Su gestión busca compatibilizar el bienestar de los gatos comunitarios con el control de su población y la protección de la biodiversidad. Tres años después de la aprobación de la Ley de Bienestar Animal, su aplicación sigue planteando retos para ayuntamientos, voluntarios y conservacionistas.
Desde 2023, los gatos que viven en las calles españolas han dejado de ser, al menos legalmente, animales de los que nadie se hace cargo. La Ley de protección de los derechos y el bienestar de los animales atribuye a las entidades locales la gestión de los llamados gatos comunitarios y les exige desarrollar programas específicos para las colonias felinas. El objetivo es proteger a estos animales y, al mismo tiempo, reducir progresivamente sus poblaciones.
La principal herramienta para conseguirlo es el método CER, basado en la captura, esterilización y retorno de los gatos al lugar en el que viven. Los planes municipales deben incluir además un censo de los animales, programas de esterilización, atención veterinaria y un programa sanitario que contemple medidas como la vacunación, la desparasitación y la identificación mediante microchip. La norma también establece que la atención sanitaria de los gatos comunitarios que la necesiten es responsabilidad de la entidad local.
La Ley de Bienestar Animal obliga a los ayuntamientos a censar, esterilizar y atender sanitariamente a los gatos comunitarios
Sobre el papel, por tanto, la gestión ha dejado de depender exclusivamente de la buena voluntad de quienes alimentan y cuidan las colonias. En la práctica, distintas asociaciones consideran que esa transición todavía está lejos de completarse. Mónica García, portavoz de la organización Los gatos tienen ley, denunciaba recientemente en la Cadena SER que muchas de estas tareas continúan recayendo en personas voluntarias, que llegan a pagar de su bolsillo la alimentación y los tratamientos veterinarios. Según García, una petición de información remitida al 98% de los ayuntamientos españoles obtuvo respuesta de menos del 10%.
Sin embargo, controlar las colonias plantea también un segundo desafío: proteger la biodiversidad que comparte espacio con ellas. Los gatos en libertad son depredadores de aves, pequeños mamíferos, reptiles y otros animales. Una revisión científica publicada en 2023 en Nature Communications identificó 2.084 especies consumidas por gatos en libertad en todo el mundo, de las cuales 347 presentaban algún grado de preocupación para su conservación.
La protección de las colonias felinas debe convivir con medidas que reduzcan su impacto sobre aves, pequeños mamíferos y otros animales silvestres
El debate se ha reavivado en 2026 con un estudio publicado en European Journal of Wildlife Research. Sus autores sostienen que el impacto documentado de los gatos sobre la biodiversidad es significativamente mayor que el de los perros y cuestionan que ambos animales estén sujetos a restricciones tan diferentes cuando deambulan sin supervisión. Entre las posibles soluciones plantean limitar progresivamente la presencia de gatos libres en entornos especialmente sensibles y recurrir a espacios cerrados que permitan garantizar tanto su bienestar como la protección de la fauna.
La propia Ley de Bienestar Animal contempla este equilibrio: obliga a las comunidades autónomas a establecer criterios para evitar efectos significativos de las colonias sobre la biodiversidad y permite actuar cuando exista una afección negativa. La cuestión, por tanto, no pasa necesariamente por elegir entre gatos o fauna silvestre, sino por gestionar de forma efectiva unas poblaciones cuya existencia es, en buena medida, consecuencia del abandono y de la tenencia irresponsable. Censarlas, esterilizarlas y controlar dónde pueden mantenerse es también una forma de evitar que el problema siga creciendo.
