Categoría: Agenda 2030

La Unión Europea, en el marco del Pacto Verde Europeo, se ha fijado el ambicioso objetivo de lograr la neutralidad climática de aquí a 2050. Para alcanzar esa meta el continente se ha comprometido a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en al menos un 55%, con respecto a los niveles de 1990, antes de 2030. En esta línea, se ha lanzado un paquete de medidas, conocido como Objetivo 55, que pretende revisar y actualizar la legislación europea en materia de clima, energía y transporte.

Reducción de emisiones de dióxido de carbono (CO2), eficiencia energética, combustibles alternativos, fiscalidad energética y energías renovables son solo algunas de las cuestiones que, de manera urgente, se deben abordar y que el plan Objetivo 55 pretende abordar. El estricto cumplimiento de las mismas por parte de los estados miembros facilitará que podamos disfrutar de un planeta más sostenible.

La taxonomía verde potencia la inversión privada en actividades económicas que se alinean con seis de los ODS

Por supuesto, asumir estas medidas implica una fuerte inversión económica. Por ello, la Unión Europea ha desarrollado una taxonomía verde, un sistema de clasificación que establece un listado de actividades económicas sostenibles. Todo, con el objetivo de movilizar la inversión privada para acelerar la transición ecológica.

La protección de los inversores privados y los consumidores de las estrategias de greenwashing, con las que algunas empresas venden al cliente una imagen de respeto hacia el medio ambiente que no se corresponde con la realidad, se encuentra en el corazón de la taxonomía verde. De hecho, su principal objetivo es establecer jurídicamente las actividades económicas que pueden considerarse sostenibles e incorporar un estricto control sobre las mismas exigiendo auditorías e informes más detallados. Así, las empresas cuyas actividades se adapten a este sistema, tendrán más oportunidades de recibir financiación privada.

Pero ¿cómo determina la taxonomía verde qué actividades económicas entran en esa categoría y son, por tanto, beneficiosas para el inversor? La Comisión Europea establece que, para ser considerada ambientalmente sostenible, cualquier actividad económica debe orientarse (al menos) a la mitigación del cambio climático, la adaptación al mismo, el uso sostenible del agua, la transición hacia una economía circular, la prevención de la contaminación o la protección de ecosistemas saludables. Efectivamente, estos seis propósitos coinciden con seis de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas.

La Unión Europea se ha comprometido a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 55% antes del año 2030

Si bien el documento base de esta taxonomía verde entró en vigor en julio de 2021, queda pendiente la lista real de actividades económicas ambientalmente sostenibles, que ha de cumplimentarse a través de actos delegados. El primero de estos actos delegados entró en vigor en diciembre del pasado año tras la aprobación por parte de todos los estados miembros.

No obstante, la polémica surgió a principios de 2022 con el segundo de estos actos, que otorga categoría de energías verdes a las nucleares y el gas natural. No todos los estados aceptan esta categorización y, en previsión de esta negativa, la Comisión Europea plantea considerar la energía verde como transitoria hacia el pleno uso de energías renovables. Así, en los casos de la nuclear solo aplicaría para aquellas centrales construidas antes de 2045, y en el del gas natural a las que emitan menos de 100 gramos de CO2 por kilovatio hora.

Sin duda, los miembros de la UE deberán dar a este acto delegado, antes de su aprobación, una forma determinada que permita a los inversores privados seguir apostando por aquellas actividades económicas que mejoren el sistema energético y las relacionadas con las energías renovables.

Ninguna compañía se ha encontrado ante un momento tan perfecto para dar el salto a la sostenibilidad como este preciso instante. Empezando por algo tan sencillo como que el patrón de consumo ha cambiado: tan solo en España, dos de cada tres personas ya aseguran que modificarán sus hábitos de consumo por criterios de sostenibilidad. En otras palabras, que elegirán las empresas no por su renombre, sino por lo que hacen (y por cómo lo hacen). Si piensan en verde, entonces tienen la mitad del camino recorrido.

Consciente de ello, Larry Fink, director del mayor gestor de activos del mundo, BlackRock, ha decidido dedicar su influyente carta anual dirigida a CEOs a este cambio de paradigma donde la crisis ambiental se alza como principal protagonista y la pandemia, que ha mostrado claramente las desigualdades que todavía siguen afectando a nuestras sociedades, como la chispa que ha encendido la mecha.

«Los ingenieros y los científicos trabajan sin descanso en la descarbonización de los sectores del cemento, el acero y los plásticos; la del transporte marítimo, por carretera y aviación; y también de la agricultura, la energía y la construcción», afirma este peso pesado de Wall Street que, desde que se sentó al frente de BlackRock hace una década, siempre se ha mostrado como un firme defensor de la aplicación de los estándares ambientales, sociales y de gobernanza (criterios ESG) en la agenda empresarial. «Por tanto, los próximos 1.000 unicornios (así se habla en lenguaje empresarial de las start-ups) no serán motores de búsqueda ni redes sociales, sino empresas innovadoras sostenibles que conseguirán situar la transición energética al alcance de todos».

El 72% de los inversores ya tiene en cuenta los criterios de sostenibilidad a la hora de valorar una empresa

En la misiva, Fink insiste en que, en este escenario, las compañías que no miren hacia la transición ecológica tan solo conseguirán quedarse atrás. Cada empresa y sector tendrá que transformarse hacia un mundo neutral en carbono: «Pocas cosas afectarán tanto al valor de las empresas como la manera en que aborden la transición energética global en los próximos años». El financiero estadounidense pone así el foco en el capitalismo vinculado con la sostenibilidad, una nueva concepción que busca hacer girar el sistema económico –y, por tanto, la vida financiera de las compañías– en torno a la descarbonización y el cambio climático.

En este sentido juegan un papel fundamental las inversiones sostenibles –que, a diferencia de las tradicionales, tienen en cuenta los criterios ESG– dado que, como recuerda el experto, «nunca antes ha habido tanto dinero disponible para hacer realidad las ideas nuevas». La prueba está en los datos que maneja BlackRock: las inversiones sostenibles ascienden ya a 4.000 billones de dólares, una auténtica fortuna que puede acelerar la necesaria transición ecológica del sistema empresarial –solo 100 de las más grandes empresas del mundo producen el 71% del total de emisiones– y, por ende, del resto de agentes sociales (incluyendo los propios ciudadanos).

La relación entre compañía y empleados, pieza clave en el futuro

Otro foco a tener en cuenta: empleados satisfechos con el trabajo que desarrollan. Este es, a ojos del inversor, un punto crítico. También orbitan alrededor de este concepto los criterios ESG porque, sin trabajadores cómodos en sus puestos, ¿cómo puede avanzar una compañía? «Ninguna relación ha cambiado más por la pandemia que la que existe entre empleadores y empleados», afirma la carta. Las empresas, sí o sí, deben responder a sus nuevas expectativas. «No es solo salario y flexibilidad. El coronavirus ha arrojado luz sobre la igualdad, la conciliación o la salud mental al tiempo que ha puesto de manifiesto las expectativas laborales de cada generación». Ahora es el turno de los CEOs de coger el guante y comprender algo que ya está demostrado: «que las empresas que forjan lazos sólidos con sus trabajadores son más rentables».

Fink: «Los próximos 1.000 unicornios no serán redes sociales, sino empresas innovadoras sostenibles»

Igualmente, en el otro lado de la mesa deben sentarse los accionistas, aquellos que dotan de dinero a las compañías y que ya ponen la sostenibilidad en el centro. Como apunta la gestora de fondos Natixis, alrededor del 72% de los inversores aplica en la actualidad criterios sostenibles a la hora de valorar una compañía. ¿Qué significa esto? Que aquellas que no se centran en los ESG corren el riesgo de ver minimizados los apoyos económicos a cada minuto que pasa.

Tras aconsejar en las últimas líneas a las empresas de petróleo y gas que trabajen con grandes emisores para desarrollar tecnologías de reducción de carbono (es decir, energías renovables y captura de dióxido de carbono, entre otras), Fink aprovecha para hacer una llamada de emergencia a los Gobiernos: sin el sector público, el sector privado no puede maniobrar. «Necesitamos que los Gobiernos marquen claramente la hoja de ruta en la sostenibilidad», avisa.

También de cara a beneficiar a la sociedad reduciendo la desigualdad energética: «A medida que perseguimos estos ambiciosos objetivos debemos garantizar que la población tenga acceso a fuentes de energía fiables y a un precio razonable». Según el inversor, esa es la única forma de crear una economía verde equitativa. Es una alusión al principal reto de los criterios ESG pero también a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), puesto que la alianza público-privada es fundamental para permitir que la sociedad avance hacia un planeta más limpio, y sobre todo, más justo.

«Respirar aire limpio debe ser un derecho humano fundamental. Es una condición necesaria para tener sociedades sanas y productivas», afirmaba a finales de 2021 Hans Henri P. Kluge, director regional de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para Europa. Lo hacía tan solo dos meses después de que el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas declarara en una resolución aprobada con 43 votos de apoyo «un medioambiente limpio, saludable y sostenible» como un derecho básico, un hito histórico que la propia institución definió como «decisivo para la justicia ambiental».

En esta concepción se incluye el aire limpio, cuya calidad, como apuntan las cifras, debe ser garantizada urgentemente. Según los últimos datos de la OMS, nueve de cada diez personas respiran aire contaminado, lo que provoca unos siete millones de muertes prematuras al año. Este es un número que podría duplicarse si la polución no se reduce antes de 2050.

La Agencia Europea de Medio Ambiente estima         que un aire limpio podría haber evitado la muerte de más de 178.000 personas en 2019

Que la falta de aire limpio pone en riesgo la vida de miles de personas ya no es una hipótesis sino una evidencia: un exhaustivo análisis publicado por la Agencia Europea de Medio Ambiente define la contaminación del aire como el mayor riesgo para la salud por factores ambientales y calcula que, en 2019, un entorno libre de partículas contaminantes podría haber evitado al menos 178.000 muertes en la Unión Europea. En total, en el continente se registraron 307.000 muertes prematuras por exposición a partículas finas y 40.400 provocadas por inhalación de dióxido de nitrógeno.

Si bien estas cifras son llamativas en el peor sentido de la palabra, el informe también subraya algo positivo: la calidad del aire en Europa fue mejor en 2019 que en 2018 gracias a las políticas de reducción de emisiones impulsadas por los Estados. Y apunta a que todavía hay tiempo para seguir mejorando y aprovecha para destacar los potenciales beneficios que resultarían de mejorar la calidad del aire siguiendo los nuevos valores marcados por la OMS en 2021 para las partículas contaminantes PM2.5, unas de las micropartículas contaminantes más comunes que provienen principalmente de los automóviles y la industria. «Al menos un 58% de las muertes se hubieran podido evitar si todos los Estados miembros hubiesen alcanzado el nuevo índice (5 µg/m³). En cambio, si se hubieran adherido al límite actual de la Unión Europea (25 µg/m³) la mortalidad hubiese sido la misma», resuelve.

Esto nos lleva a una evidente conclusión: necesitamos un mayor compromiso a la hora de garantizar la calidad del aire. En este marco, el Plan de Acción Contaminación Cero de la Unión Europea busca reducir antes de 2030 el número de muertes prematuras en más de un 55%, en comparación con 2005. La línea de meta, según la Agencia Europea de Medio Ambiente, está cerca: ya se ha reducido un tercio desde 2005 a 2019.

La apuesta española por un aire respirable

En España, solo siete de las 80 mayores ciudades cumplirían con los nuevos límites anuales de dióxido de nitrógeno marcados por la OMS. Además, alrededor del 11% de las muertes están provocadas por enfermedades derivadas del aire como la neumonía, los infartos de miocardio, el cáncer de pulmón o la bronquitis crónica. Para contribuir a paliar esta situación, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, anunció en noviembre el Plan Estratégico de Salud y Medioambiente, que aborda la calidad del aire como vía para mejorar la salud del planeta y las personas, demostrando aún más la interdependencia entre el medio ambiente y nuestra propia salud.

En España, solo siete de las 80 mayores ciudades cumplirían con los nuevos límites anuales de dióxido de nitrógeno marcados por la OMS

A grandes rasgos, la estrategia busca promover entornos ambientales que blinden la salud de la población a la vez que responden a los desafíos del cambio climático. Las líneas de acción marcadas elevan así los esfuerzos para mejorar tanto la calidad del aire como la del agua, y también reducir la contaminación industrial, el ruido o las temperaturas extremas.

En el ámbito de la contaminación, las actuaciones conciben, por un lado, un aumento en la protección de la salud y la coordinación de las respuestas del sistema y, por otro, una mejor recopilación de los datos que permita difundir en mayor medida el conocimiento a la comunidad científica, pero, sobre todo, a la población en general.

Respecto a la salud, la estrategia persigue la protección de la población más vulnerable –personas mayores, menores y mujeres embarazadas–, y propone, entre otras medidas, redactar un protocolo de actuación ante picos de contaminación, vigilar la calidad del aire en entornos susceptibles y potenciar medidas ya existentes para reducir contaminantes como la transformación del transporte o el Plan Nacional de Control de la Contaminación Atmosférica, que incluye 57 acciones para reducir de manera significativa los contaminantes muy nocivos para la salud. A la vez, apuesta por formar al personal sanitario sobre los riesgos por exposición a la contaminación atmosférica y diseñar un Plan de Vigilancia que cuantifique el impacto sobre la salud nacional a corto y largo plazo.

Asimismo, el objetivo es seguir avanzando en la investigación científica a la hora de dar con más enfermedades respiratorias provocadas por la contaminación. Sumando a estas acciones otras como el apoyo al desarrollo de líneas de I+D+i, encaminadas a profundizar en el conocimiento sobre la contaminación atmosférica, España busca alinearse de la forma más rápida posible con las nuevas consideraciones de la Unión Europea en conjunto con las Naciones Unidas. Y es que contribuir a generar un medioambiente limpio y saludable es una apuesta por brindar a la población unas vidas más largas, felices y libres de enfermedades.