Las Reservas de la Biosfera son espacios que aúnan la conservación de la naturaleza y la promoción del desarrollo sostenible en un ejemplo de convivencia entre la naturaleza y el ser humano. España, con un total de 53, es el país del mundo con más Reservas de la Biosfera. Por comunidades, Castilla y León es la que suma mayor número de reservas, en concreto 10.
Las ciudades afrontan el futuro bajo las promesas de transformaciones esenciales. El propio esqueleto urbano podría llegar a cambiar por completo. Según la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, a partir del año 2023 las ciudades de más de 50.000 habitantes, los territorios insulares y los municipios de más de 20.000 habitantes que superen los límites de contaminación, «deberán adoptar planes de movilidad urbana sostenible para introducir medidas de mitigación y reducir las emisiones de la movilidad». Entre las medidas de mitigación se incluyen, entre otras cosas, el establecimiento de Zonas de Bajas Emisiones (ZBE).
Estas áreas, que se tendrán de adaptar a la particularidad de cada entorno urbano, deberán establecer medidas destinadas no solo a cumplir con un descenso del ruido y la contaminación, sino también con un aumento de la eficiencia en la movilidad urbana general. Las razones son evidentes: la contaminación atmosférica es la responsable directa de más de 500.000 muertes prematuras al año en Europa. El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico se muestra especialmente convencido de sus ventajas ambientales, ya que la creación de esta clase de áreas llevaría a dotar de una «monetización de los recursos naturales preservados y de una mitigación de efectos del cambio climático».
A partir del año 2023, las ciudades de más de 50.000 habitantes, los territorios insulares y los municipios de más de 20.000 habitantes que superen los límites de contaminación deberán implantar Zonas de Bajas Emisiones
Estas áreas, en su mayoría situadas en el centro de las ciudades, restringen el acceso a los vehículos con el objetivo de mejorar la calidad del aire. Para su implementación se tiene siempre en cuenta el sistema de clasificación por etiquetas creado por la Dirección General de Tráfico, que otorga una mayor facilidad a la hora de establecer la movilidad de unos y otros vehículos: aquellos más contaminantes –por ejemplo, los coches de gasolina matriculados antes del año 2000– ven casi siempre prohibido el paso a la zona en cuestión. Los ejemplos de Zonas de Bajas Emisiones son numerosos, extendiéndose en la actualidad a lo largo y ancho del continente europeo, como demuestra Urban Access Regulation. Ciudades como Berlín, París, Bruselas, Ámsterdam, Viena o Atenas cuentan con una de estas zonas restringidas, pero ¿qué ocurre mientras tanto en España?
Lo cierto es que actualmente los ejemplos aún son escasos. Uno de los más relevantes es el de Barcelona. Implantado por su ayuntamiento en 2020. El área en cuestión alcanza los 95 kilómetros cuadrados, englobando todo el término municipal de la ciudad y los municipios de Sant Adrià de Besòs y L'Hospitalet de Llobregat. No obstante, solo restringe la circulación a los vehículos sin etiqueta entre las 7.00 y las 20.00 horas los días laborables. Aunque el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha anulado recientemente la implantación de la zona por «deficiencias en su elaboración y un excesivo ámbito de aplicación», lo cierto es que sigue funcionando -la orden no es inmediata y se espera, además, que el consistorio recurra la sentencia-.
Otro caso destacado en España lo constituye la ZBE diseñada por el Ayuntamiento de Madrid, también conocida como Madrid 360. El área en cuestión mantendrá las mismas limitaciones que el primer proyecto de esta clase, Madrid Central, si bien permitirá la entrada en vehículos propios a los 15.000 comerciantes del centro. Tal como señala el gobierno municipal, la zona fue creada «para proteger la salud humana y el medio ambiente urbano mediante la mejora de la calidad del aire y la disminución de los efectos negativos del tráfico motorizado». Además, se prevén nuevas restricciones en el futuro: los 604 kilómetros cuadrados que componen el territorio municipal serán declarados como ZBE en 2024, según el consistorio.
La contaminación atmosférica es la responsable directa de más de 500.000 muertes prematuras al año en Europa
Los beneficios asociados a estas medidas se prevén abundantes: mejoras de la calidad de vida, electrificación del parque móvil, transformación de la movilidad urbana. Los datos así lo demuestran: la media de emisiones de la ZBE barcelonesa ya se encuentra por debajo del límite de la Unión Europea, lo que se observa especialmente en el caso tanto del gas NO2 –especialmente nocivo para la salud humana– como de las micropartículas contaminantes. La presencia de dióxido de carbono ha descendido en un 11% en las zonas restringidas de la urbe catalana.
Todo ello mientras el paisaje urbano cambia una vez más a causa de las necesidades humanas. En la aplicación y monitorización de las Zonas de Bajas Emisiones jugará un papel fundamental la tecnología, tal como ha demostrado la ciudad de Barcelona, ya que permitirá leer en tiempo real las matrículas y cuantificar con agilidad los distintos gases emitidos por los vehículos, como el CO2 y el NO2. Esto ayudará también a gestionar el tráfico. Al fin y al cabo, las restricciones no solo se aplican a los turismos, sino también a aquellos vehículos comerciales de los que depende gran parte de la cadena logística. A la espera de la llegada de los fondos europeos, que muchas ciudades esperan como un impulso esencial, urbes como Bilbao, Valencia y Sevilla ultiman ya sus necesarios planes para equilibrar movilidad, salud y medio ambiente.
En la lista de objetivos para un mundo más sostenible que la ONU fijó en la Agenda 2030, se encuentra, como uno de los puntos destacados, la igualdad de género. El objetivo 5 interpela a «lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas», recordando que, aunque se han logrado avances en los últimos años, «todavía existen muchas dificultades». La reciente crisis del coronavirus y los efectos del cambio climático –que está perjudicando más a las mujeres– hacen que la situación sea más precaria e, incluso, más urgente.
La importancia de la igualdad se explica, como apunta Naciones Unidas, por el impacto que esta tiene no solo en las mujeres sino en la sociedad en general. «Los retos a los que nos enfrentamos hoy –la pandemia del coronavirus, la crisis climática, el crecimiento y propagación de conflictos– son en gran parte el resultado de nuestro mundo y nuestra cultura dominados por el hombre», afirmaba este mes de marzo el secretario general de la ONU, António Guterres. Conseguir la igualdad de género y la paridad resultan cruciales para lograr un mundo «más seguro, más pacífico, más sostenible» para todos, alertaba Guterres.
La igualdad entre los géneros y el empoderamiento de mujeres y niñas es el objetivo 5 de la Agenda 2030
Los planes que ya han tenido en cuenta de forma específica a las mujeres demuestran que la igualdad tiene un eco directo sobre el bienestar de toda la sociedad. Así, de todas las acciones de mejora en seguridad alimentaria en los países en desarrollo, el 55% nacieron gracias al impulso de los programas que dan soporte a las mujeres de esas comunidades, según estadísticas de la ONU. Dar más recursos a las agricultoras y potenciar su papel permitiría aumentar la producción entre un 20% y un 30%, lo que ayudaría a reducir en cinco puntos porcentuales el nivel de hambruna global. Por tanto, se podría decir que impulsar la igualdad de la mujer en el campo ayudaría a acabar con el hambre en el mundo.
Del mismo modo, implicar más a las mujeres –y a todos los niveles– en la toma de decisiones ayuda a diseñar un mundo más sostenible, puesto que, como han demostrado varios estudios de Naciones Unidas, las mujeres tienden a pensar más en la comunidad cuando toman decisiones y también a ser más exigentes con las normativas medioambientales. Los parlamentos que aprueban normativas más proactivas en la lucha contra el cambio climático suelen tener un mayor porcentaje de diputadas.
Los beneficios de la igualdad de género no tocan solo a las mujeres: mejora la satisfacción y la riqueza general de la sociedad
Igualmente, alcanzar una mayor igualdad entre hombres y mujeres tendría un efecto dominó en otras cuestiones. En un mundo más igualitario, la brecha salarial sería más reducida o directamente desaparecería, lo que a su vez aumentaría la seguridad económica de las mujeres y reduciría la pobreza, que afecta –tanto economías desarrolladas como en vías de hacerlo– de forma más elevada a las mujeres. Un estudio estadounidense ha demostrado que la pobreza entre las mujeres se reduciría más de un 40% si se eliminase la brecha salarial. Datos de McKinsey pronostican que, si se logra alcanzar en 2025 el mejor escenario posible en igualdad, se podrían sumar 12 billones de dólares al año al producto interior bruto global. Solo en Europa, y según las estimaciones de la Unión Europea, mejorar la igualdad llevaría a hacer crecer el PIB comunitario entre un 6,1 y un 9,6% de aquí a 2050.
A esto hay que sumar que las empresas que presentan mejores datos en igualdad logran también mejores resultados económicos que sus competidoras. Es un 25% más probable que las compañías líderes en diversidad de género tengan beneficios por encima de la media, según McKinsey.
En resumidas cuentas, y como demuestran los planes que ha puesto en marcha el Banco Mundial, actuar genera resultados. Así, por ejemplo, una campaña en India demostró que empoderar a las mujeres rurales mejora su acceso a préstamos y a más educación, lo que tiene efectos sociales a medio y largo plazo.
Alcanzar ese objetivo de igualdad es posible, por mucho que quede todavía camino por recorrer para lograrlo. Como recuerda el objetivo 5 de la Agenda 2030, la clave está en trabajar de forma directa sobre la desigualdad, cortando de raíz aquello que la mantiene activa.
Aumentar la presencia de las mujeres en los órganos de decisión –ahora mismo solo son el 23,7% de las personas presentes en los parlamentos nacionales de los diferentes países, según la ONU, o el 5% de los CEO globales, según las de Deloitte– o modificar las leyes para crear entornos más igualitarios son algunos de los primeros pasos que las administraciones públicas pueden tomar en ese camino hacia el cambio.
En juego está el lograr un mundo más justo e igualitario, con sociedades más resilientes y equilibradas.
El filósofo alemán Ludwig Feuerbach dejó en el siglo XIX, grabado a tinta, una frase que ha trascendido todos los tiempos: «Somos lo que comemos». Lo hizo en las páginas de Enseñanza de la alimentación, una reflexión sobre la importancia de una buena dieta a la hora de garantizar una mayor esperanza de vida a las sociedades. «Si quiere mejorar al pueblo, dele mejores alimentos», decía. Su premisa no dejaba lugar a discusión: la alimentación sana y variada es un derecho básico.
O debería serlo. Porque si bien esta es una idea que en la actualidad nadie pone en duda, el acceso a alimentos en la cantidad y de la variedad que requiere el cuerpo humano sigue suponiendo un importante reto para muchos habitantes del mundo: en 2020, según calculan las Naciones Unidas, cerca de la décima parte de la población estaba infra alimentada. Esto podría equivaler a aproximadamente 811 millones de personas.
Hasta 90.000 muertes anuales en España se asocian a dietas inadecuadas
Detrás de estas cifras encontramos la evidente influencia de la pandemia, cuya repercusión ha puesto en jaque la seguridad alimentaria de miles de millones de personas de países en vías de desarrollo, pero también países económicamente estables. Uno de ellos es España: en nuestro país, durante 2020, el número de hogares que experimentaron inseguridad alimentaria aumentó de un 11,9% a un 13,3%, lo que representa un incremento de 656.418 personas.
La conclusión más relevante de este dato, calculado por un estudio impulsado por la Universidad de Barcelona y la Fundación Daniel y Nina Carasso, no es que la inseguridad alimentaria esté relacionada a crisis coyunturales sino que responde a un problema estructural que el coronavirus solo ha destapado.
En total, casi 2,5 millones de hogares sufren problemas alimentarios en España y «hasta 90.000 muertes al año se asocian a dietas inadecuadas», advierten los expertos del estudio, el primero que mide por primera vez los niveles de inseguridad alimentaria en nuestro país a través de la escala FIES, creada por las Naciones Unidas para medir el número de personas que carece de la cantidad necesaria y regular de alimentos inocuos y nutritivos para asegurar su desarrollo normal.
La comparativa entre las cifras pre y post-covid demuestra así que los niveles graves y moderados de inseguridad alimentaria crecieron más de un punto tras la llegada del coronavirus, provocando que la población con acceso garantizado a alimentos sanos cayera de un 88,1% a un 86,7%. Una diferencia que sobre el papel puede parecer mínima, pero supone un serio problema social, especialmente cuando el segundo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible es claro: solo el hambre cero generará sociedades más sostenibles. Y tenemos que conseguirlo antes del 2030.
La vulnerabilidad alimentaria, además, va íntimamente relacionada con la económica. En la actualidad, casi la mitad de los hogares muestran a algún miembro de la familia o a todos en una situación laboral precaria. En las familias con algún tipo de inseguridad alimentaria, esta precariedad es mucho más acentuada y afecta, sobre todo, a las familias monoparentales, con otros convivientes (abuelos, tíos, etc) y parejas con hijos.
Según la ONU, el ODS ‘hambre cero’ quedaría incumplido por un margen de 660 millones de personas
¿Significa que esos hogares no tienen nada que consumir? Los expertos aclaran que la interpretación no es tan sencilla: la inseguridad alimentaria también se trata de no tener la variedad de alimentos necesarios para una dieta saludable. «No consumir cinco raciones al día de fruta y verdura por falta de recursos o no ingerir carne y pescado cada dos días está claramente relacionado con diferentes niveles de inseguridad alimentaria», insisten. De hecho, el estado de salud de los hogares también guarda una relación clave: si alguna persona sufre de exceso de peso, una enfermedad crónica o alguna discapacidad, el nivel de vulnerabilidad alimentaria se incrementa.
Y aunque la inaccesibilidad a productos alimenticios queda paliada, en parte, por las prestaciones que reciben las familias –más de un 57% ingresan algún tipo de asistencia económica (ingreso mínimo vital, becas, etc.)–, todavía uno de cada diez hogares en España recibe ayudas de bancos de alimentos, vecinos o asociaciones. En otras palabras, no tienen garantizado un acceso definitivo a platos saludables.
Ampliada a nivel global, esta fotografía dejaría el ODS de ‘hambre cero’ incumplido por un margen de casi 660 millones de personas. De esta cifra total, revelada por las Naciones Unidas, unos 30 millones se deberán a los efectos duraderos de la pandemia. Aunque todavía hay margen para el optimismo, siempre que estemos dispuestos a transformar los sistemas alimentarios, un paso esencial para poner las dietas saludables al alcance de todos.
La transformación se antoja, cuando menos, profunda. Pero ya hay seis líneas de actuación que, bien aplicadas, pueden marcar una diferencia en balance positivo: integrar políticas de protección social en zonas de conflicto; ampliar la resiliencia frente al cambio climático en los distintos sistemas alimentarios (por ejemplo ofreciendo a los pequeños agricultores un amplio acceso a seguros contra riesgos climáticos); fortalecer a las poblaciones vulnerables frente a adversidades económicas; reducir el coste de los alimentos a lo largo de las cadenas de suministro, luchar contra las desigualdades estructurales y, sobre todo, introducir cambios en el comportamiento de los consumidores para garantizar dietas más variadas y saludables.
En 2007, la Asamblea General de Naciones Unidas declaró el 2 de abril como el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo. El objetivo era tan sencillo como loable: poner de relieve la necesidad de mejorar la calidad de vida de quienes lo sufren y promover su necesaria inclusión en todos los ámbitos de la sociedad.
El Trastorno del Espectro Autista (TEA) es una alteración neurobiológica que afecta al sistema nervioso y al funcionamiento cerebral, dificultando el desarrollo de las áreas de comunicación e interacción social de quienes lo padecen. Según las estimaciones elaboradas por la Organización Mundial de la Salud (OMS), 1 de cada 160 personas del planeta sufren este trastorno. A día de hoy, las causas que lo provocan siguen sin conocerse.
La estigmatización y discriminación que aún sufren las personas con TEA acentúan sus dificultades, impidiendo su pleno desarrollo personal
Lamentablemente, las personas que nacen con TEA lo sufren durante toda su vida, lo que vuelve especialmente importante una detección temprana –y su consiguiente tratamiento– para poder reforzar aquellos aspectos vitales en los que muestran mayor dificultad: la comprensión y expresión de sentimientos y mensajes sociales, la adaptación a los cambios y el manejo de la información sensorial.
Una inclusión necesaria
El pasado año, Naciones Unidas puso el foco en la necesidad de estructurar el mercado laboral de manera que las personas con autismo pudieran acceder a un trabajo decente en condiciones de igualdad, intentando eliminar toda conducta que perjudique su empleabilidad.
Las dificultades en la comunicación e interacción de las personas con TEA favorecen que no se preste atención a capacidades que pueden ser especialmente útiles a la hora de desempeñar eficientemente un puesto de trabajo. Es el caso de la meticulosidad y la atención por los detalles, la honestidad, el respeto a las reglas establecidas, el empleo de la lógica o la correcta adaptación a las rutinas. Así, las empresas que incorporan a sus equipos personas con TEA experimentan beneficios que van desde la introducción de puntos de vista diferentes e innovadores a una mayor claridad en la comunicación y la atención a los condicionantes personales.
Los beneficios sociales son evidentes. Un estudio de la organización danesa Specialisterne, dedicada a la inclusión laboral de personas con autismo y otros diagnósticos neurodiversgentes, demostró que cada corona danesa invertida en un empleado con TEA generó 2,20 coronas en impuestos y contribuciones al capital estatal.
Las personas con TEA aportan atención por el detalle, adaptación a las rutinas, lógica y honestidad a su entorno laboral.
Replicando los métodos utilizados por la organización matriz, Specialisterne España nació en 2013, consolidada hoy como una empresa social dedicada en cuerpo y alma a facilitar la inclusión laboral de las personas con TEA. Specialisterne predica con el ejemplo: la mayoría de trabajadores de esta empresa son personas autistas. Su acción social se basa en la selección y preparación de estas personas para mejorar su empleabilidad, principalmente en el campo de las TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación), donde su alto nivel de atención al detalle les permite destacar con facilidad. Pero, además, acompañan y capacitan a las empresas que desean incluir la neurodiversidad en sus plantillas. Desde el inicio de su actividad, la compañía ha logrado facilitar el acceso al empleo a más de 450 personas.
Las dificultades laborales de este colectivo también propiciaron el nacimiento de contrataTEA, una plataforma web que pone en contacto a personas con TEA en búsqueda de empleo con empresas necesitadas de nuevos talentos. El proyecto fue iniciado en 2018 por Autismo España, Federación Española de Autismo (FESPAU) y Asperger España, y no sólo pone en contacto a los empleadores (a quienes sensibiliza) con sus futuros empleados (a los que selecciona y prepara).
La diversidad de estas personas continúa hoy exponiéndolas a una estigmatización social que acentúa sus dificultades y complica su desarrollo personal. Su plena inclusión, no solo laboral, sino social, pasa necesariamente por la sensibilización del resto de la sociedad para eliminar cualquier tipo de actitud discriminatoria hacia ellas. Un camino que, de momento, se construye poco a poco.
El presidente de la Red Española de Desarrollo Rural (REDR), Secundino Caso, siempre ha afirmado con rotundidad que la pandemia ha sido una de las mayores oportunidades para dinamizar el desarrollo económico de la España vacía. Habla desde su experiencia pero también desde la de los vecinos de Peñarrubia, el pequeño pueblo cántabro de 318 habitantes del que lleva dos décadas siendo alcalde: en los últimos meses, tres nuevas familias se han mudado al municipio para teletrabajar o crear nuevos negocios desde esa tranquilidad que solo puede dar el campo. Una señal irrefutable, apunta Caso, de que algo está cambiando en el mundo rural. Aunque, para que la transformación eclosione definitivamente, aún quedan algunas asignaturas pendientes por resolver.
Usted defiende que la pandemia ha resignificado la vida en el entorno rural. Sin duda, el trabajo telemático ha marcado un antes y un después en la España vacía. Pero ¿de qué forma el coronavirus ha cambiado nuestra concepción de los pueblos de España en cuanto a oportunidades laborales?
La influencia de la pandemia en la resignificación del entorno rural es una realidad. Gracias a ella, la sociedad –ya no solo la rural, también la urbana– ha empezado a valorar de verdad el tener una casa con acceso a la naturaleza, vivir en un pueblo, disfrutar del aire libre. En la práctica, muchos pueblos están viendo este efecto ahora mismo: hay mucha gente que compró una casa en un municipio rural como segunda residencia durante la pandemia y que, ahora, se está mudando para vivir en ella definitivamente. También en el ámbito más económico se está dando un cambio grande, ya que por primera vez estamos viendo cómo hay gente que apuesta por invertir en los pueblos sin ninguna subvención o ayuda. Esto dignifica. Que venga gente de las ciudades, con un poder adquisitivo mayor, a quedarse en la España rural es un motivo de orgullo para los vecinos. Algunos todavía incluso se sorprenden, porque se preguntan cómo puede una persona decidir abandonar la ciudad y venirse al campo. La respuesta es sencilla: está donde quiere estar, y es en el pueblo. No obstante, que la migración a la inversa –de pueblo a ciudad– ocurra depende de numerosos factores. El más importante de todos es la conexión. Ya existen pueblos de primera y pueblos de segunda según si tienen fibra óptica o no. En resumidas cuentas, es importante ver que lo que necesita un pueblo para ser atractivo no es que esté cerca de una gran ciudad, sino que esté conectado y cuente con los servicios suficientes para proporcionar un estado de bienestar a sus vecinos y a los nuevos moradores.
«Los pueblos necesitan trabajadores, pero para ello tienen que garantizar un bienestar»
No obstante, la edad media en el entorno rural ronda los 55 años y, según la Fundación Adecco, los mayores de 50 años representan el 14% del paro en España. ¿Cómo se puede garantizar el acceso al emprendimiento rural en una horquilla de edad que suele tenerlo muy complicado para conseguir empleo?
No creo que sea un problema. De hecho, mucha de la gente que está viniendo a emprender a los pueblos ahora no baja de los 60 años. El mundo rural ofrece muchas oportunidades y necesita gente que trabaje. Por ejemplo, a Peñarrubia acaba de mudarse un matrimonio –él es arquitecto; ella diseñadora– que supera los 50 años de edad, y también una mujer que decidió abandonar Barcelona y montar su negocio online de velas artesanas desde aquí.
Además, ahora mismo contamos con muchos programas que permiten acercar a emprendedores y grupos de desarrollo para que trabajen coordinados. Vuelvo al ejemplo de Peñarrubia: en nuestro pueblo hay muchísimo turismo, pero todavía falta hostelería. Quien quiera venirse y montar un restaurante, podrá vivir muy bien.
Pero también es cierto que el territorio rural, si bien abarca el 80% de la superficie española, cuenta con una densidad media de 17,8 habitantes por kilómetro cuadrado. En un escenario como este, ¿de dónde se parte y hacia dónde se tiene que ir para una red laboral resistente que facilite el emprendimiento rural?
Esa es una de las asignaturas pendientes. Tenemos que aprender a coordinarnos mejor. No es una cuestión de cantidad, sino de forma de trabajar. En el mundo rural hay decenas de entidades como fundaciones, planes de empleo o asociaciones que luchan por el desarrollo del emprendimiento en los pueblos. Es más, si en España hay 250 comarcas, en cada una de ellas vive un grupo de acción local que puede orientar a cualquier interesado en emprender sobre los sectores que necesitan más trabajadores o qué empleo fortalece el territorio. Lo único que falta, como digo, es trabajar todos sobre la misma página.
Usted lleva más de veinte años siendo el alcalde de Peñarrubia. Ha sido testigo directo de la evolución de la España vacía. ¿Cómo ha afectado la despoblación al bienestar económico y social del pueblo? ¿Se está recuperando de alguna forma? ¿Qué pierde España cuando en los pueblos se deja de emprender?
En primer lugar, cuando yo llegué al consistorio, había registrados 200 habitantes. Ahora hay casi 400. Recientemente, he visto a tres familias venir a vivir aquí. El matrimonio del arquitecto y la diseñadora se dedica a comprar casas en Madrid, rehabilitarlas y venderlas. Es decir, que pueden vender un piso en la Castellana desde un municipio de la España rural. También, justo enfrente de ellos, están construyendo una casa un hombre alemán y una mujer chilena. Él tiene una empresa digital de gestión de depuradoras para gobiernos de todo el mundo e, igualmente, lo resuelve desde el ordenador en Peñarrubia. Todo lo que necesitan es el internet que les proporcionamos. Mi pueblo necesita trabajadores. Ahora mismo hay muchas empresas turísticas –posadas, hoteles, albergues y un balneario de lujo– que necesitan gente. Esto demuestra que hemos conseguido poner sobre la mesa que esa idea de que en los pueblos no hay nada de lo que vivir es un mito. Cuando yo empecé, no existía nada más que el sector primario y, a lo largo de estas décadas, hemos asentado proyectos que han dinamizado la economía.
La pregunta ahora es: ¿y por qué, aun así, no conseguimos que se quede toda la gente que queremos? Porque la vivienda, al menos en el caso de Peñarrubia, es un gran problema. Ahora mismo, si una pareja joven se viene a vivir aquí, tendrá que gastar mucho dinero en una casa que es una verdadera ruina. Eso es algo de lo que también hay que hablar: no es tan sencillo como darles trabajo y ya, sino que se necesitan servicios adecuados, como un sistema de viviendas rehabilitado, un médico, una guardería… Ahora mismo estamos viendo cómo mucha gente viene al pueblo a trabajar por el día y luego se va a la cabecera de comarca para descansar, porque allí es donde está su casa. Eso no tiene sentido. La gente no se da cuenta de que ese estado de bienestar en el que viven en las ciudades es muy potente, y que eso no siempre lo encontramos en los pueblos. Tenemos que conseguirlo. No obstante, el reto está en que, si bien no hay dos pueblos iguales, tampoco hay dos soluciones iguales.
¿Qué sectores lo tienen más complicado (y qué sectores lo tendrán en el futuro próximo) para crecer en la España vacía?
No es una cuestión de sectores, sino de que la gente tenga todo lo que necesita para vivir bien. Es muy importante cambiar esa mirada. Hace 50 años, del mundo rural se marchó todo aquel que pudo y se quedó solo el que no tuvo oportunidad de irse. Es decir, los trabajadores de la agricultura y la ganadería. Esos sectores ahora mismo están pasando por auténticas dificultades económicas, y no es porque se hayan quedado en el pueblo, sino porque el estado de bienestar les garantiza más bien poco. Cuando te mudas a un pueblo con 20 años y estás soltero, el estado del sistema educativo, la sanidad o las residencias de mayores te puede dar un poco más igual. Pero si te acabas de casar y tienes dos niños pequeños, da igual el sector en el que trabajes, que mientras no haya una guardería o un médico disponible te va a dar igual. El estado de bienestar en el mundo rural es un espacio aún por conquistar.
«Llevamos 50 años legislando para las ciudades, y ahora nos encontramos con un traje que no viene a medida para los pueblos»
En este sentido, son cada vez más las iniciativas del sector privado centradas en generar un impacto positivo en la economía de los pueblos. Pensando en algunos ejemplos, nos encontramos con Holapueblo, que apoya a personas interesadas en instalarse en el mundo rural e implantar su idea de emprendimiento, o Ruralizable, que impulsa el emprendimiento tecnológico a favor del mundo rural. ¿Qué opina de esta implicación de las empresas para favorecer el desarrollo sostenible de los pueblos? ¿Hasta qué punto el sector público y el privado pueden trabajar en alianza?
La alianza público-privada es fundamental. Tiene que existir sí o sí. Puede que haya gente a la que le cueste entenderlo, pero yo, que soy presidente de un grupo local y de la Red Española de Desarrollo Rural –donde la mitad del componente es público y la otra mitad privado desde hace 30 años– lo tengo claro. Lo que sí es cierto es que, hasta hace poco, hemos estado dando la espalda al mundo rural. Antes no se le tenía en cuenta porque componía muy pocos votos, y eso no interesaba. Se ha tardado mucho en ser consciente de la importancia del mundo rural que, más allá de la pandemia, es una pieza clave a la hora de luchar contra los principales retos que nos conciernen: el cambio climático, la producción de alimentos, la captura de dióxido de carbono, el terreno para instalar las energías limpias… Con la transición energética sí que vemos el potencial de los pueblos, pues permiten un modelo barato y más sostenible. Pero, por supuesto, tal y como ha avanzado la historia, hay reticencias de ciertos habitantes. Con esto quiero decir que, si ahora contamos con el mundo rural, la única forma de hacerlo es teniendo en cuenta a los vecinos. Por eso la alianza entre lo privado y la figura civil es tan importante: hay que llegar a consensos con los habitantes y encontrar soluciones adaptadas a ellos y su entorno.
Concretamente, Red Eléctrica es un actor fundamental porque combina esa rentabilidad energética y sostenible con la involucración de la gente que vive en los pueblos. Es la única manera de hacerlo, en realidad, porque necesitamos un equilibrio, que ciudades y pueblos trabajen para que ese estado de bienestar llegue sin dejar a nadie marginado. De lo contrario, fallaremos y daremos margen a la demagogia.
Sobre dar la espalda al mundo rural, ha denunciado en numerosas ocasiones que las leyes, muchas veces, tampoco piensan en los pueblos. ¿Qué hace falta cambiar en la legislación para darle un mayor empujón al tejido laboral de los pueblos?
Esa es la clave. Nos vemos frente a una legislación que, en los últimos 50 años, se ha diseñado para una España urbana. Y ahora, cuando queremos legislar para los pueblos, se convierte en un traje que no nos viene a medida. No podemos aplicar esta legislación al mundo rural porque lo único que hemos hecho ha sido ponerle capas de protección, no dinamizarlo. Y la protección, muchas veces, genera cuellos de botella.
De esto hay cientos de ejemplos. Sin ir más lejos, el acceso a las farmacias. En una ciudad, una farmacia sale muy rentable tan solo vendiendo medicamentos mientras que, en un pueblo, para que salga a cuenta, el farmacéutico tiene también que asesorar, llevar medicamentos a domicilio, hacer preparados específicos para los vecinos, etcétera. Y, sin embargo, la ley no permite que las farmacias de los pueblos cuenten con un psicólogo. Y no solo eso: la legislación marca que en un pueblo de menos de 500 habitantes no puede haber una farmacia, sino un botiquín. Esto minimiza los servicios y reduce el horario de atención al cliente, puesto que un botiquín no puede abrir todos los días.
Este fenómeno también lo observamos en la ley de transporte escolar. Es lógico que para una ciudad se legisle, por pura seguridad, que los menores de edad no puedan viajar en el mismo transporte que adultos completamente desconocidos. Pero en un pueblo, donde hay una gran red familiar, no tiene sentido alguno. ¿Qué hace entonces un niño pequeño cuando tiene que viajar en un autobús casi vacío para ir a la escuela en otro pueblo y no puede acompañarle su abuelo? Tenemos que volver a aplicar la lupa para hacer leyes destinadas al mundo rural. Inglaterra y Francia, por ejemplo, ya llevan tiempo trabajando en una legislación adaptada. Incluso existen observatorios rurales que, cada vez que sale una nueva ley, ponen en marcha un mecanismo de garantías que analiza cada párrafo para evitar que pueda perjudicar a los pueblos. No para beneficiarlos, sino para ahorrarle daño. Yo mismo me conformo ya con eso: que la legislación no sea una losa sobre nuestras cabezas.
Más allá de los servicios, también muchos de los emprendedores que quieren invertir en los pueblos lamentan las trabas burocráticas a la hora de encaminar su negocio.
Claro, es que no puede ser que alguien tenga que esperar durante dos o tres años a que la Administración le diga si puede emprender o no. Yo lo veo todos los días: muchísima gente que quiere emprender deja de intentarlo porque no se ve capaz de seguir adelante con tanta burocracia. Eso hay que agilizarlo. Tendríamos que ponerle una alfombra roja a cada persona que quiera emprender, garantizar que puede resolverlo en un tiempo razonable, tanto si es un proyecto viable como si no.
«Necesitamos construir un relato atractivo para que los jóvenes vengan a los pueblos»
Desde su punto de vista, ¿el Plan de Recuperación de la Unión Europea, que destina más de 8.000 millones al desarrollo rural, puede ser ese as bajo la manga que la España vacía lleva tiempo buscando?
En cuanto a las ayudas europeas tengo el corazón partido. Es verdad que son una gran inversión, pero hay que tener en cuenta que con la migración el mundo rural quedó desprotegido de talento y, ahora mismo, no tiene capacidad de personal para absorber ese dinero. Hay que recordar un dato fundamental: el 60% de los ayuntamientos españoles están en municipios por debajo de los 1.000 habitantes. ¿Qué significa esto? Que no hay manos suficientes: no hay técnicos para preparar los proyectos y no hay asesores que ayuden a decidir a qué destinar el dinero. Precisamente la semana pasada lo denunciamos ante el Ministerio de Economía. No hay organismos suficientes para presentar proyectos al mundo rural en la medida de lo que debería ser. Sí que algunas comunidades autónomas han puesto técnicos para abordarlo, pero deberíamos tener un gran pacto, una agenda rural que garantice que estos fondos llegan adecuadamente porque el Plan de Recuperación es un tren que no podemos perder.
Ante este escenario, ¿podemos esperar entonces una revolución rural que transforme el panorama laboral de España y reequilibre el mapa poblacional?
Estamos en un momento clave. No solo en España, sino en toda Europa. No se trata de vivir del mundo rural, sino de vivir en el mundo rural. Y de nuevo, la digitalización y la robotización del campo juegan un papel fundamental para dar un paso más. Eso sí, siempre que lo hagamos con unas gafas que miren de verdad al mundo rural (sin paternalismos) y lleven a generar ambientes de confianza y empatía, un relato atractivo para la gente joven y el emprendimiento. Los jóvenes tienen que ser los protagonistas de nuestro futuro.
Las imágenes legadas por la contaminación son fácilmente reconocibles. Pocos desconocen que las vistas de la ciudad de Madrid se asemejan, desde las afueras, a las texturas de un viejo cuadro: dibujada a través de sus tejados, la ciudad queda envuelta en una niebla que tan solo permite intuir el final del horizonte de hormigón. Es la llamada «boina tóxica»: surge cuando la atmósfera impide que la contaminación causada por la quema de combustibles fósiles se disipe. A pesar de que su documentación se cuenta por años, aún hoy es el máximo exponente de la polución urbana a gran escala.
La mala calidad del aire afecta directamente a nuestra salud. Según un estudio de El País en colaboración con Lobelia Air, más de 190.000 niños y niñas menores de 12 años acuden por la mañana a un colegio de Madrid o Barcelona con excesivos niveles de contaminación. El alumnado del 46% de los centros de educación infantil y primaria sufren actualmente una media anual de dióxido de nitrógeno (NO₂) que supera los 40 microgramos por metro cúbico, es decir, los niveles recomendados por las instituciones internacionales.
El alumnado del 46% de los centros de educación infantil y primaria sufren una media anual de dióxido de nitrógeno que supera los niveles recomendados
El año pasado, Madrid fue la única urbe española que incumplió los niveles marcados por la Unión Europea. La importancia de reducir su impacto es evidente: este gas tóxico, asociado principalmente al tráfico de los vehículos, es el responsable de miles de muertes prematuras a lo largo de todo el continente, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).
En este contexto, nuestros hijos son las principales víctimas. Tal como señala la OMS, el 93% de los niños y niñas menores de 15 años alrededor mundo (1.800 millones aproximadamente) respiran diariamente aire tan contaminado que pone en grave riesgo su salud y desarrollo. La organización estima que en 2016 un total de 600.000 menores murieron a causa de infecciones agudas de las vías respiratorias inferiores causadas por el aire contaminado.
Una de las razones por las que la infancia sufre más los efectos de esta contaminación es, en realidad, sorprendentemente sencilla: viven más cerca del suelo, donde algunos contaminantes alcanzan concentraciones máximas, y se da, además, en un momento en que su cuerpo y su cerebro aún se están desarrollando. A ello se suma que al respirar más rápido con unas vías respiratorias más estrechas que las de los adultos, los niños y niñas absorben más contaminantes.
Según ha explicado María Neira, directora del departamento de Salud Pública, Medio Ambiente y Determinantes Sociales de la Salud de la OMS, «la contaminación del aire impide que el niño se desarrolle normalmente y tiene más efectos en su salud que los que sospechábamos». Efectos que incluyen el estado previo a la vida: el 1,35% de los partos prematuros que se produjeron en España entre 2001 y 2009 se atribuyen a la contaminación del aire.
Un problema europeo
Aunque tanto Madrid como Barcelona aún tienen por delante un largo camino que recorrer, lo cierto es que el problema no es exclusivo de ambas. A lo largo del continente europeo, los niveles de dióxido de nitrógeno se mantienen relativamente similares entre las distintas ciudades. De este modo, mientras el área metropolitana madrileña marca una media anual de 39,2 miligramos, la de París se sitúa por encima, rondando los límites recomendados por la OMS. Hasta dos ciudades más superan a la capital española. En el caso de Turín, el núcleo italiano supera los 40,8 miligramos, rebasando la cifra recomendada. Aunque parezca pequeña, una mínima reducción de estas emisiones podría salvar centenares de vidas, ya que los gases como el NO₂ también se pueden colar en las viviendas a través de las ventanas.
Más de 190.000 niños y niñas menores de 12 años acuden por la mañana a un colegio de Madrid o Barcelona con excesivos niveles de contaminación
Las medidas para lograr una menor contaminación son relativamente sencillas. Así lo demostró el periodo del confinamiento: la reducción drástica del tráfico durante los primeros meses de la pandemia logró a su vez reducir la cantidad de dióxido de nitrógeno en más de un 70% en algunas ciudades, como ocurrió con Palma de Mallorca. Madrid y Barcelona también forman parte de esta ecuación: ambas redujeron la presencia de este gas tóxico durante el confinamiento en un 52% y un 58% respectivamente.
Parte de la solución, por tanto, pasa por una restricción del tráfico. Según el estudio realizado en 2021 por la Universidad Complutense de Madrid, algunas de las medidas tomadas para restringir el tráfico en el centro de la ciudad ya podrían causar una fuerte mejora en la calidad del aire, llegando a alcanzar incluso una disminución de 10 microgramos por metro cúbico. De hecho, estas restricciones no redistribuyeron el tráfico hacia otras partes de la ciudad, sino que condujeron al aumento en el uso de otro tipo de transportes más sostenibles, como el autobús o las bicicletas. Esto refuerza, a su vez, una de las medidas más reivindicadas por parte de los expertos: la necesidad de reforzar y ampliar el sistema de transporte público, capaz de transportar grandes masas de gente con menos emisiones.
“Bosques: consumo y producción sostenibles” ha sido el lema elegido para celebrar este 21 de marzo el Día Internacional de los Bosques, una fecha que recuerda la labor que realizan estos ecosistemas para mantener la vida presente y futura en el planeta Tierra. Su preservación resulta fundamental para poder combatir el cambio climático.
La primavera se anuncia ya en los días que, poco a poco, empiezan a alargar sus horas de luz. También en los brotes de los árboles, que exhiben sus flores al mundo. Pero sobre todo en ese estallido de sonidos provocado por los animales que salen por fin de sus refugios. Si nos paramos un momento, seremos capaces de escuchar ese bullicio único de la estación, el periodo de cortejo por antonomasia y también un momento idóneo para las migraciones.
Sin embargo, en el entorno urbano, a medida que aumentan las interacciones animales también lo hace el riesgo. En España, más de 500 millones de aves mueren al año tras chocarse, en pleno vuelo, contra cristales y ventanas. También en nuestro país mueren atropellados anualmente 9 millones de aves y 1,5 millones de mamíferos, víctimas de los desplazamientos entre ciudades y pueblos. Eso sin contar con las vidas perdidas de animales invertebrados como las mariposas o las abejas.
En España, más de 500 millones de aves mueren al año tras chocarse, en pleno vuelo, contra cristales y ventanas
Desde hace varias décadas, la brecha que deja el conflicto entre el desarrollo urbanístico y el respeto a la biodiversidad no ha dejado de agrandarse: la mayor evidencia la encontramos durante el confinamiento provocado en 2020 por la covid-19, cuando numerosas especies de animales camparon a sus anchas por las calles y las carreteras sin correr el riesgo de sufrir daños. Tras el fin de las medidas, la presencia de los animales fue poco a poco reduciéndose de nuevo.
Es una problemática compleja y grave. En primer lugar porque el vínculo entre la biodiversidad urbana y nuestra forma de vida es muy estrecho. Perder una significa perder también la otra. Una investigación reciente basada en los resultados de 19 estudios, responsables de analizar un total de 40 tipos de relaciones entre la biodiversidad y la salud humana, llegó a la conclusión de que un 60% de estas conexiones eran positivas, frente a un 8% negativas y un 33% sin efectos significativos.
Explicado de una forma más clara, la biodiversidad no es un elemento ajeno a las ciudades, sino que esta contribuye al bienestar del ser humano: regula la aparición de plagas y parásitos, mejora el bienestar físico y mental, facilita la polinización y la reproducción de las especies vegetales –incrementando, por tanto, la presencia de pulmones verdes y sumideros de carbono– y contribuye a mitigar los efectos del cambio climático al garantizar la permanencia de los espacios verdes. Además, está demostrado que la presencia de biodiversidad nos acerca más a la naturaleza y nos obliga a asumir más responsabilidades con el medio ambiente.
Aunque se tiende a concebir las ciudades como enemigas de los ecosistemas, lo cierto es que estos entornos per se no son los que provocan el daño. De hecho, estas pueden ayudar a conservar especies locales y facilitar los pasos migratorios. El problema llega cuando la actividad humana las hace inhabitables.
Crear corredores de fauna silvestre en jardines, plantar especies autóctonas o construir nidos artificiales son medidas efectivas para proteger la biodiversidad urbana
En este sentido, algunas tendencias del urbanismo ecológico han introducido innovaciones para integrar la naturaleza en los edificios, implantando fachadas verdes y jardines verticales, eliminando posibles reflejos en los cristales para evitar que los pájaros las confundan con paisajes, reduciendo la contaminación lumínica y acústica, limitando pavimentos artificiales o creando corredores de vida silvestre entre jardines y parques. Un buen ejemplo es la ciudad inglesa de Bristol que, dentro de los actos conmemorativos tras su nombramiento en 2015 como Capital Verde Europea, propuso convertir la ciudad en un entorno amigable para la fauna silvestre plantando especies vegetales capaces de atraer a abejas y mariposas y construyendo nidos artificiales para pájaros y murciélagos, entre otras acciones.
Otras propuestas más sencillas pasan por plantar especies autóctonas para atraer a insectos locales, evitar plantas exóticas invasoras, tapar piscinas para evitar que los animales caigan en ellas o evitar las podas de setos y arbustos entre los meses de mayo y agosto para no bloquear los procesos de reproducción de las aves y otros animales.
Sin embargo, organizaciones expertas como SEO/Birdlife consideran que para construir ciudades respetuosas con la biodiversidad es necesario subir un escalón más en el urbanismo, alcanzando la planificación urbanística. Como cada ciudad es única, las realidades de los distintos entornos urbanos permiten elaborar una hoja de ruta para hacer evolucionar las ciudades hacia espacios más resilientes y conectados a la naturaleza.
Así, los expertos de la organización han elaborado a través de los proyectos de conservación desarrollados a lo largo de los últimos 15 años en Cantabria una exhaustiva guía, inspirada en más de 40 estudios de caso, que incluye 100 medidas para la conservación de la biodiversidad en entornos urbanos –agrupadas en los ámbitos de gestión municipal, expansión urbanística, edificios e infraestructuras, zonas verdes, educación y participación ciudadana– para aunar esfuerzos y crear un mundo mucho más biodiverso y, por tanto, menos hostil.
Con cada temporada, la industria de la moda presenta nuevas colecciones para los siguientes meses. Sobre la pasarela de la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, que se ha celebrado recientemente en la capital, se han podido ver nuevos estilos y nuevas interpretaciones que marcarán tendencia en las calles de todo el mundo.
Sin embargo, el hecho de que las tendencias sean tan fugaces es la base de un problema. La industria de la moda potencia así un elevado consumo y condena a sus productos a un ciclo de vida muy corto. Como recuerdan en el estudio La transformación sostenible del sector textil, elaborado por KPMG, cada año se tiran a la basura 800.000 toneladas de ropa, y de ellas, cada prenda ha sido usada únicamente una media de 15 veces. A nivel global, el sector textil es el responsable del 10% de las emisiones de gases de efecto invernadero y del 30% de todos los residuos plásticos que hay en los océanos.
El consumidor medio tiene hoy un 60% más de prendas que hace una década, según datos de la ONU
Comparando los hábitos del presente con los del pasado más cercano, se confirma ese impacto. Cada persona usa hoy un 60% más de prendas que hace una década, según datos de la ONU, una cifra tan elevada que ha llevado ya a que aparezcan comportamientos como el köpskam (vergüenza por comprar, en sueco), un movimiento crítico con la compra de prendas nuevas y que aboga por el reciclaje, o alquiler de ropa. Como explicaba Neus Soler, profesora colaboradora de los Estudios de Economía y Empresa de la Universitat Oberta de Catalunya, hablando sobre la aparición de este término, su existencia «se deriva de la necesidad de hacer entender a la industria que su producción debe ser sostenible».
En un momento en el que la conciencia medioambiental es más elevada que nunca y en el que se aspira a potenciar la economía circular y a reducir el despilfarro de recursos, la moda empieza a hacer un viraje más que necesario. Los consumidores buscan cada vez más moda sostenible y respetuosa con el entorno, pero también la propia industria textil ha ido asumiendo esos compromisos como uno de sus valores fundamentales. La propia Mercedes-Benz Fashion Week Madrid definía su esencia en la presentación de esta última edición hablando de «elegancia en el diseño» pero también de sostenibilidad, apuntando por «un desarrollo sostenible como único camino posible».
Si hace unos años las marcas de moda sostenible eran pequeñas compañías emergentes, ahora el compromiso se ha convertido en algo generalizado. No solo marcas especializadas como Ecoalf, Thinking Mu o Lindissims, entre muchas otras, se centran en ser respetuosas con el entorno. Gigantes como H&M, Mango o Inditex cuentan con colecciones verdes o con sistemas de recogida de prendas usadas y trabajan para diseñar tiendas más ecológicas. Igualmente, los principales fabricantes de la industria de la moda se han vinculado al Reto de Algodón Sostenible 2025.
En general, la moda sostenible intenta ser lo más respetuosa posible durante todas las fases de producción y comercialización. Esto supone prestar atención a las materias primas o al impacto que tienen sus fábricas en el medio ambiente, pero también pagar salarios justos a sus plantillas, incentivar el reciclaje de prendas o educar a los consumidores sobre los comportamientos más sostenibles.
La industria de la moda también ha dado pasos de gigante en términos de inclusión y diversidad en los últimos años
Los compradores ya apuestan por marcas verdes, por prácticas como la reutilización o el alquiler de prendas o por conocer con detalle la letra pequeña de cómo se han hecho sus prendas favoritas. También se muestran cada vez más sensibilizados ante otras cuestiones responsables sobre la moda. Como recuerdan los Objetivos de Desarrollo Sostenible establecidos por la ONU, la sostenibilidad no implica únicamente ser verde. A la par, supone preocuparse por la brecha social o por la igualdad de género, entre otras muchas cuestiones para lograr un mundo más justo.
Así, la industria de la moda también ha dado pasos de gigante en términos de inclusión y diversidad en los últimos años. Muchas compañías no solo han abandonado prácticas comerciales en las que se cosificaba a las mujeres, sino que han introducido cuerpos diversos entre las modelos que presentan sus productos. En general, los cuerpos no normativos son cada vez más habituales en las campañas y las cadenas de moda han ido ampliando las tallas disponibles en tiendas para reflejar en sus expositores la diversidad real.