas rurales de Etiopía no utiliza ningún producto, en comparación con la proporción de una de cada veinte en las zonas urbanas.  

A lo largo de toda su vida, una mujer puede llegar a necesitar más de 10.000 productos relacionados con la menstruación

Y también se producen desigualdades por nivel socioeconómico en países aparentemente ricos. En Estados Unidos, una de cada cuatro adolescentes y una de cada tres adultas tiene dificultades para asumir el precio de los productos menstruales. Este fenómeno se da sobre todo en las familias de menores ingresos.

En España, esta realidad también está presente, aunque con matices distintos. Estudios de Period Spain y del Instituto Universitario de Investigación en Atención Primaria IDIAP Jordi Gol estiman que entre el 20% y el 22% de las mujeres han experimentado algún tipo de dificultad económica para adquirir productos menstruales.  

Las más afectadas son las mujeres jóvenes, con bajos ingresos o en un escenario de mayor vulnerabilidad social, como aquellas que se encuentran en situación de calle. En estos casos, la pobreza menstrual suele ser el síntoma de un marco de exclusión más amplio. 

Soluciones posibles y el debate sobre el «impuesto rosa»

La causa de este fenómeno se encuentra en una combinación entre el estigma, situaciones de vulnerabilidad o contextos desfavorecidos, los elevados precios de los productos menstruales y la falta de infraestructuras de agua y saneamiento. 

En situaciones de pobreza menstrual, muchas adolescentes se ven obligadas a faltar al colegio y mujeres adultas a su puesto de trabajo

Frente a esta realidad, las soluciones existen y requieren acción conjunta. Algunas comunidades y organizaciones han implementado programas de distribución gratuita de productos menstruales en colegios, universidades y centros de atención social.

Por otro lado, también ha recibido numerosas críticas el llamado «impuesto rosa», que consiste en el sobrecoste que pagan las mujeres por productos o servicios equivalentes a los de los hombres simplemente por estar dirigidos a un público femenino. Hay quienes abogan por que estos productos se adquieran con la misma asequibilidad que los medicamentos necesarios.

En definitiva, la menstruación no debería ser un privilegio, sino una cuestión básica de salud y dignidad. Sin acceso a productos higiénicos adecuados, las mujeres no están lidiando solo con una necesidad física, sino con toda una serie de barreras para estudiar, trabajar y participar plenamente en la sociedad.

Ser mujer no debería ser sinónimo de limitaciones o estigmas. La menstruación no es enfermedad ni vergüenza, y atender esta necesidad básica es reconocer la dignidad de todas.

Los campos de concentración no son cosas del pasado

Los campos de concentración no constituyen una realidad pasada, sino que su existencia continúa hoy, oculta a plena luz del día, en estados autoritarios que niegan a su población los derechos humanos más básicos.  


Zygmunt Bauman bautizó el siglo XX como «el siglo de los campos» debido a la triste proliferación de los campos de concentración nazis y de los gulags soviéticos. La existencia de estos lugares reveló al ser humano su capacidad para la crueldad y la autodestrucción, y, una vez clausurados los campos, parecía inimaginable que algo así pudiera volver a suceder. 

Sin embargo, los campos de detención, trabajo y reeducación en los que cualquier idea de derechos humanos es inconcebible siguen existiendo en distintos países como Corea del Norte, China o Eritrea. 

«Los campos de concentración son experimentos de aniquilación del hombre. Que hayan existido es una mancha para la humanidad; que sigan existiendo es una acusación contra nuestras bellas pretensiones de derechos humanos universales. ¿Debería alarmarnos que el siglo XXI vaya a convertirse de nuevo en un siglo de campos?», se pregunta Dan Stone en su libro Campos de concentración. Una breve introducción. 

Los campos de concentración modernos 

«Hasta la fecha, ni las Naciones Unidas ni ninguna otra delegación internacional han podido comprobar por sí mismas el alcance del genocidio», escribe la periodista Rozenn Morgat sobre la represión masiva que China lleva a cabo contra la etnia uigur. 

Morgat recoge en el libro El gulag chino el testimonio de Gulbahar Haitiwaji, la primera uigur que Francia consiguió liberar. En él quedan recogidos los rasgos que comparten estos lugares de internamiento: la arbitrariedad en las detenciones, la ausencia de un juicio y de cualquier tipo de garantía, la brutalidad del trato hacia los presos y su explotación laboral para beneficio del estado.  

La misma experiencia describe el ex preso norcoreano Shin Dong-Hyuk en Evasión del Campo 14,  escrito por el periodista Blaine Harden, que subraya que «los campos de trabajo de Corea del Norte llevan existiendo ya el doble de tiempo de lo que lo hicieron los del Gulag soviético y unas doce veces lo que duraron los de los nazis». 

Blaine Harden: «Los campos de trabajo de Corea del Norte llevan existiendo ya el doble de tiempo de lo que lo hicieron los del Gulag soviético y unas doce veces lo que duraron los de los nazis»

El gobierno de Corea del Sur calcula que hay unos 154.000 prisioneros en los campos, mientras que el Departamento de Estado estadounidense y varias organizaciones de defensa de los derechos humanos elevan la cifra hasta unos 200.000. Existen seis campos, según los servicios secretos de Corea del Sur y algunas organizaciones de defensa de los derechos humanos radicadas en ese mismo país. El más grande tiene cincuenta kilómetros de largo y cuarenta de ancho, es decir, abarca un área más extensa que la de la ciudad de Los Ángeles.

Un informe del Comité para los Derechos Humanos en Corea del Norte concluye que «el sistema de campos de trabajo para prisioneros, tal y como ha funcionado en la RPDC durante unos cincuenta años, y como sigue funcionando hoy en día, constituye un claro y masivo crimen contra la humanidad».

Otro informe similar de la Comisión de Investigación de la ONU sobre los Derechos Humanos en Eritrea declara que «en los últimos 25 años se han cometido de forma generalizada y sistemática crímenes de lesa humanidad en centros de detención, campos de entrenamiento militar y otros lugares de Eritrea». 

«Se han cometido crímenes de esclavitud, encarcelamiento, desapariciones forzadas, tortura, persecución, violación, asesinato y otros actos inhumanos como parte de una campaña para infundir miedo, disuadir de la oposición y, en última instancia, controlar a la población civil eritrea desde que las autoridades eritreas tomaron el control del territorio en 1991», describe el documento.  

Los testimonios de los supervivientes, clave para la denuncia 

En Eichmann en Jerusalen, Hannah Arendt deja un espacio a la esperanza al concluir que el terror nunca logrará imponerse del todo puesto que «siempre quedará un hombre para contar lo que pasó». 

Es el valor de los supervivientes para contar su historia lo que permite que se conozca la existencia de estos lugares de horror, lo que permite recopilar pruebas que presentar frente a la negación permanente de los países que los albergan, lo que permite romper el muro del silencio que pretenden imponer. 

El testimonio de Shin, por ejemplo, fue clave en la comisión de investigación de la ONU que concluyó que Corea del Norte ha cometido crímenes contra la humanidad. 

También gracias a las manifestaciones de uigures en el exilio, que comenzaron a producirse de manera más organizada en 2018, la ONU reconoció y condenó la existencia de los campos de concentración en China. 

Es el valor de los supervivientes para contar su historia lo que permite que se conozca la existencia de estos lugares de horror

«A principios de 2018, un mundo atónito se enteró de las “escuelas” de Xinjiang. Las organizaciones de derechos humanos ya no eran las únicas que daban la voz de alarma. La perfecta superficie de China, protegida hasta ahora por su Gran Cortafuegos, comenzó a resquebrajarse cuando empezaron a aparecer en la prensa relatos dispersos de supervivientes e imágenes de denunciantes dieron la vuelta al mundo, de Canadá a China pasando por Estados Unidos. Miembros de la diáspora uigur se manifestaron en capitales europeas. Entre las banderas celestes del Turkestán Oriental, portaban fotos ampliadas de seres queridos desaparecidos desde hacía meses o incluso años», relata Gulbahar Haitiwaji. 

Es necesario seguir amplificando la voz de aquellos que más sufren la represión porque, como ya advirtió Primo Levi, «puede ocurrir, y puede ocurrir en cualquier lugar».  

¿Cuánto contamina una guerra?

El uso de armas o la violencia son algunas de las causas directas de la pérdida de vidas humanas durante los conflictos. Sin embargo, los daños a los ecosistemas y la contaminación también pueden tener un grave impacto en las víctimas.


Según un estudio de Scientists for Global Responsibility y el Observatorio de Conflictos y Medio Ambiente, se calcula que los ejércitos son responsables del 5,5% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero.

Los efectos de un conflicto sobre el medio ambiente provocan una serie de problemas de salud, seguridad alimentaria y desplazamientos forzosos –entre otros– para las víctimas, que, dependiendo de su intensidad, pueden incluso seguir cobrándose vidas después de terminado el enfrentamiento. 

Perjudicar al medioambiente es perjudicar a la población civil  

Debido a cuestiones de seguridad y a la propia complejidad de los conflictos, es difícil estimar la contaminación causada por un enfrentamiento bélico. La guerra de Ucrania está siendo uno de los primeros conflictos en los que los efectos contaminantes están siendo registrados casi en tiempo real. 

Las emisiones de gases de efecto invernadero causadas por la guerra, la reconstrucción de edificios, los incendios de paisajes, los daños a la infraestructura energética, los refugiados y el desplazamiento aumentaron un 30% desde que comenzó la invasión, según un informe de Ecoaction. Un total que equivale a las emisiones anuales de Austria, Hungría, República Checa y Eslovaquia juntas o las emisiones anuales de 120 millones de automóviles de combustible fósil.  

Los ejércitos son responsables del 5,5% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero

La guerra de Ucrania también revela cómo el ataque a infraestructuras esenciales tiene consecuencias devastadoras para el medio ambiente y perjudica a quienes dependen de estos servicios para sobrevivir.  Un estudio de la revista Science investigó el impacto de la destrucción de la presa en Ucrania y advierte que se liberaron contaminantes –entre los que se encontraron 83.300 toneladas de metales pesados como plomo, cadmio y níquel y otros elementos como el nítrogeno y el fósforo– que se habían acumulado en los sedimentos del embalse, creando una fuente de contaminantes a largo plazo que podrían propagarse en futuras inundaciones.

En el Líbano, el medioambiente también ha sufrido daños por valor de casi 200 millones de euros debido a la degradación de los recursos naturales y el impacto sobre la infraestructuras de gestión de los residuos sólidos a raíz del conflicto actual entre Israel y Hezbolá, según un informe del Banco Mundial.  

La ONU también documenta las consecuencias de la degradación en Gaza: «Se han colapsado los sistemas e instalaciones de alcantarillado, aguas residuales y gestión de residuos sólidos. La destrucción de edificios, carreteras y otras infraestructuras ha generado millones de toneladas de escombros, algunos de los cuales están contaminados con municiones sin detonar, amianto y otras sustancias peligrosas».  

Por otro lado, los propios recursos naturales pueden ser la causa del enfrentamiento. Según el Programa de Medio Ambiente de la ONU, al menos el 40% de todos los conflictos están vinculados con la explotación de madera, oro, petróleo, el agua o la tierra. 

Actualmente, las prácticas insostenibles de minería, tala y caza furtiva siguen perpetuando la violencia y devastando el medio ambiente en países como la República Democrática del Congo, donde la extracción de cobalto y coltán para pilas recargables alimenta el conflicto en el este del país.

La pérdida de vidas humanas no cesa tras el conflicto 

Cuando el enfrentamiento termina, la devastación sigue dejando su huella en la vida diaria de la población civil y de las generaciones futuras.

La contaminación provocada por una guerra sigue siendo responsable de la pérdida de vidas humanas incluso cuando el conflicto ha terminado

Los informes señalan el efecto especialmente perjudicial de las minas terrestres, que siguen matando personas mucho tiempo después de haber sido depositadas. También causan la degradación de la tierra en la que están y limitan el acceso a territorios seguros, lo que lleva a la sobreexplotación de otros. Inundaciones en Bosnia, Ucrania, Libia y Líbano han desenterrado este tipo de explosivos. 

Además, los bombardeos o el uso de armas incendiarias liberan metales pesados como el cadmio, el plomo o el arsénico, que provocan problemas de salud a largo plazo. En Irak, el aumento del cáncer, las malformaciones congénitas y otras afecciones se han asociado a los daños medioambientales y la inhalación de toxinas del polvo levantado por los vehículos militares.

Estos análisis ponen de manifiesto que los efectos de la guerra sobre el medio ambiente causan una pérdida de vidas humanas que no siempre se tiene en cuenta en la contabilización de las víctimas.  

Algo que tienen presente los países, pero sobre lo que no se tiene pensado actuar: el programa de investigación de la Universidad de Notre Dame que supervisa la aplicación de acuerdos de paz integrales en 34 países de todo el mundo señala que prácticamente ninguno contiene disposiciones relativas a la gestión de los recursos naturales o a la adopción de medidas de protección del medioambiente. 

Aunque, al hablar de guerra, el foco debe estar siempre sobre las víctimas humanas, no debemos dejar a un lado el tratamiento de los recursos naturales, en tanto que, si estos se contaminan o sufren daños, las consecuencias las pagará también la población.  

Cuando el calentamiento global cambia el color del mundo

El color del mundo está cambiando. El aumento de las temperaturas provoca que el Ártico sea menos blanco, el océano más verde y el otoño cada vez más marrón. 


La superficie del mar está adquiriendo un tono cada vez más verde, según los datos de la NASA que analizan dos décadas de mediciones satelitales. 

Es una tendencia que ha sido identificada en distintas investigaciones de instituciones de todo el mundo. Desde el Centro Nacional de Oceanografía del Reino Unido, cuyos datos señalan que el 56% de la superficie marina mundial ha sufrido un cambio de color significativo en los últimos 20 años, hasta un estudio del Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT), que ha concluido que para el año 2100 el color de los océanos cambiará completamente de color. 

Esto se debe a los cambios en los tipos del fitoplancton cercano a la superficie del mar, que tiene la función de absorber y reflejar la luz solar, dándole al océano el color que percibe el ojo humano. 

El cambio de color en los océanos es una señal de transformaciones profundas en los ecosistemas marinos

Por su parte, la superficie terrestre también está viviendo sus propias variaciones. Un grupo de investigación de la Universidad de Clemson (Estados Unidos) ha concluido que las plantas cambian de color para protegerse de los cambios de temperatura. 

El equipo ha estudiado la evolución de miles de muestras de Australia, América del Norte y Europa y han detectado variaciones de color en flores de las 12 especies analizadas. Los autores atribuyen estos cambios a la variación climática que experimentaron, especialmente la relacionada con la temperatura y las sequías. 

Y las sequías también son las responsables de que los bosques sean más marrones y menos variados en otoño. Según una investigación de la Universidad de Vermont, para que podamos disfrutar de la paleta de colores que asociamos al otoño, las hojas de los árboles necesitan noches frías, algo cada vez menos habitual. 

Por su parte, el color verde va poco a poco invadiendo el blanco de la Antártida. Las universidades británicas de Exeter y Hertfordshiren han calculado que el avance de la vegetación se ha acelerado un 30% en los últimos años, de 2016 a 2021. 

Por qué es importante: no es solo el color lo que cambia 

Sin embargo, lo verdaderamente relevante de estos cambios que se están produciendo por el aumento de la temperatura no es solo el cambio de color. «El seguimiento de los cambios en el fitoplancton marino es importante, ya que constituye la base de la cadena alimentaria marina y es crucial en el ciclo del carbono», explica la investigación del MIT.  Es decir, la alteración del fitoplancton supone la alteración de todo el ciclo de la vida submarina. 

Las variaciones en el color de las plantas y los bosques reflejan la respuesta de la naturaleza al cambio climático

Además, la ecóloga de la Illinois State University, Catherine O'Reilly, autora de otro estudio sobre el cambio de color del agua, también advierte de que tratar esa agua para el consumo humano podría ser más caro en el futuro y que la pesca podrá verse afectada. 

En cuanto a las flores, el cambio en su color confunde a los agentes polinizadores, lo que tiene implicaciones en la reproducción de las plantas. Además, el hecho de que las hojas de los árboles vean afectado su ciclo de recuperación disminuye la capacidad para captar carbono de los árboles. 

También el avance de la vegetación en la Antártida tiene el potencial de transformar el entorno ecológico, puesto que juegan un importante papel de regulación del ciclo de carbono y de los nutrientes en la zona. 

Cuando la solidaridad ciudadana salva vidas

El apoyo entre particulares ha sido crucial tras la DANA en Valencia, recordando cómo en momentos críticos la unión y la cooperación vecinal pueden marcar la diferencia. 


En Valencia, miles de personas se movilizaron tras la devastadora DANA que dejó pueblos inundados y calles cubiertas de barro. Vecinos de todas las edades trabajaron hombro con hombro para limpiar, rescatar y asistir a los más afectados, dejando claro que, en situaciones límite -y sin entrar en cuestiones antipolíticas ni partidistas-, el lema de «el pueblo salva al pueblo» nos dice que la solidaridad ciudadana puede ser tan importante como los recursos oficiales. 

Este fenómeno no es nuevo. En las últimas décadas, las grandes crisis han demostrado que la acción ciudadana es, en muchos casos, un salvavidas esencial. Desde desastres naturales hasta emergencias sanitarias, el esfuerzo colectivo de los voluntarios ha mitigado daños y salvado vidas, mostrando que la cooperación no entiende de fronteras ni circunstancias.

En desastres como el del vertido del Prestige en 2002, el terremoto de Lorca en 2011 o la nevada histórica de Filomena en 2021 se vio el poder de la solidaridad

En España, de hecho, ya conocíamos la mejor cara de la ciudadanía que, en desastres como el del vertido del Prestige en 2002, el terremoto de Lorca en 2011 o la nevada histórica de Filomena en 2021, se movilizó para limpiar playas, atender a los heridos y proteger a los más vulnerables. 

Héroes cotidianos en las mayores tragedias 

La historia reciente está llena de ejemplos en los que la ayuda desinteresada de ciudadanos cambió el curso de los acontecimientos. 

Tras el terremoto y el tsunami que causaron el accidente nuclear en Fukushima (2011), un grupo conocido como los 50 de Fukushima se ofreció como voluntario para entrar en la planta y contener la emergencia, asumiendo riesgos mortales. Su valentía evitó una catástrofe de mayores dimensiones.

El caso reciente de la DANA en Valencia nos recuerda que, aunque la acción de las instituciones es indispensable, la unión vecinal es fundamental

En África Occidental, miles de voluntarios locales y extranjeros trabajaron en condiciones extremas para atender a los enfermos durante la crisis del ébola en 2014 y evitar la propagación del virus. Su labor fue determinante para frenar una pandemia que amenazaba con extenderse globalmente.

Y en nuestra memoria todavía es reciente el papel durante la pandemia de covid-19 de muchísimas personas que de forma  voluntaria asumieron tareas de distribución de alimentos o confección de mascarillas, entre muchas otras,  demostrando en barrios y ciudades que la resiliencia comienza en la comunidad.

Más allá de la tragedia

Las crisis, aunque devastadoras, han evidenciado que el voluntariado puede marcar la diferencia entre la condena y la recuperación. El caso reciente de la DANA en Valencia nos recuerda que, aunque la acción de las instituciones es indispensable, la unión vecinal también es fundamental. 

Y, aunque la acción voluntaria no siempre es organizada y profesional, la mera presencia de una mano en una zona devastada hace mucho por las víctimas. Muchas veces, el papel más importante que desempeñan los ciudadanos es el de ser capaces de transmitirles a los afectados el mensaje de que no están solos. 

Tal y como recuerda esta frase atribuida a Homero, «llevadera es la labor cuando muchos comparten la fatiga».

El coste de ser periodista ambiental

Informar sobre el deterioro ambiental y los intereses que lo alimentan se ha convertido en un acto de valentía. Un 70 % de los periodistas ambientales ha sufrido agresiones por su trabajo, según datos de la UNESCO. Estos reporteros encarnan hoy una lucha silenciosa por la verdad en un entorno cada vez más hostil. 


Ser periodista ambiental hoy significa, en muchos casos, ser una amenaza para muchos intereses económicos y de poder. La labor de exponer los daños ambientales y a quienes los perpetúan se ha convertido en un acto de resistencia, especialmente en zonas con conflictos de interés en materia de medio ambiente. En regiones de América Latina, el Sudeste Asiático y África, informar sobre la destrucción de los ecosistemas y los abusos de recursos naturales ha puesto a estos reporteros en el punto de mira de aquellos que tienen mucho que ganar y poco que perder con la explotación del entorno. Según datos de Global Witness, Brasil, México, Filipinas y Colombia destacan entre los países donde se denuncia un mayor número de amenazas y agresiones a activistas y periodistas ambientales.

La minería, la deforestación y las prácticas de agricultura intensiva son algunas de las principales causas de conflicto en estas zonas. Empresas multinacionales y sectores económicos poderosos, apoyados en ocasiones por los propios gobiernos, intentan acallar las investigaciones periodísticas a través de intimidaciones y acoso. Un informe de la UNESCO señala que, entre 2009 y 2023, al menos 204 periodistas y medios de comunicación especializados han sido objeto de acciones legales. Actores estatales han presentado denuncias penales contra 93 periodistas, y 39 de ellos han terminado en prisión, sobre todo en Asia y el Pacífico. 

Que la defensa de la preservación del medio ambiente es incómoda para el poder quedó patente con el caso de Dian Fossey, zoóloga y conservacionista estadounidense, conocida principalmente por su trabajo con los gorilas de montaña en Ruanda. Su oposición a los cazadores furtivos y hacia la explotación abusiva de los recursos naturales la pusieron en la diana y fue asesinada el 26 de diciembre de 1985 en su cabaña en Karisoke, Ruanda. 

Algunos gobiernos y empresas están en el punto de mira por intimidaciones y censura contra reporteros ambientales

Es también desgraciadamente paradigmático el caso de Berta Cáceres, la reconocida activista ambiental y defensora de los derechos humanos en Honduras, que fue asesinada el 2 de marzo de 2016. Cáceres era una líder indígena de la etnia lenca y cofundadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH). Su trabajo se centraba en la protección del medio ambiente y la defensa de los territorios indígenas frente a proyectos de explotación de recursos, como represas hidroeléctricas y minas, que amenazaban la vida y cultura de las comunidades locales.

Aún sin esclarecer sigue la muerte de Abisaí Pérez, estudiante de la Universidad Autónoma de Ciudad de México que realizó diversas denuncias en torno a las inundaciones en la Ciudad de Tula. El año pasado fue encontrado sin vida y su familia sigue clamando justicia. 

Los cargos por difamación también son comunes, con 63 casos documentados principalmente en Europa y América del Norte, en los que las demandas buscan desacreditar y silenciar a estos periodistas. La criminalización, las demandas y el acoso judicial son estrategias recurrentes para frenar la cobertura sobre temas ambientales. Las campañas de desprestigio y la desinformación buscan deslegitimar las informaciones y presentar a los reporteros como adversarios del desarrollo económico. 

Los ataques a periodistas ambientales revelan los altos riesgos de informar sobre temas ecológicos

Carolina Amaya, periodista ambiental salvadoreña denuncia tácticas intimidatorias contra ella y contra su familia. Desde su exilio voluntario en México, la periodista asegura que el acoso ha sido permanente desde que comenzó a investigar la situación opaca del lago de Coatepeque, un ecosistema que ha sido objeto de permisos de construcción opacos, 

«El 28 de febrero de 2023, publicamos una investigación sobre la construcción ilegal en Coatepeque y esa misma noche, mi papá fue detenido bajo el régimen de excepción», denuncia Amaya. 

El rol crucial del periodismo ambiental

A pesar de estos desafíos, el periodismo ambiental es esencial para que la sociedad comprenda la gravedad de la crisis climática y las prácticas que contribuyen a ella. Sin estas voces, el público perdería acceso a información vital sobre temas como la pérdida de biodiversidad, los abusos empresariales, el cambio climático y la contaminación. 

Fortalecer la seguridad de los periodistas ambientales es una prioridad urgente para cualquier sociedad que aspire a la transparencia y la sostenibilidad. Proteger su labor implica implementar leyes que sancionen a quienes los atacan, promover políticas que defiendan la libertad de prensa y reconocer su trabajo como un pilar en la defensa del medio ambiente.

La pobreza de tiempo, una desigualdad invisible

La falta de tiempo libre debido a la carga de trabajo remunerado y no remunerado es un problema creciente. Afecta especialmente a las mujeres y a los sectores más vulnerables, con importantes repercusiones para la salud.


Cuando pensamos en la pobreza, solemos imaginar una carencia económica que afecta a la vivienda, la salud o la calidad de vida. Sin embargo, en los últimos años ha surgido un nuevo concepto: la pobreza de tiempo, que se refiere a la falta de tiempo libre disponible para el ocio, el descanso y el autocuidado. Según los datos de The Time Use Initiative (TUI), en países como España, una persona se considera pobre de tiempo si dispone de menos de 170 minutos al día para dedicar a estas actividades. 

La feminización de la pobreza de tiempo

Uno de los aspectos más preocupantes que destaca la TUI es la desigualdad de género en la distribución del tiempo. En Europa, las mujeres dedican entre 1,5 y 2 veces más tiempo que los hombres al trabajo no remunerado, que incluye tareas domésticas y cuidados familiares, lo que limita el tiempo que pueden dedicar a su desarrollo profesional, al ocio o incluso al descanso.

Margarita Vega-Rapun, investigadora del Center for Time Use Research y autora del estudio The multidimensionality of poverty: time poverty in Spain (2021), destaca que este fenómeno perpetúa las desigualdades de género y genera un impacto negativo en la salud mental y física de las mujeres. 

Un problema de salud pública 

Este tipo de pobreza también impacta en la salud física y mental de las personas. La falta de tiempo para el autocuidado aumenta el riesgo de estrés crónico, agotamiento y enfermedades como la ansiedad y la depresión. También está asociada con problemas cardiovasculares y un sistema inmunológico debilitado. 

Pero esta problemática no afecta por igual a todas las clases sociales. Las personas con empleos precarios o mal remunerados suelen trabajar más horas o tener varios trabajos, lo que limita aún más su tiempo libre. Esto crea un círculo vicioso difícil de romper: al tener menos tiempo, las oportunidades para mejorar sus condiciones laborales se reducen drásticamente. 

Las personas que carecen de tiempo no tienen la oportunidad de adquirir nuevas habilidades, fortalecer vínculos sociales o participar activamente en la vida democrática, lo que limita su desarrollo personal y su plena integración en la sociedad.

La necesidad de políticas públicas y cambios culturales

The Time Use Initiative y expertos como Sara Moreno Colom, profesora de Sociología en la Universitat Autònoma de Barcelona, subrayan la importancia de implementar políticas públicas que aborden de manera integral la redistribución del tiempo en la sociedad. Entre las medidas clave se destacan la reducción de la jornada laboral, la flexibilidad horaria y el acceso a servicios públicos de cuidado que descarguen las responsabilidades familiares –que generalmente recaen sobre las mujeres–. 

Es crucial que estas políticas se apliquen a toda la población: trabajadores de todos los sectores, clases sociales y situaciones familiares, de manera que todos puedan disfrutar de un tiempo libre suficiente y de calidad.

En definitiva, reorganizar el uso del tiempo es crucial para garantizar el bienestar de la población. Promover el derecho al tiempo libre, adoptar modelos laborales más flexibles y fomentar una mayor eficiencia en la gestión del tiempo puede aliviar la presión que muchas personas enfrentan en su vida diaria. Estas medidas no solo mejorarán la salud y el equilibrio personal, sino que también impulsarán una sociedad más productiva y con una mejor calidad de vida.

Luz en la oscuridad: el agua como fuente de energía renovable

luz

Mediante la ionización de un electrolito compuesto presente en el agua salada, el dispositivo Waterlight, creado por las startups E-Dina y Wunderman Thompson, convierte el aluminio en energía lumínica y eléctrica. 

Esta sencilla tecnología es la que ha iluminado las noches de los wajú, un pueblo indígena ubicado en la árida península de la Guajira, entre Colombia y Venezuela, y cuyo día a día está marcado por la falta de acceso a servicios básicos, especialmente la electricidad.

Su economía depende principalmente de la artesanía y la pesca, dos actividades que dependen de la energía y la luz para ser más eficientes y productivas. Waterlight responde a esa necesidad y garantiza que los wajú tengan acceso a la luz sin tener que recurrir a combustibles fósiles y a un bajo coste. 

El agua salada puede convertirse en la solución energética de comunidades remotas con dificultad para el acceso a servicios básicos

Gracias a esta técnica, la comunidad wajú no solo ha podido alumbrar sus hogares, sino que ha visto transformado su estilo de vida. La luz mejora la seguridad, alarga las horas de estudio disponibles para los niños y niñas y permite que las mujeres artesanas extiendan sus horas de trabajo y, por tanto, aumenten sus ingresos. El agua salada se ha convertido así en un motor de desarrollo sostenible y autosuficiente para la comunidad. 

El agua salada, una alternativa energética sostenible

La situación de los wajú no es única. En torno a 675 millones de personas en todo el mundo no tienen electricidad, según un informe de la Agencia Internacional de la Energía, la Agencia Internacional de Energías Renovables (Irena), la División de Estadística de las Naciones Unidas, el Banco Mundial y la Organización Mundial de la Salud. Mientras, se prevé que la demanda mundial de electricidad aumente a un ritmo más rápido en los próximos tres años. 

En este escenario, urge encontrar soluciones sostenibles que sean capaces de responder a la alta demanda sin un coste desorbitado y sin contaminar. El agua salada es una gran candidata para ejercer ese papel, puesto que es la fuente más abundante de la Tierra y su uso no emite gases de efecto invernadero.

Gracias a su abundancia y a su bajo impacto ambiental, el agua salada emerge como una alternativa a los combustibles fósiles en un escenario de alta demanda energética

Además, las posibilidades del agua salada como fuente de energía se pueden explotar a través de distintas tecnologías. La energía puede generarse aprovechando la diferencia en la concentración de sal entre el agua de mar y el agua dulce, el movimiento de las olas, la subida y bajada de las mareas o incluso la materia orgánica presente en el agua.

El proyecto Sabella en Francia se centra en la generación de energía renovable a través de turbinas submarinas instaladas en el estrecho de Fromveur, cerca de la isla de Ouessant en Bretaña. Utilizando la fuerza de las corrientes marinas, las turbinas Sabella D10 capturan y transforman la energía cinética del agua en electricidad, proporcionando una fuente de energía limpia y constante. 

Por su parte, el Proyecto Wave2O, desarrollado por Resolute Marine Energy en Cabo Verde, combina la energía de las olas con tecnologías de desalación para proporcionar agua potable y electricidad a comunidades costeras. Utiliza un sistema basado en la energía de las olas para generar electricidad y alimentar una planta de desalación, convirtiendo el agua de mar en agua potable.

Iniciativas como estas nos demuestran que el los océanos son todavía grandes desconocidos y que el mar esconde un gran aliado en la necesaria transición ecológica hacia un futuro energético más sostenible y resiliente.