Categoría: Transición energética

Pocos días antes de que la activista sueca Greta Thunberg hiciese sonrojar a los líderes mundiales reunidos en Nueva York el pasado mes de septiembre, con motivo de la Cumbre de Acción por el Clima de la ONU, la canciller alemana, Angela Merkel, anunció la puesta en marcha de un plan nacional de 54.000 millones de euros para combatir el cambio climático. La propuesta –que comprende un total de 70 medidas enfocadas a lograr el objetivo de reducir el 55% de las emisiones de CO₂ de cara a la próxima década– fue uno de los planes más completos a nivel internacional presentado pocos meses después en la COP25 de Madrid.

Con el objetivo principal de eliminar el carbón totalmente en el año 2038, Alemania sigue avanzando en el proceso de transición energética que comenzó hace ya más de una década pero que, para algunas voces, no está teniendo ni el éxito ni la velocidad deseados. A continuación, se detallan algunas claves para entender los retos a los que se enfrenta este país centroeuropeo:

1. El Energiewende, de los 80 a la actualidad

En los años 80, Los Verdes acuñaron el término Energiewende para defender el abandono de la energía nuclear. En la actualidad, el concepto define la transición energética de Alemania hacia un modelo más sostenible apoyado en las renovables. No obstante, el verdadero cambio comenzó en 2010 cuando el Ministerio Federal de Economía y Tecnología aprobó el Energy Concept, un ambicioso marco regulatorio con el que el país se comprometía a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero con tres horizontes: un 40% para 2020, un 55% para 2030 y alcanzar al menos el 95% en 2050.

Pero diez años después, el país centroeuropeo todavía parece estar demasiado cerca de la línea de salida. Para reactivar la transformación energética, la nueva hoja de ruta presentada por Merkel el año pasado hace hincapié fundamentalmente en un objetivo: impulsar la participación de las energías verdes en el sistema eléctrico germano, de forma que estas representen el 65% en 2035.

Según datos del Fraunhofer Institute for Solar Energy Systems, en 2010 las renovables suponían el 37% del total del parque generador y generaban casi un 20% de la electricidad del país. ¿Cómo ha evolucionado Alemania durante la última década?

2. Adiós nuclear… ¿adiós carbón?

Energiewende se acuñó en los 80 para defender el abandono de la energía nuclear

Tras el accidente nuclear en la central de Fukushima en el año 2011, Merkel decidió llevar a cabo, con el apoyo del 60% de la población, el llamado “Atomausstieg”, o lo que es lo mismo, romper definitivamente con la energía nuclear con una fecha en el horizonte: 2022. Esto ha tenido un claro efecto: en 2010, Alemania contaba con 21,5 GW de potencia nuclear instalada, mientras que en 2019 esa potencia solo sumaba 9,5 GW.

Esta apuesta por el adiós nuclear ha tenido una consecuencia irremediable: ha ralentizado el proceso de descarbonización del sistema eléctrico alemán. Si bien el objetivo del Gobierno alemán en esta década también ha sido reducir la dependencia de este combustible fósil, el apresurado abandono de la energía nuclear lo ha retrasado de forma tangible. En el año 2010, esta fuente tenía una representación en el parque generador alemán del 34% (52,9 GW) en cuanto a potencia instalada y generaba el 43% de la energía eléctrica. Nueve años más tarde, los números no han descendido todo lo deseado. La potencia supone ahora el 20,8% del total (43,8 GW) y generó en 2019 el 29,1% de la electricidad. Estos datos la convierten aún en la tercera fuente energética en potencia instalada y la primera en generación.

La fecha del Gobierno alemán para eliminarlo definitivamente de la generación eléctrica se sitúa en 2038 pero la realidad es inequívoca: el carbón sigue siendo imprescindible para la seguridad del suministro en el país alemán.

3. ¡Hola, renovables!

Además de perseguir el abandono de la nuclear y el carbón, el objetivo prioritario del gigante europeo ha sido potenciar las energías renovables, especialmente la eólica que es la principal materia prima del país. Y se ha conseguido en buena parte, ya que a cierre de 2019 estas tecnologías ya representaban el 58% de la potencia total instalada, haciendo posible que las fuentes verdes generasen el 46% de la electricidad. Si echamos la vista atrás a 2010, veremos que las renovables han experimentado un ascenso notable. Entonces solo sumaban el 37 % del parque generador siendo responsables de casi un 20 % de la producción eléctrica. Además, en 2019 la eólica se ha consolidado como la principal tecnología en capacidad instalada del país por cuarto año consecutivo.

Las fuentes de energía verde generan el 46% de la electricidad en 2019

Pero no siempre sopla el viento a favor, ya que los datos de integración de renovables muestran que el crecimiento se ha ralentizado en los últimos tres años y los avances se están produciendo a un ritmo más lento. En el año 2010, Alemania contaba con 27 GW de energía eólica instalada y esta generaba el 7% de la energía eléctrica del país. Durante los siguientes seis años, la presencia de la eólica aumentó de manera exponencial: 55,6 GW de potencia instalada en 2017 (duplicando la cifra de 2010) y su generación de electricidad se multiplicó por tres (24% del total). Sin embargo, entre 2017 y 2019, solo se integraron 5,3 GW de energía eólica, cuando lo necesario para cumplir el objetivo de 2035 sería crecer esa cifra de manera anual. La tendencia empieza a ser preocupante.

4. Se avecinan problemas… Seguridad del suministro y rechazo ciudadano

Pero en Alemania saben que ser verde no es un camino de rosas.  Por un lado, la eólica y, en general el desarrollo de las renovables afronta varios retos. Por un lado, los requisitos administrativos para poner en funcionamiento parques eólicos son cada vez más exigentes. A eso hay que añadir las protestas ciudadanas contra estas mega construcciones: cada obra superior a un gigavatio está condenada a afrontar una larga batalla judicial. En el estado de Baviera, por ejemplo, la ley exige que la distancia entre una turbina y la vivienda más cercana sea de 10 veces la altura del mástil, obligando además a pagar 10.000 euros por turbina instalada a la comunidad más cercana a esta.

Por otro lado, los alemanes también se enfrentan al reto de preservar la seguridad y calidad del suministro eléctrico. A la intermitencia natural que caracteriza a las renovables hay que añadir un factor geográfico: el potencial eólico se concentra en el norte, mientras que el sur del país aglutina a la industria, principal foco de la demanda. Para casar estas dos realidades de forma exitosa, Alemania debe reforzar su red de transporte de electricidad, que ya se encuentra altamente congestionada. Pero no está resultando tarea sencilla ya que existe gran oposición ciudadana –y va en aumento- a la construcción de nuevas líneas.

Fuente de los datos: Fraunhofer Institute for Solar Energy Systems  https://www.energy-charts.de/index.htm

Diez años. Ese es el tiempo que tenemos por delante para evitar que las consecuencias catastróficas del cambio climático sean irreversibles. Es tiempo de actuar. Pero el camino no es sencillo. El último informe del IPCC, el panel internacional de expertos que asesora sobre cambio climático a la la ONU, se muestra contundente: para limitar el aumento de la temperatura a 1,5 grados por encima de los niveles preindustriales es preciso disminuir un 45% las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) para 2030.

De esa urgencia por descarbonizar las economías, Gobiernos de todo el mundo han planteado ambiciosos planes de reducción de emisiones. La Unión Europea, antes de que se anunciase el Green Deal, se fijó la meta de alcanzar las cero emisiones en 2050. Para ello, la comunidad europea está desarrollando una estrategia enfocada sobre todo en el sector del transporte, responsable del 26% de las emisiones globales. Esto, en las grandes ciudades se traduce en un grave problema de contaminación atmosférica que, a su vez, afecta a la salud de los ciudadanos.

El sector del transporte es responsable del 26% de las emisiones globales

Para afrontar este gran reto, Gobiernos y administraciones están dirigiendo sus esfuerzos a favorecer un nuevo modelo de movilidad más sostenible. Estos van desde incentivar el uso del transporte público y de medios no contaminantes como la bicicleta o el patinete eléctrico hasta fomentar la transición hacia un parque de vehículos cero emisiones. Pero ¿en qué punto nos encontramos?

A mediados del 2019, el número de automóviles eléctricos superó a los propulsados por combustibles fósiles en Noruega. De esta manera, el país escandinavo se convirtió en uno de los líderes de la revolución de la movilidad eléctrica en el mundo. Ya en 2016 era el país con mayor número de autos eléctricos per cápita del planeta, según la Asociación de Constructores Europeos de Automóviles (ACEA). Ese año se vendieron 44.888 unidades de estos vehículos, lo que suponía más de un 21% de los que fueron adquiridos en todo el continente. Sin embargo, a pesar de estas halagüeñas cifras, Noruega no es el país que más eléctricos vende en el mundo.

Según un reciente informe elaborado por la aseguradora Euler Hermes, China es la potencia que lidera con holgura la carrera del coche eléctrico, tanto en términos absolutos – con el 56% de las nuevas matriculaciones de vehículos eléctricos a nivel global–, como en términos relativos –con un nivel de penetración en el mercado de un 4,2% frente al 2,5% de Europa–. No obstante, estos datos son el reflejo de una paradoja: el gigante asiático lidera la carrera mundial de las energías renovables, tanto en desarrollo como implementación; sin embargo, es también el país que más CO2 emite a la atmósfera, según datos de la plataforma Global Carbon Project.

Por eso, a pesar de que China se haya situado (con matices) a la cabeza de esta necesaria revolución, Europa es, en cuanto a implantación, la punta de lanza de la transición hacia un sistema de movilidad cero emisiones. Entre los países que llevan el estandarte se encuentran la ya mencionada Noruega, Países Bajos, Portugal, Alemania, Suecia, Francia o Reino Unido. Al menos así lo refleja el Barómetro Anfac de la Electromovilidad Global, que sitúa a Noruega como líder europeo absoluto seguido de Países Bajos.

Según datos de Red Eléctrica, España cuenta ya con más de 81.125 vehículos eléctricos

En el caso de España, la implantación del vehículo eléctrico todavía es tímida. Según datos de Red Eléctrica, España cuenta ya con más de 81.125 unidades, siendo Madrid y Cataluña las comunidades que registran la mayor implantación de todo el territorio nacional, con un parque de 32.405 ejemplares en el caso de Madrid y de 21. 990 en Cataluña. Estas cifras quedan lejos aún de lo estimado en el borrador del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, que ambiciona la implantación de 5 millones de coches eléctricos de cara a 2030.

El panorama dibuja una senda de diez años plagada de retos pero con un mensaje claro: es urgente impulsar la movilidad eléctrica porque será clave en la lucha contra el cambio climático y porque el cambio se presenta necesario para transitar hacia un modelo de movilidad más sostenible.

Las claves de la implantación del vehículo eléctrico

Uno de los aspectos principales de la integración masiva de esta nueva movilidad en el sistema eléctrico es que se realice de manera segura y eficiente. Con este objetivo, Red Eléctrica puso en marcha en 2017 Cecovel, un proyecto pionero en España y en Europa que realiza un seguimiento de la demanda de electricidad. Además, lleva a cabo estudios para anticiparse a escenarios de implantación masiva de vehículos eléctricos.

Para ello, actualmente monitoriza 1.835 puntos de recarga, tanto públicos como privados, gestionados por cuatro operadores de movilidad (Ibil-Repsol, Gic, Fenie y Melib). Se trata de puntos de recarga con potencias desde 2,3 kW hasta 350 kW y conectados en tiempo real a los operadores para que pueden gestionarlos de forma remota e inteligente.

Del mismo modo, recientemente y en el marco del proyecto Cecovel, la compañía publicó un mapa de puntos de recarga inteligente del vehículo eléctrico. Estos terminales están dotados de una tecnología inteligente que les permite realizar una gestión óptima de la demanda y conocer los patrones horarios del consumo de la recarga pública y su evolución.

El mapa monitoriza 573 terminales inteligentes públicos distribuidos por todo el territorio nacional que están gestionados por los operadores de movilidad que colaboran con el proyecto Cecovel (Ibil-Repsol, Gic, Fenie y Melib). Con una visualización intuitiva y sencilla, el mapa ofrece al usuario información completa sobre el punto de recarga: dirección en la que se ubica, el tipo de recarga que realiza, la potencia de cada punto y el modelo de conector.
Accede al mapa aquí

A menos de una semana de su celebración, el Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés) calienta motores para su cita anual que reunirá a la élite política y económica mundial del 21 al 24 de enero en la fría ciudad de Davos-Klosters (Suiza). Esta edición es especialmente relevante porque se cumplen 50 años de estas reuniones.

Fundado en 1971 por el profesor Klaus Schwab, el foro dio sus primeros pasos centrado en el campo de la gestión empresarial. Sin embargo, rápidamente adquirió una visión más amplia y global de la economía y los retos sociales. En concreto, fue en 1974 cuando por primera vez se invitó a líderes políticos. Desde entonces, los principales referentes mundiales de estos ámbitos –economía y política– y los representantes de grandes corporaciones, organizaciones sociales y culturales desafían las gélidas temperaturas para debatir sobre los principales desafíos que afronta el mundo.

Para celebrar este importante hito en su historia, el foro ha presentado recientemente un nuevo manifiesto (Manifiesto de Davos), que sustituye la primera versión de 1973 y da una vuelta de tuerca a la responsabilidad que tienen las empresas para con sus grupos de interés. El nuevo documento recuerda a las compañías que son organismos sociales y no solo actores con ánimo de lucro, y que, por tanto, deben asumir un papel diferente en el marco de la Cuarta Revolución Industrial. “Debe asegurarse que el valor de las compañías no se mida únicamente en términos financieros sino también en términos medioambientales, sociales y de buen gobierno”, explicaba Klaus Schwab en una entrevista con el diario el País pocos días después del lanzamiento del manifiesto.

El Foro de Davos celebrará su 50 aniversario con un nuevo manifiesto

En concreto, la nueva Biblia de Davos establece que el propósito de las empresas debe ser “colaborar con todos sus stakeholders en la creación de valor compartido y sostenido” porque, al crearlo, las compañías cumplen con sus accionistas, pero también “con todos sus empleados, clientes, proveedores, comunidades locales y la sociedad en general”.

De esta forma, Schwab y el foro se suman así a las voces que desde hace algún tiempo abogan por una profunda reforma del capitalismo. En concreto, el manifiesto de Davos desempolva el concepto de ‘capitalismo colectivo o de las partes’. Este difiere del tradicional ‘capitalismo de los accionistas’ preconizado hace ahora también medio siglo por Milton Friedman en las páginas del New York Times, donde sostenía que “la única responsabilidad de las empresas es hacer negocios”. En contraposición, este nuevo sistema propone reconectar el éxito de los negocios con el progreso social.

Y aunque este modelo no es nuevo resuena ahora con fuerza en el escenario empresarial. De hecho, el pasado mes de agosto, la Business Roundtable –una poderosa organización que aglutina a directivos de las principales compañías estadounidenses– se mostró a favor de esta forma de entender el mundo económico. Pero si ya es un concepto conocido, ¿por qué resurge ahora con fuerza?

Para el fundador del Foro Económico Mundial este fenómeno es consecuencia natural de una perceptible transformación de la sociedad, en todas sus expresiones, que exige cada vez más y de manera más urgente, un cambio radical. La joven Greta Thunberg agitando las conciencias de jóvenes de todo el mundo, los inversores apostando por la financiación sostenible, las grandes empresas impulsando la economía circular... El mundo está transformándose a pasos agigantados y Davos quiere ser parte.

El foro de Davos será totalmente neutro en carbono

De ahí que el manifiesto no sea la única novedad. De hecho, el leitmotiv del encuentro será Grupos de interés para un mundo cohesionado y sostenible. Con este marco, el programa publicado indica que la reunión dará cuenta de los retos que afronta el mundo a nivel económico, geopolítico e industrial, pero también desde el punto de vista del medioambiente y la tecnología.

Además, la organización ha comunicado que esta cumbre será un evento sostenible. El foro de Davos ha logrado el estándar ISO 20121 y será totalmente neutro en carbono. Para lograrlo, ha implantado diferentes iniciativas respetuosas como el medioambiente como el suministro de electricidad 100% renovable, la reducción del uso de materiales no reciclables y el uso de vehículos eléctricos.

Conoce más sobre Klaus Schwab aquí.

Descubre la historia del Foro Económico Mundial en este enlace.

¿Es posible descarbonizar la economía? ¿Somos tan dependientes de los combustibles fósiles en la generación de electricidad como nos cuentan? Estas y otras cuestiones nos asaltan cuando abordamos el desafío del cambio climático.

Cada vez hay más datos para la esperanza, en España y más allá de nuestras fronteras. Sirva como ejemplo lo que ocurrió el pasado 14 de diciembre, cuando el sistema eléctrico peninsular dio un paso al frente en la lucha contra el calentamiento global y registró su primer día sin generar ni un solo megavatio hora (MWh) con carbón.

Durante 24 horas, las renovables supusieron el 62,7% de la generación peninsular

Siete días después, la Península volvió a registrar dos ‘ceros’ de carbón en la producción eléctrica -21 y 22 de diciembre-, situación que volvió a repetirse en Navidad (24 y 25 de diciembre). Sin duda, un mes de récord.

“El aumento de la capacidad de generación renovable y las condiciones climáticas favorables, con fuertes vientos e importantes lluvias, hicieron que ese día no hubiera producción de energía eléctrica en las centrales térmicas de la Península”, explica Tomás Domínguez, director de Operación de Red Eléctrica de España.

Durante esas 24 horas, las renovables fueron responsables del 62,7% de la generación peninsular, siendo la eólica, con 301 GWh, la tecnología con mayor presencia en el mix, aportando el 42,4% del total. Además, el 82,5% de la electricidad de la Península se produjo a partir de tecnologías libres de emisiones de CO2.

La pregunta es obligada: ¿veremos más días sin carbón? Domínguez lo tiene claro: “A medida que continúen entrando en servicio nuevas instalaciones de generación renovable, será más probable que no se recurra al consumo de carbón y, en general, a los combustibles fósiles para cubrir la demanda de electricidad”.

2019: un año para empezar a olvidar (el carbón)

Los datos de previsión de cierre del 2019 publicados por Red Eléctrica de España confirman que el carbón está reduciendo su presencia en el sistema peninsular. A lo largo del año que concluye se estima que las centrales térmicas habrán generado 11.084 GWh de electricidad, una cifra 68,2% menor que en el 2018, y un 78,2% inferior que hace 5 años, en 2015.

La producción eléctrica con carbón del 2019 relega esta tecnología a ocupar una discreta quinta posición dentro del ranking de mayor generación del año y representa ya solo un 4,5% del total peninsular.

En 2019 se dijo adiós a la central térmica de carbón de Anllares, en León

Se trata de la cifra más baja de participación de esta tecnología en el mix de la que se tiene constancia en Red Eléctrica. Y es que las emisiones de CO2 a la atmósfera, por cada MWh generado, se duplican si la producción es con carbón y no con ciclo combinado.

El aumento del precio en el mercado europeo de derechos de emisión ha demostrado que producir carbón ya no es tan rentable. De hecho, los ciclos combinados, segunda fuente de generación, tras la nuclear (21,4%), con un peso del 21,2%, duplicaron este año 2019 su participación en el mix respecto a 2018.

Así, según previsiones de Red Eléctrica, las emisiones de CO2 asociadas a la generación de electricidad en la península Ibérica serán en el 2019 un 23,7% inferiores al año anterior debido, principalmente, a la sustitución del uso de las térmicas de carbón por otras tecnologías más limpias.

2010

2019

Este 2019 también ha sido un año de salidas y entradas en el parque de generación: se dijo adiós a la central térmica de carbón de Anllares, en León, al mismo tiempo que se ha dado la bienvenida a 3.110 nuevos MW de potencia solar fotovoltaica, 1.634 de eólica, 102 de otras renovables y 38 de hidráulica, y estos son, todavía, datos de noviembre.

Los datos publicados recientemente por Red Eléctrica de España y el hito histórico de los ‘ceros’ de carbón en la Península hacen pensar que ni los esfuerzos de la transición energética caen en saco roto ni los objetivos europeos de descarbonización son una utopía.

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El CO2 pierde fuelle en la generación eléctrica

En 2019 la generación de energía eléctrica libre de emisiones de CO2 en España representó el 60% de la generación total, lo que supone un aumento en la participación de estas tecnologías del 0,5% respecto al año anterior, cuando este porcentaje fue del 59,7%. Este aumento es consecuencia del avance en la incorporación de tecnologías renovables al parque de generación de energía eléctrica. Este aumento es consecuencia del avance en la incorporación de tecnologías renovables al parque de generación de energía eléctrica.

También ha influido la menor participación de la energía de origen hidroeléctrico, cuya producción ha descendido este año debido a que 2019 ha sido más seco que el año anterior. En España, el volumen medio de la producción hidráulica se sitúa en valores cercanos al 12%. En el año 2019 el peso de esta tecnología ha sido del 10% como consecuencia de que ha sido un año hidráulico seco, pero el año 2018, que fue muy húmedo, el de la generación hidráulica fue cercano al 14%.

Enero de 2007, Estados Unidos. Una crisis financiera comenzaba a cocinarse en el gran continente. Pocos meses después, un déficit de capital se extendería como la pólvora por los bancos estadounidenses hasta explotar con la quiebra del gigante financiero Lehman Brothers en verano de 2008. Un acontecimiento que marcaría el origen de una crisis económica y financiera de repercusión mundial.

Ese enero, antes de la precipitación de tan desafortunados acontecimientos, el columnista de The New York Times, Thomas L. Friedman, acuñó el término Green New Deal para referirse -en una clara alusión a la reforma que llevó a cabo el presidente Roosevelt para paliar los efectos de la Gran Depresión en los años 30- a un amplio programa con el objetivo de revitalizar la economía americana que girase en torno a las energías verdes. La idea cayó en el olvido durante los últimos meses de presidencia de George W. Bush, y aunque Barack Obama retomó el plan durante su primera campaña electoral, el Green New Deal quedó camuflado en medio de la feroz crisis. La idea nunca llegó a enterrarse.

En 2007 el columnista Thomas L. Friedman ya acuñó el término Green New Deal

En 2012 la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (Río+20) reabría la puerta al debate: ¿es posible un capitalismo respetuoso con el planeta y sus recursos naturales? ¿Puede la economía verde ser la alternativa al modelo de producción y consumo actual? Desde esa cumbre, numerosos economistas y expertos han analizado la posibilidad de un nuevo capitalismo verde o ecocapitalismo que reinvente el sistema económico mundial. Ahora, con la celebración de la Cumbre del Clima (COP25) que se ha celebrado en Madrid a inicios de diciembre, se ha vuelto a poner sobre la mesa la idea de una maquinaria basada en un beneficio que sea compatible con la protección de los ecosistemas y la lucha contra el cambio climático.

Sin embargo, si hubiese que datar el verdadero impulso del Green New Deal, al menos como propuesta tenida en real consideración, sería en 2018 con la llegada a la política de Alexandria Ocasio-Cortez. La congresista demócrata, apoyada por el ala más izquierdista del partido Demócrata de Estados Unidos, entre los que se encuentran el senador Bernie Sanders y la senadora Elisabeth Warren, propone la creación de una serie de medidas económicas y sociales. Todas ellas orientadas hacia la transformación de la economía estadounidense y sustentadas en una transición ecológica justa y generadora de empleo sostenible. Puesto sobre papel y presentado ante el órgano legislativo, el proyecto tiene todavía sus detractores pero ha sido la punta de lanza para teóricos económicos y sociólogos. También para movimientos juveniles, como el Sunrise Movement en Estados Unidos, que están dispuestos a trasladar de manera pacífica la intención política de combatir el cambio climático a las calles.

El economista y sociólogo estadounidense Jeremy Rifkin es también uno de los abanderados de este Pacto Verde. Según explica en su último libro El Green New Deal Global, la descarbonización de la economía -que, según sostiene, sucederá de una manera casi natural cuando la sociedad de los combustibles fósiles colapse entorno a 2028-, permitirá que la transición ecológica sea rentable y justa a la vez.

Hacia una Europa verde y sostenible

El Pacto Verde también ha echado raíces en Europa. La nueva presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció hace unos días un ambicioso pero realista Europen Green Deal, una hoja de ruta que pretende transformar el continente en el primero neutro para 2050. Para ello, el Ejecutivo ha desplegado un plan que desplegará un paquete legislativo que revolucionará de forma integral la economía europea para hacer frente al cambio climático. Los principales ejes de este plan serán: incrementar la ambición climática con horizonte 2030 y 2050; garantizar el suministro y la producción de energía limpia, asequible y segura; movilizar a la industria por una economía circular y limpia; fomentar la construcción y la renovación de edificios eficientes; conseguir un medioambiente con polución cero; preservar y restaurar los ecosistemas y la biodiversidad; impulsar un modelo agroalimentario justo y saludable; y acelerar el cambio a una movilidad inteligente y sostenible.

La estrategia europea 20-20-20 fue el germen del Green New Deal en el continente

Pero el Green New Deal no es una política nueva en Europa. En 2007 ya nacieron los primeros brotes con la puesta en marcha de la Estrategia Energética de la Unión Europea, conocida como 20-20-20, que pretendía, según el documento, “provocar una nueva revolución industrial y crear una economía de alta eficiencia energética y baja emisión de CO2”. El plan ambiciona reducir en un 20% las emisiones de gases de efecto invernadero, en un 20% el consumo de energía y garantizar que en otro 20% la energía provenga de fuentes renovables. Ese mismo año, en Reino Unido nació Green New Deal Group, un grupo de activistas ecologistas que publicaron un manifiesto con el mismo nombre que marcaba unas pautas para iniciar una transición hacia un nuevo sistema económico orientado a frenar el cambio climático.

El Green New Deal, a examen

Sin embargo, no todos los autores son favorables a una alteración radical del sistema económico que afecte a todas las piezas del engranaje, incluidas la industria, el transporte o el sector de la energía. Es el caso de la escritora Naomi Klein, que alerta de los posibles peligros de un sistema económico verde basado en el capitalismo. “No necesitamos un New Deal pintado de verde, sino una doctrina de choque”, señala Klein en su libro On Fire: The Burning Case for a Green New Deal (2019). A su juicio, las políticas hasta ahora definidas no están lo suficientemente orientadas a solventar todos desafíos interconectados con la crisis climática, como el de acabar con la pobreza, la desigualdad o el hambre. “Necesitamos estar en guardia contra la posibilidad de que el estado de emergencia se convierta en un estado de excepción, en el que poderosos intereses explotan el miedo y el pánico del público para revertir derechos ganados con dificultad, o forzar soluciones tan falsas como rentables para ellos”, sostiene.

Y frente a este amplio abanico de perspectivas de teóricos y políticos, jóvenes en todo el mundo se manifiesta desde el 2018 con más ímpetu que nunca. Más allá de planteamientos económicos, exigen un cambio radical y democrático que permita abordar la cuestión climática. La joven activista sueca Greta Thunberg -que en el último año se ha convertido en el estandarte de la lucha contra el cambio climático- es un claro ejemplo de la demanda de las nuevas generaciones. "Millones de personas alrededor del mundo marcharon y demandaron acciones reales contra el cambio climático. Mostramos que estamos unidos y que los jóvenes somos imparables". Con estas palabras, Thunberg hace una llamada a todos los ciudadanos para que dejen de lado sus intereses y diferencias y aúnen fuerzas para luchar contra la mayor amenaza a la que se enfrenta la humanidad.

Ya nadie duda de que el cambio climático no es solo un problema de futuro. Estamos ante todo un desafío en el presente que vemos cómo día a día cambia las condiciones de la vida en el planeta, es decir, cómo lo cambia todo. Las evidencias científicas se suceden tanto en los informes del IPCC como en otros estudios, y comprobamos con preocupación cómo los peores escenarios se van cumpliendo mucho antes de lo previsto.

No es de extrañar, por tanto, que el Secretario General de Naciones Unidas convocase una cumbre especial para pedir a los países que incrementen sus compromisos de reducción de emisiones. Visto lo que cada Estado ha enviado a Naciones Unidas, se necesitaría triplicar esta ambición para garantizar que se cumple, al menos, el Acuerdo de París, aunque la ciencia ya nos dice que esto no será suficiente. La movilización global que al calor de Fridays for Future coincidió con la cumbre de Naciones Unidas precisamente pretendía presionar a los gobiernos para que, asumiendo su responsabilidad, planteen medidas ambiciosas y urgentes capaces de hacer frente a la crisis climática. A este conjunto de medidas es a lo que llamamos transición ecológica.

Una transición supone una transformación integral y progresiva. Un camino por recorrer para transitar de un lugar –o de una forma de hacer las cosas– a otro. En definitiva, un cambio de paradigma. De ahí que no se trate solo de cambiar el modelo energético, fundamental para la lucha contra el cambio climático. Se trata también de replantear el consumo de agua, el uso del territorio, la gestión de materias primas, el modelo de producción y por supuesto, de consumo, etc. En definitiva, una nueva forma de entender nuestra relación con el planeta asumiendo que la biosfera nos impone unos límites.

La transición ecológica es hoy un imperativo para garantizar la vida en el planeta

 

 

El reto no acaba aquí. Todo esto ha de hacerse compatible con la exigencia ética de maximizar el bienestar de todas las personas, las que habitamos hoy el planeta y las que vendrán. Una transición ecológica exitosa necesita garantizar que nadie se queda atrás y eso exige políticas públicas. El coste de este cambio de paradigma no se repartirá igual entre unos sectores de la población y otros. A quienes hoy cuentan con menos recursos, son más vulnerables y disponen de menos herramientas para hacer frente a la crisis esta transición les va a salir más cara.

A nivel global, esto puede verse en el desequilibrio entre los países con mayor y menor nivel de desarrollo. Paradójicamente son estos últimos quienes, habiendo contribuido menos a la crisis ambiental por su menor grado de industrialización, están pagando más caras las consecuencias. En ocasiones por su ubicación geográfica y en otras por tener un modelo económico más dependiente de las condiciones naturales y al mismo tiempo carecer de infraestructuras y herramientas para gestionar el desafío.

Este reto lo tenemos también dentro del llamado mundo desarrollado, donde la crisis de 2008 se saldó con un fuerte incremento de las desigualdades. La brecha entre los habitantes de grandes ciudades y los del resto, así como entre la población más acomodada y la más vulnerable, puede verse agravada si no se articulan políticas públicas de transición justa que no dejen a nadie atrás. Los chalecos amarillos en Francia nos han dado un aviso, pero el malestar puede ir a más si no se gestiona con criterios de justicia y equidad.

La transición ecológica es hoy un imperativo para garantizar la vida en el planeta, no hay duda. Para que sea exitosa, es fundamental que se ponga en marcha junto a políticas contra la desigualdad. De lo contrario, no solo no será posible, sino que puede contribuir a crear sociedades más cercanas a la distopía que tratamos de evitar.

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*Cristina Monge, politóloga, asesora ejecutiva de Ecodes y profesora de sociología en la Universidad de Zaragoza

La transición energética es imparable. A finales de 2018, 169 países se habían comprometido ya a cumplir diferentes objetivos energéticos a nivel nacional o regional para pasarse a las renovables. Siguiendo su estela, cada vez son más las instituciones y empresas privadas que apuestan por las energías verdes. A continuación, repasamos 10 claves para entender la importancia de una transición que, si es socialmente justa y no deja a nadie por el camino, podría (y debería) cambiar el futuro del planeta.

1. Abrazar las renovables supondría una reducción del 70% de emisiones de CO2

Según la Agencia Internacional de Energías Renovables (IRENA), una rápida adopción de las renovables en todo el mundo podría hacer que los niveles de emisiones de dióxido de carbono cayeran hasta un 70% respecto a los niveles actuales. La agencia asegura que, dentro de treinta años, en un planeta con diez mil millones de habitantes y megaciudades hiperpobladas, “con una combinación de energía renovable competitiva en costos, eficiencia energética y sistemas digitales, las emisiones de CO2 podrían ser mucho menores que en la actualidad”. Aun así, para cumplir con el Acuerdo de París habría que adoptar las renovables a un ritmo seis veces más rápido que el actual.

2. Cada año se crean millones de puestos de trabajo relacionados con las renovables

Según IRENA, el pasado año se crearon en todo el mundo once millones de empleos directamente relacionados con las energías verdes. Además, en un estudio elaborado por la agencia se asegura que la transición energética proporcionará una mejora del 2,5% del PIB y un aumento del 0,2% en el empleo mundial en comparación con permanecer en el sistema actual.

3. Cerca de 840 millones de personas carecen aún de acceso a la electricidad

Uno de los principios básicos de la transición energética es la electrificación del planeta. Una condición que, según Naciones Unidas, debe ir de la mano de un acceso universal a las energías limpias y rentables. El Informe sobre el progreso del ODS 7 de 2019, realizado por la Agencia Internacional de la Energía (IEA), IRENA, la ONU, el Banco Mundial y la Organización Mundial de la Salud (OMS), considera imprescindible lograr que las poblaciones más empobrecidas del planeta sean capaces de mejorar el despliegue y acceso de sus fuentes de energía de manera sostenible. Parece que vamos por el buen camino, aunque aún queda mucho por hacer: en 2010, 1.200 millones de personas carecían de electricidad en sus hogares; en 2017 –último año analizado– la cifra se reduce a 840 millones. Ahora, uno de los mayores retos es el de conseguir la electrificación de las zonas rurales, especialmente en los países más empobrecidos.

4. Casi 3.000 millones de personas no tienen acceso a fuentes alternativas

Muy relacionado con el punto anterior: el acceso universal a la electricidad – procedente de fuentes renovables– evitaría que millones de personas se expusiesen a los gases nocivos que producen la madera y el carbón a la hora de quemarse en la cocina –sobre todo cuando esta se sitúa en un espacio cerrado y con poca ventilación–. Además, en el mundo hay 2.900 millones de personas que no tienen acceso a energías limpias (y seguras) para cocinar.

5. En las ciudades son los mayores focos de contaminación

Según el informe Escenario, políticas y directrices para la transición energética elaborado por la Fundación Renovables, en las ciudades, donde se concentra el 55% de la población, se consume el 75% de toda la energía producida y se generan el 80% de la contaminación mundial. Por ello, Naciones Unidas señala a las grandes ciudades como punto de partida: si las áreas metropolitanas del planeta no se suben al carro de las energías verdes difícilmente se podrá hacer frente a la crisis climática a la que nos enfrentamos.

6. Cada dólar invertido en la transición tendrá un retorno de entre 3 y 7 dólares

IRENA, en su estudio La transformación de la energía global: la hoja de ruta hacia 2050, estima que por cada dólar que se invierta en la puesta en marcha de la transición energética habrá un retorno, a medio-largo plazo, de entre 3 y 7 dólares. Esto se transformaría en un beneficio acumulado de entre 65 y 160 billones de dólares en todo el mundo.

7. En 2018 se invirtieron 272.900 millones de euros en nuevas instalaciones renovables

Sin tener en cuenta los grandes proyectos hidroeléctricos, un informe de Bloomberg NEF y del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEP) asegura que la cifra, a pesar de ser ligeramente menor que en el año anterior, es positiva. Además, explica que las inversiones en mejoras, investigación y desarrollo de energía limpias aumentó un 12% respecto a 2017, alcanzando los 7.600 millones de dólares. Se prevé que las inversiones sigan creciendo en los próximos años.

8. Suecia, Suiza, Noruega, Finlandia y Dinamarca, los países mejor preparados para la descarbonización

Al menos, así lo asegura el Informe del Foro Económico Mundial para la promoción de una transición energética efectiva. Les siguen de cerca Austria, Reino Unido, Francia, los Países Bajos e Islandia. El reto que se nos presenta por delante, como sociedad global, es conseguir que países como Haití (el último de la lista de los países más preparados para la transición), Sudáfrica, Zimbabue o Venezuela sean capaces de transitar hacia modelos energéticos mucho más sostenibles y descarbonizados.

9. La tecnología, una aliada esencial de la eficiencia energética

La tecnología es una de las palancas de cambio esenciales para frenar el cambio climático. Basta fijarse en cómo las nuevas tendencias tecnológicas, como el Internet de las Cosas o la tecnología blockchain, están transformando la forma de analizar la información y de optimizar la eficiencia energética. De hecho, según establece el Marco de Clima y Energía para 2030 de la Unión Europea, se espera conseguir una mejora de la eficiencia energética de al menos el 32,5% de cara a la próxima década. Para lograrlo se contempla una inversión de 10 mil millones de euros destinada al desarrollo de nuevas tecnologías que permitan generar o almacenar energía renovable y reducir el consumo de electricidad.

10. La movilidad eléctrica: el epicentro de las ciudades del siglo XXI

Cada vez más ciudadanos utilizan las nuevas modalidades de transporte que han aparecido en los últimos años: bicicletas, patinetes, y coches y motos compartidas han conquistado las calles de las grandes urbes. En la trasformación de las ciudades, donde se aglutina cerca del 55% de la población mundial, hay un claro protagonista: los vehículos eléctricos. Según datos del Observatorio Europeo de Combustibles Alternativos (EAFO), en lo que llevamos de 2019 se han matriculado 5.604 turismos eléctricos e híbridos enchufables. El dato refleja el auge de este tipo de vehículos, pero también que el crecimiento de este tipo de transporte demasiado lento debido a la (todavía) limitada capacidad de las baterías. Nuevas líneas de investigación aseguran que, en el futuro, los coches eléctricos no solo gozarán con suficiente autonomía, sino que permitirán generar, almacenar y compartir energía.

Con todo, los esfuerzos de los países europeos, que se han fijado el objetivo de reducir las emisiones de C02 de los coches en un 37% para 2030, están siendo titánicos. En nuestro país se calcula que para afianzar los vehículos eléctricos se deberían instalar 80.000 puntos de recarga de aquí a 2025. Una ambiciosa meta que garantizaría que los ciudadanos puedan desplazarse de una ciudad a otra de manera sostenible y sin que eso implicase renunciar a largos trayectos.