Categoría: Agenda 2030

Cómo ser sostenible desde la cocina (de casa)

Transformar el sistema alimentario y hacerlo más sostenible se ha convertido en uno de los grandes desafíos de nuestro siglo. Sobre todo si se tienen en cuenta los datos ofrecidos por la FAO, que apuntan a que, de seguir con los modos de producción y consumo actuales, solo habrá capacidad para alimentar a la mitad de la población mundial en 2025, momento en el que se espera alcanzar los diez mil millones de habitantes. Ante este reto, la gastronomía, entendida como “el arte de preparar una buena comida” –según la descripción que ofrece Naciones Unidas–, tiene un papel imprescindible en la contribución al desarrollo sostenible. Tanto es así que, en diciembre de 2016, la Asamblea General de las Naciones Unidas designó el 18 de junio como el Día de la Gastronomía Sostenible para impulsar un tipo de cocina “que celebra los ingredientes y productos de temporada y contribuye a la preservación de la vida silvestre y nuestras tradiciones culinarias”.

Muchos chefs de nuestro país llevan ya tiempo inmersos en esa búsqueda de nuevos métodos y productos más sostenibles que los actuales. Es el caso del cocinero Ángel León, quien a inicios de año dio a conocer el descubrimiento de un nuevo cereal marino con una gran cantidad de propiedades nutritivas que podría revolucionar el futuro de la alimentación. Según explicó el chef, el equipo de investigación de su restaurante Aponiente, con tres estrellas Michelin, había conseguido cultivar esta planta marina de manera controlada y sostenible, ya que no necesita fertilizantes, ni químicos, ni nutrientes extras. 

A pesar de los titánicos esfuerzos que el mundo de la cocina está haciendo para ser más sostenible, no es necesario ser un reconocido chef para contribuir a este tipo de gastronomía. De hecho, hay una serie de prácticas que pueden llevarse a cabo desde cualquier cocina. 

  1. Optar por envases de materiales sostenibles. Cada año se vierten al mar hasta 12 millones de toneladas de plásticos que, debido a su composición, pueden tardar siglos en descomponerse. Por este motivo, reducir el uso de plásticos en la cocina puede ser un primer paso para contribuir al desarrollo sostenible. Escoger aquellos productos que vienen sin embalajes y priorizar recipientes de cerámica, vidrio o bambú para guardar los alimentos es una buena manera de generar menos plásticos desde la cocina.
  1. Aprovecharlo todo para reducir el desperdicio. Otro de los grandes problemas asociados a la cocina es el desperdicio de alimentos.  Según datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, en 2019 (los últimos datos disponibles) los hogares españoles tiraron a la basura 1.352 millones de kilos de alimentos. España se posiciona como el séptimo país de la Unión Europea que más comida desperdicia. En todo el mundo, el derroche de alimentos representa entre un 25% y un 30% del total que se produce en el mundo, tal y como indica la ONU. Para reducir el desperdicio una de las opciones es practicar lo que hacían nuestros antepasados en tiempos de escasez: la cocina de aprovechamiento, que trata de reutilizar las sobras de una receta para hacer otros platos. Son muchas las opciones: desde preparar mermeladas con frutas que estén a punto de ponerse malas a hacer caldo con los restos del pollo. Congelar los alimentos, planificar las comidas y atender a la fecha de caducidad de los productos a la hora de comprar son otras formas de evitar tirar alimentos en el hogar. 
  2. Ahorrar agua. El agua es un bien tan necesario para la vida como limitado. De ahí que uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el número 6, esté centrado en garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y del saneamiento para todas las personas. En nuestros hogares podemos contribuir a ahorrar agua con pequeñas acciones -muchas de ellas relacionadas con la cocina- como lavar las frutas y las verduras en un cuenco y no bajo el grifo y, después, utilizar ese agua para regar las plantas. 
  1. Apostar por frutas y verduras de temporada. Que tengamos alimentos que en nuestro país están fuera de temporada significa que han sido transportados desde otro punto del globo. Es decir, se trata de una actividad, en mayor o menor medida, contaminante y poco sostenible. Por este motivo es conveniente aprovechar las frutas y verduras que la tierra te ofrece periódicamente cada año. 
  1. Escoger productos de proximidad. A la hora de hacer la compra, escoger aquellos productos que han sido producidos en una zona cercana contribuye a reducir la huella ambiental, ya que precisan de un transporte mínimo desde la huerta hasta el punto de venta. Acercarse a los pequeños comercios es una opción sostenible que, además, ayuda a revitalizar la economía local. Pero si no hay ningún local con productos de kilómetro cero, existen plataformas online como Huerta Próxima, un proyecto impulsado durante la pandemia por la red estatal Intervegas y en el que colabora Red Eléctrica, que permite a los agricultores y ganaderos con pequeñas explotaciones agruparse, conectar con sus mercados de proximidad y comercializar sus productos por internet.

Internet en la España vaciada

“Digitalizarse” no es lo mismo que “transformarse digitalmente”. La primera, como define el economista digital Marc Vidal, implica un foco de cambio, un salto hacia el nuevo paradigma. Pero «no es suficiente dado el volumen de cambios que vivimos actualmente». Digitalizados, apunta, lo estamos todos –o casi todos–. Transformados digitalmente, muy pocos: no es lo mismo registrar la contabilidad de una empresa en una base de datos que saber utilizar esa base de datos; un comercio con una página web no es sinónimo de un negocio con capacidad de vender online; tampoco una serie de materiales educativos guardados en la nube se traduce en la transformación digital del sistema educativo español. Y, por supuesto, la conexión a una red de internet no garantiza la accesibilidad al mundo digital. 

La mitad de las zonas rurales de España carecen de cobertura de redes ultrarrápidas

Esta última diferencia se hace aún más evidente en la España vaciada. Según el informe de cobertura de banda ancha del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital publicado en 2019, un 13,4% de las zonas rurales en España todavía no cuenta con acceso a Internet de al menos 30 Mbps (megabytes por segundo) de velocidad, mientras que la mitad carece de cobertura de redes ultrarrápidas –más de 100 mbps-. De hecho, todavía encontramos más de 720.000 hogares a los que el rango de cobertura de una conexión mayor a 2 Mbps no alcanza en más de un 10% de su potencia.

La brecha digital es un problema que la España rural, o la España desconectada, lleva arrastrando desde que se comenzara a hablar de digitalización. Reducirla entra dentro del Plan 300x100, presentado por el Gobierno en la primavera de 2018 con el objetivo garantizar el acceso del 95% de la población de cada provincia del país a redes de banda ancha ultrarrápida –al menos, 300 MBps–. Sin embargo, el avance del coronavirus no ha hecho más que evidenciar la urgencia de que Internet llegue a todos los rincones de nuestro país: con la deslocalización de las oficinas, los pueblos se presentan como un entorno ideal para vivir lejos de las aglomeraciones… si no fuese por la falta de conexión.

Elon Musk mira hacia los campos españoles

La necesidad de digitalizar correctamente las áreas rurales alcanza niveles internacionales y es por ello que algunas celebridades del ámbito tech como Elon Musk se han propuesto resolver el problema en los lugares más recónditos, incluidos algunos municipios de España. Así, el fundador de Tesla ha diseñado un operador que proveerá de red a los hogares a través de 1.400 satélites. Llamada Starlink, la entidad promete mayor cobertura y velocidad desde cualquier punto del país.

Además, en los últimos años han aflorado todo tipo de proyectos públicos y privados para llevar Internet a los pueblos. Más allá de las ayudas del Gobierno, en 2019 la Comisión Europea repartió a través del programa Wifi4EU varios bonos de 15.000 euros destinados a la instalación de puntos wifi en espacios públicos de municipios españoles pequeños. Por otro lado, Eurona, la multinacional española de telecomunicaciones, se ha aliado con la Asociación Los Pueblos Más Bonitos de España para premiar a través de un concurso con Internet de banda ancha ultrarrápida gratuito durante dos años a dos municipios ganadores bajo el lema ‘Internet, patrimonio de todos’.

Con esta iniciativa, la entidad pretende demostrar que, con una conexión funcional, el modelo rural puede disfrutar de las mismas oportunidades digitales que el urbano. Así, por ejemplo, nació Cowocat Rural, una asociación de coworking rural de Cataluña que integra quince espacios que funcionan en pueblos y pequeñas ciudades de la autonomía y que permiten a emprendedores, estudiantes y teletrabajadores acceder a la red. Este tipo de propuestas se multiplican por todo el país. El de Villafranca de la Sierra (Ávila) es un caso llamativo: su espacio de coworking ha conseguido aumentar la población en un 20% desde el inicio de la pandemia del coronavirus, revitalizando el entorno laboral de la zona y dándole el impulso económico que necesita. 

Red Eléctrica colabora en un innovador proyecto que llevará Internet de ultra alta velocidad a través de fibra óptica a más de 50 municipios rurales

En su compromiso con la España Vaciada, el Grupo Red Eléctrica también ha llevado a cabo numerosas propuestas para paliar la brecha digital. Sin ir más lejos, en este mismo mes, la entidad colabora en un proyecto innovador en el Nordeste de Segovia que facilita el acceso a internet de ultra alta velocidad (1.000 Mbps) a través de fibra óptica de la red de transporte a municipios con muy poca población. La iniciativa, promovida por la asociación sin ánimo de lucro Nordesnet, se está desarrollando en tres municipios del Nordeste de Segovia que suman menos de 180 habitantes: Castroserracín, Navares de las Cuevas y Cerezo de Abajo. El objetivo es ampliarlo a más de 50 localidades de la comarca donde la densidad de población es inferior a 6 habitantes por kilómetro cuadrado, la mitad de lo que la Unión Europea define como ‘desierto demográfico’.

La clave de esta estrategia es que la infraestructura pertenece por completo a los vecinos. «Igual que en otros tiempos los vecinos ayudaron a traer el agua o la luz a las casas, ahora colaboramos para traer un recurso imprescindible para la supervivencia de la comarca como es una conexión adecuada», añadía recientemente Emilio Utrilla, uno de los ingenieros que ayudó a impulsar el proyecto. Es una «hacendera digital», donde los propios habitantes, empresas y administraciones que así quieran invierten en el despliegue de la red de su localidad mientras que, los que optan por no hacerlo, pueden contratar sus servicios como a cualquier proveedor de internet. Una forma de garantizar que ningún habitante se quede fuera.

Sin embargo, este es tan solo uno de los numerosos proyectos de innovación social que Grupo Red Eléctrica está llevando a cabo en la España rural en sintonía con su Compromiso con la Sostenibilidad 2030. En el horizonte están otras iniciativas relacionadas con la ‘industria 4.0’ y las numerosas –y novedosas– aplicaciones de los satélites en el mundo rural, que permiten potenciar el ámbito económico a través del uso de esta tecnología de automatización para diseñar calendarios de riego en base a la información propiciada por estos aparatos, controlar las plagas o gestionar mejor el agua de los cultivos.

Y es que la conectividad es esencial para quienes viven en el pueblo, y para los que vuelven y se quedan. Igual que las carreteras. Así la define Antonio Calvo, director de Sostenibilidad del grupo, que insiste en que «la crisis de la COVID ha puesto de manifiesto las desigualdades digitales entre lo rural y lo urbano. No podemos hablar de acelerar la transformación digital cuando hay personas que a día de hoy ni siquiera tienen acceso a internet». La solución está a golpe de click. 

Así será la nueva Ley de Residuos

A principios de 2020, el Gobierno comenzó a elaborar el borrador de la nueva Ley de Residuos y Suelos Contaminados, y el pasado mes de mayo fue aprobado su anteproyecto. Uno de los principales objetivos de esta ley será impulsar los modelos de economía circular en nuestro país, como recogen las últimas directivas de la Unión Europea, el Paquete de Economía Circular y la directiva de plásticos de un solo uso, siendo además esta ley parte del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia presentado por el Gobierno. 

Una correcta gestión de los residuos, y en especial de los plásticos, es esencial para la transformación que se propone desde Europa. Tanto es así que en su Plan de Acción en materia de economía circular identificó los plásticos como una de las áreas prioritarias de intervención, al considerar que se recicla menos de la cuarta parte del plástico recogido y casi la mitad termina en vertederos.

La Unión Europea estima que se recicla menos de la cuarta parte del plástico recogido y casi la mitad termina en vertederos

La visión que dirige esta nueva ley es la de disminuir la cantidad de escenarios en los que un objeto de consumo se convierte en residuo, fomentando el reciclaje, limitando los productos de un solo uso, o con nuevas “tasas verdes”. 

Todo ello con el fin de armonizar la vida humana contemporánea con los impactos provocados sobre el medio ambiente por los residuos que genera la misma, promoviendo la transición española hacia una economía innovadora y sostenible, que cumpla con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y que convierta a España en un país competente en esta materia a largo plazo.

¿Qué cambiará para los ciudadanos?

Uno de los rasgos definitorios de esta ley es el impacto que tendrá en la relación diaria de los ciudadanos y ciudadanas con los residuos, así como de las empresas y administraciones. Vamos a tener que acostumbrarnos, escaladamente, a una nueva jerarquía de nuestros residuos a la hora de depositarlos en el contenedor; todo ello en colaboración con los Ayuntamientos y otras entidades locales, que serán los encargados de su recogida. Esta actividad generará nuevas tasas, algunas de las cuales serán abonadas por el consumidor. Así, veremos aparecer nuevos contenedores en nuestras ciudades y municipios: los municipios de más de 5.000 habitantes deberán recoger los biorresiduos domésticos a partir de 2022 y a partir de 2024 el resto.

Asimismo, veremos cómo desaparecen poco a poco ciertos productos de nuestras estanterías. Este mismo año, a partir del 3 de julio, quedará prohibida la introducción en el mercado de nuevos productos de un solo uso como bastoncillos de algodón, cubiertos, agitadores de bebidas, tuppers para consumo inmediato o vasos de poliestireno expandido. 

También existen actuaciones contra el despilfarro de alimentos y objetos no perecederos en hogares, empresas y en el sector hostelero. Este último, además, deberá ofrecer al usuario la posibilidad de consumir agua no envasada de manera gratuita siempre que sea posible. Sin embargo, tanto consumidores como empresas dedicadas a la hostelería o la restauración, se verán en la misma obligación de separar el aceite de cocina para su recogida por separado.

Todo lo anterior fomentará la paulatina desaparición de objetos hasta ahora cotidianos. Otros, más que desaparecer, deberán readaptarse con un cambio en su diseño: las tapas y tapones deberán permanecer unidos a la botella; y, atendiendo a los materiales, también se fijarán porcentajes mínimos para la presencia de plástico reciclado en la composición. En el caso de las botellas plásticas, para 2029, el 90% de las botellas producidas deberán ser recogidas separadamente del resto de residuos. 

Los envases de plástico no reciclable tendrán su propio impuesto de 0.45€ por kilogramo fabricado o adquirido

De cara a todos aquellos residuos que sí que se producirán inevitablemente por la acción humana (cada español/a genera aproximadamente 471 kg al año), se fomenta el establecimiento de una “red estatal integrada de instalaciones de eliminación de residuos” de forma que la gestión de los mismos se produzca a la menor distancia posible de su punto de generación.

Además, aparecen dos nuevos impuestos: el primero al vertido y a la incineración, como parte de la nueva visión en la que se apostará firmemente por la prevención de creación de residuos y su reutilización frente a la destrucción contaminante. El segundo es un impuesto que se ha fijado en 0,45€ el kilo para los envases de plástico no reutilizables (vasos, tapas, tapones, tuppers de consumo inmediato…), como una medida más que fomente la reducción de estos materiales en un 50% para 2026 y un 70% para 2030 con respecto a los valores de 2022. Este impuesto recae sobre la fabricación, importación o adquisición de cualquier producto plástico no reutilizable.

No cabe duda de que la relación de nuestro país con los residuos va a verse transformada, como lo irán haciendo muchos otros aspectos de nuestras vidas en el camino hacia una economía circular, más sostenible, en línea con los ODS.

El nuevo plan de la Unión Europea para dejar de contaminar el aire, el agua y el suelo

El pasado 21 de mayo, la Unión Europea adoptó el Plan de acción ‘Hacia una contaminación cero del aire, el agua y el suelo’, una nueva hoja de ruta con la que pretende empezar el camino hacia una Europa con cero contaminación del aire, el agua y el suelo. El motivo está claro: acabar con uno de los problemas que ha generado la grave crisis climática que vivimos, que afecta al medio ambiente, pone en peligro de extinción a una gran cantidad de especies y genera graves problemas de salud en las personas (cada año mueren siete millones de personas por enfermedades derivadas de la polución, según las cifras de la Organización Mundial de la Salud).

Cada año mueren siete millones de personas por enfermedades derivadas de la polución

En el marco del nuevo plan, la Unión Europea se plantea seis objetivos de cara al 2030. El primero es mejorar la calidad del aire para reducir en un 55% el número de muertes prematuras causadas por la contaminación. El segundo, reducir los desechos y el uso de plásticos que dañan el agua del mar en un 50% y los microplásticos que se liberan al medio ambiente en un 30%. El tercero, reducir las pérdidas de nutrientes y el uso de pesticidas químicos en un 50% para cuidar la tierra. El cuarto es el de disminuir en un 25% los ecosistemas contaminantes del aire que suponen una amenaza para la biodiversidad. El quinto consiste en reducir la contaminación acústica en un 30% para una mejor calidad de vida de la población. Y, el sexto y último, es reducir en un 50% los residuos producidos en las urbes.

Las cinco claves del plan

La ambición de la cero contaminación. Se trata, dicen, de “un objetivo transversal que contribuye a la Agenda 2030 de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible y complementa el objetivo de neutralidad climática”. La manera de hacerlo es a través de un marco legislativo en el que incluir la prevención contra la contaminación en todas las políticas e iniciativas de la Unión. A través de soluciones basadas en la naturaleza y la digitalización, la Unión Europea pretende transformar los modelos de producción y consumo, y apostar por un modelo de negocio de economía circular que sea más limpio.

Mejorar la salud y el bienestar. Es uno de los objetivos principales de todo el plan. Para conseguirlo, la Unión Europea pretende alinear los estándares de calidad del aire con las próximas recomendaciones de las Naciones Unidas, además de proveer a las autoridades locales de los modelos para mantener el aire limpio y ayudar a la monitorización de las emisiones. También aspira a reducir la contaminación del aire en los interiores de los hogares y edificios que provienen de fuentes como los sistemas de calefacción y aire acondicionado, y del tabaquismo.  

Vivir dentro de los límites del planeta. Para conseguirlo, apuntan, “debemos implementar los marcos regulatorios existentes que protegen el aire, las aguas dulces, y los mares y océanos más rápido y mejor, mientras se trabaja urgentemente hacia un nuevo marco. Además de evaluar periódicamente el estado de la tierra para tomar medidas para evitar su daño”. Para conseguirlo, los estados miembros deben cumplir con la normativa que regula la contaminación del aire. Además, se pondrá especial atención en el cuidado del agua de los mares y océanos, promoviendo transportes marinos que no generen emisiones. También pretende eliminar los contaminantes y nutrientes de las aguas residuales para tratarlas y hacer viable su reutilización.

Hacia la cero contaminación de la producción y el consumo. La Unión Europea revisará la Directiva de Emisiones Industriales para acelerar la transición hacia una producción que genere cero emisiones. Además de que los materiales que se usen para bienes de consumo deberán ser lo más sostenibles que sea posible.
Garantizar una implementación y una ejecución de las normas más estricta. Para ello, la Unión Europea pretende promover las relaciones entre las autoridades nacionales y las redes europeas de agencias, inspectores, auditores, policía, fiscales y jueces que trabajan en el área del medio ambiente. Además, insta a la sociedad civil a participar como guardianes de que se cumplan las normativas, garantizando una mayor participación y mayor acceso a la justicia en caso de ser necesario.

Bilbao, referente europeo en movilidad sostenible

Bilbao es, hoy, una de las mejores ciudades europeas en cuestiones de movilidad. Así lo interpreta la Comisión Europea, que le acaba de conceder  el Premio de Seguridad Vial Urbana. La implantación de la limitación de movilidad hasta los 30 km/h ha sido fundamental para ello, convirtiéndose en la primera ciudad de más de 300.000 habitantes en todo el mundo en aplicar esta medida. No es algo repentino: en 2018 la ciudad ya redujo el límite de velocidad por primera vez en casi el 90% de sus vías.

Es la primera ciudad con más de 300.000 habitantes de todo el mundo que implanta la velocidad de 30 km/h en la totalidad de sus calles

Según  el concejal de Movilidad y Sostenibilidad del Ayuntamiento de Bilbao, Alfonso Gil, «una movilidad sostenible implica hacer de las ciudades espacios más competitivos, convirtiéndolas en localidades con un potencial superior para superar la crisis actual». Las medidas tomadas tienen, en general, un objetivo sencillo: calmar el tráfico. Según el concejal, solo así será posible que «los diferentes modos que utilizamos los ciudadanos para movernos, como el zapato, la bicicleta, el transporte público e, incluso, la distribución urbana de mercancías, coexistan».

En la ceremonia de entrega de los premios, la comisaria de Transportes de la Unión Europea, Adina Vălean, recalcó la necesidad de construir «un sistema de movilidad inteligente y resistente para las generaciones futuras». Eso es exactamente lo que parece haber conseguido hasta el momento la ciudad vasca. El tráfico no solo se reduce, hoy, para facilitar la comunicación y el transporte. Medidas como esta son fundamentales a la hora de reducir la contaminación atmosférica e incluso la contaminación sonora, frecuentemente olvidada, en pos de una solución contra el cambio climático.

Una estrategia total

La limitación de la velocidad, no obstante, no es la única medida efectiva para solucionar estos problemas y así lo saben en la capital vizcaína. Es por ello que esta acción se complementa con otras medidas fundamentales para la obtención de un efecto real: el establecimiento de ejes peatonales continuos y seguros y la creación de caminos escolares y de zonas estanciales en torno al centro de todos los barrios que componen Bilbao. Frente a otras ciudades europeas de tamaño similar —véase Malmö o Liubliana—, la capital vizcaína concentra más de la mitad del porcentaje total de la movilidad en el tráfico a pie. El coche, de hecho, no supera el 10% a este respecto.

Algo que ha quedado demostrado en el ejemplo bilbaíno es que para la evolución progresiva en la movilidad son fundamentales no solo las acciones coercitivas, sino también la acción pedagógica dirigida hacia la ciudadanía. Si lo que se pretende es cambiar los hábitos sociales, la comunicación es elemental: uno debe conocer no solo el castigo impuesto, sino por qué este se articula. Esta razón es la que se halla detrás del debate público que se ha originado en la ciudad en torno a esta cuestión. Los habitantes de Bilbao no han sido actores pasivos al uso, sino que en cierto sentido se han revelado como figuras activas, ya que tal como explica el concejal, «si no escuchas, no vale».

Bilbao pretende reducir con este gran conjunto de medidas sus emisiones en 2030 en un 50% con respecto a 2012

El Plan de Movilidad Urbana Sostenible bilbaíno refleja con claridad las prioridades del consistorio para el futuro. Así, si bien los pasos dados hasta ahora son fundamentales, el desarrollo de una convivencia urbana aún no ha terminado. Es por ello que dentro del plan se incluyen desde la recuperación de nuevos espacios en los barrios, a incluir la perspectiva de género en todas las acciones de movilidad. Evidentemente, en este contexto también se promueve el transporte público, con objetivos como la reordenación de líneas de autobuses o la tarifa única para el uso de esta clase de transporte. La movilidad general, de hecho, funciona como una máquina dependiente del encaje de todos sus engranajes, lo que hace revisar incluso la necesidad de ciertos semáforos y sus ciclos de espera.

Con un objetivo más ambicioso que supera con creces las metas establecidas por la Comisión Europea, la urbe pretende reducir con todo este gran conjunto de medidas sus emisiones para 2030 en un 50% con respecto a 2012. Una declaración de intenciones para un futuro que promete ser, ante todo, de color verde. No sorprende, así, que la ciudad sea la mejor valorada de España en términos de movilidad urbana. Eso es lo que al menos señala Greenpeace en su Ranking de Movilidad Urbana. La organizacióninterpreta esta clase de movilidad como una herramienta no solo para mejorar la vida de los ciudadanos, sino para luchar, desde la distancia, contra el cambio climático y la vida de la biodiversidad.

Por qué urge proteger los océanos (y así protegernos)

El filósofo, matemático y físico francés Blaise Pascal dejó por escrito siglos atrás, que el menor movimiento es de vital importancia para toda la naturaleza. “El océano entero se ve afectado por una piedra”, señaló. Imaginemos pues, que eso que afecta al océano no es algo inerte como una piedra, sino miles y miles de redes de arrastre moviéndose a diario para extraer de las profundidades marinas todo tipo de peces. ¿Acaso no afecta eso a los océanos? ¿Y a la naturaleza en general?

Los océanos –que suponen cerca del 96,5% del volumen de agua total de la superficie de la Tierra– son una de las principales reservas de biodiversidad en el mundo. Albergan ni más ni menos que 250.000 especies identificadas y muchas otras aún sin identificar, porque si algo sabemos de los océanos es que conocemos solo una ínfima parte.  Lo que sí sabemos con  certeza es que son esenciales para el funcionamiento saludable del planeta; puesto que suministran la mitad del oxígeno que respiramos los humanos y absorben casi un 30% de las emisiones de CO2. Huelga recordar que los ecosistemas marinos también  proporcionan alimento a millones de personas, así como servicios como agua limpia o protección contra catástrofes extremas, como hacen por ejemplo los ecosistemas manglares. 

El 20% de los arrecifes de coral mundiales han desaparecido, y el 24% restantes están en peligro de desaparecer.

Por este motivo, Naciones Unidas, así como diversos organismos dedicados a la protección medioambiental, han mostrado su preocupación por la presencia de basura marina y por ciertas prácticas, como la sobreexplotación pesquera, la pesca ilegal o el uso de técnicas como el arrastre, que recogen no solo peces, sino todo lo que encuentran en su camino desestabilizando los ecosistemas. De hecho, en los últimos 30 años, el consumo de pescado se ha duplicado en todo el mundo. Esto ha provocado que cerca del 90% de las reservas de peces estén sobreexplotadas, según el último informe de la FAO

Precisamente, para reducir el gran impacto ambiental y económico que tienen estas actividades, uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de la ONU fomenta conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares y los recursos marinos. Es cierto que, durante siglos, el mar ha sido uno de los mayores vectores para el desarrollo y el bienestar, y ha sido utilizado como una fuente inagotable de recursos. Sin embargo, la explotación sin control y la contaminación han producido daños irreparables en los ecosistemas. Basta sino fijarse en cómo en las últimas décadas han desaparecido el 20% de los arrecifes de coral mundiales y el 24% de los arrecifes restantes está en peligro inminente de desaparición.  

Se calcula que el 61% del total del producto interno bruto del mundo proviene del océano

Frenar la pérdida de biodiversidad es esencial para garantizar la supervivencia del planeta, pero también para velar por nuestra salud. Y es que la mayoría de los asentamientos humanos se han establecido a lo largo de la historia cerca de la costa. Concretamente, el 38% de la población mundial vive a menos de 100 km de la costa y el 44% a menos de 150 kilómetros, según datos de la ONU. Los datos, no obstante, llegan a ser incluso más ilustrativos sobre lo esencial que son los océanos para el desarrollo de la vida: el Banco Mundial calcula que aproximadamente el 61% del total del producto interno bruto del mundo proviene del océano y de las zonas costeras situadas a menos de 100 kilómetros del litoral. En definitiva, para miles de millones de personas -entre un 10% y un 12% de la población mundial- los océanos, la pesca y la acuicultura son esenciales para su propia subsistencia. En este sentido, garantizar unos ecosistemas marinos saludables supone luchar también por otro objetivo global: erradicar la pobreza. 

Aún es posible vivir en armonía con los océanos

A pesar del evidente deterioro de los océanos, en los últimos años se han activado múltiples iniciativas para conservar y restaurar los ecosistemas marinos. Concretamente, hace ya una década, 193 países pertenecientes a la Conferencia de las Partes (COP) firmaron el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB), un tratado internacional jurídicamente vinculante con el objetivo de conservar la diversidad biológica, utilizar sus componentes de manera sostenible y repartir los beneficios extraídos de los recursos de manera justa y equitativa. Entre las misiones recogidas en este Convenio se encuentra precisamente la de proteger la diversidad de hábitats y especies marinas.

En la misma línea, compañías como el Grupo Red Eléctrica se han comprometido también a proteger y recuperar estos espacios. Concretamente, la compañía ha desarrollado 'Bosque Marino', un proyecto pionero a nivel mundial con el que ha restaurado dos hectáreas de praderas de posidonia oceánica en las costas de Mallorca (bahía de Pollença), una planta autóctona del Mediterráneo con más de 100.000 años de vida y que es una de nuestras fuentes principales de oxígeno y conservación de los ecosistemas. De hecho, se calcula que una hectárea de posidonia genera cinco veces más que una de la selva del Amazonas.

Naturaleza para una vida (y economía) más sana

«Los espacios protegidos son lugares saludables que albergan una serie de valores que para la sociedad son del máximo interés». A lo que se refiere Javier Puertas, técnico de Europarc-España, con esta declaración no es más que a los servicios y beneficios que los parques y otras zonas naturales protegidas proporcionan al ser humano y que, según la federación europea, es más importante que nunca proteger, conservar y mantener en el tiempo. 

Si algo nos ha enseñado 2020 es la clara relación entre la salud humana y la planetaria y, en su cuidado, cobran especial relevancia las zonas verdes. Precisamente por ello, el plan europeo de recuperación Next Generation EU busca construir una Unión mejor, más verde y resiliente. Y desde Europarc recuerdan que, para conseguirlo, «los parques y las áreas protegidas necesitan formar parte de la construcción del futuro sostenible de Europa». 

Los parques y las áreas protegidas necesitan formar parte de la construcción del futuro sostenible de Europa

En la actualidad, en España existen 2.000 espacios protegidos. Esto supone que un cuarto del territorio español cumple, de manera oficial, servicios de regulación y adaptación al cambio climático, de abastecimiento –de agua potable, por ejemplo–, y culturales, como el disfrute de la naturaleza o los paseos al aire libre. Tal y como recuerda Puertas, en nuestro país, uno de cada cuatro pasos que se da se hace en una zona protegida. Tal es la riqueza de la biodiversidad autóctona que no solo debemos tener en cuenta grandes parques nacionales, sino también lagunas, dehesas o zonas de cultivo. Todas y cada una de ellas son piezas clave de la conservación de especies de flora y fauna, pero también del patrimonio geológico, del paisaje y de determinados procesos naturales. Y es precisamente por eso por lo que, como indican desde Europarc, es importante que los espacios protegidos estén integrados en el territorio. Esto es, que formen parte de la matriz territorial en la que están situados. «No podemos concebir los espacios protegidos como islas de biodiversidad o naturaleza en medio de un entorno absolutamente destruido o degradado», alerta Puertas, porque ese planteamiento –que es el que se ha venido haciendo en el pasado– no funciona para conseguir los objetivos últimos de conservación.  

Espacios protectores de la salud

En países como Australia se prescribe la visita a espacios naturales como parte de tratamientos médicos por sus beneficios para la salud

Pero más allá de su capacidad de regenerar y conservar los ecosistemas y su biodiversidad, los espacios naturales protegidos también proporcionan beneficios para la salud humana e, incluso para la economía. Son lugares donde ejercitarse, pero también para la contemplación y desconexión física y mental del bullicio de la ciudad. Además, los expertos aseguran que favorecen la recuperación de personas que han tenido una enfermedad crítica, como infartos o problemas cardiovasculares. Además, la conexión con la naturaleza también ayuda a mejorar el equilibrio psicológico y a cuidar de la salud mental. La certeza de esta afirmación es tal que en países como Australia se prescribe el contacto y la visita a espacios naturales como parte de tratamientos médicos.

Pero, según Puertas, para conservar estos parques protegidos y asegurar que cumplen su función para con la salud, se requiere de la construcción de alianzas entre todo tipo de instituciones, empresas privadas y públicas, organizaciones y entidades internacionales o administraciones públicas de distinto nivel. Y lo mismo sucede a la hora de favorecer su función económica.

Conservar para mejorar la economía

La base del funcionamiento ecológico de los territorios está más asegurada con las áreas protegidas. Y eso nos lleva a recordar que la mayoría de los procesos que no se encuentran dentro de la economía de mercado forman parte de los servicios que proporcionan las zonas protegidas como la polinización, el suministro de aguas o el filtrado (natural) del aire. Pero el hecho de que no sean servicios mercantilizables no resta que aporten a la base económica del país en el que se encuentran. 

Los propios espacios protegidos generan una actividad económica a su alrededor que va mucho más allá del ecoturismo.

Los propios espacios protegidos generan una actividad económica a su alrededor que va mucho más allá del ecoturismo, aunque este sea la principal. La propia gestión activa de estas áreas genera actividad económica: si un lugar se declara protegido para la conservación de una especie animal en particular, por ejemplo, se debe realizar un seguimiento de cómo van esas poblaciones, para ello se requiere de la contratación de expertos, pero también del cumplimiento de una serie de regulaciones o limitaciones a los usos que también debe controlarse. Pero, además, probablemente se crearán caminos e itinerarios seguros para la flora, la fauna y los visitantes, que requieren de mantenimiento. Y el propio uso y disfrute de la zona por los visitantes y los locales o, incluso, la fotografía de naturaleza, suponen una gestión del área protegida que implica inversión y recaudación económica. 

En definitiva, los valores naturales que motivan que una zona se declare protegida llevan acarreadas una serie de actividades que no hacen más que promover, de manera directa o indirecta, la economía de la localidad en la que se encuentra. Por tanto, una naturaleza conservada y sana deriva en un bienestar mayor para los seres humanos y en una economía más próspera y sostenible.

La segunda vida de los paneles solares

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Cada 17 de mayo se celebra el Día Mundial del Reciclaje, una jornada que va más allá de recordar que cada residuo diario se deposita en su correspondiente contenedor. Los aparatos electrónicos que ya no utilizamos o las placas fotovoltaicas también requieren de su adecuada gestión como residuo una vez que su vida útil acaba. Hablamos de estos últimos: ¿cómo y por qué es tan necesario reciclar los paneles solares?

Planes para repoblar las zonas rurales

En España, uno de cada tres municipios ha perdido el 25% de su población desde el comienzo del siglo XXI.  El abandono del medio rural viene unido al envejecimiento de sus habitantes: más de 400 pueblos ya cuentan con más de la mitad de su población por encima de los 65 años, lo que los sitúa en una desagradable lucha contra reloj. El problema empieza a escalar prioridades en la agenda política aprovechando la transición sostenible que ha cogido impulso desde Europa con los planes de recuperación económica.

Algunas de las iniciativas más interesantes contra la despoblación rural provienen, sorprendentemente, de particulares. Son lo que se conocen como emprendedores rurales: personas que buscan revitalizar por completo las zonas despobladas —normalmente, de sus propias poblaciones— mediante su actividad económica. La búsqueda de formas de vida alternativas a la ciudad que ha traido la pandemia, ha hecho crecer estos proyectos emprendedores.

En el ámbito de las administraciones públicas, destaca el Plan de Medidas ante el Reto Demográfico, que cuenta con una inversión superior a 10.000 millones de euros (o, lo que es lo mismo, un 10% del presupuesto del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que busca reactivar la economía del país tras la pandemia). Los objetivos de este plan pasan por mejorar la vertebración territorial del país, eliminar la grave brecha entre los mundos urbanos y rurales e impulsar actuaciones dentro de las zonas territoriales más afectadas por la urgencia del reto demográfico. Y todo ello con el fin de garantizar el acceso a los mismos servicios que se tienen en las urbes,  promover la igualdad de género,  eliminar brechas sociales y generar oportunidades de emprendimiento y actividad económica. 

El Plan de Medidas ante el Reto Demográfico cuenta con una inversión superior a los 10 mil millones de euros

Los impulsos que se asocian a este plan se incluyen en la llamada transición ecológica y digital, cuyo objetivo último es garantizar la cohesión total del país. Además, las directrices del plan pretenden llevar a cabo, en parte, una pequeña descentralización económica. Ejemplo de ello son los centros de datos, documentación y mantenimiento, sobre los que la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, destacó que “son cuestiones que no tienen que quedar en grandes capitales”. Su dispersión, según la ministra, puede llegar a crear un fuerte foco de empleo para zonas rurales que buscan dinamizarse. Algo similar ocurre con el turismo, una de las principales industrias económicas del país: el turismo sostenible es, en este plan, uno de los cimientos fundamentales para la reactivación de las zonas rurales. 

En definitiva, con este plan se pretende mejorar el atractivo del territorio rural para atraer (o mantener) a los jóvenes en estas regiones mediante iniciativas que mejoren el empleo, así como la educación, con iniciativas como la promoción de más centros territoriales de la UNED. 

Diferentes piezas para un mismo puzzle

La España vaciada ha perdido en los últimos 70 años la mitad de su peso económico, demográfico y laboral. Soria, por ejemplo, ha visto su población reducida en un 23% según cifras del Instituto Nacional de Estadística. Es por ello que desde muchas de estas regiones provienen algunas de las soluciones políticas y económicas más interesantes de los últimos años.

Un ejemplo es el que protagoniza Castilla-La Mancha, comunidad que está en pleno proceso de modificación de su Ley de Gestión Forestal Sostenible con el fin de adecuarla a la lucha contra la despoblación. Según destaca el Gobierno regional respecto a la reforma, “los montes han sido y deben seguir siendo uno de los motores de la actividad económica. No solo porque la presencia de estos bienes se encuentra ubicada en su gran mayoría en estos entornos, sino porque la gestión de los montes de forma ordenada y continua en el tiempo es una fuente de recursos y de empleo en el medio rural”. Esto no es casual: grandes áreas despobladas de la comunidad se hallan dentro de los bosques, los cuales ocupan alrededor de un 44% de su territorio y pueden encontrar en ellas la solución para hacer una gestión sostenible de los recursos naturales, estimulando con ello, a su vez, el desarrollo económico, social y demográfico.

La España vaciada ha perdido en los últimos 70 años la mitad de su peso económico, demográfico y laboral.

Ejemplo similar protagoniza también Navarra con su proyecto ECO Pueblo, un plan finalizado este mismo año que buscaba la regeneración de las poblaciones rurales aisladas mediante el desarrollo económico. Esta iniciativa, integrada en el Programa Empleaverde de la Fundación Biodiversidad, ha tenido entre sus principales objetivos lograr una mayor empleabilidad de personas en riesgo de exclusión mediante su incorporación a negocios verdes que, a su vez, están sustituyendo a negocios menos sostenibles. Este ha sido el caso de las viñas de San Martín de Unx que, a través de este proyecto, han sido reemplazadas por otras producciones más productivas y sostenibles. 

Otra de las iniciativas con más proyección es el Erasmus rural, promovido desde el gobierno central. Este programa, que se lanzará a finales del curso 2021-2022, tendrá una duración de tres meses y estará centrado en lo laboral, más que en lo académico. Su fin: “que al menos tres meses de la primera experiencia laboral de nuestros jóvenes tengan lugar en este tipo de entornos para una conexión emocional y laboral”, explican fuentes oficiales. En definitiva, diferentes formas con las que devolver a la España rural la vida que una vez tuvo.