En los meses de más calor, el consumo energético se dispara por el uso de los sistemas de refrigeración. Sin embargo, existen una serie de pautas, como utilizar ventiladores cuando sea posible o bajar las persianas durante las horas de más calor, que permiten reducir el gasto de energía y, por tanto, la emisión de gases de efecto invernadero.
A la hora de abordar la Agenda 2030 son varios los retos a los que nos enfrentamos como sociedad, entre ellos la correcta consecución de algunas de sus metas en territorios con menos recursos o más aislados, como pueden ser los entornos rurales. Es en estos lugares donde toman vital importancia algunas de las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible como son el comercio justo, la protección del medio ambiente o el reequilibrio entre el medio rural y el urbano.
El pasado 3 de julio se celebraba el Día Internacional de las Cooperativas, una oportunidad idónea para destacar el papel de este tipo de agrupaciones en ámbitos clave como la salud, la agricultura, la producción, el comercio minorista, las finanzas, la protección del medio ambiente o los servicios sociales. La ética tras el movimiento cooperativista, de colaboración y apoyo mutuo, se presenta como fundamental para afrontar estos retos, y estas agrupaciones se revelan como un factor clave en la transformación que estamos llevando a cabo de nuestros modos de producir y consumir. “Las empresas cooperativas logran el desarrollo sostenible para todos”, asegura Naciones Unidas.
En Europa existen en torno a 30.000 empresas cooperativas con casi 9 millones de socios y más de 600.000 trabajadores
Según el Libro Blanco de la Agricultura y el Desarrollo Rural, en Europa existen en torno a 30.000 empresas cooperativas con casi nueve millones de socios y más de 600.000 trabajadores. Su volumen de negocio alcanza los 210.000 millones de euros, representando más del 60% de la producción, transformación y comercialización agraria.
El movimiento cooperativo se encarga de que los beneficios sociales, medioambientales y financieros alcancen a aquellos grupos pertenecientes a la base de la pirámide económica, creando oportunidades y fomentando la inclusión financiera. Muchos de los valores sobre los que se asienta el sector desde hace más de un siglo son los mismos que se tratan de reforzar y poner de manifiesto a través de los ODS. La equidad, la participación directa, la defensa de libertades religiosas y políticas, etc., son algunos de estos pilares, que ahora se consideran fundamentales para la transformación de nuestra sociedad a nivel mundial.
Así, ciertos ODS como el 1 (Fin de la pobreza), el 2 (Hambre cero), el 12 (Producción y consumo responsables) y, en especial, el 17 (Alianzas para lograr los objetivos), encuentran en estas asociaciones y/o empresas una herramienta estratégica desde la cual hacer partícipes a la ciudadanía y a los productores en la consecución de sus metas, a la vez que se tejen redes de cooperación y redistribución del capital. El cooperativismo cuenta con una vinculación directa con 69 de las metas marcadas por los ODS, el 41% del total existentes. De esta forma, la apuesta y fortalecimiento de un sector como el cooperativo se convierte en un aspecto esencial para la transformación sostenible de las agendas mundiales. Así, algunas iniciativas a nivel mundial como AgriCOOPDS, liderada por el Foro Rural Mundial, son un instrumento clave en el desarrollo y consecución de las metas planteadas por los ODS y su correcto impacto sobre los diferentes territorios, teniendo en cuenta que cada uno cuenta con necesidades específicas.
El cooperativismo cuenta con una vinculación directa con 69 metas de los ODS, 41% del total de metas existentes
El cooperativismo nació en el siglo XIX como respuesta a las necesidades de colaboración entre productores y consumidores para una mejor y más beneficiosa redistribución de la riqueza y los beneficios en general, así como por la lucha conjunta para la obtención de más derechos y justas regulaciones al comercio. A pesar de su longevidad, cada vez está más presente en todos los sectores, y no únicamente en el agrario; por ejemplo, también existen cooperativas de artistas o periodistas. Es indispensable tener en cuenta un movimiento con tanta fuerza, que además plantea un modelo económico distinto al capitalista, donde la acumulación financiera se ve sustituido como primer objetivo por el reparto equitativo entre todos. Esto hace que esté en constante tangencia con otros modelos de economía solidaria, como las economías feministas o los modelos ecológicos. Aun así, su pertinencia se mantiene vigente, y ahora, cuando la colaboración y el refuerzo de las redes de apoyo son más necesarios que nunca, otras formas de entender la economía desde un planteamiento más social y humano son esenciales.
El 3 de julio se celebra el Día Internacional Libre de Bolsas de Plástico para recordarnos que cambios tan sencillos como sustituir las bolsas de plástico de un solo uso por otras reutilizables pueden ayudar a proteger la biodiversidad y la salud del medio ambiente (y, por tanto, la nuestra).
Desde hace años, la gestión de residuos se ha convertido en uno de los mayores retos a los que ya se enfrenta la humanidad. Según la organización británica Verisk Maplecroft la basura que generamos asciende a más de 2.100 millones de toneladas de desechos cada año. De toda ella, la que está provocando un daño irreparable –de seguir al ritmo actual– es la generada por los residuos de plástico. Tan solo en 2018, se produjeron 359 millones de toneladas de este material a nivel global y cada minuto se vende un millón de botellas de plástico que tardan en descomponerse a la intemperie, de media, 450 años –1.000 si no están al aire libre–. Las cifras son un tanto escalofriantes, sobre todo cuando nos damos cuenta de que ocho millones de toneladas de residuos plásticos acaban en los mares y océanos cada año, arrasando con la biodiversidad marina a su paso. Según el estudio Plastic rain in protected areas of the United States (Lluvia de plástico en áreas protegidas de Estados Unidos) publicado en la revista Science, se estima que para 2025 se habrán acumulado en la naturaleza 11.000 millones de toneladas métricas de plástico.
Cada año se generan más de 2.100 millones de toneladas de basura globalmente
No hace falta esperar un lustro para reconocer una realidad de la que no siempre somos conscientes: ningún lugar está a salvo de la contaminación por plásticos. El citado estudio, llevado a cabo por varios investigadores de diferentes universidades estadounidenses, como la estatal de Utah, el Community College de Salt Lake y el Thermo Fisher Scientific, alerta de que incluso en áreas remotas de los parques nacionales y espacios naturales protegidos de Estados Unidos se han encontrado partículas de microplásticos. Solo en el sur y el medio oeste del país se estima que llegan anualmente 1.000 toneladas de este material, transportadas por el viento y la lluvia. Esto es, el equivalente a unos 300 millones de botellas de plástico. Esta investigación, llevada a cabo ente 2017 y 2019, no deja lugar a dudas: las nubes y los vientos tienen la capacidad de arrastrar los residuos de plástico mal gestionados a zonas remotas y expandirlos a través de las precipitaciones. Nos encontramos, de esta manera, con verdaderas tormentas de plástico.
Se estima que para 2025 se habrán acumulado en la naturaleza once mil millones de toneladas métricas de plástico
Los investigadores, que han analizado materiales depositados en parques nacionales como el Gran Cañón o las Montañas Rocosas, detectaron que tanto en épocas húmedas como secas hay presencia de plásticos en el 98% de las muestras tomadas. Los autores muestran sorpresa, especialmente, por la presencia de partículas utilizadas en la industria textil que, confiesan, probablemente se desprendan de los visitantes que acuden a estas zonas a diario. Sin embargo, también recuerdan que, de las muestras húmedas, tomadas tras tormentas o lluvias, se han encontrado restos de partículas procedentes de centros urbanos, lejanos a los espacios protegidos. Se puede deducir, por tanto, que estos contaminantes llegan a través del agua de lluvia.
Más allá de los microplásticos encontrados en las áreas protegidas del país norteamericano, otras investigaciones también han hallado indicios de partículas de este tipo de residuo en zonas elevadas como los Pirineos, en la atmósfera de ciudades como París o Madrid, o en reservas de la biosfera como la de La Mancha Húmeda, compuesta por humedales ubicados en las provincias de Toledo y Ciudad Real. No hay lugar del mundo que se salve: desde la profundidad de los océanos hasta el pico más alto de la Tierra, los contaminantes plásticos han llegado incluso al Everest.
Se han hallado indicios de partículas en los Pirineos, en la atmósfera de Madrid y en reservas de la biosfera como la de La Mancha Húmeda.
Las cifras lo demuestran: con una producción de plástico que crece cada año, y con una demanda cada vez mayor, la biodiversidad y la salud de los ecosistemas del planeta están en riesgo. Pero cuando la Tierra enferma, la salud humana empieza a pender de un hilo: sin una biodiversidad sana y robusta, hay más posibilidades de que enfermedades que hasta ahora se quedaban en el mundo natural lleguen al ser humano. Además, a mayor contaminación atmosférica, más posibilidades de contraer enfermedades cardiovasculares o respiratorias y desarrollar cáncer. Pero no solo eso: hay estudios que aseguran que la contaminación del aire está directamente relacionada con un aumento de los problemas de salud mental. Otros, directamente la señalaban antes de la llegada de la covid-19 como la cuarta amenaza más importante de defunciones a nivel global. La salud humana y del planeta viajan de la mano, por eso eliminar los plásticos de un solo uso de la ecuación, reducir al máximo nuestra dependencia de este material y su adecuada gestión y reciclaje puede marcar la diferencia.
Transformar el sistema alimentario y hacerlo más sostenible se ha convertido en uno de los grandes desafíos de nuestro siglo. Sobre todo si se tienen en cuenta los datos ofrecidos por la FAO, que apuntan a que, de seguir con los modos de producción y consumo actuales, solo habrá capacidad para alimentar a la mitad de la población mundial en 2025, momento en el que se espera alcanzar los diez mil millones de habitantes. Ante este reto, la gastronomía, entendida como “el arte de preparar una buena comida” –según la descripción que ofrece Naciones Unidas–, tiene un papel imprescindible en la contribución al desarrollo sostenible. Tanto es así que, en diciembre de 2016, la Asamblea General de las Naciones Unidas designó el 18 de junio como el Día de la Gastronomía Sostenible para impulsar un tipo de cocina “que celebra los ingredientes y productos de temporada y contribuye a la preservación de la vida silvestre y nuestras tradiciones culinarias”.
Muchos chefs de nuestro país llevan ya tiempo inmersos en esa búsqueda de nuevos métodos y productos más sostenibles que los actuales. Es el caso del cocinero Ángel León, quien a inicios de año dio a conocer el descubrimiento de un nuevo cereal marino con una gran cantidad de propiedades nutritivas que podría revolucionar el futuro de la alimentación. Según explicó el chef, el equipo de investigación de su restaurante Aponiente, con tres estrellas Michelin, había conseguido cultivar esta planta marina de manera controlada y sostenible, ya que no necesita fertilizantes, ni químicos, ni nutrientes extras.
A pesar de los titánicos esfuerzos que el mundo de la cocina está haciendo para ser más sostenible, no es necesario ser un reconocido chef para contribuir a este tipo de gastronomía. De hecho, hay una serie de prácticas que pueden llevarse a cabo desde cualquier cocina.
“Digitalizarse” no es lo mismo que “transformarse digitalmente”. La primera, como define el economista digital Marc Vidal, implica un foco de cambio, un salto hacia el nuevo paradigma. Pero «no es suficiente dado el volumen de cambios que vivimos actualmente». Digitalizados, apunta, lo estamos todos –o casi todos–. Transformados digitalmente, muy pocos: no es lo mismo registrar la contabilidad de una empresa en una base de datos que saber utilizar esa base de datos; un comercio con una página web no es sinónimo de un negocio con capacidad de vender online; tampoco una serie de materiales educativos guardados en la nube se traduce en la transformación digital del sistema educativo español. Y, por supuesto, la conexión a una red de internet no garantiza la accesibilidad al mundo digital.
La mitad de las zonas rurales de España carecen de cobertura de redes ultrarrápidas
Esta última diferencia se hace aún más evidente en la España vaciada. Según el informe de cobertura de banda ancha del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital publicado en 2019, un 13,4% de las zonas rurales en España todavía no cuenta con acceso a Internet de al menos 30 Mbps (megabytes por segundo) de velocidad, mientras que la mitad carece de cobertura de redes ultrarrápidas –más de 100 mbps-. De hecho, todavía encontramos más de 720.000 hogares a los que el rango de cobertura de una conexión mayor a 2 Mbps no alcanza en más de un 10% de su potencia.
La brecha digital es un problema que la España rural, o la España desconectada, lleva arrastrando desde que se comenzara a hablar de digitalización. Reducirla entra dentro del Plan 300x100, presentado por el Gobierno en la primavera de 2018 con el objetivo garantizar el acceso del 95% de la población de cada provincia del país a redes de banda ancha ultrarrápida –al menos, 300 MBps–. Sin embargo, el avance del coronavirus no ha hecho más que evidenciar la urgencia de que Internet llegue a todos los rincones de nuestro país: con la deslocalización de las oficinas, los pueblos se presentan como un entorno ideal para vivir lejos de las aglomeraciones… si no fuese por la falta de conexión.
La necesidad de digitalizar correctamente las áreas rurales alcanza niveles internacionales y es por ello que algunas celebridades del ámbito tech como Elon Musk se han propuesto resolver el problema en los lugares más recónditos, incluidos algunos municipios de España. Así, el fundador de Tesla ha diseñado un operador que proveerá de red a los hogares a través de 1.400 satélites. Llamada Starlink, la entidad promete mayor cobertura y velocidad desde cualquier punto del país.
Además, en los últimos años han aflorado todo tipo de proyectos públicos y privados para llevar Internet a los pueblos. Más allá de las ayudas del Gobierno, en 2019 la Comisión Europea repartió a través del programa Wifi4EU varios bonos de 15.000 euros destinados a la instalación de puntos wifi en espacios públicos de municipios españoles pequeños. Por otro lado, Eurona, la multinacional española de telecomunicaciones, se ha aliado con la Asociación Los Pueblos Más Bonitos de España para premiar a través de un concurso con Internet de banda ancha ultrarrápida gratuito durante dos años a dos municipios ganadores bajo el lema ‘Internet, patrimonio de todos’.
Con esta iniciativa, la entidad pretende demostrar que, con una conexión funcional, el modelo rural puede disfrutar de las mismas oportunidades digitales que el urbano. Así, por ejemplo, nació Cowocat Rural, una asociación de coworking rural de Cataluña que integra quince espacios que funcionan en pueblos y pequeñas ciudades de la autonomía y que permiten a emprendedores, estudiantes y teletrabajadores acceder a la red. Este tipo de propuestas se multiplican por todo el país. El de Villafranca de la Sierra (Ávila) es un caso llamativo: su espacio de coworking ha conseguido aumentar la población en un 20% desde el inicio de la pandemia del coronavirus, revitalizando el entorno laboral de la zona y dándole el impulso económico que necesita.
Red Eléctrica colabora en un innovador proyecto que llevará Internet de ultra alta velocidad a través de fibra óptica a más de 50 municipios rurales
En su compromiso con la España Vaciada, el Grupo Red Eléctrica también ha llevado a cabo numerosas propuestas para paliar la brecha digital. Sin ir más lejos, en este mismo mes, la entidad colabora en un proyecto innovador en el Nordeste de Segovia que facilita el acceso a internet de ultra alta velocidad (1.000 Mbps) a través de fibra óptica de la red de transporte a municipios con muy poca población. La iniciativa, promovida por la asociación sin ánimo de lucro Nordesnet, se está desarrollando en tres municipios del Nordeste de Segovia que suman menos de 180 habitantes: Castroserracín, Navares de las Cuevas y Cerezo de Abajo. El objetivo es ampliarlo a más de 50 localidades de la comarca donde la densidad de población es inferior a 6 habitantes por kilómetro cuadrado, la mitad de lo que la Unión Europea define como ‘desierto demográfico’.
La clave de esta estrategia es que la infraestructura pertenece por completo a los vecinos. «Igual que en otros tiempos los vecinos ayudaron a traer el agua o la luz a las casas, ahora colaboramos para traer un recurso imprescindible para la supervivencia de la comarca como es una conexión adecuada», añadía recientemente Emilio Utrilla, uno de los ingenieros que ayudó a impulsar el proyecto. Es una «hacendera digital», donde los propios habitantes, empresas y administraciones que así quieran invierten en el despliegue de la red de su localidad mientras que, los que optan por no hacerlo, pueden contratar sus servicios como a cualquier proveedor de internet. Una forma de garantizar que ningún habitante se quede fuera.
Sin embargo, este es tan solo uno de los numerosos proyectos de innovación social que Grupo Red Eléctrica está llevando a cabo en la España rural en sintonía con su Compromiso con la Sostenibilidad 2030. En el horizonte están otras iniciativas relacionadas con la ‘industria 4.0’ y las numerosas –y novedosas– aplicaciones de los satélites en el mundo rural, que permiten potenciar el ámbito económico a través del uso de esta tecnología de automatización para diseñar calendarios de riego en base a la información propiciada por estos aparatos, controlar las plagas o gestionar mejor el agua de los cultivos.
Y es que la conectividad es esencial para quienes viven en el pueblo, y para los que vuelven y se quedan. Igual que las carreteras. Así la define Antonio Calvo, director de Sostenibilidad del grupo, que insiste en que «la crisis de la COVID ha puesto de manifiesto las desigualdades digitales entre lo rural y lo urbano. No podemos hablar de acelerar la transformación digital cuando hay personas que a día de hoy ni siquiera tienen acceso a internet». La solución está a golpe de click.
A principios de 2020, el Gobierno comenzó a elaborar el borrador de la nueva Ley de Residuos y Suelos Contaminados, y el pasado mes de mayo fue aprobado su anteproyecto. Uno de los principales objetivos de esta ley será impulsar los modelos de economía circular en nuestro país, como recogen las últimas directivas de la Unión Europea, el Paquete de Economía Circular y la directiva de plásticos de un solo uso, siendo además esta ley parte del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia presentado por el Gobierno.
Una correcta gestión de los residuos, y en especial de los plásticos, es esencial para la transformación que se propone desde Europa. Tanto es así que en su Plan de Acción en materia de economía circular identificó los plásticos como una de las áreas prioritarias de intervención, al considerar que se recicla menos de la cuarta parte del plástico recogido y casi la mitad termina en vertederos.
La Unión Europea estima que se recicla menos de la cuarta parte del plástico recogido y casi la mitad termina en vertederos
La visión que dirige esta nueva ley es la de disminuir la cantidad de escenarios en los que un objeto de consumo se convierte en residuo, fomentando el reciclaje, limitando los productos de un solo uso, o con nuevas “tasas verdes”.
Todo ello con el fin de armonizar la vida humana contemporánea con los impactos provocados sobre el medio ambiente por los residuos que genera la misma, promoviendo la transición española hacia una economía innovadora y sostenible, que cumpla con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y que convierta a España en un país competente en esta materia a largo plazo.
Uno de los rasgos definitorios de esta ley es el impacto que tendrá en la relación diaria de los ciudadanos y ciudadanas con los residuos, así como de las empresas y administraciones. Vamos a tener que acostumbrarnos, escaladamente, a una nueva jerarquía de nuestros residuos a la hora de depositarlos en el contenedor; todo ello en colaboración con los Ayuntamientos y otras entidades locales, que serán los encargados de su recogida. Esta actividad generará nuevas tasas, algunas de las cuales serán abonadas por el consumidor. Así, veremos aparecer nuevos contenedores en nuestras ciudades y municipios: los municipios de más de 5.000 habitantes deberán recoger los biorresiduos domésticos a partir de 2022 y a partir de 2024 el resto.
Asimismo, veremos cómo desaparecen poco a poco ciertos productos de nuestras estanterías. Este mismo año, a partir del 3 de julio, quedará prohibida la introducción en el mercado de nuevos productos de un solo uso como bastoncillos de algodón, cubiertos, agitadores de bebidas, tuppers para consumo inmediato o vasos de poliestireno expandido.
También existen actuaciones contra el despilfarro de alimentos y objetos no perecederos en hogares, empresas y en el sector hostelero. Este último, además, deberá ofrecer al usuario la posibilidad de consumir agua no envasada de manera gratuita siempre que sea posible. Sin embargo, tanto consumidores como empresas dedicadas a la hostelería o la restauración, se verán en la misma obligación de separar el aceite de cocina para su recogida por separado.
Todo lo anterior fomentará la paulatina desaparición de objetos hasta ahora cotidianos. Otros, más que desaparecer, deberán readaptarse con un cambio en su diseño: las tapas y tapones deberán permanecer unidos a la botella; y, atendiendo a los materiales, también se fijarán porcentajes mínimos para la presencia de plástico reciclado en la composición. En el caso de las botellas plásticas, para 2029, el 90% de las botellas producidas deberán ser recogidas separadamente del resto de residuos.
Los envases de plástico no reciclable tendrán su propio impuesto de 0.45€ por kilogramo fabricado o adquirido
De cara a todos aquellos residuos que sí que se producirán inevitablemente por la acción humana (cada español/a genera aproximadamente 471 kg al año), se fomenta el establecimiento de una “red estatal integrada de instalaciones de eliminación de residuos” de forma que la gestión de los mismos se produzca a la menor distancia posible de su punto de generación.
Además, aparecen dos nuevos impuestos: el primero al vertido y a la incineración, como parte de la nueva visión en la que se apostará firmemente por la prevención de creación de residuos y su reutilización frente a la destrucción contaminante. El segundo es un impuesto que se ha fijado en 0,45€ el kilo para los envases de plástico no reutilizables (vasos, tapas, tapones, tuppers de consumo inmediato…), como una medida más que fomente la reducción de estos materiales en un 50% para 2026 y un 70% para 2030 con respecto a los valores de 2022. Este impuesto recae sobre la fabricación, importación o adquisición de cualquier producto plástico no reutilizable.
No cabe duda de que la relación de nuestro país con los residuos va a verse transformada, como lo irán haciendo muchos otros aspectos de nuestras vidas en el camino hacia una economía circular, más sostenible, en línea con los ODS.
El pasado 21 de mayo, la Unión Europea adoptó el Plan de acción ‘Hacia una contaminación cero del aire, el agua y el suelo’, una nueva hoja de ruta con la que pretende empezar el camino hacia una Europa con cero contaminación del aire, el agua y el suelo. El motivo está claro: acabar con uno de los problemas que ha generado la grave crisis climática que vivimos, que afecta al medio ambiente, pone en peligro de extinción a una gran cantidad de especies y genera graves problemas de salud en las personas (cada año mueren siete millones de personas por enfermedades derivadas de la polución, según las cifras de la Organización Mundial de la Salud).
Cada año mueren siete millones de personas por enfermedades derivadas de la polución
En el marco del nuevo plan, la Unión Europea se plantea seis objetivos de cara al 2030. El primero es mejorar la calidad del aire para reducir en un 55% el número de muertes prematuras causadas por la contaminación. El segundo, reducir los desechos y el uso de plásticos que dañan el agua del mar en un 50% y los microplásticos que se liberan al medio ambiente en un 30%. El tercero, reducir las pérdidas de nutrientes y el uso de pesticidas químicos en un 50% para cuidar la tierra. El cuarto es el de disminuir en un 25% los ecosistemas contaminantes del aire que suponen una amenaza para la biodiversidad. El quinto consiste en reducir la contaminación acústica en un 30% para una mejor calidad de vida de la población. Y, el sexto y último, es reducir en un 50% los residuos producidos en las urbes.
La ambición de la cero contaminación. Se trata, dicen, de “un objetivo transversal que contribuye a la Agenda 2030 de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible y complementa el objetivo de neutralidad climática”. La manera de hacerlo es a través de un marco legislativo en el que incluir la prevención contra la contaminación en todas las políticas e iniciativas de la Unión. A través de soluciones basadas en la naturaleza y la digitalización, la Unión Europea pretende transformar los modelos de producción y consumo, y apostar por un modelo de negocio de economía circular que sea más limpio.
Mejorar la salud y el bienestar. Es uno de los objetivos principales de todo el plan. Para conseguirlo, la Unión Europea pretende alinear los estándares de calidad del aire con las próximas recomendaciones de las Naciones Unidas, además de proveer a las autoridades locales de los modelos para mantener el aire limpio y ayudar a la monitorización de las emisiones. También aspira a reducir la contaminación del aire en los interiores de los hogares y edificios que provienen de fuentes como los sistemas de calefacción y aire acondicionado, y del tabaquismo.
Vivir dentro de los límites del planeta. Para conseguirlo, apuntan, “debemos implementar los marcos regulatorios existentes que protegen el aire, las aguas dulces, y los mares y océanos más rápido y mejor, mientras se trabaja urgentemente hacia un nuevo marco. Además de evaluar periódicamente el estado de la tierra para tomar medidas para evitar su daño”. Para conseguirlo, los estados miembros deben cumplir con la normativa que regula la contaminación del aire. Además, se pondrá especial atención en el cuidado del agua de los mares y océanos, promoviendo transportes marinos que no generen emisiones. También pretende eliminar los contaminantes y nutrientes de las aguas residuales para tratarlas y hacer viable su reutilización.
Hacia la cero contaminación de la producción y el consumo. La Unión Europea revisará la Directiva de Emisiones Industriales para acelerar la transición hacia una producción que genere cero emisiones. Además de que los materiales que se usen para bienes de consumo deberán ser lo más sostenibles que sea posible.
Garantizar una implementación y una ejecución de las normas más estricta. Para ello, la Unión Europea pretende promover las relaciones entre las autoridades nacionales y las redes europeas de agencias, inspectores, auditores, policía, fiscales y jueces que trabajan en el área del medio ambiente. Además, insta a la sociedad civil a participar como guardianes de que se cumplan las normativas, garantizando una mayor participación y mayor acceso a la justicia en caso de ser necesario.
Bilbao es, hoy, una de las mejores ciudades europeas en cuestiones de movilidad. Así lo interpreta la Comisión Europea, que le acaba de conceder el Premio de Seguridad Vial Urbana. La implantación de la limitación de movilidad hasta los 30 km/h ha sido fundamental para ello, convirtiéndose en la primera ciudad de más de 300.000 habitantes en todo el mundo en aplicar esta medida. No es algo repentino: en 2018 la ciudad ya redujo el límite de velocidad por primera vez en casi el 90% de sus vías.
Es la primera ciudad con más de 300.000 habitantes de todo el mundo que implanta la velocidad de 30 km/h en la totalidad de sus calles
Según el concejal de Movilidad y Sostenibilidad del Ayuntamiento de Bilbao, Alfonso Gil, «una movilidad sostenible implica hacer de las ciudades espacios más competitivos, convirtiéndolas en localidades con un potencial superior para superar la crisis actual». Las medidas tomadas tienen, en general, un objetivo sencillo: calmar el tráfico. Según el concejal, solo así será posible que «los diferentes modos que utilizamos los ciudadanos para movernos, como el zapato, la bicicleta, el transporte público e, incluso, la distribución urbana de mercancías, coexistan».
En la ceremonia de entrega de los premios, la comisaria de Transportes de la Unión Europea, Adina Vălean, recalcó la necesidad de construir «un sistema de movilidad inteligente y resistente para las generaciones futuras». Eso es exactamente lo que parece haber conseguido hasta el momento la ciudad vasca. El tráfico no solo se reduce, hoy, para facilitar la comunicación y el transporte. Medidas como esta son fundamentales a la hora de reducir la contaminación atmosférica e incluso la contaminación sonora, frecuentemente olvidada, en pos de una solución contra el cambio climático.
La limitación de la velocidad, no obstante, no es la única medida efectiva para solucionar estos problemas y así lo saben en la capital vizcaína. Es por ello que esta acción se complementa con otras medidas fundamentales para la obtención de un efecto real: el establecimiento de ejes peatonales continuos y seguros y la creación de caminos escolares y de zonas estanciales en torno al centro de todos los barrios que componen Bilbao. Frente a otras ciudades europeas de tamaño similar —véase Malmö o Liubliana—, la capital vizcaína concentra más de la mitad del porcentaje total de la movilidad en el tráfico a pie. El coche, de hecho, no supera el 10% a este respecto.
Algo que ha quedado demostrado en el ejemplo bilbaíno es que para la evolución progresiva en la movilidad son fundamentales no solo las acciones coercitivas, sino también la acción pedagógica dirigida hacia la ciudadanía. Si lo que se pretende es cambiar los hábitos sociales, la comunicación es elemental: uno debe conocer no solo el castigo impuesto, sino por qué este se articula. Esta razón es la que se halla detrás del debate público que se ha originado en la ciudad en torno a esta cuestión. Los habitantes de Bilbao no han sido actores pasivos al uso, sino que en cierto sentido se han revelado como figuras activas, ya que tal como explica el concejal, «si no escuchas, no vale».
Bilbao pretende reducir con este gran conjunto de medidas sus emisiones en 2030 en un 50% con respecto a 2012
El Plan de Movilidad Urbana Sostenible bilbaíno refleja con claridad las prioridades del consistorio para el futuro. Así, si bien los pasos dados hasta ahora son fundamentales, el desarrollo de una convivencia urbana aún no ha terminado. Es por ello que dentro del plan se incluyen desde la recuperación de nuevos espacios en los barrios, a incluir la perspectiva de género en todas las acciones de movilidad. Evidentemente, en este contexto también se promueve el transporte público, con objetivos como la reordenación de líneas de autobuses o la tarifa única para el uso de esta clase de transporte. La movilidad general, de hecho, funciona como una máquina dependiente del encaje de todos sus engranajes, lo que hace revisar incluso la necesidad de ciertos semáforos y sus ciclos de espera.
Con un objetivo más ambicioso que supera con creces las metas establecidas por la Comisión Europea, la urbe pretende reducir con todo este gran conjunto de medidas sus emisiones para 2030 en un 50% con respecto a 2012. Una declaración de intenciones para un futuro que promete ser, ante todo, de color verde. No sorprende, así, que la ciudad sea la mejor valorada de España en términos de movilidad urbana. Eso es lo que al menos señala Greenpeace en su Ranking de Movilidad Urbana. La organizacióninterpreta esta clase de movilidad como una herramienta no solo para mejorar la vida de los ciudadanos, sino para luchar, desde la distancia, contra el cambio climático y la vida de la biodiversidad.
El filósofo, matemático y físico francés Blaise Pascal dejó por escrito siglos atrás, que el menor movimiento es de vital importancia para toda la naturaleza. “El océano entero se ve afectado por una piedra”, señaló. Imaginemos pues, que eso que afecta al océano no es algo inerte como una piedra, sino miles y miles de redes de arrastre moviéndose a diario para extraer de las profundidades marinas todo tipo de peces. ¿Acaso no afecta eso a los océanos? ¿Y a la naturaleza en general?
Los océanos –que suponen cerca del 96,5% del volumen de agua total de la superficie de la Tierra– son una de las principales reservas de biodiversidad en el mundo. Albergan ni más ni menos que 250.000 especies identificadas y muchas otras aún sin identificar, porque si algo sabemos de los océanos es que conocemos solo una ínfima parte. Lo que sí sabemos con certeza es que son esenciales para el funcionamiento saludable del planeta; puesto que suministran la mitad del oxígeno que respiramos los humanos y absorben casi un 30% de las emisiones de CO2. Huelga recordar que los ecosistemas marinos también proporcionan alimento a millones de personas, así como servicios como agua limpia o protección contra catástrofes extremas, como hacen por ejemplo los ecosistemas manglares.
El 20% de los arrecifes de coral mundiales han desaparecido, y el 24% restantes están en peligro de desaparecer.
Por este motivo, Naciones Unidas, así como diversos organismos dedicados a la protección medioambiental, han mostrado su preocupación por la presencia de basura marina y por ciertas prácticas, como la sobreexplotación pesquera, la pesca ilegal o el uso de técnicas como el arrastre, que recogen no solo peces, sino todo lo que encuentran en su camino desestabilizando los ecosistemas. De hecho, en los últimos 30 años, el consumo de pescado se ha duplicado en todo el mundo. Esto ha provocado que cerca del 90% de las reservas de peces estén sobreexplotadas, según el último informe de la FAO.
Precisamente, para reducir el gran impacto ambiental y económico que tienen estas actividades, uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de la ONU fomenta conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares y los recursos marinos. Es cierto que, durante siglos, el mar ha sido uno de los mayores vectores para el desarrollo y el bienestar, y ha sido utilizado como una fuente inagotable de recursos. Sin embargo, la explotación sin control y la contaminación han producido daños irreparables en los ecosistemas. Basta sino fijarse en cómo en las últimas décadas han desaparecido el 20% de los arrecifes de coral mundiales y el 24% de los arrecifes restantes está en peligro inminente de desaparición.
Se calcula que el 61% del total del producto interno bruto del mundo proviene del océano
Frenar la pérdida de biodiversidad es esencial para garantizar la supervivencia del planeta, pero también para velar por nuestra salud. Y es que la mayoría de los asentamientos humanos se han establecido a lo largo de la historia cerca de la costa. Concretamente, el 38% de la población mundial vive a menos de 100 km de la costa y el 44% a menos de 150 kilómetros, según datos de la ONU. Los datos, no obstante, llegan a ser incluso más ilustrativos sobre lo esencial que son los océanos para el desarrollo de la vida: el Banco Mundial calcula que aproximadamente el 61% del total del producto interno bruto del mundo proviene del océano y de las zonas costeras situadas a menos de 100 kilómetros del litoral. En definitiva, para miles de millones de personas -entre un 10% y un 12% de la población mundial- los océanos, la pesca y la acuicultura son esenciales para su propia subsistencia. En este sentido, garantizar unos ecosistemas marinos saludables supone luchar también por otro objetivo global: erradicar la pobreza.
A pesar del evidente deterioro de los océanos, en los últimos años se han activado múltiples iniciativas para conservar y restaurar los ecosistemas marinos. Concretamente, hace ya una década, 193 países pertenecientes a la Conferencia de las Partes (COP) firmaron el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB), un tratado internacional jurídicamente vinculante con el objetivo de conservar la diversidad biológica, utilizar sus componentes de manera sostenible y repartir los beneficios extraídos de los recursos de manera justa y equitativa. Entre las misiones recogidas en este Convenio se encuentra precisamente la de proteger la diversidad de hábitats y especies marinas.
En la misma línea, compañías como el Grupo Red Eléctrica se han comprometido también a proteger y recuperar estos espacios. Concretamente, la compañía ha desarrollado 'Bosque Marino', un proyecto pionero a nivel mundial con el que ha restaurado dos hectáreas de praderas de posidonia oceánica en las costas de Mallorca (bahía de Pollença), una planta autóctona del Mediterráneo con más de 100.000 años de vida y que es una de nuestras fuentes principales de oxígeno y conservación de los ecosistemas. De hecho, se calcula que una hectárea de posidonia genera cinco veces más que una de la selva del Amazonas.