Categoría: Agenda 2030

Eliminar el desperdicio alimentario

Las cifras de desperdicio alimentario alcanzan unas cotas alarmantes. Solo en los hogares españoles se tiran anualmente a la basura 1.364 millones de kilos/litros de alimentos, según los datos del último ‘Panel para la cuantificación del desperdicio alimentario en los hogares’, del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Esto implica que se desperdician hasta 31 kilos/litros de alimentos por persona al año. La magnitud de estos datos hace necesario que se reconsidere la manera en la que nos alimentamos, pero también de cómo producimos, transportamos,  aprovechamos y tratamos los alimentos en las distintas fases de la cadena. De esta forma lograremos convertir un proceso hasta ahora lineal en uno circular con menor impacto en el entorno y en la sociedad.

Los hogares españoles  tiran a la basura 1.364 millones de kilos de alimentos al año

Para hacer frente a este reto, se ha aprobado el anteproyecto de Ley de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario. Un texto que pretende introducir cambios que sean clave en la industria y que engloben a todos los actores implicados. Tal y como se indica desde Moncloa la nueva normativa, que es la primera de estas características que se promueve en nuestro país, permitirá poner a España al mismo nivel que otros países europeos que ya cuentan con este tipo de legislación como Francia o Italia, dos de los precursores en esta materia.

Prevención y reaprovechamiento

La nueva ley tiene un enfoque altamente preventivo: todos los agentes de la cadena alimentaria deberán contar con un plan de prevención contra el desperdicio. De esta forma se pretende reducir las principales causas del despilfarro como son “errores en la planificación y calendario de cosecha, empleo de prácticas de producción y manipulación inadecuadas, deficiencia en las condiciones de almacenamiento, malas técnicas de venta al por menor y prácticas de los proveedores de servicios”, según señalan desde el Gobierno.

Otra de las novedades importantes es la jerarquía de prioridades que establece qué hacer con esos alimentos sujetos a convertirse en basura. La primera prioridad será la alimentación humana, ya sea a través de donaciones a ONG o a bancos de alimentos, para lo que deberán suscribir convenios de colaboración. A continuación, encontramos la transformación de alimentos en otros nuevos de mayor preservación (como mermeladas o zumos). Y solo en el caso de que no sean aptos para el consumo humano su uso se destinará como alimento animal, o para su transformación en compost o biogás.

Aproximadamente el 14% de los alimentos producidos a nivel mundial se pierde entre la producción y la fase anterior a la venta minorista

Por otro lado, los establecimientos hosteleros y otros servicios alimentarios estarán en la obligación de anunciar a sus clientes, preferiblemente en la carta o menú, la posibilidad de llevarse aquello que no se ha consumido y contar con recipientes adecuados para su transporte. Con ello, se busca involucrar y concienciar también a los consumidores.

Alineamiento con los ODS

Esta ley entra en sintonía con las intenciones legislativas y normativas a nivel global. La hoja de ruta común que comprenden los Objetivos de Desarrollo Sostenible ya contempla esta problemática, específicamente en el Objetivo 12: Producción y consumo responsables, a través de la meta 12.3, que trata de reducir la mitad del desperdicio de alimentos per cápita mundial, tanto a nivel del consumidor como en las cadenas de producción y suministro, sin olvidarse de las pérdidas producidas durante las cosechas. Y es que, como evalúan los indicadores de este ODS, un porcentaje elevado de alimentos se pierde antes de que llegue al consumidor: tal y como indica la FAO, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, se calcula que en torno al 14 % de los alimentos producidos a nivel mundial se pierde entre la producción y la fase anterior a la venta minorista. 

Además, una mejor gestión de nuestras cadenas de alimentación supone un impacto ambiental de grandes dimensiones que es necesario para afrontar la transición ecológica a nivel mundial.  Según el último informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) la totalidad de la industria alimentaria aporta entre el 25 y el 30% de los gases de efecto invernadero.

Es por ello por lo que la creación de marcos normativos como este se torna tan necesario en la coyuntura actual. Un cambio en los modelos de alimentación actuales, especialmente los occidentales, que se centren más en una alimentación de temporada, ecológica y de cercanía, inmersa en dinámicas circulares, es un factor clave en el cambio global que queremos alcanzar.

La perspectiva social como palanca de transformación

Entre los Objetivos de Desarrollo Sostenible –aquellas metas con las que Naciones Unidas pretende modelar el futuro del planeta– se encuentran algunas de las ideas más loables marcadas por la humanidad en su conjunto: el fin de la pobreza, el hambre cero, el desarrollo de la salud y el bienestar, la expansión de una educación de calidad o la igualdad de género. A priori cabría pensar que todas ellas son un listado hecho para los líderes políticos, para su encargo exclusivo; nada más lejos de la realidad: la confección de esta lista, que en total cuenta con 17 objetivos, se ha hecho pensando también –en algunos casos, incluso principalmente– en las corporaciones. Son ellas, hoy, quienes recogen gran parte de las expectativas de alcanzar estas metas. No solo porque las empresas son uno de los actores fundamentales de la sociedad, sino porque la ciudadanía reconoce, cada vez más, su habilidad para hacer frente a los retos de nuestro siglo.

Por primera vez en 20 años las empresas son consideradas las instituciones más confiables de la sociedad

Esta potencia para actuar se refleja, por tanto, en las exigencias hechas a las propias compañías. Hoy no solo basta con ofrecer buenos servicios o productos: el impacto en la sociedad debe serpositivo; las corporaciones han de tener los valores adecuados. Y la dirección, hasta el momento, parece especialmente positiva. Según datos de la consultora Edelman, por primera vez en 20 años las empresas son consideradas las instituciones más confiables de la sociedad; se alzan hoy, por tanto, como unas de las grandes hacedoras del futuro.

Una nueva época

La importancia que adquiere el rol de las corporaciones parece, así, cada vez más evidente. Ninguna compañía duda en utilizar términos como transparencia, inclusión, ética y derechos humanos. Esta actitud se recoge también en la mayoría de las empresas a través de lo que se conoce como Transformación Social Competitiva, cuyo objetivo doctrinal pasa por desarrollar un modelo más próspero, responsable y social. Esta es, hoy, una de las principales puntas de lanza contra los grandes desafíos sociales   de nuestros países: no solo reporta beneficios a la ciudadanía en su conjunto, sino que ayuda a las compañías a ir un paso más allá en unos compromisos absolutamente necesarios; lo social, al fin y al cabo, pasa por ser parte inseparable de la estrategia corporativa. Estos valores no solo recogen algunas de las acciones más urgentes –como, por ejemplo, la descarbonización–, sino también aquellas que, en ocasiones, pasan desapercibidas. Es el caso, por ejemplo, de los programas de promoción del talento o las becas para el estudio.

Más de la mitad de la población del planeta confía en que los CEO lideren el cambio social

Los dirigentes de las compañías, al fin y al cabo, poseen una responsabilidad no solo con el resto de su corporación, sino con el conjunto de la sociedad, de la que son parte fundamental. Algunas métricas, muestran que más de la mitad de la población del planeta confía en que los CEO –esto es, los dirigentes de más alto nivel– lideren el cambio social. «Estas expectativas hacen que la Alta Dirección y los Consejos de Administración tengan que centrarse en el compromiso con la sociedad con el mismo rigor, consideración y energía que emplean para obtener beneficios», señaló recientemente Beatriz Corredor, presidenta del Grupo Red Eléctrica, durante las Jornadas de Sostenibilidad 2021 celebradas en el Museo Nacional Reina Sofía. De hecho, tal como recalcaba la directiva, «beneficio e impacto están cada vez más íntimamente ligados». Esto no es, ni mucho menos, sorprendente: solo la confianza parece atraer hoy a los consumidores, lo que crea –cada vez más– un círculo cerrado de consumo responsable. En este sentido, Mónica Chao, directora de Sostenibilidad de IKEA y presidenta de WAS, quien también intervino en las jornadas, recalcó que «para que realmente se produzca una transformación sostenible tiene que llegar a la mayoría de las personas» y aseguró que esa accesibilidad «tiene que venir con lo que nosotros llamamos affordability», es decir, sin que las personas tengan que plantearse grandes cambios en su vida.

Para conseguir avances en esta dirección, no obstante, es importante saber dónde se puede situar una compañía en un primer momento. En este sentido, el clúster de impacto social de Forética, formado por algunas de las grandes empresas del país, reveló que un 90% de las compañías de la agrupación consideran como positiva la medición del impacto social no solo en cuanto a la gestión externa, sino también en relación a la organización interna de las compañías. El comportamiento ético –no solo con los demás, sino con todo aquello que nos rodea– ha dejado de ser una opción; es, en definitiva, una nueva forma de vida.

El activismo ciudadano, clave en la sociedad del futuro

En una de las miles de páginas que el filósofo Zygmunt Bauman escribió durante su vida, se esconde una pequeña frase que revela una cruda realidad: «Uno nunca puede estar seguro de lo que debe hacer, y jamás tendrá la certeza de haber hecho lo correcto». La incertidumbre forma parte (inevitable) de la vida humana y, como advertía Bauman, es obligatorio aceptarlo para así evitar angustias vitales y mirar al futuro desde otro punto de vista. Si nuestro paso por el planeta es breve, ¿por qué no actuar desde nuestra individualidad para provocar un cambio?

Bauman habló durante toda su carrera filosófica de la ‘realidad líquida’, esa que invita al movimiento sin echar raíces en ningún lugar. Y es en los albores de los retos globales donde este concepto retoma su sentido desde el activismo ciudadano: la transición hacia un mundo más verde, justo e inclusivo ya no queda encorsetada en las instituciones, sino que son los propios habitantes quienes toman riendas del asunto para provocar cambios locales de alcance global.

La participación ciudadana protagonizó parte de las Jornadas de Sostenibilidad 2021 al presentarse como herramienta fundamental para lograr, de manera cohesionada y adecuada, la transición ecológica que necesitamos

El empoderamiento ciudadano en busca de una sociedad más comprometida no ha dejado de crecer en la última década al albor de la revolución tecnológica, que ha abierto un amplio abanico de herramientas para hacer de internet un altavoz que llame a la acción. Funciona: según una encuesta de Metroscopia, en la actualidad los españoles confían mucho más en los movimientos sociales que en los políticos. 

Un ejemplo de activismo ciudadano lo tenemos en las elecciones municipales de 2015, cuando plataformas vecinales como Levantemos El Puerto (Cádiz) –una iniciativa que buscaba dar el salto a la política– se hicieron con un importante número de votos dando paso a lo que conocemos como municipalismo, esa política basada en instituciones asamblearias. Como analiza el Barcelona Centre for International Affairs, en este caso también «el cambio tecnológico ha facilitado vías de contacto mucho más informales pero al mismo tiempo fiables, lógicas de relación más horizontales y dinámicas de multipertenencia».

Saltando del activismo político al social, Change.org es un claro ejemplo de cómo las nuevas tecnologías han ayudado a la movilización ciudadana. La plataforma, que nació para dar altavoz a las iniciativas de personas particulares, registró en los seis primeros meses de 2020 un 80% más de solicitudes. En total, más de 14 millones de personas se movilizaron con alguna petición tanto en ámbitos medioambientales, como en justicia social, conflictos, economía, sanidad o educación.

En el plano físico, existen numerosos casos de cómo la ciudadanía se organiza en busca de una sociedad sostenible. Un ejemplo es el nacimiento de la app Kuorum, una herramienta digital que ayuda a gobiernos y empresas a abrir procesos de participación en comunidad facilitando, por ejemplo, el diseño de presupuestos participativos. Encontramos igualmente el caso del Consell de Menorca, que generó un debate público en busca de ideas para solucionar el problema de accesibilidad a la vivienda en las islas convocando a vecinos, poderes públicos, residentes y empresas. También plataformas como Aragón Participa, Barcelona Decidim o Irekia son casos de éxito de activación ciudadana para la transformación social.

El papel de la participación ciudadana protagonizó parte de las Jornadas de Sostenibilidad 2021, organizadas por el Grupo Red Eléctrica, al presentarse como herramienta fundamental para transformar, de manera cohesionada y adecuada, la transición ecológica que necesitamos. «Tanto individualmente como colectivamente estamos concienciados», reflexionó Juan Verde, presidente de Advanced Leadership Foundation. «La concienciación individual y comunitaria, unida al resto de agentes sociales, son piezas que encajan y que nos permitirán alcanzar los objetivos», señaló.

Europa y las empresas hablan de participación ciudadana

La relevancia del activismo ciudadano está clara para las instituciones nacionales, pero también para las internacionales. De hecho,  la Comisión Europea acaba de inaugurar un centro de competencias para fomentar la participación de la ciudadanía en el diseño de las estrategias políticas del futuro. «El aumento de las asambleas y los paneles ciudadanos en los últimos años ha demostrado dos cosas: en primer lugar, que la ciudadanía demanda participar en las políticas públicas y, en segundo lugar, que su participación es clave para mejorar la confianza en las instituciones y reforzar la democracia», reconoce la institución europea en su escrito, que proyecta iniciativas de activación ciudadana como Conference on the Future of Europe o European Democracy Action Plan.

La Comisión Europea acaba de inaugurar un centro de competencias para fomentar la participación de la ciudadanía en el diseño de estrategias políticas

También las Naciones Unidas cuentan con su propio brazo de sociedad civil y organizan talleres, debates, conferencias y otras acciones enfocadas al activismo de los ciudadanos. «El poder de convocatoria, movilización y concienciación de los movimientos sociales es cada vez mayor. Responderá con mayor energía y ejercerá esa labor de concienciación en poderes públicos y empresas», aseguró Alfredo González, secretario de Estado de Política Territorial en las Jornadas de Sostenibilidad 2021. De hecho, de los 70.000 millones de euros que llegarán a España gracias a los fondos de recuperación poscovid Next Generation, el 15% se dirigirá a los ayuntamientos que, según los ponentes, ejercen de una de las formas más fructíferas de activismo ciudadano, ya que saben lo que necesitan sus habitantes en cada momento.

No pasó desapercibido en el evento el nombre de Greta Thunberg como ejemplo de movilización ciudadana desde la generación más joven —la más implicada en las nuevas formas de activismo— a la falta de acción contra la crisis climática y social. Una chispa que ilumina la importancia de la justicia intergeneracional: dejar a los que vienen el planeta que esperan de nosotros (y que merecen). El periódico The Guardian publicó recientemente la historia de 20 jóvenes activistas que trabajan a diario para labrarse una sociedad más justa y sostenible. Sin embargo, advirtió Verde, «no debemos descargar la responsabilidad sobre ellos». «Podemos pedirles, pero también implicarnos. No hay que esperar a su impulso para actuar», matizó. El activismo ciudadano consiste, precisamente, en eso: tomar acción de forma individual para cambiar colectivamente.

El reto global de ‘ecologizar’ la economía

No existe una sola economía que tenga capacidad para salvarse del impacto del cambio climático. Tanto si es rica como si se encuentra en vías de desarrollo, los efectos de la crisis climática, como las altas temperaturas, los fenómenos climáticos extremos o la alteración de la biodiversidad no solo le pasarán factura al bienestar, sino que también alcanzarán los bolsillos de los ciudadanos. Esta es la conclusión a la que llega el Long-term macroeconomic effects of climate change del Institute for New Economic Thinking, asegurando que, de no cumplir con el Acuerdo de París, en 2100 el aumento de la temperatura global (0,04 grados por año) habrá hecho menguar en un 7,22% el PIB per cápita mundial. Este es el PIB conjunto de Australia, Bélgica, Canadá, Alemania y Sudáfrica.

Además, como indica una encuesta realizada por el Foro Económico Mundial, los ciudadanos ya no creen que sus Gobiernos puedan cambiar este futuro –el 53% opina que las instituciones públicas no están haciendo lo suficiente– y, por ello, miran hacia las empresas, que consideran han hecho mucho más de lo que debían para avanzar en los Objetivos de Desarrollo Sostenible y reducir grandes problemas como el cambio climático, la desigualdad y la hambruna. En este nuevo escenario de confianza se celebró la Cumbre Anual de Impacto en el Desarrollo Sostenible, a fin de dar con soluciones empresariales para trabajar en la ‘ecologización’ de las economías y poner freno a los riesgos ecosociales de la crisis ambiental.

Más allá del evidente cumplimiento de los ODS, el centenar de líderes empresariales, políticos, gobiernos y agentes sociales convocados en el Foro Económico Mundial en septiembre llegaron a la conclusión de que la colaboración público-privada debe ser inmediata. Así, el ‘business as usual’ –traducido como la tendencia tradicional de las empresas a buscar el mayor beneficio sin tener en cuenta otras consecuencias no económicas– debería desaparecer por completo. Invertir en prevención resulta esencial para reducir los impactos financieros del cambio climático y trabajar de la mano del sector público en la predicción y el conocimiento de riesgos es el camino a seguir.

El cambio climático provocará en 2100 una merma del 7% del PIB mundial si no se frena a tiempo

«Tenemos muchos más posibles daños a largo plazo que hace 20 años, por lo que necesitamos un modelo global accesible para todas las regiones», aseguró John Haley, CEO de Willis Towers Watson. Lo ejemplificó con el proceso de predecir un terremoto. «Tras la ola de terremotos de los 90, los estados construyeron un modelo de predicción global donde todo el mundo podía acordar cuáles eran los mayores riesgos e identificar cómo minimizar el impacto. Era algo con consistencia, transparente, y eso es precisamente lo que necesitamos en nuestra economía».

En este sentido, otra de las ideas auspiciadas por el economista Paul Donovan derivaron en el concepto de la ‘desglobalización’, un salto que consistiría en un modelo de producción local más eficiente y, por tanto, menos contaminante. Aunque con matices. «A pesar de que es una alternativa mucho más sostenible tenemos que tener en cuenta que, debe existir una estrategia paralela para poder lidiar con las posibles consecuencias que esto provoque en la economía».

Comprometerse a las ‘emisiones cero’ es, quizá, una de las propuestas más evidentes y necesarias, pero no por ello menos complicada para el sector empresarial –y para la economía, en general–. «Alcanzar la neutralidad es muy caro», avanzaba en el encuentro Rich Lesser, de Boston Consulting Group. Resulta fundamental, según él, la colaboración, primero, entre los eslabones de la cadena de producción y, posteriormente, entre los distintos sectores que componen la economía. «Para muchos países, la neutralidad climática no sale a cuenta. Por eso necesitamos dar un paso adelante y crear mejores sinergias, más allá de nuestras fronteras, para fomentar la transición desde la microeconomía y la macroeconomía», aseguraba.

¿Qué implica esto? Asumir, primeramente, que el 80% de la inversión en esta transformación debe nacer del sector privado. «Adaptarnos a estos impactos no es solo tomar parte de nuestra responsabilidad, también proporcionar trabajos y competitividad que cambiará el mundo», aseguraba Feike Sybesma, de Royal Phillips. Y en segundo lugar, ser conscientes del reto que supone abandonar la financiación asociada a las emisiones: según el estudio The Time To Green Finance, solo un 25% de las entidades analizadas hacían un seguimiento de las emisiones derivadas de sus actividades. «Necesitamos apostar por ser transparentes y coordinarnos con el resto de sectores para apostar por una transición transparente y eso lo haces con una metodología aceptada, donde todos hablemos el mismo lenguaje», defendía Alison Martin, del Zurich Insurance Group.

Atención a las economías emergentes

Frente a la vorágine de pandemias, crisis climática e inestabilidad económica, el foco se sitúa de manera decisiva sobre el papel que juegan las empresas en las transformaciones sociales. Los criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) son por ello fundamentales para que las entidades desarrollen estrategias que maximicen sus impactos positivos tanto en el desarrollo ambiental como en el económico, ya que ambos van de la mano. Y aquí las economías emergentes –aquellas que no se incluyen en la categoría de países subdesarrollados, pero tampoco cumplen como potencias mundiales– pueden jugar un papel fundamental, según las conclusiones de la Cumbre.

En una crisis de confianza con las instituciones públicas, el sector privado se percibe con la capacidad suficiente para dar con soluciones a los retos globales

Tradicionalmente, estos países han sido interpretados como inversiones arriesgadas, especialmente cuando se tratan de criterios ESG. Una visión que, en la actualidad, el Foro Económico Mundial describe como «una barrera que limita las oportunidades para favorecer la recuperación pospandemia». «Si vives en un país rico, tan solo te afecta el ODS del clima. Y centramos nuestra inversión y nuestro valor en ese. Sin embargo, la pobreza, el hambre, la inseguridad sanitaria y la injusticia afecta al resto», reflexionaba Majid Jafar, de Crescent Petroleum. ¿Cómo es posible garantizar una transición económica justa y sostenible si sus criterios no prestan atención al resto de territorios?

En resumen, el puente hacia la recuperación sostenible se cimenta en cuatro pilares, según concluye la Cumbre. El primero, los principios de gobernanza que sitúan el propósito frente al beneficio en las actividades económicas; el segundo, la ambición por proteger el planeta a través del consumo responsable y el uso sostenible de los recursos; en tercer lugar, acabar con la pobreza y la hambruna para asegurar que todos los habitantes jueguen en el mismo lado de la igualdad y, por último y más importante, la apuesta por la prosperidad. Una prosperidad que asegure una vida decente a todo ser humano, pero también un progreso económico, social y tecnológico en consonancia con la naturaleza.

El rostro de la pobreza en España, cada vez más joven

Lo tenemos como el primero de nuestros Objetivos de Desarrollo Sostenible y, sin embargo, los datos no son muy alentadores. Hablamos del Fin de la Pobreza, una problemática que dependiendo del contexto económico y social de cada país se manifiesta de diferentes formas. En España los datos relativos a pobreza arrojan una imagen desoladora para niños, niñas, adolescentes y adultos jóvenes, los más afectados por la sucesión de crisis, una generación con unos indicadores y tasas de riesgo de pobreza alarmantes.

Son diversos los informes que, incluso con anterioridad a la crisis provocada por la pandemia de la COVID-19, alertan sobre la necesidad de tomar medidas efectivas si no queremos agrandar la brecha generacional que existe actualmente en nuestro país. Uno de ellos es ‘El Mapa de la Pobreza Severa en España. El Paisaje del Abandono’ presentado el pasado mes de septiembre por la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN-ES). Según este documento el factor edad es especialmente determinante: la población menor de 17 años es el grupo más afectado estando un 14,1% en pobreza severa. Le siguen el colectivo menor de 30 años, que alcanza el 11%.

España deberá dedicar 527 millones de euros del Fondo Social Europeo Plus a la lucha contra la pobreza infantil

A pesar de ser España la cuarta economía de la zona euro, los datos sobre pobreza infantil nos sitúan en el tercer puesto dentro de la Unión Europea, por detrás de Rumanía y Bulgaria. Frente a la necesidad de abordar este gran reto surge una oportunidad única tras la puesta en marcha desde Bruselas de la Garantía Infantil Europea, mediante la cual los países con mayores tasas de pobreza infantil de la Unión Europea deberán dedicar al menos el 5% del Fondo Social Europeo Plus a combatirla en el nuevo periodo 2021-2027. Para España esto implica un total de 527 millones de euros, inversión para la que el Ministerio de Derechos Sociales deberá elaborar un Plan de Acción nacional en 2022. Para la redacción de esta hoja de ruta Unicef, junto al Ministerio, presentará a la Comisión Europea un informe sobre la situación inicial que sirva como base para detectar tanto a los colectivos más vulnerables como las medidas e indicadores que deberá abordar la propuesta.

Desempleo y falta de recursos económicos

Con respecto a la población menor de 30 años, las estadísticas arrojan una fotografía de gran desamparo en España: la renta media para quienes aún no han cumplido los 30 es de 10.156 euros al año. En mayo de 2021, la tasa de desempleo de las personas menores de 25 años era del 36,9%, una cifra sólo superada por Grecia. Pero aún hay más, un informe elaborado por el Observatorio Social La Caixa afirma que la riqueza neta media de los millennials es de 3.000 euros, frente a los 63.400 euros de la generación anterior. Así, sólo el 44% de los primeros tienen su vivienda en propiedad, frente al 65% de la generación X. Incluso quienes —a pesar de las altas tasas de paro— consiguen trabajo, deberían dedicar el 92,9% de su salario neto a pagar los 904 euros mensuales que costaba de media alquilar una vivienda en 2020. La consecuencia directa también nos la da el informe del Observatorio, con apenas un 18,6% de las personas entre 16 y 29 años emancipadas.

Apenas un 18,6% de las personas de entre 16 y 29 años están emancipadas

Las causas y consecuencias se entrelazan en un ciclo que se retroalimenta y que está lleno de contradicciones: los condicionantes socioeconómicos de los hogares más pobres engrosan las tasas de abandono escolar, mientras que la generación más preparada de españoles se enfrenta a una de las mayores tasas de paro de la democracia. Es necesario un pacto generacional que reconcilie las posibilidades y oportunidades independientemente de la edad, que apueste por una infancia y una juventud con oportunidades reales, y que dé soluciones a la población más joven.

«Todavía perdura una larga tradición de roles femeninos en situación de inferioridad»

Conce Macías, directora de proyectos en AlmaNatura, comparte su perspectiva sobre el problema multifactorial que atañe a la España vacía: igualdad de género y sostenibilidad como bases del nuevo mundo rural.

Según datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, la población activa femenina constituye tan solo el 49%, mientras que en el caso masculina esta cifra alcanza el 72%. ¿Es necesaria una perspectiva de género a la hora de abordar el problema de la España vacía?

Como mujer que vive y trabaja desde un pueblo de casi 900 habitantes, y liderando una organización que impulsa la reactivación rural, la perspectiva de género no solo es necesaria, sino urgente a la hora de solucionar un problema tan acuciante como es la España vacía. Los datos lo avalan: el INE nos desvela que, aun habiendo un millón más de mujeres que de hombres, la mayor parte de la población femenina se encuentra en las grandes ciudades, disminuyendo de forma drástica a medida que va disminuyendo la población. Es decir, que en pueblos de menos de 100 habitantes nos vamos a encontrar casi un 60% de hombres y un 40% de mujeres, existiendo más porcentajes de ellas, sin embargo, a nivel global.

De ese 40%, una gran proporción forma parte de una población adulta de más de 65 años, por lo que las edades de entre 18 y 45 años son aproximadamente las que emigran a la ciudad, dejando a los pueblos sin mujeres con edad fértil ya no solo biológicamente –lo que asegura la perpetuidad de la población rural– sino también laboralmente, lo que limita el desarrollo de ciertos sectores y el impulso de muchos otros.

Todas las personas somos importantes en este reto de la despoblación rural, por ello es necesario poner énfasis en la construcción de un mundo rural donde las relaciones sociales se transforman desde la familia, visibilizando capacidades y aspiraciones individuales y colectivas independientemente del género. Una sociedad donde las mujeres aportemos nuestra visión, conocimientos y experiencias en el desarrollo de estrategias igualitarias que pongan el foco en la recuperación y creación de un mundo rural donde tanto el hombre como la mujer puedan desarrollarse e interactuar en condiciones de igualdad para una gestión del talento enfocada en la resolución de los retos rurales.

¿Considera que es esta una oportunidad histórica para arreglar la brecha de desigualdad?

Cualquier momento puede ser una oportunidad histórica, aunque en estos tiempos que vivimos se está favoreciendo el hecho de crear organismos políticos y técnicos que sostengan esta prioridad y vigilen la evolución de las desigualdades y el impacto en la sociedad y en la política, al igual que impulsar medidas sanitarias que reduzcan las desigualdades y establezcan alianzas para impulsar políticas adaptadas. Reitero que estamos en el momento, aunque siento que aún tenemos que integrarlo a nivel social, educativo y familiar: no solo deben de existir normativas, decretos y estrategias que hablen sobre el tema, sino que hace falta que estas calen y sean entendibles por toda la sociedad para que se lleven a cabo.

«Aún seguimos viendo casos de cómo se proyecta al hombre desde la libertad y a la mujer desde el sacrificio y la subordinación en los pueblo»

Según el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la ONU, las sociedades que son muy desiguales son menos efectivas a la hora de reducir la pobreza. Por ello, si queremos revertir el movimiento de la despoblación, se vuelve necesaria una conexión entre las políticas de igualdad y de desarrollo rural que atiendan aspectos como el mercado laboral, el uso del tiempo, la percepción de la calidad de vida y la influencia de los estereotipos que aún existen y limitan el impulso del papel de la mujer en los entornos rurales.

¿Estamos ante una oportunidad? Diría que sí. ¿Estamos preparados para gestionar esa oportunidad? Es posible decir que a medias: aún seguimos viendo casos de cómo se proyecta al hombre desde la libertad y a la mujer desde el sacrificio y la subordinación en los pueblos. Para romper esos estereotipos se necesita actuar desde lo pequeño, y las políticas públicas aún no están diseñadas para ello, ya que esto no se arregla con la acción voluntaria de ciertas asociaciones u ONG; hacen faltan estrategias diseñadas desde la realidad rural y no desde una oficina en la ciudad.

Debido a la economía rural, habitualmente ligada a aspectos tradicionales, ¿se corre el peligro de que las mujeres terminen, de nuevo, limitadas a un solo tipo de trabajo? En este sentido, ¿cabe esperar nuevas oportunidades creadas por los usos de las nuevas tecnologías y la digitalización?

La participación laboral de las mujeres en los pueblos depende de la situación del mercado de trabajo, que es mucho menos diverso que en las ciudades. Este mercado laboral rural está condicionado en gran medida por la cualificación y la disposición del tiempo de la mujer, existiendo una demanda más enfocada al sector de la agricultura, los trabajos temporales y las necesidades de cuidado que solicita la población envejecida.

A este tipo de trabajo acceden mayoritariamente mujeres con niveles de estudios básicos, existiendo una emigración elevada de mujeres con altas cualificaciones formativas. Esto deja patente dos cuestiones a las que debemos de hacer frente las entidades que impulsamos el papel de los pueblos en la economía mundial si queremos que las mujeres diversifiquen su participación fuera del sector laboral tradicional. Por un lado, hace falta atender las necesidades educativas de las mujeres y, por otro lado, abordar la necesidad de diversificación de las oportunidades laborales adaptando e impulsando negocios en torno a sectores más innovadores vinculados a la digitalización, economía circular, etc.

Para que esto ocurra es necesario que existan servicios de cuidado a la infancia y a las personas mayores, que mejore la movilidad y exista una mayor sensibilización del mercado laboral del papel de la mujer en los entornos rurales, donde tiene que compaginar la vida laboral y la familiar por falta de servicios; si no, las mujeres no podrán desvincularse del sector tradicional, el cual está marcado por la falta de recursos.

Ante esta situación, el emprendimiento y las nuevas tecnologías se presentan como una oportunidad para poder compaginar ambas cosas. Una conexión digital mínimamente equiparable a las zonas urbanas reduciría mayoritariamente la exclusión digital que aún padece la población rural, y, por supuesto, un aumento de oportunidades para las mujeres que demandan instrumentos de trabajo eficaces para poder trabajar y llegar a cualquier lugar del mundo, realizarse y obtener unos ingresos dignos equiparables a cualquier carrera profesional.

¿Qué papel puede jugar lo que se ha venido a llamar «la economía de los cuidados» en esta clase de territorios?

Si miro tras la ventana de mi despacho en Arroyomolinos de León, veo a mi vecina Consuelo y a las hijas de Concha atender a sus mayores y a sus hijos, en jornadas interminables donde es imposible alternar el desarrollo profesional y el personal. Si sigo mirando más abajo de mi calle, me topo con las vecinas que hacen cuidados a domicilio y a otras que piden ayuda a sus madres para poder atender una tienda local, mientras sus hijos e hijas están fuera del colegio. Este sector sigue estando potencialmente vinculado a la mujer tanto en el ámbito profesional como a nivel personal como único medio de desarrollo para mujeres en pueblos de menos de 5.000 habitantes.

El cuidado es una capacidad intrínseca de cualquier ser humano solo que unos hemos tenidos contextos sociales que han permitido desarrollar más esta cualidad que otros, pero para sentirnos parte de esta sociedad la capacidad de cuidado debería de potenciarse, pues es ella la responsable de conductas respetuosas entre iguales y con el medio ambiente, ejes principales en la Agenda 2030.

«Es importante promover formalmente la economía del cuidado como una oportunidad laboral tanto para hombres como mujeres»

Si el cuidado está patente en el ámbito rural por sus características y también de forma intrínseca en cualquier ser humano, es importante promover formalmente la economía del cuidado como una oportunidad laboral tanto para hombres como para mujeres. Para ello, debemos enfatizar aquellos elementos del cuidado que producen o contribuyen a generar valor económico, potenciarlos y gestionarlos para visibilizarlos.

Los avances sustantivos que las mujeres han experimentado en términos de participación económica y política y de reconocimiento de derechos en diversos campos deberían también expresarse en el ámbito de la organización del cuidado, en el cual los cambios resultan, por el contrario, extremadamente lentos. Lograr mayor justicia en este campo es un paso ineludible para alcanzar mayor equidad económica y social y construir sociedades más igualitarias en el ámbito rural.

¿Qué papel ha de jugar la educación –y la concienciación social– en políticas de inclusión con un marcado enfoque de género?

Perdonad mi mala memoria. En algún lugar leí o escuché que, si ponemos consciencia de la pobreza, la violencia de género, la discriminación, la falta de recursos y de desarrollo en el ámbito rural, todas ellas tienen cara de mujer. Esto es curioso porque a pesar del convencimiento de una sociedad no sexista, todavía perdura una larga tradición de roles femeninos en situación de inferioridad en el mundo rural. Para poder sobreponerse a ello es necesario enfocarse en dos grandes sistemas: la familia y la escuela a cualquier nivel, desde centros primarios hasta el universitario, que promuevan una sociedad rural igualitaria.

El nivel educativo ha creado dos bandos diferenciados de mujeres que se desarrollan conforme a los ideales sociales actuales. Por un lado, las mujeres que han estudiado, han salido fuera del pueblo y se han convertido en profesionales de sectores novedosos. Por otro lado, mujeres sometidas al sistema tradicional familiar donde el hombre trae el dinero y las mujeres cuidan de la familia. Aún existen muchas mujeres en este segundo grupo, mujeres muy jóvenes que no ven posibilidades de desarrollo más allá que las tareas domésticas o pequeños negocios transitorios.

Aún existe un trabajo educativo maravilloso que realizar para lograr un desarrollo integral de las personas que formamos parte de los pueblos, independientemente de los estereotipos y roles en función del sexo. Como adultos, deberíamos tomar conciencia del camino que aún debemos recorrer tanto hombres como mujeres para alcanzar el objetivo común de una igualdad real y que, en consecuencia, traerá el desarrollo de oportunidades que ofrecerán una nueva perspectiva socioeconómica al mundo rural.

En términos de repoblación, son las mujeres jóvenes las que más abandonan los territorios «vacíos». ¿Cómo podemos favorecer el papel emprendedor de las mujeres en estas zonas, especialmente aquellas más jóvenes y así retener el talento?

Desde AlmaNatura llevamos desarrollando programas de emprendimiento como Holapueblo y GIRAMujeres donde potenciamos el emprendimiento femenino como un instrumento activo para favorecer la reactivación rural. Estos programas incluyen muchos de los aspectos que creemos indispensables para potenciar el papel emprendedor como uno de los pilares fundamentales en la regeneración socioeconómica de estos territorios.

Por un lado, creemos firmemente que para poder impulsar el emprendimiento femenino son necesarias algunas modificaciones sociales e institucionales que ayuden a gestionar, de forma equilibrada, materias específicas como la conciliación, ya que la familia y el entorno se convierten en barreras para poder conciliar el negocio y el trabajo familiar. El acceso a la financiación y la gestión económica, suelen ser dos temas bastantes limitantes. Al no poseer una educación financiera de forma generalizada llegamos fácilmente a la ideación de modelos de negocios viables que necesitan altos recursos financieros que ocasionan en muchas ocasiones el aplazamiento de la toma de decisiones a la hora de emprender.

Por otro lado, la ruptura de ciertos estereotipos también se convierten en barreras que afectan de forma negativa al emprendimiento femenino. Muchas veces se traspasan las creencias que el patriarcado ha creado y ha atribuido a las mujeres como aspectos propios de la mujer empresaria. Esto contribuye en gran medida a la construcción errónea de lo que es el emprendimiento femenino potenciando un factor bloqueador individual como es la autopercepción que tenemos de nosotras mismas como empresarias y que hacen surgir miedos, inseguridades, etc.

Aunque ponemos el foco en aquellas cuestiones que desde mi punto de vista hace falta fortalecer, no nos podemos olvidar de otras que ya existen y que es importante recordar y potenciar para fortalecer el papel de la mujer en el ámbito del emprendimiento. Ejemplos de ello son la capacidad que tenemos para la gestión y organización, un factor fundamental en el impulso de una empresa; nuestra sensibilidad en materia de retos sociales y ambientales, que abren la puerta al emprendimiento social, el apoyo institucional y de grandes empresas que potencian e impulsan el emprendimiento femenino; la capacidad de innovación y liderazgo; al igual que las capacidades personales y únicas que nos hacen estar más que preparadas para asumir el lanzamiento y puesta en marcha de negocios viables y sostenibles que generen oportunidades en el medio rural.

La ministra Teresa Ribera habló el pasado 8 de marzo de «proyectos de emprendimiento en el ámbito rural, proyectos que demuestran que lo rural es sinónimo de solidaridad». ¿Qué clase de iniciativas cree que se deberían implementar para cohesionar estos territorios?

AlmaNatura ha podido reconstruir con los fondos ahorrados durante 25 años, un molino harinero, símbolo de la historia y sentido de pertenencia de Arroyomolinos de León. El objetivo no es convertirlo en un espacio expositivo, sino un espacio donde ocurran cosas, un espacio vivo que impulse investigaciones, proyectos, charlas y reflexiones que potencien la innovación en el ámbito rural por ello este molino harinero se ha convertido en un Laboratorio de Innovación Rural (AlmaNatura Lab) capaz de provocar el desarrollo y avance de la sociedad rural.

En los pueblos reside el gran saber de personas y entidades que llevan trabajando y aprendiendo de los ciclos y procesos naturales y sociales de estos territorios. Dicha interacción debe de generarse y promoverse con el objetivo de construir nuevas sinergias e intercambio de aprendizajes entres los agentes claves del territorio que den forma a soluciones temáticas a través de centros de conocimiento que ponen la tecnología, el saber y la planificación al servicio de los entornos rurales.

Estamos en un momento importante de sensibilización sobre el estado de los pueblos, aunque es necesario pasar al segundo nivel. El emprendimiento, la salud, la educación o la tecnología son ejes vertebradores del futuro de los pueblos que deben de ser consensuados y gestionados. No podemos trabajar solos. Hace falta unión y respeto ante las problemáticas y soluciones que se plantean desde cualquier organismo y desde la propia ciudadanía.

Es momento de poder impulsar estrategias y sistemas de aprendizajes basados en la creación de conocimiento compartido como realizamos de forma interna en AlmaNatura con entidades como Red Eléctrica de España y Correos, que permitan potenciar las capacidades de las zonas rurales para construir nuevas soluciones a los retos que enfrentamos de forma conjunta. Son necesarios proyectos de colaboración entre especialistas de terreno, investigadores, organizaciones rurales, empresas, ONG y Gobiernos locales que tengan la potencialidad de encontrar soluciones que ninguno de los actores individualmente se hubiese atrevido a identificar o tenga la capacidad de abordar.

Ninguna niña sin educación

“El futuro de los niños es siempre hoy; mañana será tarde”, dijo una vez Gabriela Mistral, poetisa y Nobel de Literatura en 1945. Han pasado décadas desde que el mundo escuchara aquella frase, pero el alegato de la diplomática y profesora chilena hoy cobra más fuerza, sobre todo si nos referimos a la educación de las niñas.

El 11 de octubre se celebra el Día Internacional de la Niña. La ONU quiere recordar la grave situación de las niñas, sobre todo a raíz de la crisis originada por la COVID-19, y cambiar su realidad en algunas sociedades mundiales. Según sus datos, casi el 25% de niñas de 15 a 19 años ni estudia ni recibe capacitación frente al 10% de los niños. No hay que olvidar que sufren una doble vulnerabilidad: por su edad y por su género. Por ello, hoy más que nunca, es imprescindible reclamar el respeto y la aplicación de los Derechos de la Infancia, que desde 1990 son leyes obligatorias para todos los países.

Casi el 25% de niñas de 15 a 19 años ni estudia ni recibe capacitación, frente al 10% de niños

Desde la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing en 1995, la preocupación internacional por los derechos de las niñas se ha ido intensificando, y actualmente está presente en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, concretamente en los ODS número 4 y 5, dirigidos a garantizar una educación equitativa y lograr la igualdad de aquí a 2030. Sin embargo, aún queda mucho camino por recorrer. Por ello, la Unesco, en su último informe, ha hecho un llamamiento a los países para que garanticen un objetivo fundamental: que todas las niñas del mundo completen el ciclo de 12 años de estudio para 2030.

2021, un año crítico para invertir en la educación de las niñas

En su informe ‘Una promesa no cumplida: 12 años de educación para todas las niñas’, la Unesco destaca la importancia de seguir garantizando e impulsando una educación de calidad a las niñas después de la pandemia. Los datos reflejan una doble reflexión. A priori, reflejan una gran mejora en la escolarización de las menores durante los últimos 25 años. De 1995 a 2019 las niñas subsaharianas que finalizaron la educación primaria han pasado del 41% al 66%. El aumento también ha sido notable en Asia Central y Meridional, donde en 1995 poco más de la mitad de las niñas finalizaba la enseñanza primaria, mientras que ahora esa cifra alcanza al 90%. En países como Bangladesh, el incremento ha sido tan elevado que entre 1995 y mediados del año 2000 se revirtió la tendencia y las niñas superaron a los niños en la finalización de la educación primaria.

Sin embargo, el informe denuncia que estas mejoras pueden verse amenazadas por la COVID. La Unesco advierte que más de 11 millones de niñas corren el riesgo de no regresar a las escuelas, por lo que insta a los gobiernos a realizar inversiones para garantizar su educación básica. Destaca la educación como un derecho transversal para las mujeres y establece un plan estratégico para crear sociedades más equitativas donde las niñas puedan acceder a un trabajo justo y no tengan que someterse a matrimonios forzosos. Así, establece una meta principal: que todas las niñas de 12 años completen la educación básica de cara a 2030.

Los países del G7 buscan que 40 millones de niñas más acudan a la escuela en países de ingresos medios y bajos de cara a 2026

2021 es un año clave para invertir en la educación de las niñas, sobre todo de cara a la recuperación mundial de la COVID. Los países del G7 buscan que 40 millones de niñas más acudan a la escuela en países de ingresos medios y bajos de cara a 2026. En el informe destacan que los gobiernos deberán actuar en varios ámbitos clave que abarcan desde recopilar datos sobre la educación de las niñas a implementar sistemas educativos que promuevan la igualdad de género. La prevención de la violencia es una cuestión fundamental, por lo que se apuesta por promover una educación integral sobre sexualidad que contribuya al respeto y ayude a las niñas a protegerse. Además, el texto aboga por la presencia de maestras, sobre todo en puestos de liderazgo, y destaca la sensibilización del material escolar, es decir, emplear libros y materiales donde estén presentes las mujeres. En definitiva, de cara a la recuperación, los países tienen la oportunidad de construir sistemas educativos que promuevan el liderazgo de las niñas y garanticen su vuelta a las escuelas mediante la reapertura de centros y la dotación de becas para las familias más necesitadas.

Recuperando la frase de Mistral, el futuro de las niñas es siempre hoy, mañana será tarde. La preocupación de las últimas tres décadas debe intensificarse en forma de acciones, sobre todo en países en conflicto donde los derechos de las niñas están en peligro, como es el caso de Afganistán. Los días internacionales dan la oportunidad a las sociedades de conocer derechos humanos no salvaguardados, pero es ahora, y no más tarde, el momento de movilizarse para corregir estas desigualdades de manera efectiva.

Seis años de los ODS, ¿en qué punto estamos?

Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 auspiciados por las Naciones Unidas cumplen más de un lustro en un contexto mundial no solo inesperado, sino impredecible: aunque las mejoras en las medidas sanitarias para contener el avance de la pandemia –especialmente en los países desarrollados– demuestran surtir efecto, el reguero de efectos colaterales que el coronavirus ha dejado en el planeta emborrona las lentes con las que miramos el futuro. ¿Será posible, finalmente, erradicar la pobreza tras el parón económico? ¿Podrá garantizarse la atención sanitaria en todos los rincones del planeta tras el colapso provocado por la covid-19? ¿Conseguiremos pisar el freno antes de superar el límite de los 1,5 ⁰C en 2030?

El objetivo de los ODS incluye el resolver los importantes retos que implica la interconexión entre el medio ambiente y el ser humano

Para Antonio Gutierres, secretario general de las Naciones Unidas, «esta crisis amenaza décadas de progresos en sostenibilidad y hace más evidente que nunca la necesidad de transicionar a un sistema más verde». Las cifras que apunta el Informe sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2021 –un estudio de las Naciones Unidas que analiza junto a 50 organizaciones internacionales  la evolución de los ODS en el último año– ya las conocemos: incremento de la pobreza, pérdidas económicas, dificultades para acceder a la educación y sistemas sanitarios maltrechos tras luchar por dar oxígeno a la población. Pero si echamos la vista atrás, observaremos que el camino que los ODS han construido en estos últimos seis años han hecho de nuestras sociedades unas más sostenibles y resilientes. Y es esa fotografía la que puede guiarnos a partir de ahora.

Más salud, más acceso a servicios básicos

Los ODS nacieron en 2015 como sustitutos de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) que, durante 15 años, marcaron grandes progresos en la reducción de la pobreza, el acceso a saneamiento, salud materna, educación y la lucha contra enfermedades infecciosas como el sida o la tuberculosis. El guante que recogieron una vez lanzados abrió el alcance hacia un ámbito también medioambiental con el objetivo de resolver los importantes retos que implica esa interconexión entre el medio ambiente y el ser humano y a los que nos seguimos enfrentando hoy en día. Con la herencia de los ODM, los resultados de los ODS llegaron pronto: hasta la actualidad, más de 1.000 millones de personas han conseguido salir de la pobreza extrema, la mortalidad infantil se ha reducido a la mitad al igual que la población sin escolarizar y las infecciones por el VIH/SIDA se han reducido en casi el 40%, según el Informe sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2020.

Los países han logrado grandes avances a la hora de conservar al menos el 10% de las zonas costeras

De forma individual, además, estas nuevas metas han alcanzado importantes resultados positivos. El ODS 3 (Salud) ha conseguido incrementar en un 64% los nacimientos atendidos por profesionales en los países en vías de desarrollo, además de marcar mejores límites a las enfermedades infecciosas. Y el ODS 7 (Acceso universal a energía), ha batido récords al incrementar la electrificación mundial hasta el 90%, frente al 83% en 2010.

En la erradicación de la pobreza extrema (ODS 1), Asia oriental y los países desarrollados han presentado buenos avances en 2020 si se toma como referencia el año 2015. Y en la promoción de empleo sostenido (ODS 8), todas las sociedades han registrado avances a la hora de mantener el crecimiento económico per cápita y lograr empleo productivo para todos. Además, en materia de biodiversidad, la mayor parte de los estados han logrado grandes avances a la hora de conservar al menos el 10% de las zonas costeras, un importante hito que minimiza la acidificación de los océanos y la pérdida de biodiversidad, tan esencial para el ser humano.

Y, ¿hacia dónde vamos?

El balance de ese tercio de recorrido en la Agenda 2030, que ya hemos superado, deja según la organización Open ODS, sin respuesta a esa pregunta. «Nadie, ni las agencias de Naciones Unidas, ni la academia, ni los propios gobiernos, pueden responder con honestidad a esta pregunta. Tenemos una foto fija de los ODS, pero no las causas que nos permitan interpretar las posibles consecuencias». Pero esto no tiene por qué interpretarse como una conclusión negativa. En realidad, las 169 metas y 244 indicadores han conseguido algo inédito: que el sector público y el privado sean copartícipes de la meta común de hacer del sistema económico, político y social uno más sostenible y resiliente. Desde un enfoque local hasta uno internacional, lo que permite conocer con precisión la realidad de cada país.

«Ahora podemos saber cuál es la situación de pobreza extrema, de igualdad, de biodiversidad o de la calidad de los recursos hídricos en cada Estado», concluye la organización. Esto permite conocer el perfil de cada nación y actuar en consecuencia. Aunque queda algo de camino, especialmente en ámbitos como la reducción de la desigualdad entre países (ODS 9) o la protección de los ecosistemas terrestres (ODS 15). Hacen falta más datos. «Sin una medición que llegue hasta los niveles subestatales los resultados no serán concluyentes» advierte Open ODS. El camino que ya está hecho no puede caer en el abandono, porque la vida del planeta va en él. Quizá dentro de otros seis años todo haya cambiado (a mejor).

¿Por qué tus hijos deberían recibir educación ambiental este curso?

En septiembre empieza todo. Nos encontramos ante un nuevo curso lectivo y un punto de partida para la comunidad educativa que, entre otros retos, se enfrenta a la incorporación de la conciencia ecológica dentro de las aulas.

En 2019, la UNESCO aprobó un programa dedicado a fomentar la educación para el desarrollo sostenible

Desde hace años, la preocupación por la sostenibilidad es un pilar fundamental para organizaciones, gobiernos y economías a nivel mundial. Esto se ha traducido en compromisos internacionales como las metas de descarbonización fijadas en los Acuerdos de París de 2015 y la Agenda 2030 establecida por la ONU. Unas medidas que miran al futuro, pero dejannconstancia de que el cuidado del planeta es algo muy presente. Y aunque muchos de estos objetivos se dirigen a empresas y entidades públicas, no hay que olvidar que afectan de forma directa a la ciudadanía, requieren nuevos hábitos de consumo y un conocimiento profundo del grave peligro en que se encuentra el planeta si no cambiamos hacia un modelo de desarrollo sostenible. Por ello, y siguiendo la conciencia ecológica marcada por Europa, resulta fundamental sembrar en las escuelas la semilla del cuidado del medioambiente y los compromisos para hacer del planeta un lugar más limpio y justo.

El medio ambiente: objetivo de la educación del presente y del futuro

Las aulas deben ser el lugar donde iniciar y potenciar la conciencia ecológica. En un mundo donde las sociedades demandan ciudades libres de contaminación, la eliminación de los plásticos y el cuidado de nuestros océanos, las vías de actuación implican a todas las personas. Además de establecer las bases de la conciencia ecológica a través de los programas curriculares, es importante fomentar prácticas sostenibles y empoderar a la juventud para liderar iniciativas que no solo protejan, sino que mejoren el estado del planeta actual y futuro. El alumnado está ahora más sensibilizado que hace años con la cuestión medioambiental. Un ejemplo de ello es el de Greta Thunberg y el movimiento al que dio comienzo en 2018, Fridays for Future. Su generación ha crecido en un planeta seriamente dañado y, por ello, es pionera en la lucha contra el cambio climático y demanda programas para fortalecer sus conocimientos sobre el desarrollo sostenible y actuar de forma responsable. Esta tendencia ecológica, por tanto, debe comenzar desde las primeras etapas educativas, algo que defienden cada vez más centros y universidades: no solo a través de contenidos teóricos, sino mediante actividades prácticas como la limpieza de zonas naturales o visitas a viveros y granjas en la Educación Primaria.

En este escenario, cada vez más países y entidades internacionales apuestan por un modelo de educación concienciado con la preservación del planeta. En 2019, la UNESCO aprobó un programa dedicado a fomentar la educación para el desarrollo sostenible (EDS). Este modelo se basa en dotar a cada estudiante de las competencias, actitudes y valores necesarios para superar los desafíos de carácter climático, la degradación ambiental y la desigualdad. Además, continúa la línea de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), concretamente el ODS número 4, dirigido a lograr una educación de calidad y “asegurar que todos los alumnos adquieran los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo sostenible, entre otras cosas, mediante la educación para el desarrollo sostenible y los estilos de vida sostenibles” de aquí a 2030.

La nueva Ley de Educación hace hincapié en la impartición en las escuelas de temas como los derechos humanos o el cuidado del planeta

Por otro lado, España, con la nueva Ley de Educación que entrará en vigor en el curso 2022-2023, avanza hacia una educación por y para la transición ecológica, reconociendo “la importancia de atender al desarrollo sostenible de acuerdo con lo establecido en la Agenda 2030”. Así, pretende seguir los pasos de las políticas educativas europeas e impartirá en las escuelas temas como la digitalización, los derechos humanos o el cuidado del planeta.

Queda patente que la conciencia ecológica no es un tema de futuro, sino de urgente actualidad. El compromiso con el medio ambiente debe calar en las aulas de los niños y niñas de hoy para asegurarles un futuro mejor.