Categoría: Transición energética

La consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en 2030 está en la agenda política internacional y, si bien algunos están cerca de ser alcanzados, la consecución de otros está en serio peligro.

Uno de ellos es el ODS 7, que tiene entre sus metas aumentar significativamente el uso de energías renovables, duplicar la tasa de mejora de la eficiencia energética y garantizar a todas las personas el acceso a energía asequible, segura, sostenible y moderna.

La deuda creciente y el aumento de los precios de la energía provocan una excesiva lentitud en los avances para cumplir las metas de la ODS 7

En los últimos años se han tomado medidas que han permitido avanzar en algunos aspectos, como el aumento del uso de energías renovables en el sector eléctrico. Pero estos logros no serán suficientes para alcanzar las metas fijadas en el ODS 7. Así lo advierte el informe de seguimiento Tracking SDG 7: The Energy Progress Report, publicado el pasado 6 de junio. El estudio, elaborado por la Agencia Internacional de Energía, la Agencia Internacional de Energías Renovables, la División de Estadística de las Naciones Unidas, el Banco Mundial y la Organización Mundial de la Salud, muestra cómo los flujos de financiación pública en energías no contaminantes de los países con bajos ingresos ha disminuido sustancialmente desde antes de la pandemia de covid-19.

Es solo uno de los problemas plasmados en dicho informe, que pronostica que, en 2030, de no tomar nuevas medidas e intensificar las ya adoptadas, 1.900 millones de personas no tendrán acceso a métodos no contaminantes para cocinar y 660 millones carecerán de acceso a la electricidad. Los motivos de tan preocupantes cifras se encuentran en la deuda creciente y el aumento de los precios de la energía. Las consecuencias no solo afectarán negativamente a la salud de las personas más vulnerables, sino que también acelerarán el cambio climático.

Los más afectados por la lentitud de los avances en la consecución del ODS 7 son aquellos países menos desarrollados. Si bien el ritmo de crecimiento del porcentaje de población mundial con acceso a la electricidad creció sensiblemente desde 2010, se ha visto seriamente ralentizado en el período 2019-2021, y el África subsahariana concentra más del 80% de la población mundial sin acceso a la electricidad. Por otra parte, esta zona y el continente asiático concentran la mayor parte de los 2.300 millones de personas que, en la actualidad, siguen utilizando combustibles contaminantes para cocinar. Este dato toma más relevancia al saber que, como confirma la Organización Mundial de la Salud (OMS), 3,2 millones de personas mueren prematuramente, cada año, por la contaminación del aire doméstico causada por el uso de combustibles contaminantes para cocinar.

Para agravar la situación, los flujos internacionales de financiación pública de energías no contaminantes en países en desarrollo han ido descendiendo en los últimos años. En 2021, solo se llegó al 40% de los 24.600 millones de dólares alcanzados en 2017. Con estas cifras, difícilmente se podrá revertir la ya precaria situación en los años venideros.

Se prevé que, en 2030, 660 millones de personas carecerán de acceso a la electricidad si no se toman medidas

El estudio también revela que la proporción de electricidad de fuentes renovables creció un 28,2% en 2020, el mayor aumento anual desde que se hace seguimiento de los progresos en los ODS. Lamentablemente, la proporción de energías renovables utilizadas en calefacción y transporte (más de las tres cuartas partes del consumo mundial de energía) no son suficientes para lograr el objetivo de no sobrepasar el calentamiento global en 1,5 grados centígrados de media.

Los últimos años han demostrado que las energías renovables no solo son necesarias para el bienestar de la población mundial y los ecosistemas, sino que, además, son rentables y competitivas. A pesar de ello, las zonas más pobres del planeta siguen sin tener acceso a las mismas. Es imprescindible, por tanto, intensificar su integración en los sistemas eléctricos, aumentar la inversión en dichas energías y potenciarlas en los países menos desarrollados para que el ODS 7 pueda alcanzarse con éxito.

La transición ecológica no es un camino fácil. Tampoco rápido. La sociedad en su conjunto cada vez es más consciente de la necesidad de transformar la economía y, en definitiva, la vida, al mismo tiempo que cada vez resulta más evidente la necesidad de frenar en seco el desgaste del planeta. La realidad es que el proceso, que atañe a todos los niveles de la sociedad, es tremendamente frágil en su desarrollo, existiendo infinidad de factores capaces de originar cambios y ralentizar la hoja de ruta marcada en un origen. La transición energética es, en definitiva, un proceso cuyo nivel de éxito va intrínsecamente ligado a la estabilidad que lo avale.

En España, el desarrollo de la transformación verde avanza a buen ritmo, aunque en los últimos meses se ha visto ligeramente aminorado como consecuencia de la inflación registrada y las consecuencias de la guerra en Ucrania. Así lo evidencia el último informe elaborado por el Observatorio de la Transición Energética y la Acción Climática en nuestro país, en el cual se han comparado los datos actuales con las previsiones a medio y largo plazo marcadas por el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030. El dibujo que ofrece esta comparativa no deja lugar a dudas: España va por el buen camino, firme en la hoja de ruta hacia un mundo más justo ambientalmente, pero no hay lugar para el desliz.

España logró emitir en 2022 dos toneladas menos de gases de efecto invernadero que lo que aconsejaban las previsiones

El informe aborda aspectos esenciales como el grado de descarbonización de la economía nacional. En este aspecto, los datos han empeorado durante los dos últimos años, con una subida del 2,8% en la emisión de gases de efecto invernadero, pero se mantienen en las previsiones marcadas por la administración. Concretamente, en 2022, se registraron 297,46 toneladas métricas equivalentes de dióxido de carbono, dos toneladas menos de los índices aconsejados. Un número que en 2023 debe seguir bajando hasta las 290,07 MtC02eq.

En este sentido, en un tema adyacente como es la eficiencia energética, los números, pese a ser positivos, tampoco dejan espacio para el despiste. Tal y como se refleja en el informe, desde 2020 la tendencia ha venido empeorando, con un crecimiento acumulado del consumo de energía primaria que, no obstante, sigue por debajo de los índices previstos. Según los datos, en 2022 España consumió 115.332,27 kilotoneladas equivalentes de petróleo, más de 3.000 toneladas menos del objetivo que se marcaba el PNIEC para ese año.

Un poco más apretado con respecto a la comparativa entre realidad y objetivo está el ámbito del consumo eléctrico sobre el consumo total energético. Mientras que el objetivo que figura en el PNIEC contemplaba que en 2022 esta cuota estuviera en el 24,83%, la realidad es que actualmente se encuentra muy cerca pero sin llegar a ese punto (24,56%), tras una caída de medio punto durante el último año.

En lo que refiere a las energías renovables, a todas luces marcadas como el futuro del sistema productivo, España dispone de cierto margen de mejora en el mix energético. De acuerdo con los datos reflejados en el Informe del sistema eléctrico 2022, elaborado por Red Eléctrica, la generación renovable en el sistema eléctrico nacional ha sido del 42,2 % el pasado año, cuatro puntos por debajo de 2021 debido al descenso de casi un 40% de la producción hidráulica.

La generación renovable en el sistema eléctrico se situó en 2022 en el 42,2%

También el bolsillo de los consumidores ha sufrido en el último año, una situación agravada por la guerra de Ucrania, que ha puesto sobre la mesa el debate sobre si el consumo energético de España puede seguir dependiendo del exterior, asumiendo así las variaciones de mercado ligadas al mismo. En este sentido, volviendo a términos del informe elaborado por el Observatorio, actualmente el sistema energético español depende en un 74,11% de fuentes de energía extranjeras. Más de cuatro puntos por encima del objetivo, que había pautado un 69% para 2022. En este aspecto, la clave pasa por el fortalecimiento de la producción energética nacional y la apuesta definitiva por las renovables como ámbito tractor. De lo contrario, conflictos o situaciones como la guerra iniciada por Rusia supondrán constantemente un problema para la economía a nivel macro y micro.

Sin embargo, pese a este último factor en el que existe un amplio margen de mejora, la realidad que dibujan estos datos es la de un país que, tras años de dudas y escepticismo, es absoluta y plenamente consciente del reto que encara. No hay mejor receta a la hora de afrontar el futuro con garantías.

A nadie sorprende ya el hecho de vivir en una de esas épocas que terminan reflejándose en los libros de historia como etapas de transición. La lucha contra el cambio climático y la búsqueda de una sociedad sostenible cuya existencia y actividad no colisione con la supervivencia del planeta ha obligado a replantear cuestiones y planteamientos que afectan a todos los sectores, embarcados en una metamorfosis total. Todo cambia, y lo hace obligado por las circunstancias a pasos de gigante.

Entre todos los procesos, el iniciado por el sector energético, uno de los principales emisores de dióxido de carbono hacia la atmósfera y base sobre la que se sustenta buena parte del sistema global, se percibe como una suerte de llave impulsora de los que quedan por acometer.

La UE dará más peso a los contratos a largo plazo que reflejen los costes reales de producción

De esa necesidad, unida a una situación geopolítica inestable que plantea serias dudas sobre cuánto tiempo podrá aguantar el mercado sobre los estándares actuales, surge la reforma estructural del mercado eléctrico propuesta por la Unión Europea. Una reforma cuyos objetivos pasan por proteger mejor a los consumidores frente a la excesiva volatilidad de los precios pero, sobre todo, por fomentar el crecimiento de las energías limpias y fortalecer la adaptabilidad del mercado.

Pese a las diferentes aristas que muestra esta iniciativa, su esencia se puede entender desde tres ejes o bloques principales:

El primero, y quizás el más relevante, pasa por dar más peso a los contratos a largo plazo que reflejen los costes reales de producción. Esto se prevé que genere una mayor estabilidad y favorezca la entrada al mercado de la nueva generación inframarginal, para la que, no obstante, también se pretende establecer un límite de precio de cara a asegurar que sus ingresos no sean excesivos y cortar la dependencia del precio marginal a corto plazo. Es decir: facturas de luz que dependerán cada vez menos de los combustibles fósiles y que contribuirán a impulsar el desarrollo de alternativas renovables.

Desde la Comisión Europea se plantean una serie de cambios legislativos que protejan a hogares y empresas y en la que se integra también una mejora de la transparencia, vigilancia e integridad del mercado

El segundo paso importante que la UE ha puesto sobre la mesa pasa por reducir el papel del gas en los mercados a corto plazo. "La consulta cubrirá todas las formas de mejorar las condiciones bajo las cuales las soluciones de flexibilidad como la respuesta a la demanda y el almacenamiento de energía compiten en los mercados a corto plazo. Combinado con la generación renovable, esto podría contribuir a reducir el papel que juega la generación a gas en el mercado a corto plazo como una fuente de generación flexible y, con el tiempo, eliminará la generación de energía a gas en línea con los objetivos de descarbonización de la UE”, explican desde Bruselas sobre una medida que garantizaría a su vez que siempre se utilice la electricidad más barata posible para satisfacer la demanda al mismo tiempo que los flujos fronterizos continuarían funcionando sin problema. Una especie de cortafuegos a situaciones de emergencia como la generada, por ejemplo, con la guerra en Ucrania y su afectación a la distribución de gas por parte de Rusia.

La tercera pata de esta reforma pasa por una necesidad que venía reivindicándose de forma constante por buena parte de la sociedad y consiste en empoderar al consumidor o, al menos, devolverle a una situación de cierto control o equilibrio respecto a la oferta. En este sentido, desde la Comisión Europea se plantean una serie de cambios legislativos que protejan a hogares y empresas y en la que se integra también una mejora de la transparencia, vigilancia e integridad del mercado.

En definitiva, lo que componen estas medidas es un rediseño del mercado eléctrico europeo en unos términos que, al margen de iniciativas que otros países soliciten adherir, favorezcan la consolidación de las energías renovables y establezcan una relación más justa entre generadores y consumidores. Tras una consulta pública ejercida por la Comisión Europea junto a los países miembros, este mes de marzo Bruselas presentará las propuestas definitivas.