Autor: María Zuil

El futuro del empleo en manos de las renovables

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En poco más de una década el trabajo en el sector de las energías renovables está cerca de duplicarse, sobre todo gracias al impulso de la energía fotovoltaica, aunque las brechas geográficas y de género aún son una tarea pendiente. 


En un mundo laboral cada vez más dinámico, marcado por el paso de las nuevas tecnologías, las energías renovables llevan años alzándose como un motor de empleo. Desde 2012, han aumentado la cantidad de trabajadores en un 87,7%, hasta llegar a los 13,7 millones en todo el mundo. 

Un crecimiento exponencial que ejemplifica el interés por un mundo más ecológico y limpio, aunque con grandes diferencias según el tipo de industria. Así, la fotovoltaica es la más extendida, alcanzando casi 5 millones de empleos en todo el mundo, lo que supone 1 de cada 3 puestos en el sector. Le siguen de lejos el biofuel líquido (2,5 millones concentrados sobre todo en la cadena agrícola), y la hidráulica (2,5 millones). En último lugar se encuentra la energía marina con solo un millón. 

En una década, los empleos en energías renovables han aumentado un 87,7%, hasta llegar a los 13,7 millones en 2022

Según IRENA, la Agencia Internacional de Energías Renovables, que publica estos datos en su informe anual de 2023, la gran mayoría de estos puestos de trabajo se concentra en unos pocos países, lo que refleja la desigualdad geográfica en la fabricación de equipos e instalaciones de capacidad.

En esa carrera a varias velocidades, China es, con diferencia, el país que mejor se ha posicionado, con 5,5 millones de empleos en 2022, el 41% del total. Mientras tanto, en el resto de Asia pueden contarse casi dos millones de puestos de trabajo en estas energías. La Unión Europea contrata a 1,6 millones de personas, seguida de Brasil, con 1,4, y de Estados Unidos, que no llega al millón. 

Además de la geográfica, detrás de las energías renovables se esconde otra brecha: la de género. Las mujeres ocupan tan solo un tercio de los puestos de trabajo de la industria renovable (32%). Incluso en la energía solar, donde más pueden encontrarse (40%), puede apreciarse cómo el techo de cristal es palpable: ocupan tan solo un 17% de los puestos senior, mientras que representan el 58% de la administración. «Las competencias STEM son esenciales para muchas de las profesiones requeridas en las energías renovables, pero los prejuicios relativos a las capacidades de las mujeres hacen que su presencia en estos campos siga siendo limitada», explican desde IRENA. 

Las mujeres representan tan solo un tercio de los puestos en el sector, concentrados en las escalas laborales menos cualificadas

Las políticas hacia una transición ecológica y las tecnologías aplicadas a conseguir un planeta más limpio y verde hacen que las perspectivas de empleo sean optimistas, con una estimación de 39 millones de empleos directos en el sector renovable y 81 millones de empleos relacionados para 2050.

Para ello, Francesco La Camera, director general de IRENA, que aglutina al sector, apuesta por un enfoque holístico «que abarque no solo los avances tecnológicos, sino también los aspectos socioeconómicos». Esto requerirá de una comprensión de las transformaciones de gran alcance que se desarrollarán «a medida que el mundo pase de los combustibles fósiles a las energías renovables y a una mayor eficiencia energética».

El aviso silencioso de la desaparición del Ártico

El aviso silencioso de la desaparición del Ártico

El efecto invernadero, causante del cambio climático, provoca que cada década se derrita un 12,2% de la superficie del hielo ártico, con nefastas consecuencias ambientales si no se toman medidas urgentes.


El cambio climático tiene múltiples consecuencias, pero de todas ellas hay una especialmente silenciosa: la desaparición del hielo polar. El derretimiento provocado por el calentamiento global provoca una pérdida del 12,2% de la extensión del Ártico cada década, según calcula la NASA, lo que repercute directamente en la estabilidad climática y ambiental del presente y el futuro cercano.

Desde que se empezaron a tomar imágenes por satélite del estado de los polos, en 1979, se puede constatar que el hielo no ha hecho más que reducirse año a año, aunque es en los últimos periodos cuando se están registrando las cifras mínimas históricas.

Desde 1985, el hielo de más de 4 años de formación ha pasado de suponer algo más del 30% a menos del 10%

Concretamente, el hielo ártico ha pasado de ocupar 16,91 millones de kilómetros cuadrados a finales de la década de los 70 a tan solo 4,79 en 2023. Su mínimo histórico se registró en 2021, con tan solo 3,79 millones de km2 durante el mes de septiembre, momento de referencia anual ya que es cuando el hielo alcanza su mínimo, coincidiendo con el final del verano en el hemisferio norte.

A este ritmo, las expectativas a futuro no son nada optimistas: se calcula que para 2050 hasta el 45% de la infraestructura existente en el Ártico estará en alto riesgo debido al deshielo. Otros estudios sitúan su completa desaparición en la década de 2030.

La extensión no es el único parámetro que permite medir la desaparición del Ártico; también la antigüedad del hielo que lo compone, cada vez más joven. Como puede verse en las imágenes debajo de estas líneas, apenas queda ya superficie con más de 4 años porque la gran mayoría se crea y desaparece en menos de un año. Desde 1985, el hielo más «veterano» ha pasado de representar algo más del 30% a menos del 10%.

 

La pérdida del Ártico tiene múltiples consecuencias, entre las que destacan la aceleración del cambio climático, el aumento del nivel del mar, los cambios en los patrones climáticos a nivel global o la pérdida de fauna y especies marinas. 

Por eso, el World Economic Forum que tendrá lugar del 15 al 19 de enero ha fijado entre sus prioridades la transición hacia energías sostenibles, la adaptación a los cambios climáticos algunos de ellos ya inevitables y la mejora de la colaboración internacional para investigar, proteger el hábitat natural y reducir las emisiones que provocan el efecto invernadero y no han dejado de crecer en las últimas décadas.

Se calcula que para 2050, el 45% de su extensión estará en alto riesgo, aunque otros estudios apuntan a su completa desaparición

«La desaparición del hielo marino en la cima del mundo no solo sería una señal emblemática del colapso climático, sino que tendría consecuencias globales dañinas y peligrosas», explica Jonathan Bamber, profesor de Geografía Física de la Universidad de Bristol.

La sequía económica de la desertificación

La falta de recursos hídricos provocada por el cambio climático tiene efectos en la economía a varios niveles y sectores y se calcula que puede afectar al 75% de la población mundial en 2050.


La sequía mundial, fenómeno en aumento debido al cambio climático, no solo amenaza la disponibilidad de agua, sino que también pone en riesgo la estabilidad económica global. En un mundo donde los mercados y economías se interconectan, los efectos de la desertificación se filtran en diversos sectores, desde la agricultura hasta la generación de energía, con una serie de consecuencias económicas que son cada vez más palpables.

En los campos de cultivo, la sequía actúa como un ladrón silencioso, robando la productividad y dejando a los agricultores en la cuerda floja. Entre 2015 y 2019, al menos 100 millones de hectáreas de tierras sanas y productivas se degradaron cada año, lo que ha perjudicado a la seguridad alimentaria e hídrica a nivel mundial. Según cálculos de Naciones Unidas, la pérdida equivale al doble del tamaño de Groenlandia y afecta a las vidas de 1.300 millones de personas, directamente expuestas a la degradación de la tierra.

 

Según la Organización Meteorológica Mundial, los daños económicos de las sequías aumentaron un 63% en 2021 en comparación con la media de los últimos 20 años. En toda la Unión Europea, se calcula que ese año se perdieron más de 56.000 millones de euros a consecuencia del cambio climático, según datos de Eurostat.

Se estima que para el año 2050 la sequía pueda afectar al 75% de la población mundial

La escasez de agua no solo reduce el tamaño de las cosechas, sino que también impacta en la calidad de los productos agrícolas, lo que, a su vez, se traduce en un aumento de los precios de los alimentos para los consumidores. También el sector energético, que depende de fuentes hídricas como los embalses y los ríos, se ve afectado por la falta de lluvias. Esto hace que aumente la dependencia de los combustibles fósiles, lo que genera más costes y contaminación. 

La industria manufacturera y el comercio internacional también dependen del agua para sus procesos productivos. Por ejemplo, las vías marítimas de ríos como el Rin, en Alemania, el Mississippi, en Estados Unidos o el Yangtsé, en China, ven cómo su comercio se ve afectado por el descenso en sus caudales.

Estos problemas derivados de la falta de agua afectan cada vez a más población a nivel mundial, aunque es una cifra que fluctúa de un año a otro. 2015 fue el año más fatídico: el 64,8% de la población total estuvo expuesta a la sequía, y un 28,9% lo hizo en un grado extremo o severo, el máximo en el período 2000-2019.  Se estima que para el año 2050 la sequía pueda afectar al 75% de la población mundial.

Cada año se pierden unos 100 millones de hectáreas, equivalente a toda la superficie de Groenlandia

En la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP28) celebrada este mes se señaló, una vez más, que el único modo de avanzar a nivel mundial es respetando los límites planetarios y las interdependencias de todas las formas de vida. «Tenemos que llegar a acuerdos globales vinculantes sobre las medidas proactivas que deben tomar las naciones para reducir las sequías», explicó Ibrahim Thiaw, secretario ejecutivo de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación.

«Necesitamos una transformación profunda para hacer frente a las sequías, que cada vez son más frecuentes y graves, reduciendo los niveles de los embalses, hundiendo el rendimiento agrícola, afectando la diversidad biológica y extendiendo las hambrunas», añadió Thiaw.

La travesía incalculable de la infancia migrante

Cada año miles de niños y niñas llegan a las costas mediterráneas en busca de un futuro mejor, pero muchas esperanzas se quedan por el camino o su rastro desaparece en una travesía que puede durar años.


Aissata llegó a Mallorca en una patera con solo cinco años, tras vivir una odisea desde Guinea Bissau. Ousman pisó España después de dejar su tribu de Fiasco, en Ghana, con 13 años. Riteg cruzó el Sáhara y el Estrecho con 15 años para poder estudiar aviación…  

Aunque sus nombres, sus edades o sus orígenes difieren, todos tienen algo en común: migraron solos y eran menores de edad. Sus casos, recogidos en la prensa en los últimos años, son algunos de los que están detrás de los miles de niños y niñas que cada año se juegan la vida buscando un futuro mejor en Europa.

Según el Registro de Menores no Acompañados, en 2022 llegaron a España 11.417 menores no acompañados, una cifra que aumenta año a año. 2018 fue el año en el que más niños llegaron a territorio español sin compañía de padres, madres ni tutores legales. Y el ritmo de llegadas está aumentando a pasos agigantados superada la pandemia. 


El camino que deben recorrer, a menudo durante años, está minado de obstáculos y peligros. Por eso, muchos nunca llegan a su destino y su rastro se pierde en el olvido junto con la esperanza de sus familias. De enero a julio de este año, se calcula que al menos 289 niños y niñas han muerto o desaparecido al intentar cruzar la peligrosa ruta migratoria del Mediterráneo Central desde África del Norte hasta Europa, según UNICEF. Son una docena de muertes cada semana. Casi dos al día.

En 2022 llegaron a España 11.417 menores no acompañados, una cifra que aumenta año a año

La vía marítima es la más habitual para llegar a la península: se tiene constancia de que al menos 2.375 menores extranjeros no acompañados llegaron a España en 2022, en pateras u otras embarcaciones frágiles, aunque pueden ser muchos más. También es la vía más peligrosa: entre junio y agosto de este año, al menos 990 personas (incluidos niños) han muerto o desaparecido cuando intentaban cruzar el Mediterráneo central debido a las malas condiciones de traslado, a menudo precarias y a merced de las mafias.  A España llegan sobre todo embarcaciones procedentes de Marruecos, el Sáhara Occidental, República de Guinea, Malí o Costa de Marfil. 


«En un intento por encontrar seguridad, reunirse con la familia y buscar un futuro más esperanzador, un gran número de niños y niñas se embarcan en las costas del Mediterráneo solo para perder la vida o desaparecer en el camino», asegura Catherine Russell, directora ejecutiva de UNICEF.

Entre 2018 y 2020, en toda Europa se ha perdido el rastro de 18.000 niños y niñas que viajaban solos

Muchos otros desaparecen una vez pisan España, a menudo el primer destino de una travesía más larga hacia países del centro y norte de Europa, donde suelen tener familiares y el sistema de protección es más eficaz. Entre 2018 y 2020, se ha perdido el rastro de 18.000 menores extranjeros no acompañados en todo el continente, como reveló la plataforma de periodistas Lost In Europe. Según el Centro Nacional de Desaparecidos de España, desde 2010 han desaparecido 8.215 menores de los centros de tutela donde se encontraban. Solo en 2022 se dieron 173 casos, en su mayoría en Canarias, donde la tasa de niños, niñas y adolescentes tutelados es mucho mayor por ser uno de los principales puntos de llegadas marítimas. 


Para mitigar esta problemática, UNICEF sugiere proporcionar vías seguras y legales para que los niños y niñas migren, reforzar la coordinación en las operaciones de búsqueda y salvamentos, y mejorar los sistemas nacionales de protección de la infancia, entre otras propuestas. «Se deben tomar más medidas a fin de establecer vías seguras y legales para que los niños y niñas accedan a servicios de asilo, al tiempo que se refuerzan las operaciones para rescatar vidas en el mar. En última instancia, hay que hacer mucho más para abordar las causas profundas que fuerzan a los niños a arriesgar sus vidas en primer lugar», añade Russell.

En noviembre de 2020, la Comisión Europea adoptó un Plan de Acción en materia de Integración para los próximos años, que promueve la inclusión entre las comunidades migrantes y locales, la sociedad civil y todos los niveles de gobierno.

El saldo de la contaminación atmosférica

Más de 238.000 personas, el equivalente a los habitantes de la provincia de Guadalajara, mueren prematuramente cada año en Europa por el aire que respiran. Es el alto precio de la contaminación atmosférica, que no solo afecta a los que sufren un desenlace fatal, sino a la gran mayoría de la población, como alerta cada año la Agencia Europea de Medio Ambiente. 

Las responsables de estas cifras son partículas en suspensión, con una estructura más fina que el cabello humano, que pasan al torrente sanguíneo a través de la respiración provocando enfermedades respiratorias y cardiovasculares, entre otras. Están compuestas de sustancias químicas orgánicas como el polvo, el hollín y los metales y se calcula que el 97% de la población europea está expuesta a ellos. 

Pero no son las únicas que causan problemas de salud irremediables. A esas 238.000 muertes hay que sumar las 49.000 provocadas por el dióxido de nitrógeno, que emiten fundamentalmente los motores de combustión, especialmente el diésel. La exposición a este agente contaminante alcanzaba ya en 2021 al 90% de los europeos. Una exposición que provoca una menor resistencia a las infecciones, por lo que se asocia a un aumento de las enfermedades respiratorias crónicas y al envejecimiento prematuro de los pulmones.

Morir o no por culpa de estos contaminantes tiene mucho que ver con dónde nazcas y vivas, ya que es un riesgo relacionado con la riqueza de cada territorio. Así, como puede verse en los mapas, los países mediterráneos pierden en total más años de vida a causa de las partículas finas que los países nórdicos, parecido a lo que ocurre con el dióxido de nitrógeno. El ozono afecta más a Europa oriental, registrando tasas más altas en países como Rumanía, Bulgaria o Polonia. Este agente peligroso afecta especialmente a las personas con asma y problemas respiratorios. Solo en 2020 se cobró hasta 24.000 muertes, según estima la Unión Europea. 

Además del impacto en la salud humana, los contaminantes del aire también conllevan una gran pérdida en biodiversidad, con un 59% de bosques y un 6% de tierras agrícolas expuestas a niveles nocivos de ozono en Europa en 2020. Se estima que las pérdidas económicas sólo por el rendimiento del trigo alcanzaron unos 1.400 millones de euros en 35 países europeos en 2019. Los campos de Francia, Alemania, Polonia y Turquía son los grandes damnificados.

A pesar de las altas cifras, lo cierto es que en las últimas décadas todos estos agentes contaminantes están reduciendo su presencia en el medio ambiente, aunque no todos bajan por igual. Por ejemplo, el agente más letal, las partículas en suspensión, se ha reducido en un 45% desde 2005, más que el amoniaco, pero menos que el óxido de azufre.

 

Para continuar en la senda de la reducción de agentes contaminantes, la Unión Europea puso en marcha en octubre de 2022 el plan de acción «Contaminación cero», en el marco del Pacto Verde Europeo, con el que se ha fijado el objetivo de reducir la contaminación del aire, el agua y el suelo para 2050 a niveles que ya no sean perjudiciales para la salud. “Las amenazas persistentes a la salud de nuestro planeta también exigen soluciones urgentes”, aseguró la Comisión Europea.

La democracia se estanca en el mundo

Decía el filósofo y premio Nobel de Economía Amartya Sen que la democracia le da a los ciudadanos la posibilidad de aprender el uno del otro, a la vez que ayuda a sus sociedades a formar sus valores y prioridades. En pleno año 2023, millones de ciudadanos en todo el mundo conviven en países donde la democracia está firmemente instaurada. Sin embargo, a pesar de su avance, son todavía mayoría los países donde aún no está presente. 

Analizamos cuál es la salud democrática de nuestro planeta con motivo del Día Mundial de la Democracia que se celebra este 15 de septiembre y que este año aboga, precisamente, por centrarse en las personas, promoviendo valores como la igualdad, libertad, justicia y solidaridad.

El 35% de los ciudadanos del mundo viven en países autoritarios, con escaso acceso a derechos y libertades.

Aunque la democracia tiene más de dos mil años de antigüedad, desde la Atenas del siglo 5 a.C., es en el siglo XX y a la luz de la revolución industrial, cuando empieza a extenderse de forma mayoritaria, especialmente en Occidente. Así, según el Índice de Democracia Global, elaborado por la revista británica The Economist, actualmente el 43% de los países tienen un sistema democrático, aunque de ellos solo un 8% se considera una ‘democracia plena’. En población, representa al 46% del total de ciudadanos del mundo. Esto deja al otro lado de la balanza un 22% de regímenes híbridos, que conjugan derechos democráticos con leyes dictatoriales, y un 35% considerados directamente autoritarios, una cifra que ha subido tres puntos en los últimos 15 años.  


Entre los estados más democráticos se encuentran Noruega, Nueva Zelanda e Islandia, con una puntuación cercana al 10, en base una ponderación que evalúa su sistema electoral y pluralismo político, las libertades civiles, el funcionamiento de su Gobierno, la participación política y la cultura política de sus ciudadanos. En el otro extremo se encuentra Afganistán, con un claro retroceso desde la llegada de los talibanes, seguido de Birmania y Corea del Norte, que apenas superan el 1. El promedio global de los 167 estados analizados es de un aprobado raspado, con 5,29.  

En la última edición de este índice, que corresponde a 2022, Chile, Francia y España han recuperado el estatus de 'democracia plena' respecto al año anterior, “principalmente debido a una reversión de las medidas pandémicas que habían infringido las libertades de los ciudadanos en 2020-21", señala el informe. Mientras, Rusia es el que ha experimentado un mayor retroceso, bajando 22 puestos en la lista hasta el 146, debido a la restricción en las libertades de sus ciudadanos como consecuencia de la guerra de Ucrania. Le sigue China por las “draconianas” medidas impuestas durante la pandemia del covid. 

Como puede verse en el mapa, la mayoría de países sin un sistema parlamentario se concentran en Asia y África, donde los golpes militares en países como Níger, Sudan o, el más reciente, Gabón, han acentuado el retroceso democrático. Pero no solo estas regiones están empeorando en derechos y libertades: prácticamente todas han bajado sus puntuaciones desde 2006, cuando se empezó a realizar este ranking.

Los países escandinavos se sitúan año tras año entre los más democráticos, según varios organismos

Los investigadores de The Economist lamentan que el año 2022 haya sido “decepcionante” en el progreso hacia la consolidación de un planeta democrático. “El efecto positivo de la restauración de las libertades individuales que se habían visto temporalmente restringidos por la pandemia de covid-19 ha sido anulado por otros efectos acontecimientos negativos a nivel mundial”, apuntan.

Según sus expertos, no solo los gobiernos totalitarios o el socavo de elecciones justas amenazan las democracias, también el narcotráfico, los ejércitos privados, las insurgencias o los piratas informáticos pueden socavar los derechos y libertades civiles.

 

También la organización Freedom House realiza su propio análisis sobre el estado mundial de la democracia, y de nuevo, los estados escandinavos son los mejor parados, con Finlandia, Noruega y Suecia con la máxima puntuación. Sin embargo, en este caso son Sudán del Sur, Siria y el Tíbet los peor posicionados. Este organismo analiza también la libertad de los ciudadanos en su uso de internet, considerado a China, Birmania e Irán como los menos libres en el acceso y con más límites a su contenido.


Según Naciones Unidas, el lema del día que conmemora la democracia este año “espacio para la sociedad civil” es un recordatorio para los gobiernos del mundo entero de que “el signo de las democracias exitosas y estables es la presencia de una sociedad civil fuerte que opere libremente, en la cual el gobierno y la sociedad puedan colaborar en la consecución de objetivos comunes con miras a un futuro mejor”.

La enfermedad de la soledad

Vivir solo acorta la vida. Es la contundente conclusión a la que ha llegado un estudio publicado recientemente que analiza 90 investigaciones de todo el mundo y que establece una relación entre la soledad y un mayor riesgo de padecer enfermedades, algunos tipos de cáncer y, en último lugar, la muerte.

Las personas que se sienten solas tienen un 14% más de mortalidad

No es ninguna novedad que vivir sin compañía tiene consecuencias para la salud, pero el estudio, elaborado por la universidad Harbin de China, que incluye a más de dos millones de individuos, establece una correlación sin precedentes de la mortalidad respecto a un fenómeno social que cada vez afecta a más personas en todo el mundo.

Así, según sus conclusiones, la soledad eleva el riesgo de morir por cualquier tipo de causa en un 14% de media, cifra que se eleva a un 32% si las relaciones sociales son escasas. “Las personas que se sienten solas, pero no están socialmente aisladas, tienen estrés de salud mental, pero pueden resistirlo debido a sus redes sociales”, explica Moaqing Wang, uno de los autores del estudio.

Vivir solo, factor de riesgo

En la Unión Europea, se estima que uno de cada 10 ciudadanos se siente solo la mayor parte del tiempo, concretamente un 13%. “La soledad no es solo una cuestión privada e individual", afirma un informe de la Comisión Europea. "Puede obstaculizar la cohesión social y debe considerarse un problema social y abordarse como tal”. Según los resultados, publicados en el mes de julio y basados en entrevistas a 25.000 personas de todos los Estados miembros, España está entre los países donde menos aislamiento se percibe, entre el 9% y el 10%, junto con Austria, Países Bajos o Croacia.

 

 

 

Vivir solo es uno de los factores que más contribuyen a ese sentimiento. Y los hogares unipersonales no han dejado de crecer en España desde 2013, año en el que el INE empieza a recoger este dato. En 2020 representaban casi cinco millones, un 10% más que hace siete años.

 

 

 

Hay otros muchos factores que influyen en un aumento de la soledad, como la discapacidad, la vida sedentaria o la renta. También la depresión, que es a la vez causa y consecuencia del aislamiento. “Mientras que una situación de soledad aumenta el riesgo de sufrir una depresión, una persona que sufre una depresión también tiende a reducir sus interacciones sociales”, explica el informe ‘El coste de la soledad no deseada en España’, de la Fundación ONCE con Nextdoor.

Los resultados de la encuesta europea Quality of Life de 2016 muestran también que un 30% de los entrevistados que reportaron un mal estado de salud se sentían solos al menos la mitad del tiempo, mientras que entre los que aseguraban un buen estado de salud, eran de un 8%.

Se estima que la soledad le cuesta a España una media de 14 mil millones de euros, el 1,17%% del PIB

La edad es un factor determinante a la hora de verse solos, aunque la experiencia que conlleva la vejez a veces también ayuda a convivir con ella. “Diferentes circunstancias, como la pérdida de la esposa/esposo, la salida de los hijos del hogar familiar, o el fallecimiento de amigos, hacen que la prevalencia sea relativamente mayor a edades avanzadas, aunque también existen evidencias que muestran que la población más envejecida puede reportar un menor sentimiento de soledad que la población joven o de mediana edad”, añade el estudio de la ONCE.

“Pese a la creencia generalizada de que son las personas más mayores las que más soledad experimentan, los datos revelan que el sentimiento de soledad tiene un perfil más juvenil”, coincide el estudio ‘La soledad’ del instituto 40dB, publicado en marzo de 2023.  Esta investigación arroja una tasa de soledad del 13% para la población general, que en el caso de los jóvenes sube a dos de cada diez personas. “Las mujeres, los jóvenes y los solteros se sienten solos en mayor medida, así como los que no llegan a fin de mes y los que trabajan en horas poco comunes”, añade. Además, las personas solas son más infelices, más tímidas y tienden a sentirse diferentes. También son más propensas a usar las redes sociales y las ‘apps’ para conocer a gente o ligar.

 

 

 

Según este estudio, la soledad es un problema muy importante para el 77% de la sociedad, mientras que solo el 16,4% lo considera como poco o nada relevante. De todos los encuestados, un 42,3% dijo conocer a alguien que estaba sufriendo ese aislamiento, de los cuales un 36,5% eran amigos, seguidos de padre o madre (21,7%) y pareja (14,9%). A la vez, un 42% considera que el propio entorno es quien más capacidad tiene de combatir la soledad de la persona que la sufre.  Sin embargo, según datos de Cruz Roja, el 27% de los mayores que atienden no reciben nunca visitas de sus familiares.

Hay cosas que cuesta más hacer sin alguien al lado que otras. Concretamente, viajar es para el 85% de las personas la actividad que más prefieren hacer acompañadas, seguido de ir al cine o a un concierto (84%), y de comer (73%). En el otro extremo, ir al médico o ver la tele en casa es donde menos se echa en falta tener compañía, con un 36% y un 47% respectivamente.

 

 

 

El coste de la soledad

La soledad no deseada no es un problema que afecta solo a quien lo sufre: se estima que supone unos costes anuales de 5.605 millones de euros para los servicios sanitarios, a lo que hay que sumar 495 millones en consumo de medicamentos, según el estudio de la ONCE.

Pero también tiene un efecto sobre la productividad, tanto por la reducción del tiempo de trabajo y ocupación como por una mayor parcialidad. Se estima que la soledad entre menores de 60 años provoca una pérdida de años potenciales de vida productiva de entre 5.764 y 8.900 en total, lo que se traduce en una pérdida de 164 y 254 millones de euros, según el escenario más optimista y el más pesimista.

Así, entre las dos variables, hay una media de costes para la sociedad y el estado de 14 mil millones de euros, el 1,17%% del PIB de España.

 

 

 

En vista de la repercusión y los costes que el aislamiento tiene en la sociedad, el Ministerio de Derechos Sociales se propuso en la anterior legislatura elaborar una estrategia nacional de la mano del Imserso, con especial atención a las personas mayores y dependientes, y desde un punto de vista tanto educativo como demográfico. Está por ver si estas intenciones se retomarán en la legislatura entrante, aunque a nivel regional ya existen proyectos como Radars, en Barcelona, o Madrid Vecina para reforzar el tejido vecinal y la asistencia social, acercando la compañía a quienes más la necesitan.

Otros países como Japón o Canadá llevan tiempo implementando medidas parecidas para paliar la tasa de suicidios, como la creación en 2021 de un Ministerio de la Soledad por parte del gobierno nipón. También Reino Unido aprobó en 2018 una Secretaría de Estado dedicada a combatir esta lacra, después de que la OMS alertase de que era el país europeo donde más se padecía este problema, con hasta 200.000 personas que podían estar más de un mes sin conversar con un familiar o un amigo.

La España que arde

Como toda la provincia de Almería. Esa es la superficie arrasada en España en la última década como consecuencia de los incendios. En total, 900.759 hectáreas desde 2013, o lo que es lo mismo: como si la Casa de Campo, el parque más grande de Madrid, se quemase 586 veces.

Cada año, con la llegada del verano y las altas temperaturas, las noticias sobre la aparición, evolución y extinción de grandes fuegos se reparten por toda la península. El año 2022 fue especialmente grave: solo entonces se quemó un tercio de todo lo ardido en la última década, 306.555 hectáreas, un 261% más que el año anterior con 493 incendios registrados y fuegos especialmente virulentos en Zamora, Orense y Zaragoza.

 

 

Según el Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales (EFFIS), creado por la Comisión Europea, en lo que llevamos de año la cifra de área quemada asciende ya a las 69.240 hectáreas, casi 40 veces la Casa de Campo o 111.000 campos de fútbol. Hasta junio de 2023, además, se han registrado 15 grandes incendios, con focos importantes ya en el mes de marzo, especialmente en Valdés y Allande, ambos en Asturias, y en mayo en Pinofranqueado,  Cáceres.

Es una muestra de los efectos del calentamiento global, que adelanta el calor y, con él, la temporada de incendios. Aunque sin duda el siniestro que más imágenes devastadoras ha dejado este año es el de La Palma, que ha arrasado durante el mes de julio 4.650 hectáreas, entrando incluso en el Parque Nacional de la Caldera de Taburiente, y obligando a la evacuación de 4.200 personas.

 

Cambio climático y despoblación

El cambio climático y la despoblación son las principales causas que encienden la mecha. En las últimas décadas, las zonas rurales han ido perdiendo población a la vez que se han ido abandonando campos a su suerte, sin nadie que ponga coto al crecimiento de vegetación descontrolada que se transforma en un combustible forestal, prendiendo más rápidamente cuanto más altas sean las temperaturas.  “A escalas temporales pequeñas y medias el clima condiciona la predisposición del combustible para arder (inflamabilidad) así como su combustión”, explica el último informe Los Incendios Forestales en España  del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, que corresponde al decenio 2006-2015.

El 60% de los incendios son intencionados, a menudo por ganaderos o campesinos que quieren eliminar matorrales o regenerar los pastos

Concretamente, las zonas urbanizadas rodeadas de campo son las más proclives al peligro de incendio, ya que el factor humano suele ser fundamental para que la llama prenda. Según datos del Ministerio recopilados por la Fundación Civio, el 60% de los incendios son intencionados, a menudo por ganaderos o campesinos que quieren eliminar matorrales o regenerar los pastos. Los incendios provocados por un rayo o por accidente corresponden únicamente al 2,2% y al 22,5% respectivamente para el periodo que comprende de 2001 a 2015, el último año publicado por este organismo. Al contrario de lo que a menudo se cree, que son provocados con personas con inclinaciones psicópatas, solo el 5,9% corresponden a pirómanos, y el 3,6% a actos de vandalismo. Y únicamente el 0,31% fueron ocasionados para modificar el uso del suelo.

 

 

Las comunidades del norte de España, especialmente Galicia, Asturias y Cantabria, son las más afectadas históricamente por los incendios. No solo el terreno se pierde, con un suelo que puede tardar entre uno y cinco años en volver a ser fértil y hasta un siglo en volver a ser el que era en los casos de bosque frondosos; a veces, también veces se pierden vidas: solo en el periodo entre 2001 y 2015 se registraron 57 muertes y 608 heridos como efecto colateral de las llamas. No necesariamente las zonas con más mayor vegetación son las más afectadas, de hecho, las áreas desarboladas suelen ser las que más padecen los efectos del fuego prácticamente todos los años.

 

 

 

Menos fuegos, pero más intensos

El número de incendios ha ido subiendo paulatinamente con el paso de los años, con una tendencia muy visible desde la década de los 80, que no empieza a bajar hasta 1995, y más especialmente a partir de 2005. “Este descenso marcado a partir de 1994 se ha venido explicando debido, en gran parte, a la implantación, desarrollo y mejora de la eficacia de los dispositivos de extinción de incendios forestales autonómicos, tras el traspaso de competencias desde el Estado, incluyendo la consecución de resultados de las diversas actuaciones preventivas iniciadas en años precedentes”, explicaba el Ministerio sobre esta tendencia.

Aun así, el peor año hasta la fecha corresponde a 1995, cuando hubo más de 25.000 incendios en todo el país, prácticamente los mismos que diez años después, en 2005. Coincide con que los periodos 1991-1995 y 2004-2007 fueron años de sequía prolongados, según la Agencia Estatal de Meteorología.

 

 

“En la evolución del número de siniestros el clima es un factor determinante, pero especialmente las circunstancias políticas, sociales, económicas o culturales que favorecen o reducen la intencionalidad, accidentalidad o negligencia”, explica el informe. Las diferencias de un año para otro que se observan en el gráfico se explican por la gran variabilidad climática interanual.

Aunque el número de fuegos se reduce, cada vez hay más superincendios que abarcan más extensión y son más difíciles de extinguir

La tendencia a la baja es palpable también si se compara entre décadas. Entre 2010 y 2019 el número de siniestros se redujo un 36% respecto a la década anterior, y la superficie quemada en los incendios forestales, un 27%, según datos del Fondo Ambiental para la Naturaleza (WWF por sus siglas en inglés).

Pero, aunque el número de incendios se reduce, estos se han convertido en más cruentos. Es lo que los ambientalistas han denominado “superincendios”, porque arrasan mucha más extensión y son más difíciles de extinguir. Eso explica que su descenso sea mayor en número que en hectáreas. “El aumento en la proporción de incendios extremos obliga a cuantificar los daños ecológicos, sociales y económicos que deja cada año el fuego. Los grandes incendios forestales en España apenas suponen el 0,18%, pero en ellos arde el 40% de la superficie total afectada. En España y Portugal, lamentablemente, tenemos varios ejemplos de estos grandes incendios forestales incontrolables y devastadores en nuestra historia reciente”, explican desde WWF.

 

 

Medios para acabar con las llamas

Hace años que España intenta ganarle la batalla al fuego, dedicando más esfuerzos y medios con cada campaña de verano, aunque es una guerra que viene de lejos. En 2015 se cumplieron 60 años desde la puesta en marcha de la primera unidad de la Administración dedicada concretamente a la defensa de los montes frente a los incendios forestales. Y este año hará más de medio siglo desde la aprobación de la primera norma dedicada expresamente a los incendios forestales, la Ley 81/1968, que regulaba particularmente la prevención y extinción, la protección de bienes y personas, la sanción de infracciones y la restauración de la riqueza forestal afectada.

Así, si en 2001 había dos personas por cada hectárea en llamas, en 2013 esta cifra se elevó a 68. En cuanto a medios, han pasado de dos para cada 10 hectáreas a siete en esos mismos años. Este mismo verano, España cuenta con casi 60 aeronaves para extinguir fuegos, y unos 14 equipos y brigadas distribuidos por toda la geografía, especialmente en las zonas más problemáticas. Organizaciones ambientalistas como WFF afirman que además de medios, hacen falta más esfuerzos en gestión forestal y planificación territorial, que eviten su proliferación y favorezcan una extinción más rápida.

 

 

 

Y no es un desafío solo para España: según un informe de Naciones Unidas elaborado por 50 científicos de todo el mundo, se calcula que los incendios forestales aumentarán un 30% para 2050 y un 50% para fin de siglo debido a la crisis climática, y podrían afectar incluso a zonas que nunca han padecido este problema, como el Ártico.