Respetar los derechos humanos y el medio ambiente pronto será de debida diligencia para cualquier empresa europea. La primavera pasada, el comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, anunció el avance en una iniciativa legislativa obligatoria sobre debida diligencia en derechos humanos y medio ambiente para todas las empresas con sede en el continente. Esta tiene como último propósito reforzar el marco regulador de tal forma que las empresas, ya sean multinacionales o pequeñas compañías, consigan alinear sus necesidades tanto con sus grupos de interés como con la sociedad.
El documento se ha hecho esperar. Amplios sectores empresariales, así como sindicatos y organizaciones sin ánimo de lucro, llevan a su espalda varios años de trabajo impulsando acciones contundentes en los derechos humanos y la seguridad climática. Recientemente, más de 26 empresas internacionales firmaron una declaración conjunta para que la UE exija al sector privado la debida actuación en materia de derechos humanos. Cientos de inversores se han pronunciado en la misma línea: es urgente frenar el trabajo forzoso y el daño al entorno en la cadena de producción. En su 2020 ICT Benchmark, la organización KnowTheChain descubrió que las empresas con sede en Europa obtuvieron una puntuación muy baja a la hora de acatar la seguridad de sus empleados.
Empresas con sede en Europa obtuvieron una puntuación muy baja con respecto a la seguridad de sus empleados
Y la pandemia no ha hecho más que evidenciar esta urgencia: Business Human Rights Resource Center ha rastreado las acciones de 35 marcas de moda globales para descubrir que ni siquiera la mitad lleva a cabo ejercicios de debida diligencia. Queda mucho que pincelar de esta futura directiva pero, sobre el papel, se plantea que se establezcan requisitos obligatorios con un sistema de sanciones supervisado a nivel nacional, abarcando toda la cadena de valor. Tras un primer rastreo sobre los enfoques legislativos existentes en relación a la debida diligencia, la Comisión ha concluido que la legislación debe contemplar medidas adicionales para grupos vulnerables y vigilar todas las actividades de la compañía, una acción que cambiará el cálculo del riesgo con respecto al abuso de trabajadores, daños a las comunidades y al medio ambiente.
La debida diligencia ya preocupaba a las compañías mucho antes
Para que esta directiva sea eficaz, indica la European Coalition for Corporate Justice, deben asegurarse: el respeto de los derechos en la cadena de valor, la identificación y mitigación de los impactos adversos potenciales y reales sobre el medio ambiente y trabajadores, la cooperación en su solución y la responsabilidad sobre las acciones negativas. Estos, no obstante, son requisitos que las compañías responsables llevan tiempo incluyendo en su agenda, siendo la seguridad laboral y el cuidado del medioambiente dos pilares fundamentales para una sociedad sostenible.
En este sentido, el Grupo Red Eléctrica, dispone de un Modelo de Gestión de Derechos Humanos diseñado para proteger, respetar y remediar cualquier riesgo en materia de derechos que sigue la metodología definida por los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos propuesta por la Organización de las Naciones Unidas.
La actividad de la compañía, por el sector en que se enmarca, tiene vinculados riesgos en el ámbito de los derechos humanos principalmente en materia de salud y seguridad de las personas, condiciones laborales, cadena de suministro e impacto sobre las comunidades. El Grupo Red Eléctrica cuenta con políticas y mecanismos de control para minimizar estos riesgos, asegurar el respeto de los derechos humanos y remediar posibles vulneraciones de los mismos.
El Grupo Red Eléctrica dispone de un Modelo de Gestión de Derechos Humanos
Desde 2013 Red Eléctrica desarrolla análisis periódicos de diligencia debida para identificar los riesgos asociados a su actividad, tanto directa como indirecta, en materia de derechos humanos y con alcance a todas las empresas del Grupo. El resultado de este proceso evidencia que la compañía tiene un nivel de riesgo bajo, aplica los controles adecuados para su gestión y, por tanto, no ha sido necesaria la implantación de ninguna acción de remediación. La compañía mantiene un enfoque de control y de mejora continua a través del desarrollo de actuaciones que permiten la prevención de posibles vulneraciones así como la búsqueda de soluciones y su reparación en el caso de que se produjeran.
En su compromiso explícito con la promoción de los derechos humanos en todos los territorios en los que opera, Red Eléctrica pone a disposición de sus grupos de interés el canal ético como mecanismo formal de respuesta ante consultas y denuncias relacionadas con su cumplimiento, haciendo público el informe anual de gestión de la ética donde se incluye un análisis de las posibles denuncias recibidas en esta materia. Adicionalmente, la compañía cuenta con otros canales de comunicación con sus grupos de interés, donde éstos pueden trasladar sus inquietudes en relación a cualquier vulneración de los derechos humanos.
El aumento de la legislación de debida diligencia obligatoria en materia de derechos humanos en los países europeos garantizará que el resto de compañías sigan el mismo camino hasta conseguir una cadena de valor global que responda a un futuro sostenible, con puestos de trabajo seguros que contemplen todas las minorías. En el momento crucial de reconstruir la economía post-covid, la directiva europea puede marcar un antes y después en hacerla más resistente para todos y todas.
