Categoría: Agenda 2030

Naturaleza para una vida (y economía) más sana

«Los espacios protegidos son lugares saludables que albergan una serie de valores que para la sociedad son del máximo interés». A lo que se refiere Javier Puertas, técnico de Europarc-España, con esta declaración no es más que a los servicios y beneficios que los parques y otras zonas naturales protegidas proporcionan al ser humano y que, según la federación europea, es más importante que nunca proteger, conservar y mantener en el tiempo. 

Si algo nos ha enseñado 2020 es la clara relación entre la salud humana y la planetaria y, en su cuidado, cobran especial relevancia las zonas verdes. Precisamente por ello, el plan europeo de recuperación Next Generation EU busca construir una Unión mejor, más verde y resiliente. Y desde Europarc recuerdan que, para conseguirlo, «los parques y las áreas protegidas necesitan formar parte de la construcción del futuro sostenible de Europa». 

Los parques y las áreas protegidas necesitan formar parte de la construcción del futuro sostenible de Europa

En la actualidad, en España existen 2.000 espacios protegidos. Esto supone que un cuarto del territorio español cumple, de manera oficial, servicios de regulación y adaptación al cambio climático, de abastecimiento –de agua potable, por ejemplo–, y culturales, como el disfrute de la naturaleza o los paseos al aire libre. Tal y como recuerda Puertas, en nuestro país, uno de cada cuatro pasos que se da se hace en una zona protegida. Tal es la riqueza de la biodiversidad autóctona que no solo debemos tener en cuenta grandes parques nacionales, sino también lagunas, dehesas o zonas de cultivo. Todas y cada una de ellas son piezas clave de la conservación de especies de flora y fauna, pero también del patrimonio geológico, del paisaje y de determinados procesos naturales. Y es precisamente por eso por lo que, como indican desde Europarc, es importante que los espacios protegidos estén integrados en el territorio. Esto es, que formen parte de la matriz territorial en la que están situados. «No podemos concebir los espacios protegidos como islas de biodiversidad o naturaleza en medio de un entorno absolutamente destruido o degradado», alerta Puertas, porque ese planteamiento –que es el que se ha venido haciendo en el pasado– no funciona para conseguir los objetivos últimos de conservación.  

Espacios protectores de la salud

En países como Australia se prescribe la visita a espacios naturales como parte de tratamientos médicos por sus beneficios para la salud

Pero más allá de su capacidad de regenerar y conservar los ecosistemas y su biodiversidad, los espacios naturales protegidos también proporcionan beneficios para la salud humana e, incluso para la economía. Son lugares donde ejercitarse, pero también para la contemplación y desconexión física y mental del bullicio de la ciudad. Además, los expertos aseguran que favorecen la recuperación de personas que han tenido una enfermedad crítica, como infartos o problemas cardiovasculares. Además, la conexión con la naturaleza también ayuda a mejorar el equilibrio psicológico y a cuidar de la salud mental. La certeza de esta afirmación es tal que en países como Australia se prescribe el contacto y la visita a espacios naturales como parte de tratamientos médicos.

Pero, según Puertas, para conservar estos parques protegidos y asegurar que cumplen su función para con la salud, se requiere de la construcción de alianzas entre todo tipo de instituciones, empresas privadas y públicas, organizaciones y entidades internacionales o administraciones públicas de distinto nivel. Y lo mismo sucede a la hora de favorecer su función económica.

Conservar para mejorar la economía

La base del funcionamiento ecológico de los territorios está más asegurada con las áreas protegidas. Y eso nos lleva a recordar que la mayoría de los procesos que no se encuentran dentro de la economía de mercado forman parte de los servicios que proporcionan las zonas protegidas como la polinización, el suministro de aguas o el filtrado (natural) del aire. Pero el hecho de que no sean servicios mercantilizables no resta que aporten a la base económica del país en el que se encuentran. 

Los propios espacios protegidos generan una actividad económica a su alrededor que va mucho más allá del ecoturismo.

Los propios espacios protegidos generan una actividad económica a su alrededor que va mucho más allá del ecoturismo, aunque este sea la principal. La propia gestión activa de estas áreas genera actividad económica: si un lugar se declara protegido para la conservación de una especie animal en particular, por ejemplo, se debe realizar un seguimiento de cómo van esas poblaciones, para ello se requiere de la contratación de expertos, pero también del cumplimiento de una serie de regulaciones o limitaciones a los usos que también debe controlarse. Pero, además, probablemente se crearán caminos e itinerarios seguros para la flora, la fauna y los visitantes, que requieren de mantenimiento. Y el propio uso y disfrute de la zona por los visitantes y los locales o, incluso, la fotografía de naturaleza, suponen una gestión del área protegida que implica inversión y recaudación económica. 

En definitiva, los valores naturales que motivan que una zona se declare protegida llevan acarreadas una serie de actividades que no hacen más que promover, de manera directa o indirecta, la economía de la localidad en la que se encuentra. Por tanto, una naturaleza conservada y sana deriva en un bienestar mayor para los seres humanos y en una economía más próspera y sostenible.

La segunda vida de los paneles solares

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Cada 17 de mayo se celebra el Día Mundial del Reciclaje, una jornada que va más allá de recordar que cada residuo diario se deposita en su correspondiente contenedor. Los aparatos electrónicos que ya no utilizamos o las placas fotovoltaicas también requieren de su adecuada gestión como residuo una vez que su vida útil acaba. Hablamos de estos últimos: ¿cómo y por qué es tan necesario reciclar los paneles solares?

Planes para repoblar las zonas rurales

En España, uno de cada tres municipios ha perdido el 25% de su población desde el comienzo del siglo XXI.  El abandono del medio rural viene unido al envejecimiento de sus habitantes: más de 400 pueblos ya cuentan con más de la mitad de su población por encima de los 65 años, lo que los sitúa en una desagradable lucha contra reloj. El problema empieza a escalar prioridades en la agenda política aprovechando la transición sostenible que ha cogido impulso desde Europa con los planes de recuperación económica.

Algunas de las iniciativas más interesantes contra la despoblación rural provienen, sorprendentemente, de particulares. Son lo que se conocen como emprendedores rurales: personas que buscan revitalizar por completo las zonas despobladas —normalmente, de sus propias poblaciones— mediante su actividad económica. La búsqueda de formas de vida alternativas a la ciudad que ha traido la pandemia, ha hecho crecer estos proyectos emprendedores.

En el ámbito de las administraciones públicas, destaca el Plan de Medidas ante el Reto Demográfico, que cuenta con una inversión superior a 10.000 millones de euros (o, lo que es lo mismo, un 10% del presupuesto del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que busca reactivar la economía del país tras la pandemia). Los objetivos de este plan pasan por mejorar la vertebración territorial del país, eliminar la grave brecha entre los mundos urbanos y rurales e impulsar actuaciones dentro de las zonas territoriales más afectadas por la urgencia del reto demográfico. Y todo ello con el fin de garantizar el acceso a los mismos servicios que se tienen en las urbes,  promover la igualdad de género,  eliminar brechas sociales y generar oportunidades de emprendimiento y actividad económica. 

El Plan de Medidas ante el Reto Demográfico cuenta con una inversión superior a los 10 mil millones de euros

Los impulsos que se asocian a este plan se incluyen en la llamada transición ecológica y digital, cuyo objetivo último es garantizar la cohesión total del país. Además, las directrices del plan pretenden llevar a cabo, en parte, una pequeña descentralización económica. Ejemplo de ello son los centros de datos, documentación y mantenimiento, sobre los que la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, destacó que “son cuestiones que no tienen que quedar en grandes capitales”. Su dispersión, según la ministra, puede llegar a crear un fuerte foco de empleo para zonas rurales que buscan dinamizarse. Algo similar ocurre con el turismo, una de las principales industrias económicas del país: el turismo sostenible es, en este plan, uno de los cimientos fundamentales para la reactivación de las zonas rurales. 

En definitiva, con este plan se pretende mejorar el atractivo del territorio rural para atraer (o mantener) a los jóvenes en estas regiones mediante iniciativas que mejoren el empleo, así como la educación, con iniciativas como la promoción de más centros territoriales de la UNED. 

Diferentes piezas para un mismo puzzle

La España vaciada ha perdido en los últimos 70 años la mitad de su peso económico, demográfico y laboral. Soria, por ejemplo, ha visto su población reducida en un 23% según cifras del Instituto Nacional de Estadística. Es por ello que desde muchas de estas regiones provienen algunas de las soluciones políticas y económicas más interesantes de los últimos años.

Un ejemplo es el que protagoniza Castilla-La Mancha, comunidad que está en pleno proceso de modificación de su Ley de Gestión Forestal Sostenible con el fin de adecuarla a la lucha contra la despoblación. Según destaca el Gobierno regional respecto a la reforma, “los montes han sido y deben seguir siendo uno de los motores de la actividad económica. No solo porque la presencia de estos bienes se encuentra ubicada en su gran mayoría en estos entornos, sino porque la gestión de los montes de forma ordenada y continua en el tiempo es una fuente de recursos y de empleo en el medio rural”. Esto no es casual: grandes áreas despobladas de la comunidad se hallan dentro de los bosques, los cuales ocupan alrededor de un 44% de su territorio y pueden encontrar en ellas la solución para hacer una gestión sostenible de los recursos naturales, estimulando con ello, a su vez, el desarrollo económico, social y demográfico.

La España vaciada ha perdido en los últimos 70 años la mitad de su peso económico, demográfico y laboral.

Ejemplo similar protagoniza también Navarra con su proyecto ECO Pueblo, un plan finalizado este mismo año que buscaba la regeneración de las poblaciones rurales aisladas mediante el desarrollo económico. Esta iniciativa, integrada en el Programa Empleaverde de la Fundación Biodiversidad, ha tenido entre sus principales objetivos lograr una mayor empleabilidad de personas en riesgo de exclusión mediante su incorporación a negocios verdes que, a su vez, están sustituyendo a negocios menos sostenibles. Este ha sido el caso de las viñas de San Martín de Unx que, a través de este proyecto, han sido reemplazadas por otras producciones más productivas y sostenibles. 

Otra de las iniciativas con más proyección es el Erasmus rural, promovido desde el gobierno central. Este programa, que se lanzará a finales del curso 2021-2022, tendrá una duración de tres meses y estará centrado en lo laboral, más que en lo académico. Su fin: “que al menos tres meses de la primera experiencia laboral de nuestros jóvenes tengan lugar en este tipo de entornos para una conexión emocional y laboral”, explican fuentes oficiales. En definitiva, diferentes formas con las que devolver a la España rural la vida que una vez tuvo.

Español en clave de sostenibilidad

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Más de 585 millones de personas hablan español, esto es el 7,5% de la población mundial. Con motivo del Día de la Lengua Española, que Naciones Unidas celebra cada 23 de abril, hacemos un repaso por las palabras y conceptos que has de conocer en nuestro idioma para hablar de ese futuro sostenible que todos anhelamos.

Día Internacional de la Madre Tierra: el futuro de toda empresa pasa por ser verde

El  22 de abril de 2020, Día Internacional de la Madre Tierra, no fue más que un día cualquiera. Debido a las restricciones establecidas para hacer frente a la crisis sanitaria provocada por el coronavirus, que en aquel mes alcanzó sus picos más altos, las celebraciones multitudinarias a las que estábamos acostumbrados quedaron congeladas. Por aquel entonces, las actividades de concienciación pretendían tratar sobre la biodiversidad y la amenaza que el ser humano supone para ella. La covid sirvió de demostración: los expertos recurrieron a ella para advertir que los cambios extremos en la biodiversidad rompen la barrera natural que nos defiende de cientos de enfermedades zoonóticas como esta. Y de no protegerla, podríamos vivir otras pandemias.

Ahora, con las restricciones algo más relajadas, sigue siendo importante reivindicar la importancia del capital natural de nuestro planeta. Así nació el Día Internacional de la Tierra: la primera convocatoria, celebrada en 1960, congregó a 20 millones de personas en Estados Unidos para reivindicar un mayor control en el cuidado del medio ambiente, por aquel entonces completamente invisible para las agendas políticas. «Fue algo frenético. Nos llegaban telegramas, cartas y consultas telefónicas desde todas las partes del país», recordaba el senador Gaylord Nelson, responsable de la celebración del primer Día de la Tierra en un ensayo poco antes de morir en 2005. «El pueblo estadounidense por fin tenía un foro para expresar sus preocupaciones sobre lo que estaba sucediendo con la tierra, los ríos, los lagos y el aire, y lo hizo de forma espectacular».

Pronto podríamos perder más de un millón de especies en peligro de extinción

La pérdida de biodiversidad está ocurriendo a un ritmo sin precedentes en la historia de la humanidad: según las Naciones Unidas, pronto podríamos perder más de un millón de especies en peligro de extinción. Por suerte, ya tenemos más conciencia sobre el tema y, cada año, 20 millones de personas en 190 países celebran el Día de la Tierra con la esperanza de seguir luchando contra esta crisis ecológica, no solo desde el ámbito más social, también desde el económico: las empresas –responsables de la mayor parte de las emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera- están moviendo ficha en la protección de la naturaleza, el capital más importante para la humanidad.

Aunque, como indica Natural Capital Factory, la mitad de las compañías del IBEX 35 aún no reconocen la biodiversidad como asunto material, lo cierto es que este sector es cada vez más consciente de su compromiso con el planeta y su papel fundamental a la hora de cuidar los ecosistemas. Según un análisis de Swiss RE, más de la mitad de la economía global depende del mundo natural, por lo que establecer el valor del capital natural a la hora de calcular los riesgos financieros de una entidad es una acción cada vez más común.

De hecho, situar en el centro de la actividad empresarial el medio ambiente ya no es solo un deber social, sino una garantía de futuro: en los próximos años, las empresas más rentables serán las más preocupadas por el medio ambiente. Prueba de ello son los inversores verdes, aquellos que solo destinan su capital a proyectos respetuosos con el medio ambiente conscientes de los riesgos financieros que puede suponer apoyar entidades que comprometan la salud de las futuras generaciones.

Más de 1.500 empresas en todo el mundo utilizan el Marco Integrado Internacional de Información para aprender a medir su capital natural

En la actualidad, más de 1.500 empresas en todo el mundo utilizan el Marco Integrado Internacional de Información elaborado por el Consejo Internacional de Información Integrada, una coalición de compañías, inversores y reguladores que ofrece a las empresas un método para aprender a medir su capital natural, definido como «todos los recursos y procesos ambientales que proporcionan bienes o servicios que apoyan a la prosperidad pasada, presente y futura de una organización».

De puertas para dentro, numerosas entidades también están aplicando sus propias medidas a la cadena de producción para evolucionar, poco a poco, hacia la sostenibilidad y la circularidad. Algunas de las acciones consisten en incorporar la biodiversidad entre los aspectos materiales, hacer un análisis de dependencias de la naturaleza, identificar los riesgos derivados de esta, enfocarse en la doble materialidad (impacto de la compañía en la biodiversidad y viceversa), establecer políticas de biodiversidad más ambiciosas, mejorar el conocimiento de la relación entre empresa y ecosistemas y establecer mecanismos internos de gobernanza que permitan elevar la biodiversidad al máximo nivel en el consejo de dirección de la compañía. 

El Grupo Red Eléctrica se ha propuesto cumplir 11 objetivos de sostenibilidad para 2030

En el marco de su compromiso con la Sostenibilidad 2030, el Grupo Red Eléctrica realizó en 2019 un análisis de materialidad, identificando hasta 16 asuntos relevantes, entre los que la biodiversidad y el capital natural ocuparon su lugar entre los más claves. Esto permitió a la compañía dibujar sus 11 objetivos de sostenibilidad para 2030, incluyendo el impacto neto positivo en el capital natural en el entorno de sus instalaciones. Además, dado que la biodiversidad y el capital natural son relevantes para sus grupos de interés, el grupo los ha incorporado como un elemento clave a la hora de reforzar el resto de sus compromisos, diseñando también una hoja de ruta para potenciar la red de transporte de energía eléctrica como una llave para el desarrollo de la biodiversidad en las desafiantes condiciones a las que nos enfrentamos en la actualidad. 

En esta línea, el desempeño en sostenibilidad del grupo representa el cambio de paradigma que ya está ocurriendo en la economía. Aunque todavía queda mucho por hacer, este hecho es un motivo de celebración en el Día de la Tierra 2021. Un pequeño paso más de todos los que nos quedan.

La recuperación verde mundial

Quedan menos de diez años para que llegue la fecha en que se habrán tomado todas las medidas propuestas para salvar el planeta del peligro climático: el año 2030. Si miramos atrás, es casi imposible calcular con exactitud el total de planes de acción aprobados alrededor del mundo durante los últimos años con el objetivo de mitigar el impacto de la actividad humana y garantizar su supervivencia. El Green Deal, el Acuerdo de París, la Agenda 2030 o la ley española de Cambio Climático, recién enviada al Senado para su aprobación, son solo algunos de los ejemplos más recientes. 

Solo el 12% de los planes de recuperación tienen en cuenta el medio ambiente para mejorar la economía

Sin embargo, parece que no terminamos de interiorizar el significado real del cambio climático y tomar las medidas realmente necesarias. La Finance for Biodiversity (F4B) ha estudiado durante este último año los planes de recuperación económica planteados por los países del G20 y otros diez estados (incluido España) y la medida en que estos incluyen medidas relacionadas con la salud del planeta en sus hojas de ruta para la recuperación post-covid. Así, el Greenness of Stimulus Index advierte: solo el 12% de los planes de recuperación actuales tienen en cuenta el medio ambiente para mejorar la economía.

17 de los 30 países analizados se preocupan por el medioambiente

Los expertos que firman la investigación advierten que, aunque hay indicios de mejora en los estímulos verdes, aún no se ha logrado aprovechar en muchos casos la oportunidad de combinar la recuperación económica con el crecimiento sostenible mediante la inversión en clima y biodiversidad. No obstante, el informe sí que aplaude el plan de recuperación de la Unión Europea Next Generation EU por dirigir el 37% de su presupuesto hacia la eficiencia energética o la restauración de los ecosistemas. 

De los 30 países analizados 17 han mejorado el aspecto medioambiental en sus paquetes de recuperación

En cuanto a la treintena de países analizados en este informe, 17 de ellos destacan por el aspecto medioambiental de sus paquetes de recuperación con respecto al año anterior. España es una de ellas y, de hecho, se sitúa por delante de Alemania, Suecia, Finlandia, Suiza, Italia, Australia, Japón, Corea del Sur y Estados Unidos en materia de resiliencia verde. Esto se debe al nuevo plan de recuperación tras la pandemia cuyo pilar fundamental es el impulso de la transición energética y ecológica a través de medidas e iniciativas concretas que impulsan los proyectos verdes.

En España, el nuevo plan de recuperación ha disparado su puntuación en el ranking

Esta conclusión también la comparten las Naciones Unidas en un estudio similar titulado ¿Saldremos mejores?. En él analizan más de 3.500 medidas fiscales tomadas alrededor del mundo. Los resultados sitúan a España a la cabeza de los países que están invirtiendo en verde tras la crisis sanitaria y destacan que nuestro país ya está dentro del conocido G-8 verde (falta enlace).

Fuente: Informe Greenness of Stimulus Index elaborado por Finance for Biodiversity (F4B)

La F4B señala a Canadá como líder en la recuperación económica verde gracias al Healthy Environment Plan, una línea de recuperación que incluye cientos de iniciativas verdes e inversiones relacionadas con el transporte y la energía. También Estados Unidos ha ganado puntos tras la victoria electoral de Joe Biden y su vuelta al Acuerdo de París, aunque, advierte el informe, «sigue a la cola de otras muchas naciones».

Tras su análisis y sus propuestas para pintar de verde los paquetes de recuperación económica, F4B lanza un mensaje optimista como conclusión final: aún estamos a tiempo. «Esta es la oportunidad perfecta para tomar ejemplo de aquellos países que han decidido coger el toro por los cuernos y actuar con decisión para prevenir el daño irreversible del planeta», insisten. «No podemos resolver una crisis mientras creamos otra».

El precio de acabar con la obsolescencia programada

Entre algunos de los cambios promovidos y aprobados por el Parlamento Europeo en 2020 destaca una de las medidas más esperadas por algunos sectores sociales de los Estados miembro,  el llamado «derecho a reparar». Éste es, en su esencia más básica, una ofensiva contra lo que se conoce como obsolescencia programada, una determinación final de la vida útil de los productos hecha de antemano por la propia empresa fabricante. Una práctica que no solo disminuye conscientemente la calidad del producto, sino que perjudica seriamente la capacidad económica del consumidor y al propio medio ambiente: cuanto menos duren los productos, más se fabrican y, consecuentemente, más se gasta y contamina.

Alargar la vida útil de los electrodomésticos tiene un impacto directo en las emisiones de CO2

Basta observar los datos ofrecidos por el Instituto de Ecología Aplicada de Alemania Öko-Institut: si en Alemania se utilizaran las lavadoras, los ordenadores portátiles, los móviles o las televisiones en una media de entre cinco y siete años más, podría llegar a prevenirse la emisión de 3,91 millones de toneladas de CO2, una cantidad similar a las emisiones de casi dos millones de coches.

Derecho a reparar, derecho a una vida útil

La aprobación del «derecho a reparar» llega en un momento clave según el Öko-Institut, ya que según sus investigaciones cada vez tiramos antes aparatos como los electrodomésticos. Según el organismo, tan solo un 57% de este tipo de productos se reemplaza porque esté estropeado: el resto suele terminar convertido en desecho bien por la obsolescencia programada o bien por nuestro deseo de adquirir un nuevo modelo con mejores prestaciones. Otro aspecto a tener en cuenta es la habitual dificultad para conseguir una reparación efectiva por parte de los fabricantes, en muchos casos,  por la falta de facilidades para adquirir ciertas piezas. En el caso de algunos productos electrónicos, además, no solo entran en juego los componentes físicos de los mismos, sino también el software del producto en cuestión, ya que puede ser éste el que deteriore deliberadamente su vida útil.

La ley, que ha entrado en vigor durante el pasado mes de marzo, obliga así a los fabricantes a ofrecer productos que se puedan reparar de forma accesible por los usuarios, sin requerir herramientas demasiado especializadas. Además, también deberán proporcionar manuales en los que se informe de cómo realizar las propias reparaciones. Aunque el coste ecológico de cada persona puede subestimarse, lo cierto es que en términos individuales un europeo genera 16 kilos de desechos electrónicos al año. Ahora, la legislación obligará a las compañías a asegurarse de que los electrodomésticos puestos a la venta puedan repararse hasta, al menos, diez años después de su compra. Tal como informa Associated Press, esta medida sirve para «ayudar a reducir la enorme montaña de desechos eléctricos que se acumulan cada año en el continente».

Un continente (y un planeta) en juego

Para que medidas como estas sean efectivas, sin embargo, han de implantarse a lo largo y ancho del planeta o, de lo contrario, su efecto será limitado. Si atendemos a los datos recogidos por la Organización de las Naciones Unidas, Europa es uno de los continentes que mejor actúa en este sentido: mientras dentro del territorio europeo se generan 12 millones de toneladas de residuos al año, en América se generan 13 y Asia dobla, de hecho, la cifra alcanzada por Europa. A esto se añade la tasa de reciclaje, hasta cuatro veces mayor que la alcanzada por otros continentes, que en Europa alcanza el 44%.

Europa genera al año 12 millones de toneladas de residuos, reciclando el 44% de las mismas

Este nuevo derecho a la reparación, no obstante, no es algo espontáneo, sino que satisface una necesidad que ya estaba presente en las sociedades europeas. Según señalaba entonces el Eurobarómetro del año 2014, el 77% de los ciudadanos europeos preferían arreglar sus dispositivos en lugar de sustituirlos. Tal como recalcó en noviembre del año pasado el europarlamentario francés David Cormand, «ha llegado el momento de utilizar los objetivos del Pacto Verde como base de un mercado único que promueva productos y servicios diseñados para durar».

Menos desperdicio y más salud

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La obesidad causa más muertes en el mundo que la combinación de las enfermedades de transmisión sexual, el tabaco y la violencia armada. Además, es un factor de riesgo para la covid-19. Por eso, en este 2021, Año Internacional de las Frutas y las Verduras, Naciones Unidas anima a los países a fomentar una alimentación más sostenible, que desperdicie menos y promueva una mejor salud.

La educación un año después de la covid: brecha digital y educativa

Llegaba la segunda quincena de marzo cuando más de 300 millones de niños y niñas en el mundo veían las puertas de sus colegios cerrarse a cal y canto. Era 2020 y los pequeños recibían la noticia como unas vacaciones inesperadas, unos pocos días de descanso hasta que todo volviera a la normalidad. Pero pasaron las semanas, y luego meses: los centros educativos de todo el mundo cerraron durante una media de 95 días como consecuencia de la pandemia provocada por la covid-19. En algunos países de América Latina y el Caribe, los estudiantes no pudieron volver a sus pupitres hasta 158 días después.

214 millones de alumnos y alumnas perdieron al menos tres cuartas partes de su curso escolar a consecuencia de la pandemia

Ha pasado un año desde ese primer día que dejó a los colegios llenos de silencio, y los datos más actuales son abrumadores: a nivel global, 214 millones de alumnos y alumnas de entre infantil y secundaria perdieron al menos tres cuartas partes de su tiempo escolar durante la pandemia. De ellos, 168 millones ni siquiera pudieron asistir al 90% del curso escolar. En su informe One year of Education Disruption, UNICEF advierte: «Los cierres de la escuela no han hecho más que exacerbar la crisis educativa que existía antes de la pandemia, que ha afectado especialmente al alumnado más vulnerable».

La brecha educativa –ya existente en el contexto precovid– se ha agrandado hasta tal punto que ya es una herida abierta, infectada por la digitalización disfuncional, la falta de conocimientos digitales del profesorado, la incipiente diferencia entre la atención al alumnado avanzado y aquel que necesita refuerzo, así como la consecuente falta de motivación por parte de estudiantes y docentes, obligados a habituarse a un sistema educativo desgastado por la pandemia. Y, efectivamente, ha sido especialmente dañino con los menores más vulnerables: el documento, pionero en mostrar los datos de cierre de más de 200 países, sitúa en las primeras posiciones a países en vías de desarrollo como Brasil, Bangladesh, Uganda o Sudán cuando evalúa el tiempo que niños y niñas han pasado sin poder acceder a clase.

La piedra angular de la digitalización

Todos estos problemas beben de una misma fuente: la brecha digital. A día de hoy, dos tercios de los niños y niñas en edad de escolarización no tienen acceso a Internet en sus hogares. Su única forma de aprender era yendo a clase, y cuando se vieron privados de ese acceso, acabaron inevitablemente desvinculados de la actividad académica. Como indica Save the Children, esto ha generado «una falta de comunicación y seguimiento, agravando procesos de desvinculación progresiva que, antes de esta crisis, afectaban al alumnado más desfavorecido y que ahora, no solo puede provocar abandono escolar, sino perpetuarse en el tiempo».

En España, 100.000 hogares con menores e ingresos inferiores a 900 euros no tienen acceso a Internet

En España, 100.000 hogares con menores e ingresos mensuales netos inferiores a 900 euros no tienen acceso a Internet y otros 235.000 hogares solo pueden conectarse a la red a través de un teléfono móvil, según el Instituto Nacional de Estadística (INE). Un obstáculo que, si ya es complicado de superar en los entornos urbanos, se convierte en un muro insalvable en las zonas rurales de nuestro país: existen algo más de 4.000 municipios en los que no se alcanzan las conexiones de treinta megas, y 2.600 donde no llegan ni siquiera los diez. Tras los primeros meses de pandemia, la OCDE situó a nuestro país a la cola de la digitalización del sector público.

Esto no ayuda a resolver otro problema arraigado antes de la covid-19: nuestro país cuenta con la mayor tasa de abandono escolar de la Unión Europea, un índice que se retroalimenta con la continua desvinculación de las aulas que ha vivido la mayor parte del alumnado durante la pandemia. Garantizar el acceso a la tecnología a todos los alumnos, promover el desarrollo profesional de los docentes en materias digitales y la exploración de nuevas metodologías que promuevan la creatividad son los tres faros que deben guiar la educación a partir de ahora para garantizar su inclusividad.

El papel de las empresas

Y, en esta lucha para superar la brecha digital en la educación, el papel de la empresa también es relevante.Como primer paso, el Grupo Red Eléctrica  se ha sumado a la Alianza País Pobreza Infantil Cero, promovida por el Alto Comisionado para la Lucha contra la Pobreza Infantil, que reúne a más de 75 empresas, fundaciones y administraciones públicas. El grupo es especialmente sensible a esta necesidad por la actividad que desarrolla en el sector de las comunicaciones, por un lado, a través de su filial Reintel, que ya ha desplegado más de 50.000 kilómetros de fibra óptica oscura y, por otro, a través de los satélites de Hispasat, que facilitan la llegada de señal a las zonas más aisladas que no cuentan con fibra

En el acto de presentación, Beatriz Corredor, presidenta de Red Eléctrica, sentenció: «A día de hoy, la conectividad debe ser un recurso básico como el agua o la luz. No podemos permitir que haya un solo niño o niña que no pueda seguir su educación por falta de internet». Esta sinergia fundamental para evitar que, en el futuro, nadie se quede descolgado de su derecho más básico: aprender. 

A finales de abril de 2012 se celebra la Semana de Acción Mundial de la Educación. Su objetivo es abordar de manera urgente la falta de financiación para la educación, agravada por la pandemia de covid-19 y que está impidiendo la consecución del 4º ODS. Un paso más para garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad a todos los niños y niñas en el mundo.