Autor: María Zuil

Las enfermedades de transmisión sexual, ¿cosa del pasado?

A pesar de la concienciación que se generó en los años 80 por la epidemia del VIH, los casos de infecciones de transmisión sexual están creciendo en todo el mundo.


El VIH azotó al mundo en los años 80 y marcó un antes y un después en la percepción social de las infecciones de transmisión sexual. En EE.UU., campañas como el icónico cartel Silence=Death (Silencio=muerte) buscaban no solo visibilizar la gravedad de esta nueva epidemia, sino también derribar tabúes sobre la salud sexual. En España, la primera iniciativa de concienciación fue la del famoso eslogan «SiDa/NoDa», aunque llegó en 1988, siete años después de registrarse el primer caso de contagio, que se produjo en el Hospital Vall d’Hebron. Sin embargo, los avances médicos parecen haber alejado la preocupación por las ITS, lo que ha provocado un alarmante aumento de casos en la última década a nivel nacional y mundial.

El VIH alcanzó su punto álgido en los años 90, con millones de personas afectadas en todo el mundo, muchas de ellas con un destino fatal. La llegada de terapias antirretrovirales en los años 90 y 2000 redujo significativamente las muertes, aunque la incidencia ha seguido siendo preocupante durante años, especialmente en los países más vulnerables socioeconómicamente. En 2022, ONUSIDA estimó que 39,9 millones de personas vivían con VIH, con concentraciones más altas en África subsahariana. En países occidentales, los contagios han disminuido gracias a estrategias como la PrEP (profilaxis preexposición), aunque algunos colectivos, como el de hombres que tienen sexo con hombres, siguen presentando una incidencia del 7,7%.

En España, según el Informe de Vigilancia Epidemiológica del VIH (2022), se notificaron cerca de 2.786 nuevos diagnósticos en 2021, casi el doble que en 2003, cuando se registraron 1.514, lo que pone de relieve la necesidad de fortalecer campañas de prevención, especialmente entre los jóvenes, donde se registró una tasa del 19,4 por cada 100.000 habitantes, la más alta de todos los grupos de edad. Además, los hombres representan el 86% de los casos.

Pero el VIH ya no es la única infección que preocupa a los expertos. Según la OMS, enfermedades como la sífilis, la gonorrea y la clamidia están en auge, con más de 374 millones de nuevos casos cada año a nivel mundial. En España, los casos de sífilis han aumentado un 124% en la última década, mientras que las infecciones por clamidia se han triplicado entre 2015 y 2021.

Este repunte se atribuye a una percepción de menor riesgo entre la población joven, a la falta de educación sexual integral en algunos países y al descenso en el uso del preservativo, que sigue siendo una de las herramientas más efectivas para prevenir las ITS.

La diferencia entre países occidentales y el resto también es notable. La región africana, por ejemplo, registra casi el mismo número de casos que todo el continente americano y la región europea junta (96 millones frente a 97), mientras que el sudeste asiático y el pacífico occidental tienen, de media, 60 y 86 millones respectivamente, según datos de la OMS en 2020

Para evitar un retroceso en los hitos logrados en salud sexual durante las últimas décadas, es crucial reactivar las campañas de concienciación, adaptándolas a las nuevas generaciones. La educación sexual en las escuelas, el acceso universal a métodos de prevención y el diagnóstico temprano deben ser pilares fundamentales de las políticas públicas, especialmente en los países menos desarrollados.

Así será la nueva geopolítica de la energía

Los países nórdicos se están posicionando en cabeza de las energías renovables, mientras que los tradicionales gigantes del petróleo y el gas intentan recolocarse.


El tablero energético global está en plena transformación. Países que hace una década no figuraban en el radar de los grandes exportadores de energía están emergiendo como potenciales líderes de la era de las renovables. Mientras tanto, los gigantes tradicionales del petróleo y el gas se tambalean ante un futuro incierto.

Según el último Índice de Transición Energética del Foro Económico Mundial, países del norte de Europa como Suecia, Dinamarca y Noruega lideran la carrera hacia un futuro energético sostenible, alcanzando más del 70% en la clasificación del organismo, que utiliza baremos como la equidad, la seguridad y la sostenibilidad. Los países nórdicos, tradicionalmente importadores de energía, están aprovechando su potencial eólico y su capacidad de innovación para posicionarse como futuros exportadores de energía limpia. 

 

Dinamarca, por ejemplo, ha anunciado planes para construir una «isla energética» artificial en el Mar del Norte que podría suministrar electricidad a 10 millones de hogares europeos. Asimismo, países con economías emergentes como Marruecos también están apostando por las renovables. El gigantesco complejo solar de Noor Ouarzazate, visible desde el espacio, es un ejemplo de cómo un país tradicionalmente dependiente de las importaciones energéticas puede reinventarse.

El cambio de paradigma también está afectando a los líderes tradicionales. Arabia Saudí, consciente de que su reinado petrolero tiene fecha de caducidad, ha lanzado el enorme proyecto de Neom, una ciudad futurista alimentada 100% por energías renovables. 

Rusia, por su parte, se encuentra en una encrucijada desde que la invasión de Ucrania aceleró los planes de Europa para reducir su dependencia del gas ruso, tras décadas como principal exportador. Según datos del Consejo Europeo, las exportaciones de gas ruso a la UE cayeron un 48% en 2021 y cerca del 8% en 2023, representando actualmente menos del 15% del total de importaciones de este combustible en la UE. 

 

 

Y, en este nuevo escenario, han surgido diversas alianzas. Por ejemplo, Australia y Japón han firmado un acuerdo para desarrollar una cadena de suministro de hidrógeno verde. 

Por su parte, China va en cabeza, dominando actualmente la producción de paneles solares y baterías, lo que le otorga una ventaja estratégica.


El gigante asiático sigue siendo el líder indiscutible en potencia eólica instalada, donde triplica a la de Estados Unidos, y multiplica por siete en el caso de la fotovoltaica, según datos de la World Wind Energy Association y la Agencia Internacional de la Energía, respectivamente.


El mapa energético del futuro aún está por dibujarse, pero una cosa está clara: los vientos del cambio soplan con fuerza. Los países que sepan adaptarse a esta nueva realidad serán los que lideren la economía del siglo XXI. El resto, como las reservas de petróleo, corren el riesgo de quedar sepultados en el pasado.

Los incendios forestales en cifras

El cambio climático y la acción del hombre provocan que cada año miles de hectáreas sean arrasadas por las llamas, con efectos devastadores para especies animales, vegetales y vidas humanas.


Los incendios forestales, tanto los provocados por la acción humana como por los fenómenos naturales, se han convertido en una de las grandes amenazas para los ecosistemas a nivel mundial. En un contexto de cambio climático, las temperaturas más altas y los periodos de sequía prolongados están haciendo que estos eventos sean cada vez más destructivos y frecuentes. Y la península ibérica, con su clima mediterráneo, es una de las regiones más afectadas de Europa: cada verano, los incendios arrasan miles de hectáreas, destruyendo bosques, alterando hábitats y poniendo en peligro la vida de humanos y animales.

España, junto a Portugal, es uno de los países europeos más golpeados por los incendios forestales en las últimas décadas. Según datos del Centro de Coordinación de Información sobre Emergencias Forestales (EFFIS), el número de incendios en la península viene mostrando una tendencia preocupante. En 2022, España registró casi 500 grandes incendios forestales (se considera así a los que superan las 30 hectáreas) en uno de los peores que se recuerda en este aspecto. El observatorio estima que 306.555 hectáreas fueron devastadas solo durante ese periodo. Este dato supone un incremento considerable con respecto a los promedios históricos, con un 237% más de hectáreas arrasadas que el promedio anual de la última década, que no llega a 100.000 anuales. Además, según los datos más recientes del MITECO, en España ha habido un total de 17 grandes incendios (>500 hectáreas) en lo que va de año.

 

Si bien factores naturales como los rayos pueden provocar incendios, el 95% de los incendios en España tienen su origen en actividades humanas, según el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF). Ya sea por negligencia (quemas agrícolas descontroladas, hogueras mal apagadas…) o intencionadamente, la acción humana directa es un factor clave en la propagación de estos desastres.

Y si el ser humano es el encendedor, el cambio climático es el combustible. Las temperaturas más altas, las olas de calor más prolongadas y las sequías recurrentes crean un entorno propicio para la rápida propagación de incendios. Un informe reciente del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC) advierte de que, si las emisiones de gases de efecto invernadero continúan aumentando, las condiciones extremas que facilitan los incendios serán aún más frecuentes en el sur de Europa.

 

 

Los incendios forestales no solo destruyen vastas áreas de bosques, sino que también alteran drásticamente los ecosistemas. Se estima que más de 4.400 especies terrestres y de agua dulce están amenazadas por la creciente frecuencia de incendios a nivel global, según el estudio Fire and biodiversity in the Anthropocene, publicado en la revista Science en 2020. Aunque no existen datos concretos sobre el general de la península ibérica, sí se sabe que casos como el del incendio de la Sierra de la Culebra, en Zamora en 2020, afectaron a unas 60 especies de vertebrados.

La erosión del suelo es otro efecto colateral grave de los incendios forestales que además genera un círculo vicioso. Los suelos que quedan expuestos tras los incendios pierden su capacidad de retener agua, lo que aumenta el riesgo de inundaciones y reduce la fertilidad del terreno, afectando así a la regeneración natural de los bosques y la agricultura local. Si durante los años 60 y 70 lo normal era que las zonas arboladas se viesen más afectadas por el fuego, a partir del siglo XXI suelen ser las hectáreas sin vegetación, más extendidas, las que se convierten en pasto de las llamas. 

 

 

Además de los daños ambientales, los incendios forestales tienen un impacto directo en la vida humana. En España, miles de personas son evacuadas cada año ante el avance del fuego. Por ejemplo, en el año 2022, los incendios obligaron a más de 30.000 personas a abandonar sus hogares, dejando pérdidas millonarias en infraestructura y propiedades, según los datos de Greenpeace.

Y aún hay más: el humo de los incendios también tiene consecuencias graves para la salud. Los incendios forestales generan grandes cantidades de partículas finas, que pueden viajar a largas distancias y aumentar la contaminación del aire en áreas urbanas y rurales. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la exposición prolongada a estas partículas está relacionada con enfermedades respiratorias y cardiovasculares –o incluso la demencia–, y se estima que la mala calidad del aire contribuye a que haya unas 4,5 millones de muertes prematuras al año en todo el mundo. 

Estas son solo algunas de las cifras que ilustran el daño que provocan los incendios, un fenómeno que va mucho más allá de unas hectáreas quemadas.

Las olas de calor, cada vez más duraderas y mortales

Los periodos de calor estival intenso alcanzan temperaturas más altas, duran más días y provocan más muertes que hace tan solo una década.


Cada verano, las olas de calor se convierten en protagonistas indiscutibles de las noticias, afectando directamente a las personas más vulnerables y condicionando el día a día de todas las demás. Lo que antes era una rareza, hoy parece ser un fenómeno cada vez más habitual, que aumenta en duración, intensidad y consecuencias sociales y sanitarias.

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) define las olas de calor como episodios de al menos tres días consecutivos en los que las temperaturas máximas superan las registradas en los meses de julio y agosto del periodo 1971-2000. Pero este fenómeno meteorológico, más allá de su definición, está dejando una huella más profunda de lo que pensamos: no solo impacta el clima, también tiene consecuencias directas sobre la salud y la vida de las personas.

En términos generales, según un estudio publicado recientemente en Environmental Sciences Europe, la duración de las olas de calor en España ha aumentado a un ritmo de 3,9 días por década desde 2009, con un aumento de la intensidad de 9,5 °C anuales. Es decir, si antes eran fenómenos puntuales, hoy el calor extremo se alarga cada vez más. Hasta 2015 lo más normal era que las olas de calor durasen en torno a 5 días, mientras que ahora es menos raro que se alarguen entre los 15 y 20 días, según datos de la AEMET.

 

Este verano, considerado ya como el más caluroso de la historia del planeta, las temperaturas de algunas ciudades españolas como Córdoba o Sevilla han superado los 44 °C en varios días consecutivos. Pero el calor extremo está cada vez más extendido por la geografía española. Así, en 2022 hubo una media de 39 provincias afectadas en todas las olas que tuvieron lugar ese año, el 78% del total, una cifra récord en el histórico de los datos de la AEMET, que arranca en 1975.

 

Las olas de calor se extienden por más tiempo y en más sitios, lo que no solo incrementa el malestar, sino que tiene efectos devastadores en la salud pública. Solo durante las tres primeras semanas de agosto de este año se produjeron en España 1.341 muertes atribuibles al calor, un 47% más que en el mismo periodo de 2023, cuando hubo 906 fallecimientos, según datos del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII). 

La mayoría de estas víctimas eran personas mayores, con problemas crónicos de salud o vulnerables, cuyas viviendas no estaban preparadas para soportar el calor extremo. De hecho, se producen más muertes por calor en zonas menos calurosas, menos preparadas para las temperaturas extremas. Por ejemplo, en León se estima que fallecieron 58 personas por cada 100.000 habitantes este verano, frente a 18 en Málaga, pese a tener esta última el doble de días de calor extremo. Además, está demostrado que las temperaturas extremas agravan enfermedades crónicas y aumentan los casos de infarto y problemas respiratorios.

 

 

El aumento de las olas de calor está íntimamente ligado al cambio climático. La ciencia es clara: a medida que las emisiones de gases de efecto invernadero siguen elevando la temperatura global, las olas de calor se volverán más frecuentes e intensas, con la reacción en cadena que conlleva, también para el desarrollo económico. El calor extremo afecta a la productividad laboral, especialmente en sectores como la agricultura y la construcción, donde trabajar al aire libre bajo el sol se convierte en una tarea peligrosa. Además, el aumento de las temperaturas incrementa la demanda de agua y energía. Se crea un círculo vicioso en el que las ciudades necesitan más recursos para combatir el calor, lo que a su vez genera más emisiones.

El agua potable y segura no es una realidad para todo el mundo

agua potable

Una de cada cuatro personas en el mundo no tiene acceso a agua segura. El cambio climático y la superpoblación empeoran la situación, especialmente en las zonas menos desarrolladas.


En 2010, la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció el derecho fundamental al acceso al agua limpia para su consumo. Sin embargo, más de una década después, esta declaración sigue siendo una ilusión para una parte considerable de la población mundial. La escasez de agua y la contaminación continúan afectando a más de 2.000 millones de personas, y solo un 73% de la población se hidrata de forma segura, con las consecuencias para la salud y el desarrollo que eso supone, según alerta la Organización Mundial de la Salud

En África subsahariana, solo el 31% de la población tiene acceso a agua potable, frente al 97% de Norteamérica

La escasez de agua es un problema crítico en muchas partes del mundo. En grandes regiones como el África subsahariana, la aridez natural combinada con el crecimiento poblacional y una inadecuada gestión de los recursos hídricos han llevado a una crisis de disponibilidad de agua. Es la región donde, a día de hoy, menos población tiene acceso al agua potable: un 31%, lejos del 93% de Europa o el 97% de América del Norte. Asia es la región donde más ha crecido este porcentaje en las últimas décadas, pasando del 56% al 75% de la población que puede acceder a agua limpia, según datos de la OMS y UNICEF.

 

El cambio climático está empeorando esta situación. Los patrones de lluvia cada vez más irregulares y el aumento de las sequías están reduciendo las fuentes de agua dulce disponibles. Además, en algunas regiones, los glaciares que proporcionan agua a ríos y lagos se están derritiendo rápidamente, lo que reduce las reservas de agua a largo plazo. La ONU alerta de que, de seguir así, para 2050 hasta 2.400 millones de personas (1,7 veces la población de China) podrían enfrentarse a la escasez de agua.

Tener acceso al agua no garantiza tampoco su uso seguro. Al menos 1.700 millones de personas en todo el mundo toman agua de fuentes contaminadas con heces, lo que provoca enfermedades como el cólera, la disentería y la fiebre tifoidea. Estas enfermedades transmitidas por el agua son responsables de la muerte de más de 485.000 personas cada año, la mayoría de ellas niños y niñas menores de cinco años.

En zonas rurales de países en desarrollo, la falta de infraestructuras básicas de saneamiento obliga a las comunidades a depender de ríos, lagos y pozos contaminados. En Bangladesh, por ejemplo, muchas fuentes de agua están contaminadas con arsénico, un problema que afecta a unos 20 millones de personas y provoca graves problemas de salud a largo plazo, como cáncer de piel y enfermedades cardiovasculares. La contaminación industrial y agrícola también contribuye a la degradación de la calidad del agua, afectando tanto a la salud humana como a los ecosistemas.

Cada año 485.000 personas mueren por enfermedades relacionadas con la calidad del agua, la mayoría niños y niñas menores de cinco años

Además, cuanto menos desarrollada es la región, más diferencia hay entre la población que vive en las ciudades y la que lo hace en el campo. Así en África subsahariana, solo el 15% de las personas que viven en zonas rurales tiene acceso a agua segura para beber, mientras que en las zonas urbanas sube al 53%. En Europa, sin embargo, la brecha es solo de 8 puntos, del 87% al 95%. 

Para abordar esta crisis, es esencial una combinación de inversiones en infraestructuras, políticas de gestión sostenible del agua y educación comunitaria. La construcción de sistemas de saneamiento adecuados y la protección de las fuentes de agua existentes son pasos cruciales. Por eso, poner en marcha iniciativas para tratar de cumplir el ODS 6 de la ONU, que busca garantizar la disponibilidad y gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos, son fundamentales.

Así es la radiografía de la brecha digital en el mundo

Un tercio de la población mundial vive sin acceso a internet, lo que genera una profunda brecha digital que ahonda la desigualdad en ámbitos como el laboral o el educativo.


La era digital ha traído consigo avances sin precedentes, conectando a miles de millones de personas en todo el mundo y transformando la forma en que vivimos, trabajamos y aprendemos. Sin embargo, esta revolución tecnológica no ha sido equitativa. Según la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) de la ONU, el 33% de la población mundial, 2.600 millones de personas, no tiene acceso a internet o nunca lo ha usado. Esta cifra revela una profunda brecha digital que afecta desproporcionadamente a ciertas regiones y grupos demográficos, exacerbando las desigualdades existentes y creando nuevas barreras para el desarrollo.

El continente africano destaca como la región más afectada por la brecha digital. En África oriental, solo el 23% de la población tiene acceso a Internet, una cifra que refleja la disparidad tecnológica con otras partes del mundo. Le sigue África Meridional con menos del 28% de la población conectada y el sudeste asiático, con un 47,7%. 

Varios factores contribuyen a esta desigualdad digital. La infraestructura es uno de los más críticos. En muchas regiones rurales, aisladas de los núcleos urbanos, la falta de redes de telecomunicaciones adecuadas impide el acceso a internet. Además, el coste del acceso es prohibitivo para muchas personas. La ONU recomienda que el coste de internet no supere el 2% del ingreso medio mensual para que sea asequible, pero en 2020 aún 107 países en todo el mundo superaban ese umbral. Algunos de manera desproporcionada, como es el caso de Yemen, donde el coste de un pack de internet supone el 42.665% del sueldo medio, o Mauritania,  donde representa el 7.812%, según la organización NetCredit.

La alfabetización digital y la educación también juegan un papel crucial en el acceso a la red global. En muchas comunidades, especialmente en áreas rurales, la falta de educación básica y de habilidades digitales impide que las personas puedan utilizar la tecnología de manera efectiva. Y es una lacra que afecta especialmente a las mujeres: dentro de la brecha digital existe otra de género. En todo el mundo, el 70% de los hombres utilizan Internet, frente al 65% de las mujeres. Y la cantidad de mujeres que están desconectadas en todo el mundo es un 17% mayor que la de hombres, según datos de la UIT en 2023

Hay que tener en cuenta que, en el ámbito laboral, la falta de acceso a internet limita las oportunidades de empleo y el desarrollo profesional. En una economía global cada vez más digitalizada, las habilidades tecnológicas son esenciales para acceder a empleos bien remunerados y participar en el mercado laboral, por lo que las mujeres y los ciudadanos de zonas rurales juegan en desventaja respecto a los que sí están conectados. 

La brecha digital también tiene profundas implicaciones en el ámbito educativo, como pudo verse durante la pandemia de COVID-19, cuando el cierre de escuelas obligó a millones de estudiantes a recurrir a la educación en línea. La UNESCO estima que aproximadamente 1.570 millones de estudiantes en todo el mundo se vieron afectados por el cierre de escuelas, y los estudiantes de comunidades con menos acceso a la tecnología fueron los más perjudicados. Aquellos sin acceso a internet quedaron en desventaja, exacerbando las desigualdades educativas y repercutiendo en su futuro a nivel social y laboral.

¿Cómo afecta la pobreza al resto de ODS?

El aumento de la pobreza provocado por la pandemia ha traído consigo un retroceso en los objetivos marcados para 2030 de erradicar marcadores de desigualdad como el hambre, la no escolarización o la dificultad de acceso al agua potable.


En el año 2022, se alcanzaron los 712 millones de personas que viven en situación de pobreza extrema en todo el mundo. O lo que es lo mismo, el 9% de la población mundial vive con menos de 2,15 dólares diarios, el umbral que marca la pobreza más dramática, según el Banco Mundial. Son 23 millones de personas más que en 2019, antes de la pandemia; un incremento alarmante en una histórica senda de descenso que conlleva, a su vez, otro repunte en la desigualdad que retrasa significativamente el progreso hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), comprometiendo metas esenciales como el acceso al agua potable, la educación, la salud o la erradicación de la pobreza infantil. 

La relación entre la pobreza y un futuro sostenible es intrínseca y multifacética, ya que la carencia material afecta profundamente a la estabilidad y el desarrollo de las sociedades. El primer y más evidente impacto es en la lucha contra el hambre, el ODS 2, marcado por más de 150 jefes de Estado y de Gobierno en 2015 para mejorar la igualdad en el mundo. Según la ONU, en 2022, aproximadamente 735 millones de personas padecían una alimentación deficiente. Además, las familias en situación de pobreza extrema a menudo no pueden permitirse alimentos nutritivos, lo que agrava la desnutrición y las tasas de mortalidad infantil. 

En términos de salud (ODS 3), la pobreza extrema limita el acceso a servicios sanitarios básicos. Las personas sin recursos económicos suelen vivir en condiciones insalubres y en muchas ocasiones carecen de acceso a atención médica. Esto no solo aumenta las tasas de enfermedades prevenibles, sino que también reduce la esperanza de vida. La media mundial de los nacidos en 2022 es de 72 años, un año menos que antes de la pandemia, aunque según el Banco Mundial la expectativa de vida de los países pobres es de hasta 20 años menos que en los ricos, como puede verse en el mapa. 

La educación de calidad (ODS 4) es otro de los objetivos que se ve gravemente afectado por la pobreza, ya que en esos contextos los niños y niñas a menudo deben abandonar la escuela para trabajar y contribuir a los ingresos familiares. La Unesco asegura que 258 millones de niños y jóvenes no asistían a la escuela en 2022, especialmente las regiones de Asia central y meridional, África del Norte y Asia Occidental, donde el 20,2% y el 12,2% de los menores no están escolarizados, respectivamente. 

La falta de acceso a agua potable y saneamiento (ODS 6) es otra consecuencia directa de la pobreza extrema. Las comunidades pobres suelen depender de fuentes de agua contaminadas, lo que desemboca en enfermedades graves como el cólera y la disentería. La OMS estima que 2,2 mil millones de personas carecen de acceso a agua gestionada de manera segura, una situación que prevalece en regiones con altos índices de pobreza, exacerbando las crisis de salud pública. Zonas como Chad son las más afectadas, con índices que alcanzan a prácticamente la totalidad de su población.

España, a pesar de ser una economía desarrollada, enfrenta una preocupante tasa de pobreza infantil. Según Eurostat, el país tiene una de las tasas de pobreza infantil más altas de la Unión Europea, con más del 32% de los menores de 11 años en riesgo de pobreza o exclusión social en 2023, solo por detrás de Bulgaria y Rumanía y un punto más que en 2019. Esta realidad desafía la percepción de prosperidad y destaca la necesidad de políticas más efectivas para abordar la desigualdad desde la infancia.

El impacto ambiental de la moda rápida

La moda rápida está convirtiendo al sector textil en uno de los más contaminantes del planeta, con tasas de recogida y reutilización de sus desechos todavía mejorables, especialmente en países como España.


La moda es uno de los sectores que más ha crecido en las últimas décadas. El ritmo de las constantes y volátiles tendencias la ha convertido en una industria en continuo desarrollo, pero también en una de las más contaminantes del mundo. Se calcula que la industria textil es ya responsable del 10% de las emisiones globales de dióxido de carbono y de nada menos que el 20% del desperdicio de agua potable del planeta.

Por eso, el Parlamento Europeo presentó en febrero de 2024 una serie de ideas para modificar la normativa sobre residuos textiles. La revisión pretende introducir sistemas para ampliar la responsabilidad de las empresas del sector en el mercado único europeo y que, entre otras medidas, tengan que hacerse cargo de los costes de la recogida selectiva, la clasificación y el reciclaje.

La industria textil es responsable del 10% de las emisiones de CO₂ y del 20% del desperdicio de agua potable del planeta

Los europeos consumen de media casi 26 kg de textil cada año y se desprenden de unos 11 kg, que en su mayoría (87%) son incinerados o depositados en vertederos, según datos del propio Parlamento. Con estas medidas, se pretende reducir esa tasa y el impacto ambiental que el consumo de la moda rápida ha traído consigo.

En Europa, el textil es el quinto sector que más emisiones genera entre todos los que suministran a los hogares, con una media de 100 toneladas de CO, lo que supone el 7% de las emisiones totales. Está por detrás de la vivienda, el transporte o la comida, pero por encima de la restauración, el ocio o el sector de la salud, según datos de la Agencia Europea del Medioambiente.

Para elaborar una sola camiseta de algodón se necesitan 2.700 litros de agua dulce: la misma cantidad que una persona bebe en dos años y medio. En total, la elaboración de las prendas de ropa en Europa provoca un gasto de 4.024 millones de metros cúbicos de agua, más que el que se usa en los restaurantes y hoteles o incluso en los hogares, según la misma organización

Pero el impacto ambiental de la ropa no se mide solo teniendo en cuenta su elaboración, también su vida útil. El destino de las prendas que salen del armario por haberse quedado viejas o pasadas de moda es otra de las claves para contribuir a un sector sostenible. Por eso, el Parlamento Europeo quiere que los países de la UE estén obligados a recoger los textiles por separado antes del 1 de enero de 2025 para su reutilización y reciclaje.

Solo el 39% de la ropa que se desecha en Europa se recoge para su reciclado y reutilización

Solo en Europa, se generan cada año 390.000 toneladas de residuos textiles cada año, de los cuales únicamente el 39% se recoge para su reciclado y reutilización, aunque existen grandes diferencias entre regiones. Mientras países como Alemania o Suecia recopilan un 62% de su textil para darle una segunda vida, en España esta cifra se queda en el 21%, muy por debajo de la mayoría de países de su entorno, como podemos ver en el mapa.

En España, la Ley de Residuos aprobada en 2023 prohíbe la destrucción de excedentes textiles y prioriza la reutilización, siendo el objetivo principal alcanzar el 55% del reciclado en 2025. En la última década, la cantidad de residuos de ropa y otros materiales textiles recogidos ha ido aumentando exponencialmente, pasando de las poco más de 4 toneladas en 2010 a las 35.000 en 2020, según datos del INE

Con estas iniciativas legislativas, se pretende ir más allá de la mera concienciación del consumidor y que las empresas sean también agentes activos a la hora de construir un sector de la moda más sostenible y respetuoso con el planeta.

La España vacía, clave para el reto climático

La migración del campo a la ciudad en la segunda mitad del siglo pasado conllevó un abandono de los territorios rurales, que son cruciales para mantener la biodiversidad y paliar el cambio climático.


En 1960, cerca de 13 millones de personas vivían en zonas rurales en España, casi la mitad de la población  de aquel momento (43%). Siete décadas después, tan solo 9 millones, que representan únicamente el 19% de la población total, siguen viviendo en pueblos y pequeñas localidades. Este éxodo paulatino del campo a la ciudad en busca demejores oportunidades vitales, no solo ha llevado a un declive demográfico, sino también ha provocado un impacto significativo en el medio ambiente.

 

 

El abandono de las áreas rurales, la conocida como España vacía, concentra mayor población en las ciudades y al mismo tiempo aumenta la demanda de recursos y energía, lo que se traduce en un incremento de emisiones de gases de efecto invernadero y una mayor presión sobre los ecosistemas urbanos. 

Los municipios rurales contribuyen en un 32,6% al cambio climático, mientras que en el entorno urbano esta cifra se dispara al 49,8%

Así, mientras los territorios de los municipios rurales contribuyen en un 32,6% al cambio climático, en el entorno urbano esta cifra se dispara al 49,8%, según datos del informe El papel clave de la España rural frente a la emergencia climática y la pérdida de biodiversidad de la organización Greenpeace. El principal impacto proviene de la urbanización del terreno, del transporte y de los servicios y a la industria que tienen lugar en las ciudades.

 

 Además, como puede verse en el gráfico, los municipios rurales contribuyen un 18% más a la conservación de la biodiversidad que los urbanos, por la mayor cantidad de vegetación que aportan a la atmósfera. Es decir, son fundamentales para absorber CO2, y ayudar a mitigar el cambio climático.

 

 

Según este informe de Greenpeace, el entorno rural ayuda a mantener 20 veces más la biodiversidad y acumula el 60% de humedales y lagos de España. Por eso, el abandono de las zonas rurales por las manos que las trabajan también perjudica a la conservación de la biodiversidad, tanto de fauna como de flora, ya que la falta de supervisión y cuidado de las tierras abandonadas conlleva la erosión de los suelos y aumenta el riesgo de incendios. 

En ese sentido, Andalucía y Cataluña son las más perjudicadas, ya que registran la mayor erosión de  suelos de los últimos 20 años, según el Inventario Nacional Erosión de Suelos, elaborado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

 

 

Para combatir las consecuencias en el medio ambiente que supone la despoblación, el pasado mes de noviembre, el Consejo de la Unión Europea adoptó varias medidas dentro del Plan de Acción Rural de la UE y el Pacto Rural, como un enfoque integrado de las medidas que aborde la coordinación, inversión, innovación y digitalización de estas zonas, así como una mayor sostenibilidad.

El entorno rural ayuda a mantener 20 veces más la biodiversidad y concentra el 60% de humedales y lagos de España

«Nuestras zonas rurales son el tejido de nuestra sociedad y el latido de nuestra economía. La diversidad del paisaje, la cultura y el patrimonio son una de las características más importantes de Europa.  Son una parte esencial de nuestra identidad y de nuestro potencial económico. Valoraremos y preservaremos nuestras zonas rurales, e invertiremos en su futuro», explicó en 2019 Úrsula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, con motivo de la puesta en marcha del plan.

Malnutrición: cuando la pobreza llega al estómago

Malnutrición

Una de las manifestaciones de la pobreza es una alimentación inadecuada, lo que puede llevar a la malnutrición. Esto le ocurre hoy en día al 5,9% de los menores de 16 años en España y puede afectar su crecimiento.


La pobreza tiene muchas formas: es una cuenta bancaria en números rojos, una casa fría en invierno o un verano sin vacaciones. Pero también es una nevera sin alimentos saludables para que el organismo reciba todo lo que necesita y funcione correctamente. 

Es lo que le ocurre al 5,9% de los menores de 16 años en España, que no pueden comer una pieza de carne o pescado al menos cada dos días. Una cifra que equivaldría a casi medio millón de niños y niñas que estarían sufriendo malnutrición en el país, según un análisis de la Encuesta de Condiciones de Vida que hace la Plataforma de la Infancia. 

En España cerca de medio millón de niños y adolescentes pueden estar sufriendo malnutrición

Los más jóvenes son el grupo poblacional que más sufre esta vulnerabilidad, con una tasa que ha ido en ascenso desde 2004, cuando empieza la serie histórica. Y es especialmente grave: padecer déficit nutricional en la etapa de crecimiento puede afectar al desarrollo físico por el déficit de vitaminas y minerales, así como provocar retrasos en el aprendizaje y el avance cognitivo, según la Organización Mundial de la Salud

A nivel europeo, España se sitúa por debajo de la media si se tiene en cuenta todo el conjunto de la población. En el continente, un 8,3% no puede permitirse piezas suficientes de carne y pescado (o sus análogos vegetarianos) a lo largo de la semana, mientras que España se encuentra en un 5,4%, al mismo nivel que Austria (5%) o Estonia (5,5%). En Bulgaria y Rumanía es donde más sufren esta problemática, con cifras que se ubican por encima del 20%, mientras que Irlanda o Chipre es donde menos repercusión tiene (por debajo del 2%), según datos de Eurostat de 2022

Además, según los datos que publica cada año el Instituto Nacional de Estadística, en 2022 puede observarse que las personas con hijos dependientes son las que más padecen un índice de masa corporal por debajo de lo recomendable, lo que permite extrapolar la situación a los menores que conviven con ellos. Es así en el 6% de los casos de adultos solos con hijos dependientes, y también en el 3,5% de los hogares donde viven dos o más adultos con hijos. 

La malnutrición no es solamente una ingesta insuficiente de calorías, sino que abarca los desequilibrios provocados por cualquier alimentación inadecuada. Un exceso de grasas y azúcares en la dieta, junto con una vida sedentaria, puede provocar sobrepeso y obesidad, una realidad que es más habitual en España a medida que se pasan los 30 años, como muestra el siguiente gráfico. El dato más alarmante se da entre los mayores de 65 años, cuya tasa de sobrepeso llega al 41%.

Los mayores de 65 años son los que más sufren sobrepeso

Para paliar las consecuencias que la malnutrición tiene en la sociedad es fundamental la coordinación entre las distintas instituciones gubernamentales y sanitarias, así como la sociedad civil y la comunidad educativa.  Por eso, desde la Plataforma de la Infancia, proponen en su último informe una estrategia multicausal, que aglutine desde ayudas para la crianza, deducciones fiscales, apoyos específicos a familias monoparentales, mejora de acceso a ayudas como el Ingreso Mínimo Vital o garantizar el acceso al comedor escolar a todos los menores en situación de pobreza.