Categoría: Agenda 2030

"Las ciudades son para las personas, no para los vehículos”. Esta declaración de principios hecha hace un tiempo por la directora ejecutiva de ONU Hábitat, Maimunah Sharif, sigue hoy más vigente que nunca. Sobre todo porque, en las últimas semanas, a las grandes ciudades del planeta se les han visto las costuras. Cuando el distanciamiento social se ha convertido en algo necesario para contener la expansión del coronavirus nos hemos dado cuenta de que en las grandes urbes, diseñadas para los vehículos, no hay suficiente espacio para las personas. Y ahora ha llegado el momento de cambiar esa realidad.

La considerable reducción del tráfico rodado y la disminución de la contaminación del aire como consecuencia del confinamiento han evidenciado la urgencia de situar a los ciudadanos (y no a los vehículos) en el centro de la planificación urbanística del futuro, que debe ser más sostenible para cumplir también con los objetivos de reducción de emisiones y la Agenda 2030 de Naciones Unidas.

Además, el aumento de la población urbana, que según la ONU crecerá en 6 millones de habitantes en 2050, es una amenaza seria para la salud si no se plantea un nuevo modelo de ciudad que vaya ligado a criterios de sostenibilidad. Es por eso que, algunos expertos han señalado a la “nueva normalidad” como un buen escenario para comenzar a alcanzar las metas propuestas por el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 11 sobre el desarrollo de espacios urbanos sostenibles.

Londres como hoja de ruta

La última gran ciudad en sumarse a esta corriente reformista es una de las capitales más importantes del planeta: Londres. Sin ir más lejos, la semana pasada, el alcalde de la ciudad, Sadiq Khan, aseguró que el coronavirus cambiaría fundamentalmente la forma en la que los londinenses se desplazan por la ciudad. En una de las mayores iniciativas de reorganización llevadas a acabo en cualquier ciudad del mundo, Londres limitará el acceso con automóviles a una superficie significativa de su casco urbano, cediendo así las calles a peatones, ciclistas y transporte público. El objetivo es claro: además de permitir ese distanciamiento social obligado por el coronavirus, la ciudad reducirá sus niveles de contaminación y la salud de los ciudadanos ganará a corto, medio y largo plazo.

El anuncio de Londres coincide con las propuestas en las últimas semanas de Milán, que peatonizará 35 kilómetros de calles, de París, que invertirá más de 300 millones de euros en crear nuevos carriles bici, o Bogotá, que reconvertirá 76 kilómetros para ciclistas y evitará así aglomeraciones en el transporte público.

En nuestro país, en la última semana más de 1.500 personas firmaron el manifiesto diseñado por el arquitecto Massimo Paolini y dirigido a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, donde se destacaba que la situación actual se presenta como una oportunidad única para llevar a cabo restructuraciones urbanísticas –tanto en la capital catalana como en el resto de ciudades españolas– y devolver la ciudad a las personas.

Según se especifica en el documento, la clave está en otorgar espacio al ciudadano a través de una reorganización de la movilidad. “No podemos seguir adelante si no quitamos espacio al automóvil, que se lleva más de la mitad de la superficie urbana”, explica el arquitecto y experto en urbanismo, José Rodríguez. En este sentido, reducir drásticamente el uso del vehículo privado mediante el fomento de la bicicleta -como ha venido haciéndose en las últimas semanas- , mejorar el transporte público en términos de acceso y frecuencias y ampliar aceras devolvería instantáneamente gran parte del espacio a los peatones. Hay ejemplos que demuestran que funciona, como la ampliación de las aceras  de la Gran Vía madrileña o la supermanzana de Barcelona.

Una ciudad más humana también pasa por apostar por impulsar los espacios públicos a través de la creación de nuevas zonas verdes, la naturalización de solares no edificados o la instalación de huertos urbanos en los diferentes barrios. Claros ejemplos de ello son el anillo verde de Vitoria o el cauce del río Tùria en Valencia. Desde la oficina de arquitectos Paisaje Transversal, que también ha propuesto una decena de medidas post-pandemia, Jon Aguirre destaca el especial esfuerzo que debe ponerse en este aspecto: “Tenemos una agenda urbana a nivel internacional, europeo y nacional. Las ciudades tienen que empezar a desarrollar un plan estratégico que incorpore la resiliencia, la infraestructura verde y la naturalización urbana”.

La desigualdad, el otro gran problema de las ciudades

Más allá del ámbito climático, la sostenibilidad también se dibuja a través de la erradicación de las desigualdades. Repensar la vivienda y garantizar su acceso es otra parte de la reorganización urbana. De hecho, es la primera meta del Objetivo 11 de los ODS que, además, insiste en fortalecer económicamente el desarrollo regional y evitar la despoblación.

Una importante necesidad, como señalan desde Paisaje Transversal, sería acabar de raíz con las llamadas “vulnerabilidades sistémicas”, como son los excesos del alquiler, los espacios domésticos limitados y la pobreza energética. “Desde hace tiempo se ha visto la urgencia de rehabilitación del parque inmobiliario como una lucha contra el cambio climático porque los edificios son grandes fuentes de gases de efecto invernadero”, explica Aguirre.

Rehabilitar es históricamente caro, pero existen ciertas medidas que pueden ayudar a mejorar los edificios más antiguos, como explica José Rodríguez: “Al no estar bien aislados requieren un gran consumo de calefacción y aire acondicionado. Eso podría solucionarse rehabilitándolo energéticamente incluyendo espuma de poliuretano en las fachadas, un procedimiento que no requiere obra interior, es barato y tiene muy buenos resultados”.

Economía al rescate

Como último paso, reorganizar las ciudades requiere replantear el modelo económico. Y esto el coronavirus lo ha conseguido con creces. No solo ha quedado evidenciada la dependencia exterior de bienes de consumo básicos, sino que además ha situado en el centro del debate las dificultades que han atravesado los pequeños comercios y el consumo local. Tal y como marca el arquitecto italiano en su manifiesto, la reorganización urbana debe pasar por impulsar la economía local y el cooperativismo, reutilizar materiales de construcción y reducir el turismo masivo.

Además de estos planes, el despacho de Paisaje Transversal añade políticas públicas en torno a la revitalización económica de barrios, el impulso de energías renovables a escala local y la recuperación de la industria mediante estrategias de renovación de polígonos. A fin de cuentas, el coronavirus ha dejado en evidencia que el desarrollo sostenible solo es posible si se transforma radicalmente la forma en la que administramos los espacios urbanos. Como subraya Aguirre: “Una ciudad sin un plan es una ciudad a la deriva”.

El estado de alarma decretado el pasado 14 de marzo para frenar la expansión del coronavirus ha cambiado radicalmente nuestra vida social. Ya no somos los que éramos. Las casas son ahora también oficinas, aulas de clase, gimnasios y lugares de ocio; las salidas a la calle están limitadas para comprar lo esencial, y el espacio vital de cada uno se ha extendido hasta un radio de dos metros. El aislamiento impide tocar, besar y abrazar a los seres queridos, pero no puede eliminar las ganas de comunicarnos y, sobre todo, de vernos. Desde hace casi un mes y medio la falta de contacto ha encontrado el sustituto –casi– perfecto: las videollamadas.

Las llamadas telefónicas ya no son suficientes. O al menos eso se desprende de los datos sobre el consumo de las apps que incluyen la opción de hablar a través del vídeo. “En los lugares más golpeados por el virus, las videollamadas a través de WhatsApp y Messenger han aumentado más del doble”, detalla Facebook –compañía a la que pertenecen estas aplicaciones– en un comunicado de prensa. En países como Italia, añade, “el tiempo invertido en llamadas grupales (con tres o más participantes) se ha incrementado más de un 1.000% durante el último mes”.

Sin embargo, ¿qué ocurre cuando la necesidad de estar conectados no surge por un deseo de ver a nuestra familia y amigos, sino por un imperativo para poder seguir asistiendo a clase o yendo al trabajo? Para realizar el primer tipo de videollamadas es suficiente con tener un Smartphone, mientras que para las segundas hace falta un dispositivo más grande y con mejores prestaciones que nos permita reproducir la experiencia real de estar en el aula o la oficina. Es aquí cuando se evidencian algunas de las brechas digitales que existen en nuestro país.

En España, “el 9,2% de los hogares con niños que pertenecen al tramo de ingresos más bajo (900 euros mensuales netos o menos) carecen de acceso a internet. Por el contrario, en los hogares con mayores ingresos el porcentaje de menores sin acceso a internet apenas llega al 0,4”, muestra un informe del Alto Comisionado para la lucha contra la pobreza infantil. La brecha digital implica, pues, una desigualdad educativa.

Otro factor a tener en cuenta a la hora de analizar la brecha digital entre los estudiantes es el acceso a tablets u ordenadores, dispositivos necesarios para poder seguir el ritmo de las clases. La encuesta TIC (Equipamiento y Uso de Tecnologías de Información y Comunicación en los Hogares) de 2019, señala que “el 23% de los hogares con menores del tramo más bajo de ingresos no tienen ordenador en casa, en comparación con el 1,2% del tramo de ingresos más alto”. En el caso de las tablets la brecha es aún mayor, ya que la diferencia entre la renta más alta y la más baja es de 28 puntos porcentuales.

Además del sector educativo, el coronavirus también ha trastocado el ecosistema laboral obligando a todas las empresas en las que sea posible a trabajar desde casa. El teletrabajo masivo, aunque ha supuesto un desafío para todo tipo de compañías, es casi una utopía para la mayoría de las Pymes. Según los datos publicados en marzo de 2019 por Cifras Pymes, el 99,8% del tejido empresarial está constituido por pequeñas y medianas empresas que emplean al 65,9% de los trabajadores. A pesar de suponer la casi totalidad de la fuerza de trabajo española, “solo el 14% de ellas tienen un plan de digitalización en marcha”, explica Gerardo Cuerva, presidente de la patronal Cepyme, en un artículo publicado en El País. Al bajo índice de digitalización de las Pymes y los autónomos se suma que su actividad laboral diaria suele implicar un mayor trato directo con la gente. Por tanto, la brecha digital también puede suponer un mayor riesgo de contagio.  

Disminuir las desigualdades asociadas a la brecha digital implican, principalmente, inversiones. Por poner un ejemplo, en el artículo mencionado, Cuerva estima que el coste para garantizar el teletrabajo es de “al menos 22.400 euros para una empresa de 10 trabajadores que requiera una instalación básica”. Sin embargo, si hay que sacar algo bueno de las crisis es, como apunta el historiador y filósofo Yuval Noah Harari, su impulso para generar cambios en las sociedades y acelerar procesos históricos ya en marcha. Y ya nos encontrábamos inmersos en medio de una transformación digital: esa Cuarta Revolución Industrial de la que habla el sociólogo y economista Jeremy Rifkin.

Quizá, esta pandemia ha ayudado a poner de manifiesto que es crucial acelerar al máximo la transformación digital. No solo porque es clave a nivel competitivo, sino porque ayudaría a reducir las desigualdades existentes y a alinearse con esa Agenda global de Naciones Unidas –Agenda 2030–, que apuesta por el desarrollo sostenible del planeta y sus habitantes.

Al menos así lo aseguró la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, durante la presentación del Green Deal, esa hoja de ruta que llevará a Europa a liderar la lucha contra el cambio climático. “La Unión Europea debe liderar la transición hacia un planeta sano y un nuevo mundo digital”, sostenía entonces Von der Leyen. Y añadía: “La digitalización tiene una enorme repercusión en nuestra forma de vivir, trabajar y comunicarnos. Debemos adaptarnos a esta nueva era”.

A finales de diciembre de 2019 el gobierno chino reportó a la Organización Mundial de la Salud (OMS) los primeros casos de un nuevo tipo de coronavirus registrado en la ciudad de Wuhan, en la provincia de Hubei. En cuestión de semanas, otros países asiáticos, como Japón y Tailandia, registraron contagios entre sus ciudadanos. A finales de enero los países europeos y Estados Unidos comenzaban a contabilizar los primeros casos de coronavirus. Mientras los Gobiernos de estas regiones comenzaban a orquestar estrategias para frenar la propagación del virus, el continente africano parecía ser una de las pocas zonas del mundo libre de contagios. Sin embargo, el pasado 14 de febrero Egipto informó del primer caso, poniendo en alerta a la comunidad internacional por las graves consecuencias que tendría la expansión del virus por África.

El coronavirus llegó a África más tarde que al resto de los continentes, pero la oficina regional en África de la OMS ha alertado de que en las últimas semanas la infección ha crecido de manera exponencial y se extiende a gran velocidad. A fecha de hoy (16 abril), ya hay casi 16.000 casos confirmados y se han reportado más de 870 muertes en todo el continente, según datos del Africa Centres for Disease Control and Prevention (Africa CDC). Solo tres países de los 55 que componen África no han declarado ningún caso y en cuatro de ellos –Sudáfrica, Egipto, Marruecos y Algeria– ya son más de 2.000 las personas infectadas.

A pesar de que el desafío que plantea el coronavirus es global, los efectos que este podría desatar si se extiende por África de la misma manera que ya lo ha hecho por Europa o Estados Unidos, son especialmente preocupantes. En primer lugar, porque el sistema sanitario africano carece tanto de recursos materiales como humanos. “África sufre más del 22% de las enfermedades mundiales, pero solo cuenta con el 3% del personal sanitario mundial y menos del 1% de los recursos financieros globales”, explica el doctor Naeem Dalal en el portal del World Economic Forum. Y refuerza estos datos con un ejemplo: “en Zambia, solo hay un médico por cada 10.000 personas”.

Además de la situación de precariedad en la que se encuentra el sistema sanitario africano para hacer frente al coronavirus, el continente se enfrenta desde hace años a otras crisis sanitarias, ya que en África conviven tres de las grandes enfermedades endémicas (la malaria, la tuberculosis y el sida). Y eso no es todo: la epidemia de Ébola no termina de erradicarse, África subsahariana es la región del mundo con mayor riesgo de mortalidad por gripe estacional y solo a finales de marzo de 2020 se reportaron 91 brotes de enfermedades distintas a lo largo de todo el territorio.

A pesar de estos datos, respecto al avance del coronavirus en África los expertos abren la puerta a la esperanza debido a la juventud de la población de la región. Mientras que en el resto de los continentes la edad media de sus habitantes sigue aumentando, en África se mantiene en los 18 años. Este dato se debe a la triste realidad que padece el continente africano: su esperanza de vida se sitúa en los 55 años debido a las condiciones deficientes de vida que sufren gran parte de sus más de 1.300 millones de habitantes. Por muy contradictorio que parezca, esta situación puede convertirse en su gran arma contra el coronavirus. El último estudio sobre los factores de riesgo asociados a las muertes por coronavirus, elaborado por un grupo de científicos chinos y publicado en la revista médica The Lancet, muestra que el riesgo de muerte en el hospital aumenta un 10% con cada año de vida del paciente.

Pero esta “ventaja” poblacional se desvanece cuando se tienen en cuenta las condiciones de vida de la mayoría de las personas del continente. Más de 250 millones de personas pasan hambre y el 39% de los niños de todo el mundo con retraso de crecimiento por malnutrición se encuentran en África, según datos de la OMS. Entre las consecuencias de la desnutrición, explica Unicef, está la posibilidad de desarrollar enfermedades cardiovasculares, otro de los factores de riesgo si se produce una infección por coronavirus. A esto se suma la dificultad de seguir alguna de las recomendaciones de prevención del coronavirus, como lavarse las manos con agua y jabón. La ONG Manos Unidas alerta de que en África subsahariana alrededor de 300 millones de personas no tienen acceso a agua potable e higiénica.

La comunidad internacional y las autoridades africanas no tiran la toalla y se aferran a la rapidez de actuación de la mayoría de los países. La directora de la oficina regional de África de la OMS, la doctora Matshidiso Moeti, se muestra ligeramente optimista pero hace hincapié en la necesidad de “descentralizar la respuesta para adaptarla a los contextos locales” y empoderar, así, a las diferentes comunidades. Por su parte, la secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para África de Naciones Unidas, Vera Songwe, señala la necesidad de una acción global a nivel económico y recuerda que “si un país en África, o en cualquier otro lugar, tiene coronavirus, todo el mundo seguirá teniéndolo”.