Categoría: Transición energética

Claves para entender de qué va el autoconsumo

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En la cumbre del clima de Katowice (COP24), que selló las bases para la implementación del Acuerdo de París, el Gobierno socialista español aseguró que las emisiones de gases invernaderos se reducirían en un 90% de cara a 2050 y que se tendería hacia una electrificación de la energía. Se trata de una meta, cuando menos ambiciosa, que se engloba dentro del objetivo de liderar el camino hacia la neutralidad climática que la Comisión Europea definió en noviembre de 2018 en la Estrategia a Largo Plazo para 2050; un plan que busca cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. 

Como una de las primeras medidas para frenar la imperante amenaza climática, el 5 de abril de 2019 entró en vigor en nuestro país el Real Decreto sobre autoconsumo, una normativa que da carpetazo al conocido como “impuesto al sol” y que, según especifica el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), “hace viable el autoconsumo en España, permitiendo posibilidades de implementación que, hasta el momento, no se contemplaban”. Así se simplifican los procesos administrativos, técnicos y económicos asociados a esta manera de generar energía ¿Pero, en qué consiste exactamente este revolucionario modelo energético y qué oportunidades ofrece?

El primer elemento clave que hay que tener en cuenta como consumidor es la existencia de las distintas clases de autoconsumo que se recogen en el texto. Con la puesta en marcha del Real Decreto, se establecen dos tipos distintos: el individual conectado a una red interior (única figura reconocida hasta ahora y que facilita las instalaciones en casa) y  el colectivo. Esta segunda posibilidad permite que varios consumidores puedan conectarse a un mismo generador de electricidad establecido fuera de la vivienda. En otras palabras, según se especifica en el documento, “se permite el autoconsumo en comunidades de propietarios o entre empresas o industrias ubicadas en una misma localización”. 

Con la entrada en vigor del Real Decreto, se establecen dos tipos autoconsumo: individual conectado a una red interior y colectivo

Además del tipo de autoconsumo, la ley incluye novedades respecto al lugar donde se pueden situar las infraestructuras. Antes de su entrada en vigor, en España solo estaba permitido consumir energía procedente de instalaciones de generación eléctrica situadas dentro de la vivienda del consumidor. Ahora, por ejemplo, es posible asociar las placas fotovoltaicas de dos edificios contiguos e instalarlas donde mejor convenga para que los vecinos de ambos inmuebles puedan tener acceso a la electricidad generada. 

Otra de las claves a tener en cuenta es la implantación de un mecanismo simplificado de la compensación de excedentes, es decir, de aquella energía que el autoconsumidor no use de manera instantánea. “Hasta el momento, si el usuario quería obtener una compensación por esta energía que se inyecta en la red, debía constituirse jurídicamente como productor de energía. Con el Real Decreto aprobado, la comercializadora de energía compensará al usuario por la energía excedentaria en cada factura mensual”, exponen desde IDAE. Además, cuando se trate de autoconsumo colectivo, “un consumidor podrá aprovechar los excedentes de su vecino y ser copartícipe de la generación y el consumo, si este no está consumiendo su parte proporcional de energía”. 

“La comercializadora de energía compensará la energía excedentaria en cada factura mensual”

El 5 de abril de 2019 entró en vigor el Real Decreto sobre autoconsumo, una medida que da carpetazo al conocido como “impuesto al sol” y que hace viable el autoconsumo en España, permitiendo posibilidades de implementación que, hasta el momento, no estaban contempladas. ¿Pero, en qué consiste exactamente este revolucionario modelo energético?

En 2015, ante la necesidad de dar una respuesta a la apremiante amenaza del cambio climático, los líderes mundiales se reunieron y firmaron el Acuerdo de París para adoptar medidas progresivas y eficaces que frenasen lo que ya se ha bautizado como la crisis del siglo: la climática. Tres años después, el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) de la ONU dio un tirón de orejas a los países firmantes –y a todos en general– al afirmar que el aumento de dos grados de la temperatura global que se había fijado en el Acuerdo era insuficiente para evitar efectos “duraderos o irreversibles”.

Tras la evaluación del cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la Unión Europea reconoció que “necesita ir más allá para cumplir el Acuerdo de París y reducir de forma significativa su dependencia de los combustibles fósiles”. Para poder cumplir el objetivo de “liderar el camino hacia la neutralidad climática”, en noviembre de 2018 la Comisión Europea aprobó la Estrategia a Largo Plazo para 2050. España, por su parte, ha mostrado un firme deseo de liderar la transición energética hacia el uso de renovables como principal fuente de energía –ejemplo de ello es la creación del Ministerio para la Transición Ecológica–.

«Es absurdo entender la energía solo como un negocio: el ciudadano tiene que estar en el centro»

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¿Cómo podemos acelerar la transición energética? Con esta pregunta como motor, Fernando Ferrando lleva la batuta de Fundación Renovables desde 2017. Ingeniero industrial de profesión, Ferrando ha trabajado en el sector energético durante más de tres décadas. Ahora, introducir las energías limpias en el mundo eléctrico y hacerlo de manera justa se ha convertido en una de las principales líneas de actuación de la entidad que preside. Consciente de que el camino está todavía por trazar, el experto sugiere un primer paso: convertir la energía en un derecho que sitúe al ciudadano en el centro.

Para garantizar la sostenibilidad del planeta, el futuro energético se prevé 100% renovable. Sin embargo, según los últimos datos de la Oficina Europea de Estadística, solo en España los combustibles fósiles representan cerca del 74% del consumo de energía actual. ¿Qué estamos haciendo mal?

Hasta ahora hemos favorecido lo que no tenemos: los combustibles fósiles. Por eso, el primer paso para dar el salto es gravar el uso de los combustibles, porque si quieres favorecer la electricidad pero es más cara que el gasóleo, la gente acaba consumiendo gasóleo. El segundo paso es el de apostar por lo que sí tenemos, que es energía renovable,  y bajar los precios para fomentar el consumo de electricidad. La electricidad está en ese futuro.

¿Cómo transitar hacia esa sociedad más electrificada?

Primero hay que hacer la electricidad más barata. También, si por ejemplo quieres cambiar la calefacción, se deberían garantizar unas ayudas para sustituir una caldera de gas por una bomba de calor. Luego, no debería hacerse publicidad de combustibles fósiles: nos venden que utilizar calderas de gas natural es apostar por un combustible limpio y, en realidad, son mentiras que solo provocan un aumento del consumo no responsable. La Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) debería regular eso. Al final no se trata de un componente fiscal o de precio, sino de un paquete global que debe dirigirse a dar facilidades de acceso para consumir y utilizar electricidad. Por ejemplo, el caso de los vehículos es paradigmático: si todas las ciudades pusieran trabas, como se está empezando a hacer con los coches de combustión interna, todo el mundo utilizaría el transporte público o vehículos eléctricos.

De entre los actores sociales, el ciudadano es al final uno de los más perjudicados por los estragos del aumento de la temperatura planetaria.

El ciudadano tiene un papel total en el desarrollo de todas las energías renovables porque es el que consume. Por eso debemos colocar al ciudadano, a los consumidores, en el centro del modelo y preguntarles cómo quieren abastecer sus necesidades. Lo que es un absurdo es que en estos momentos entendemos la energía únicamente como un negocio: cuando se habla de energía se hace referencia sobre todo a las empresas, pero nunca se habla de las personas que hay detrás. Hay que enfocarla hacia el ciudadano. Se tiene que cambiar esa idea de que la energía es oferta y no demanda, y enfocar la cultura de la energía hacia el que la consume, no al que la vende.

“La transición energética debe ser justa, pero para todos y con la vista puesta en el futuro”

El pasado 2018 el Gobierno de España derogó el conocido como ‘Impuesto al sol’, derribando así las trabas burocráticas de las instalaciones de autoconsumo. ¿Qué papel juega el autoconsumo en el cambio de modelo energético?

El autoconsumo es un ejemplo más de que el consumidor está en el centro. La Directiva Europea de Renovables ya recoge que el consumidor tiene derecho a comprar y vender, a generar y empaquetar. Se trata de un derecho innato: igual que tú tienes el derecho de comprarle la energía a quien quieras, también tienes el derecho de poder producirla. El autoconsumo es la máxima expresión de libertad y de la recuperación de los derechos de los consumidores.

Según datos de la Unión Española Fotovoltaica (UNEF), los sistemas de autoconsumo se han disparado en un 94% desde la derogación del “impuesto al sol”. Aunque los datos son positivos, la generación de energía renovable en el país no supera el 40% y queda lejos de ser el principal modelo energético. ¿Se está avanzando lo suficientemente rápido?

El Real Decreto de autoconsumo 244 se aprobó hace pocos meses. No se puede pretender un cambio radical tras cinco años de presión y multas: es como pasar de una dictadura a una democracia, y acabar siendo Suecia en dos días. Aún así, hay un crecimiento del sector muy por encima de lo esperado.

En España, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 se propone descarbonizar la economía de cara a 2030 y cumplir así con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Pero ¿cómo lograr una transición energética justa que no deje a nadie atrás?

Se tiene que entender la transición justa en su máxima expresión. Debe ser una transición intergeneracional, para no dejar a los que vienen detrás una hipoteca como los niveles actuales de CO2. Además, desde un punto de vista territorial, está muy bien llegar a un acuerdo con las fuentes mineras, pero no puedes aplazar siete años el cierre de las centrales nucleares, porque eso de transición justa tiene poco y un cambio de modelo productivo real pasa también por tener una administración de los afectados. Luego, a la prohibición de actividades debe seguirle la propuesta de alternativas: no se puede sancionar la entrada a una ciudad con coche diésel y no reforzar los aparcamientos disuasorios o el transporte público. De la misma manera, la transición tiene que ser tecnológica y basarse en invertir en I+D. Tampoco hay que olvidar las necesidades del sector eléctrico, porque si este se niega a cambiar el modelo, iremos a una velocidad mucho más lenta. Así que por supuesto que tiene que ser una transición justa, pero para todos y con la vista puesta en el futuro.

¿Es posible conciliar el reto ambiental con el consumo de energía?

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*Jorge Sanz Oliva es director asociado de NERA Economic Consulting y presidente de la Comisión de Expertos de Transición Energética de 2018


Es frecuente escuchar que “la energía que menos contamina es la que no se consume”. Se trata de una afirmación totalmente cierta y sin embargo, la “energía que no se consume” es también la que menos bienestar produce porque no nos calienta en invierno, no conserva nuestros alimentos refrigerados, no ilumina nuestros hogares y tampoco ayuda a fabricar o a transportar los productos que consumimos. De ahí que consumir energía sea esencial para nuestras vidas. Entonces, la pregunta es: ¿cómo conciliar el reto ambiental con el consumo energético? A diferencia de lo que ocurría hace tan solo diez años, actualmente las grandes instalaciones de generación de electricidad que utilizan el sol y el viento (ambas fuentes de energía renovable) son económicamente rentables y no necesitan subvenciones. En poco tiempo esto va a permitir avanzar en la lucha contra el cambio climático sin que eso suponga un gran coste para los consumidores. No obstante, los precios actuales y las previsiones de evolución tecnológica reflejan que la estrategia menos onerosa para reducir las emisiones de CO2 no pasa, por ejemplo, por invertir en aislamiento térmico de edificios (que es enormemente caro) sino por eliminar las barreras a la penetración de las energías fotovoltaica y eólica en la economía. Para ello es necesario incrementar el peso de estas energías renovables en la generación eléctrica y, al mismo tiempo, aumentar el peso de la electricidad en el consumo de energía final. Electrificar la economía requiere que las personas y las empresas sustituyan su actual consumo de energías fósiles (gas natural y derivados del petróleo) por el de electricidad. Por ejemplo, se puede empezar por apostar por el coche eléctrico o por los sistemas aerotérmicos para cubrir las necesidades de calor y frío en el hogar o, en el caso de las empresas, sustituir las calderas de gas natural por unas eléctricas. Sin embargo, mientras existan penalizaciones al consumo de electricidad y subvenciones al consumo de energías fósiles va a ser difícil que consumidores y empresas sean activos en el proceso de electrificación.

Mientras existan penalizaciones a la electricidad será difícil que los consumidores participen en el proceso

Porque, en efecto, el consumo de energías fósiles está subvencionado en nuestro país. No a través de ayudas explícitas —prohibidas por la UE— sino porque no se les cargan todos los costes que ocasiona su consumo. Por ejemplo, el consumo de cualquier forma de energía, ya sea electricidad o combustibles fósiles, obliga a invertir en renovables en un cierto porcentaje. Pero los consumidores de gas natural y de derivados del petróleo no financian los sobrecostes de las inversiones en renovables que su consumo induce, sino que el 90% de los sobrecostes de estas tecnologías los pagan los consumidores de electricidad. De igual manera ocurre con los sobrecostes de la cogeneración, que deberían imputarse a todos los consumidores de energía final. Sin embargo, a día de hoy se cobran únicamente a los consumidores de electricidad. Por otra parte, el uso de electricidad también está penalizado porque los peajes eléctricos incluyen los sobrecostes del suministro en los territorios no peninsulares y las anualidades de los pagos de déficits tarifarios incurridos en el pasado por el incremento en el coste de los apoyos a las energías renovables. Todo esto penaliza el consumo de electricidad y fomenta el uso continuado de los combustibles fósiles a pesar de sus elevadas emisiones de gases de efecto invernadero. Por ello hay tres actuaciones que son clave para luchar, con éxito, contra el cambio climático. En primer lugar, es necesario facilitar la construcción de instalaciones eólicas y fotovoltaicas que pueden producir electricidad sin emisiones de gases de efecto invernadero (actualmente no son necesarias subvenciones porque sus costes las hacen ya competitivas). En segundo lugar, es preciso fomentar —o al menos no obstaculizar— la electrificación de la economía, lo que requiere que se diseñen las tarifas eléctricas de forma que se ponga fin a la penalización a su consumo. En este aspecto la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia está ya trabajando en una reforma del diseño tarifario que refleje los costes de suministro. En tercer lugar, hay que acabar con las subvenciones al consumo de energía contaminante, lo que implica que hay que llevar a cabo una reforma fiscal medioambiental.

Con una reforma fiscal y un impuesto al consumo de CO2 a 30 €/tCO2, la economía podría alcanzar el objetivo de electrificación del 27%

Asimismo, la necesidad de una reforma fiscal, como la propuesta por la Comisión de Expertos de Transición Energética en 2018, se puede apreciar en el hecho de que simplemente con esa reforma y un impuesto al consumo de CO2 a 30 €/tCO2, la economía española podría alcanzar el mismo objetivo de electrificación (27%) previsto por el Gobierno para 2030 en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC). Todo ello, sin gastar ni un solo euro de dinero público; en contraste con el PNIEC, que plantea decenas de intervenciones, con un gasto de 236.000 M€ en diez años. Sin embargo, el Plan Nacional solo dedica un pequeño párrafo a la reforma fiscal. Y dicho párrafo no perfila los principios en los que se va a basar la reforma, sino que se limita a indicar que será el Ministerio de Hacienda quien la liderará —a pesar de que los problemas ambientales no son, precisamente, una prioridad del Ministerio de Hacienda—, y no el Ministerio para la Transición Ecológica. La buena noticia es que el PNIEC enviado a la Comisión Europea es solo un borrador. El Gobierno aún está a tiempo de rectificar y sentar las bases para una verdadera reforma fiscal que demuestre que su preocupación por el cambio climático no es un mero eslogan.