Autor: Pelayo de las Heras

Turismo rural: ¿dinamizar o erosionar la España vaciada?

El verano es una estación endulzada por las promesas que suelen encerrar las vacaciones: evadirnos del estrés, relativizar ciertos problemas y descubrir rincones hasta entonces completamente desconocidos. Este verano, los alojamientos rurales de España ya alcanzan una ocupación media del 50% y se prevé que las cifras finales superen el 52% registrado en 2019, según datos del portal EscapadaRural.

El turismo de vías verdes permite aprovechar 2.700 kilómetros de antiguas infraestructuras ferroviarias abandonadas

Es un hecho que el turismo rural satisface a sus fieles: el 96% de los turistas rurales declararon este año haber practicado esta clase de turismo con anterioridad, frente a un 98% que lo hizo el año pasado. De hecho, según datos del Observatorio de Turismo Rural, más de la mitad de los turistas (52%) reconoce haber cambiado el sol y la playa por el medio rural. Se trata de un modelo disruptivo en este sentido, ya que se busca el contacto con la naturaleza y con un entorno al que normalmente muchos no tienen acceso. Los mismos datos así lo demuestran: la abundancia de opciones al aire libre (70%) es la motivación que más crece respecto a años anteriores, junto con la posibilidad de visitar un entorno cultural (49%) y la riqueza gastronómica (45%). Asturias, Andalucía y Aragón son los destinos predilectos para satisfacer estas necesidades.

Mucho más que turismo

El turismo rural tiende a ser más que una mera actividad económica, llegando a dinamizar zonas que de otro modo podrían quedar abandonadas. A esto ayudan alternativas como el ecoturismo, una forma de viajar de manera responsable por su bajo impacto ambiental, con actividades imposibles de encontrar en los entornos urbanos o masificados: interpretación del medio natural, observación de fauna y flora, rutas culturales o fotografía de naturaleza, entre otras.

Otra de las alternativas más destacadas es la de las vías verdes (o cicloturismo), cada vez es más popular. Aprovechando los 2.700 kilómetros –de un total de 8.000– de las antiguas infraestructuras ferroviarias españolas abandonadas, esta forma de viajar permite no solo observar algunos de los paisajes nacionales más espectaculares, sino dinamizar áreas en declive.

Luces… y también sombras

No obstante, no es oro todo lo que reluce: el turismo rural también puede contribuir, paradójicamente, a la degradación de nuestros pueblos. Una mala gestión puede llevar, más allá de la posible gentrificación –y la construcción derivada de la misma, a veces no asimilable por el entorno–, a consecuencias notablemente profundas. Así, la contaminación, una insuficiente depuración de aguas residuales o gestión de residuos, el agotamiento de los recursos, la erosión del suelo por el impacto de los visitantes o el deterioro y la destrucción de la fauna y flora local pueden convertirse en algunas de estas posibles consecuencias, tal como indican desde CEUPE.

La abundancia de opciones al aire libre (70%) es la motivación que más crece en el turismo rural respecto a años pasados

Además, una gestión negativa de este tipo, según defienden desde la Asociación Española de Expertos Científicos en Turismo (AECIT), puede favorecer la erosión de los comercios tradicionales, la especulación por el uso del suelo e incluso una suerte de monocultivo económico. La comunidad que en un principio se beneficiaba, de este modo, podría acabar sumida en un laberinto con una única salida. En última instancia, las consecuencias de una actividad mal implementada puede impulsar una despoblación de la misma zona que pretendía dinamizar.

Así, el creciente turismo rural tiene el potencial de transformar los ecosistemas, economías y sociedades de la España vaciada. De la forma de gestionar e implementar tal actividad, así como del compromiso de los turistas y establecimientos, dependerá que este cambio conduzca al rural hacia un escenario más sostenible.

Incendios y la delicada recuperación de los ecosistemas

El fuego siempre aparece como uno de los protagonistas más indeseados del verano. Miles de hectáreas se calcinan cada año a causa del aumento de las temperaturas y sus consecuencias, algo agravado por el efecto del cambio climático: en la cuenca mediterránea, por ejemplo, el número de días de riesgo extremo de incendios se ha duplicado en los últimos 40 años. Un dato en el que no se incluyen aquellos de origen humano, ya sean accidentales o negligentes. Según cifras de Copernicus, el Programa de Observación de la Tierra de la Unión Europea, más de 75.000 hectáreas han sido calcinadas en la primera mitad de 2022 en nuestro país. Los incendios de Zamora, Salamanca, Cáceres o Barcelona nos están dejando importantes pérdidas, entre ellas la muerte del brigadista Daniel Muñoz, y paisajes calcinados que se extienden en el horizonte como un yermo de color negro, casi lunar. Y si ponemos la vista en el largo plazo, ¿cuáles son los efectos del fuego?

Los incendios forestales pueden crear impactos de gran complejidad sobre los ecosistemas en cuestión, ya que dependen de factores tan concretos y relacionados entre sí como el tipo de paisaje o la posterior respuesta de la vegetación. El aumento de la frecuencia de incendios, si se suma a factores como los periodos de sequía, puede generar impactos ambientales de largo recorrido, como la disminución de la productividad de los ecosistemas en cuestión, cambios negativos en las dinámicas de cultivo o, directamente, aparición de desertificación. No es de extrañar: el fuego no solo afecta a la flora y la fauna, sino también al propio suelo, el elemento que constituye la base misma de toda la vida forestal.

Más de 75.000 hectáreas han sido calcinadas en la primera mitad de 2022 en nuestro país

El suelo puede marcar la vida de una zona no solo a corto plazo, sino a lo largo de varios años. Entre sus funciones se encuentran aspectos tan esenciales como la retención del carbono, la purificación del agua, la regulación del clima o el propio suministro de alimentos, fibras y combustibles. De este modo, si un bosque se incendia, su suelo estará expuesto a la erosión del viento y el agua, sufriendo problemas como la pérdida material, la infiltración acuática o la desaparición de nutrientes. Los cimientos de la vida, así, se resquebrajan, complicando la recuperación del ecosistema.

Con la flora y fauna ocurre algo similar, y es que la recuperación, al igual que los efectos derivados de la catástrofe, puede durar años. Al fin y al cabo, un incendio puede cambiar drásticamente la composición de la cadena trófica (es decir, la alimentación interrelacionada entre seres vivos). Se trata de algo fundamental: de esta clase de dinámicas dependen también las distintas comunidades humanas. La flora, como el suelo, provee además un servicio fundamental, ya que absorbe las emisiones de gases de efecto invernadero. Así lo demuestran las cifras de los bosques europeos, que captan alrededor de 360 millones de toneladas de dióxido de carbono al año, un valor muy superior a las emisiones de un país como España, que emite algo más de 200 toneladas.

Un paso adelante, ¿dos pasos atrás?

Un incendio supone, en definitiva, un retroceso en los ecosistemas del lugar. Su magnitud, sin embargo, no depende tanto de la extensión del incendio como de su intensidad: si uno es extenso pero ligero, el efecto del fuego es suave, lo que provoca, por ejemplo, que los árboles no terminen de quemarse del todo (y que, por tanto, puedan rebrotar más fácilmente).

El número de días de riesgo extremo de incendios se ha duplicado en los últimos 40 años

El principal problema es que el cambio climático está aumentando la severidad de los incendios, lo que puede llevar a eliminar totalmente la vegetación y esterilizar completamente las zonas afectadas. Esto supone que una recuperación pueda llevar como mínimo decenas de años (e incluso siglos en algunos casos). Ni siquiera a través de una intensa reforestación y recolonización animal se puede acelerar el proceso, que conlleva en muchos casos la aparición de especies –tanto vegetales como animales– invasoras que pueden alterar los ciclos naturales de los bosques.

Los créditos de carbono, solución parcial al cambio climático

Los bonos de carbono nacieron a partir de la firma del Protocolo de Kioto en 1997 como una herramienta para estabilizar las emisiones de gases de efecto invernadero. Con cada bono adquirido, una compañía obtiene el derecho a emitir una tonelada de dióxido de carbono dentro de los niveles máximos permitidos por cada país. Como es lógico, esta actividad encarece el propio acto de contaminar: cuanto más se emita, más se gasta, lo que desincentiva un tipo de producción económica que antes se defendía por su precio competitivo.

A pesar de sus aparentes ventajas, este instrumento financiero ha sido puesto no pocas veces bajo el escrutinio más duro. Según sostienen muchos expertos, las cotizaciones de los bonos en los mercados internacionales tuvieron su mejor época desde su nacimiento hasta el año 2008. Después, con la llegada de la crisis, la financiación de esta clase de bonos disminuyó a marchas forzadas: las prioridades de gasto terminaron enfocándose hacia las políticas de rescate de algunas economías en crisis de la Unión Europea y, en general, a la reactivación económica. Los incentivos ambientales, de pronto, se redujeron con severidad. Tanto es así que desde 2008 los precios de los bonos bajaron un 82%: Europa, el mayor comprador de bonos entonces, tuvo que dejar de adquirirlos con la asiduidad habitual. Solo hoy, más de una década después, se recuperan con moderación. La circunstancia, sin embargo, agravó no solo la credibilidad del mecanismo sino su valía en cuanto instrumento principal de lucha climática: ¿es posible confiar a ciegas en unas herramientas inestables para solucionar uno de los retos más acuciantes de nuestro tiempo?

Con cada bono adquirido las compañías obtienen el derecho a emitir una tonelada de dióxido de carbono dentro de los niveles máximos permitidos por cada país

En el caso de países como España, no obstante, los llamados bonos de carbono también conllevan una promesa a la que no pueden acceder otros países, y es que, con la apuesta por las energías renovables y la acumulación de esta clase de recursos sostenibles, la profunda mejora de las condiciones sí es posible. A mayor posibilidad de ahorro energético fósil–algo que es posible observar con facilidad en el amplio número de horas de luz disponibles en nuestro país–, mayor posibilidad de tomar ventaja económica mediante la venta de bonos de carbono; incluso aunque estos, como ya ocurrió durante la Gran Recesión, tengan su precio en los términos más bajos.

Los bonos de carbono, por tanto, ofrecen una solución eficaz, pero solo parcialmente. Su ventaja es evidente: en un momento en el que, a pesar de la apuesta por la sostenibilidad, algunos países no logran realizar aún ciertas actividades esenciales sin continuar quemando combustibles fósiles, esta suerte de compensación económica hacia el planeta permite proseguir la inversión en el desarrollo y la aplicación de políticas verdes progresivas.

La oportunidad se presenta hoy tanto en términos estatales como corporativos, ya que según la Encuesta Global Shapers del Foro Económico Mundial, el cambio climático es la mayor preocupación para las personas menores de 30 años en todo el planeta. Esto armoniza a su vez con los datos ofrecidos por la encuesta Global Consumer Pulse Survey de Accenture, en la que un 63% de los consumidores globales afirma adquirir bienes y servicios de compañías que reflejan sus valores y creencias personales. ¿Cómo no apostar, por tanto, por la energía limpia del futuro?

El (mejorable) estado de las masas de agua en España

Según la mitología griega, cuando el joven Narciso vio la belleza de su rostro reflejado en el agua cristalina, no fue capaz de separarse: sin poder evitarlo, cayó pesadamente dentro del estanque. El agua se convirtió en un peligro para él. Paradójicamente, hoy el agua también representa un peligro para nosotros:  según las evaluaciones realizadas por las distintas confederaciones hidrográficas, el 40% de las masas de agua –ríos, lagunas, humedales y acuíferos– de las que vive España se encuentran actualmente en un estado deficiente.

Las razones son diversas, pero todas tienen un punto en común: un uso inadecuado de los recursos. De este modo, el empobrecimiento hídrico surge a partir del desequilibrio entre el uso y la disponibilidad del volumen de agua, los vertidos agroganaderos, la reducida calidad química del agua o la degradación general de los ecosistemas por los que discurre la masa de agua. Las cifras oscilan en función de las distintas zonas territoriales. Así, mientras que la zona del río Segura –que discurre por Castilla-La Mancha, la Comunidad Valenciana y Murcia– ve afectadas un 60% de sus masas hídricas, la zona del Cantábrico oriental y occidental ronda el 20%.

La evidente gravedad del problema y los fuertes contrastes territoriales parecen preocupar al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), que ya ha anunciado medidas para reforzar la protección de unos recursos naturales de los que depende el total de la población española. Estas se centran, sobre todo, en uno de los principales agentes contaminantes del agua nacional: los nitratos, que afectan al 22% de las aguas superficiales y al 23% de las aguas subterráneas.

España cumplirá este año 36 meses de multa por su incorrecta depuración de las aguas

La reciente normativa impulsada desde el Ministerio supone un aumento del 50% de la superficie hídrica protegida y habilita el establecimiento de nuevas líneas de acción, como ocurre con la contaminación del exceso de nutrientes, que deberá ser reducida en un 50%. A su vez, alcanzar esta meta supondría una reducción de un 20% en el uso de fertilizantes, lo que demuestra la interrelación de las causas que provocan el cambio climático.

La metodología ya se ha perfilado, planeando incrementar significativamente la densidad de estaciones de control hídrico y el número –y la frecuencia– de los muestreos realizados en las aguas con el objetivo de analizar su contenido en nitrógeno y otros contaminantes.

El Ministerio ha establecido asimismo medidas adicionales y acciones reforzadas para revertir la contaminación existente. Una fuerte implantación territorial es esencial para su efectividad, ya que las masas de agua no reconocen las fronteras administrativas: un río puede cruzar varias en su decidido paso hasta el mar. Es por ello, que se pide a las comunidades autónomas que «actualicen sus zonas vulnerables y refuercen los programas de seguimiento de las aguas para determinar la evolución de la contaminación». Estas acciones dependen de las distintas cuencas hidrográficas españolas, que en nuestro país constituyen un grupo dividido en 48 partes que responden a los principales ríos nacionales, como el Duero, el Ebro, el Tajo o el Guadiana.

La contaminación por nitratos afecta al 22% de las aguas superficiales y al 23% de las aguas subterráneas

Una de las medidas que sí deberán tomar las comunidades autónomas será la elaboración –y vigilancia– de programas de buenas prácticas agrarias; es decir, programas de obligado cumplimiento que establecerán los periodos en que no es conveniente el uso de fertilizantes o las condiciones de su uso en tierras cercanas al agua, entre otros aspectos. Más allá de su componente punitivo, atado por fuerza al presente más inmediato, estos programas buscarán una mirada hacia el futuro: a través de la formación e información a los agricultores responsables de trabajar –y cuidar– nuestras tierras.

Estas nuevas vías de acción se esperan ver complementadas por la elaboración de nuevos planes hidrológicos que ayuden a la reducción de los nitratos presentes actualmente en las masas de agua (y, por tanto, a su propia recuperación). Muchos, sin embargo, sostienen que los planes adolecen de cimientos sólidos. Es lo que ocurre con los caudales ecológicos –es decir, el caudal destinado a la protección del hábitat en cuestión– de los ríos españoles, que en algunos casos cuentan con una escasa proporción del 10%; con la expansión indiscriminada de prácticas de regadío; y con la escasez de mejoras en las reservas naturales fluviales. El año en que nos hallamos es profundamente simbólico: es el último en el que España pagará las multas impuestas por el Tribunal Europeo de Justicia a causa de la incorrecta depuración de aguas. Mientras tanto, la hoja de ruta comienza a dibujarse.

Las Zonas de Bajas Emisiones llegan para quedarse

Las ciudades afrontan el futuro bajo las promesas de transformaciones esenciales. El propio esqueleto urbano podría llegar a cambiar por completo. Según la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, a partir del año 2023 las ciudades de más de 50.000 habitantes, los territorios insulares y los municipios de más de 20.000 habitantes que superen los límites de contaminación, «deberán adoptar planes de movilidad urbana sostenible para introducir medidas de mitigación y reducir las emisiones de la movilidad». Entre las medidas de mitigación se incluyen, entre otras cosas, el establecimiento de Zonas de Bajas Emisiones (ZBE).

Estas áreas, que se tendrán de adaptar a la particularidad de cada entorno urbano, deberán establecer medidas destinadas no solo a cumplir con un descenso del ruido y la contaminación, sino también con un aumento de la eficiencia en la movilidad urbana general. Las razones son evidentes: la contaminación atmosférica es la responsable directa de más de 500.000 muertes prematuras al año en Europa. El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico se muestra especialmente convencido de sus ventajas ambientales, ya que la creación de esta clase de áreas llevaría a dotar de una «monetización de los recursos naturales preservados y de una mitigación de efectos del cambio climático».

A partir del año 2023, las ciudades de más de 50.000 habitantes, los territorios insulares y los municipios de más de 20.000 habitantes que superen los límites de contaminación deberán implantar Zonas de Bajas Emisiones

Estas áreas, en su mayoría situadas en el centro de las ciudades, restringen el acceso a los vehículos con el objetivo de mejorar la calidad del aire. Para su implementación se tiene siempre en cuenta el sistema de clasificación por etiquetas creado por la Dirección General de Tráfico, que otorga una mayor facilidad a la hora de establecer la movilidad de unos y otros vehículos: aquellos más contaminantes –por ejemplo, los coches de gasolina matriculados antes del año 2000– ven casi siempre prohibido el paso a la zona en cuestión. Los ejemplos de Zonas de Bajas Emisiones son numerosos, extendiéndose en la actualidad a lo largo y ancho del continente europeo, como demuestra Urban Access Regulation. Ciudades como Berlín, París, Bruselas, Ámsterdam, Viena o Atenas cuentan con una de estas zonas restringidas, pero ¿qué ocurre mientras tanto en España?

Lo cierto es que actualmente los ejemplos aún son escasos. Uno de los más relevantes es el de Barcelona. Implantado por su ayuntamiento en 2020. El área en cuestión alcanza los 95 kilómetros cuadrados, englobando todo el término municipal de la ciudad y los municipios de Sant Adrià de Besòs y L'Hospitalet de Llobregat. No obstante, solo restringe la circulación a los vehículos sin etiqueta entre las 7.00 y las 20.00 horas los días laborables. Aunque el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha anulado recientemente la implantación de la zona por «deficiencias en su elaboración y un excesivo ámbito de aplicación», lo cierto es que sigue funcionando -la orden no es inmediata y se espera, además, que el consistorio recurra la sentencia-.

Otro caso destacado en España lo constituye la ZBE diseñada por el Ayuntamiento de Madrid, también conocida como Madrid 360. El área en cuestión mantendrá las mismas limitaciones que el primer proyecto de esta clase, Madrid Central, si bien permitirá la entrada en vehículos propios a los 15.000 comerciantes del centro. Tal como señala el gobierno municipal, la zona fue creada «para proteger la salud humana y el medio ambiente urbano mediante la mejora de la calidad del aire y la disminución de los efectos negativos del tráfico motorizado». Además, se prevén nuevas restricciones en el futuro: los 604 kilómetros cuadrados que componen el territorio municipal serán declarados como ZBE en 2024, según el consistorio.

La contaminación atmosférica es la responsable directa de más de 500.000 muertes prematuras al año en Europa

Los beneficios asociados a estas medidas se prevén abundantes: mejoras de la calidad de vida, electrificación del parque móvil, transformación de la movilidad urbana. Los datos así lo demuestran: la media de emisiones de la ZBE barcelonesa ya se encuentra por debajo del límite de la Unión Europea, lo que se observa especialmente en el caso tanto del gas NO2 –especialmente nocivo para la salud humana– como de las micropartículas contaminantes. La presencia de dióxido de carbono ha descendido en un 11% en las zonas restringidas de la urbe catalana.

Todo ello mientras el paisaje urbano cambia una vez más a causa de las necesidades humanas. En la aplicación y monitorización de las Zonas de Bajas Emisiones jugará un papel fundamental la tecnología, tal como ha demostrado la ciudad de Barcelona, ya que permitirá leer en tiempo real las matrículas y cuantificar con agilidad los distintos gases emitidos por los vehículos, como el CO2 y el NO2. Esto ayudará también a gestionar el tráfico. Al fin y al cabo, las restricciones no solo se aplican a los turismos, sino también a aquellos vehículos comerciales de los que depende gran parte de la cadena logística. A la espera de la llegada de los fondos europeos, que muchas ciudades esperan como un impulso esencial, urbes como Bilbao, Valencia y Sevilla ultiman ya sus necesarios planes para equilibrar movilidad, salud y medio ambiente.

Los menores, principales víctimas del aire contaminado en las ciudades

Las imágenes legadas por la contaminación son fácilmente reconocibles. Pocos desconocen que las vistas de la ciudad de Madrid se asemejan, desde las afueras, a las texturas de un viejo cuadro: dibujada a través de sus tejados, la ciudad queda envuelta en una niebla que tan solo permite intuir el final del horizonte de hormigón. Es la llamada «boina tóxica»: surge cuando la atmósfera impide que la contaminación causada por la quema de combustibles fósiles se disipe. A pesar de que su documentación se cuenta por años, aún hoy es el máximo exponente de la polución urbana a gran escala.

La mala calidad del aire afecta directamente a nuestra salud. Según un estudio de El País en colaboración con Lobelia Air, más de 190.000 niños y niñas menores de 12 años acuden por la mañana a un colegio de Madrid o Barcelona con excesivos niveles de contaminación. El alumnado del 46% de los centros de educación infantil y primaria sufren actualmente una media anual de dióxido de nitrógeno (NO₂) que supera los 40 microgramos por metro cúbico, es decir, los niveles recomendados por las instituciones internacionales. 

El alumnado del 46% de los centros de educación infantil y primaria sufren una media anual de dióxido de nitrógeno que supera los niveles recomendados

El año pasado, Madrid fue la única urbe española que incumplió los niveles marcados por la Unión Europea. La importancia de reducir su impacto es evidente: este gas tóxico, asociado principalmente al tráfico de los vehículos, es el responsable de miles de muertes prematuras a lo largo de todo el continente, según la Organización Mundial de la Salud (OMS). 

En este contexto, nuestros hijos son las principales víctimas. Tal como señala la OMS, el 93% de los niños y niñas menores de 15 años alrededor mundo (1.800 millones aproximadamente) respiran diariamente aire tan contaminado que pone en grave riesgo su salud y desarrollo. La organización estima que en 2016 un total de 600.000 menores murieron a causa de infecciones agudas de las vías respiratorias inferiores causadas por el aire contaminado.

Una de las razones por las que la infancia sufre más los efectos de esta contaminación es, en realidad, sorprendentemente sencilla: viven más cerca del suelo, donde algunos contaminantes alcanzan concentraciones máximas, y se da, además, en un momento en que su cuerpo y su cerebro aún se están desarrollando. A ello se suma que al respirar más rápido con unas vías respiratorias más estrechas que las de los adultos, los niños y niñas absorben más contaminantes. 

Según ha explicado María Neira, directora del departamento de Salud Pública, Medio Ambiente y Determinantes Sociales de la Salud de la OMS, «la contaminación del aire impide que el niño se desarrolle normalmente y tiene más efectos en su salud que los que sospechábamos». Efectos que incluyen el estado previo a la vida: el 1,35% de los partos prematuros que se produjeron en España entre 2001 y 2009 se atribuyen a la contaminación del aire.

Un problema europeo

Aunque tanto Madrid como Barcelona aún tienen por delante un largo camino que recorrer, lo cierto es que el problema no es exclusivo de ambas. A lo largo del continente europeo, los niveles de dióxido de nitrógeno se mantienen relativamente similares entre las distintas ciudades. De este modo, mientras el área metropolitana madrileña marca una media anual de 39,2 miligramos, la de París se sitúa por encima, rondando los límites recomendados por la OMS. Hasta dos ciudades más superan a la capital española. En el caso de Turín, el núcleo italiano supera los 40,8 miligramos, rebasando la cifra recomendada. Aunque parezca pequeña, una mínima reducción de estas emisiones podría salvar centenares de vidas, ya que los gases como el NO₂ también se pueden colar en las viviendas a través de las ventanas. 

Más de 190.000 niños y niñas menores de 12 años acuden por la mañana a un colegio de Madrid o Barcelona con excesivos niveles de contaminación

Las medidas para lograr una menor contaminación son relativamente sencillas. Así lo demostró el periodo del confinamiento: la reducción drástica del tráfico durante los primeros meses de la pandemia logró a su vez reducir la cantidad de dióxido de nitrógeno en más de un 70% en algunas ciudades, como ocurrió con Palma de Mallorca. Madrid y Barcelona también forman parte de esta ecuación: ambas redujeron la presencia de este gas tóxico durante el confinamiento en un 52% y un 58% respectivamente. 

Parte de la solución, por tanto, pasa por una restricción del tráfico. Según el estudio realizado en 2021 por la Universidad Complutense de Madrid, algunas de las medidas tomadas para restringir el tráfico en el centro de la ciudad ya podrían causar una fuerte mejora en la calidad del aire, llegando a alcanzar incluso una disminución de 10 microgramos por metro cúbico. De hecho, estas restricciones no redistribuyeron el tráfico hacia otras partes de la ciudad, sino que condujeron al aumento en el uso de otro tipo de transportes más sostenibles, como el autobús o las bicicletas. Esto refuerza, a su vez, una de las medidas más reivindicadas por parte de los expertos: la necesidad de reforzar y ampliar el sistema de transporte público, capaz de transportar grandes masas de gente con menos emisiones.

¿Por qué crece el hielo marino en la Antártida?

El hielo marino que flota en el mar de la Antártida, también conocido como banquisa austral, es lo que convierte la región en un paisaje de ensueño que, como un manto blanco, se expande fragmentado en forma de láminas a través del mar. No obstante, su naturaleza no es solo extraordinaria. Aún hoy nos sigue resultando enigmática esta gran capa picoteada: los flujos de la masa helada están sujetos actualmente a altibajos que desconciertan a la comunidad científica. Una pregunta lidera la mayoría de las investigaciones, especialmente teniendo en cuenta que el océano de esta región se calienta más que la temperatura oceánica global: ¿por qué en la Antártida el hielo marino aumenta mientras desciende a nivel global?

Tras la reciente investigación liderada por Ryan Fogt se descubrió que el hielo parecía aumentar continuamente desde 1979

Las mediciones por satélite de la zona, que comenzaron en 1979, recogieron desde el primer momento lo que hoy podría parecer un resultado inevitable del cambio climático: el hielo marino había disminuido durante la primera mitad del siglo XX. Estas métricas confirmaron lo que los puestos terrestres de observación antárticos –hasta esa fecha, la única forma de medición– habían sugerido durante las décadas previas. No obstante, los datos también arrojaron conclusiones confusas: el hielo antártico parecía aumentar a partir de ese mismo año, al contrario de lo que había ocurrido en la mitad anterior del siglo (y al contrario también que en el resto del mundo).

Pero tras la reciente investigación liderada por Ryan Fogt, profesor de geografía en la Universidad de Ohio, –la primera en detallar la extensión total del hielo marino– la sorpresa fue aún mayor: si bien el hielo parecía aumentar continuamente desde 1979, este descendió bruscamente –y sin razón aparente– durante los años 2016 y 2017, recuperándose de nuevo tan solo a mediados del año 2020, en plena pandemia. A día de hoy los motivos de estas repentinas fluctuaciones continúan sin respuesta. Según explicó el investigador norteamericano a través de un comunicado, «las nuevas reconstrucciones de la extensión del hielo marino antártico continúan mostrando que ocurren cambios en nuestro sistema climático que no habíamos observado previamente en un contexto de casi 150 años. Las causas de estos cambios, como la disminución en el siglo XX, el aumento después de 1979, y el rápido declive en 2016, aún no se han podido determinar con precisión». Una conclusión se hace ahora evidente: nuestra observación sobre el Antártico continúa siendo defectuosa.

Una contradicción helada

Mientras las temperaturas aumentan de forma acelerada en la zona, la banquisa austral crece a un ritmo medio de 10.000 kilómetros cuadrados anuales. Desde 2013, más de 20 millones kilómetros cuadrados de extensión se acumulan en esta zona helada flotante. Según el estudio liderado por el Barcelona Supercomputing Center, este fenómeno aparentemente contradictorio no tiene que ver con el descenso de los niveles de ozono estratosférico o la presencia de mayor agua dulce en la región. En realidad, la respuesta descansa sorprendentemente en los efectos de las ráfagas aéreas: cuando los vientos fríos llegan a las zonas exteriores de la masa terrestre y empujan el hielo costero hacia el exterior terminan por crear áreas de aguas abiertas que ayudan a la formación de más hielo. Una suerte de círculo vicioso agravado por un factor esencial: aún no se sabe por qué está cambiando el régimen de vientos antárticos. Según destacaba hace poco uno de los principales climatólogos implicados en el proyecto, «aún desconocemos si el aumento del hielo oceánico del Antártico que estamos registrando es algo excepcional motivado por el calentamiento global o si, en cambio, forma parte de un ciclo más largo de carácter natural».

La banquisa austral crece a un ritmo medio de 10.000 kilómetros cuadrados anuales

La situación, de hecho, contrasta severamente con la coyuntura hallada en las antípodas, pues en el Ártico la disminución parece evidente: hay prácticamente un 30% menos de hielo que hace tres décadas. Sin embargo, dado que flota en el océano, el derretimiento y recongelamiento de estas masas flotantes de hielo no afecta al aumento del nivel del mar como sí lo hacen otros fenómenos, tal como ocurre con el calentamiento de Groenlandia.

Kokota, la isla que regresó a la vida

A lo largo de la costa de Tanzania, una serie de islas se disponen paralelas al continente africano. Como si fueran los coloridos eslabones de una cadena, el archipiélago de Zanzíbar sitúa sus islotes uno debajo de otro, protegiendo a modo de barrera el segundo punto más oriental del país. Este archipiélago, que cuenta con aproximadamente un millón de habitantes, es hoy un ejemplo inesperado en la lucha climática. Y lo es gracias a una de sus islas más pequeñas: Kokota, con un kilómetro cuadrado de extensión y 500 habitantes.

Replantar (y revivir)

Esta minúscula isla africana siempre había visto subsanada su frágil existencia por su dependencia de los recursos naturales, entre los que se incluían los árboles. Poco a poco, sin embargo, la vida en la isla cambió: la llegada del siglo XXI a Kokota conllevó la deforestación de su territorio y, con este, el agotamiento de sus núcleos de pesca y la sequía de los ríos más importantes de la zona. De pronto, su medio millar de habitantes se vio privado de alimentos y de agua, los dos componentes básicos para el establecimiento –y mantenimiento– de la vida humana. No solo eso: el cambio climático comenzó a azotar las costas de la isla mediante el aumento del nivel del mar, lluvias erráticas y un blanqueamiento –a causa del estrés– de los arrecifes de coral.

En Kokota un 80% de los isleños que hoy se dedican a tareas relativas a la sostenibilidad ha visto crecer sus ingresos

Kokota, que pertenece y depende de la isla de Pemba, ejemplifica cómo luchar contra una amenaza tan global como la crisis climática. Desde 2008, la isla ha realizado potentes esfuerzos de reforestación, y ha construido sistemas de recolección y aprovechamiento del agua de lluvia. Estas acciones han mejorado especialmente la calidad de vida de los habitantes: el agua, por ejemplo, no solo sirve para beber y cocinar, sino también para plantar unos árboles que, a su vez, dan frutos; estos, posteriormente, se comen o bien se utilizan sus semillas con fines comerciales. Así, la rueda que mueve la economía y la sociedad vuelve a girar de nuevo.

Aunque aún queda trabajo por hacer –como la reconstrucción de los manglares costeros–, hoy es posible afirmar sin titubeos que tanto Pemba como Kokota se han beneficiado de esta reforestación masiva. La iniciativa les ha permitido recuperar lo perdido e incorporar nuevos cultivos y plantas. Tal y como indican las estimaciones, un 80% de los isleños que hoy se dedican a tareas relativas a la sostenibilidad ha visto crecer sus ingresos. Según la organización Community Forest International, el de este archipiélago es hoy un ejemplo global para las comunidades más empobrecidas (y, por tanto, con un mayor riesgo). Al fin y al cabo, «las islas son un microcosmos que representan la totalidad del planeta».

Espejos donde mirarse

No es el único ejemplo de cómo adaptarse al cambio climático. De hecho, más allá de los sistemas de reconstrucción y reforestación, miles de lugares alrededor de todo el planeta comienzan a prepararse para resistir a los efectos más perniciosos del cambio climático con anterioridad a su impacto. Esta prevención ayuda no solo a evitar la dureza del golpe, sino que también facilita la posterior reconstrucción en caso de ser necesaria.

El parque eólico de Nueva Caledonia permite evitar la quema de más de 2.000 toneladas de petróleo cada año

El caso de Reunión es evidente. La región ha creado arrecifes artificiales y pasillos ecológicos para preservar los ecosistemas marinos y terrestres. Más allá de proteger la biodiversidad, esta medida ayudará a sostener la economía local y mantener agua apta para su uso.

En la República de Vanuatu, situada en una isla del Pacífico Sur, los vientos de 320 kilómetros por hora originados por el ciclón Pam en 2015 destruyeron numerosas infraestructuras, causando restricciones de agua y cortes en las telecomunicaciones; y su magnitud y virulencia, llegó a desplazar a más de 3.000 personas. La isla ha ganado resiliencia gracias a la instalación de turbinas eólicas retráctiles que en caso de fuertes vientos se anclan al suelo. Una vez pasado el temporal, se despliegan de nuevo, reanudando la producción de electricidad.

Este caso ha sentado un precedente en Nueva Caledonia, también en el Pacífico Sur. Allí, han instalado un parque eólico a prueba de ciclones que funciona a través de torres abatibles. Este sistema minimiza los devastadores efectos de los ciclones y evita la quema de más de 2.000 toneladas de petróleo cada año necesarias para la generación de energía.

Ejemplos que demuestran que, mediante la tecnología o no, aún es posible combatir el cambio climático.

La educación ambiental, clave para la ciudadanía del futuro

Entre los retos que surgen en las aulas de nuestras escuelas hay uno cada vez más evidente: mientras educamos a nuestros hijos e hijas para su futuro, el horizonte del planeta se desdibuja. ¿Cómo habitar –y educar– en un mundo obligado a cambiar? Necesitamos transformar nuestros hábitos si queremos evitar el colapso del planeta: atrás empieza a quedar la contaminación urbana, la movilidad no-sostenible y el aislamiento absoluto de lo rural tras las moles de hormigón de la ciudad. La educación ambiental es la pieza clave en este sentido, a través de la cual se intentan implantar las nuevas perspectivas verdes; estableciendo los cambios necesarios para un futuro descarbonizado. La educación, al fin y al cabo, funciona igual que un pequeño árbol: se trata de plantar –y estimular– la semilla adecuada hasta que esta dé lugar a nuevos frutos.

Según explica el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, la educación ambiental debe «ser completa y transversal, involucrando a todos los agentes de la sociedad, desde los más jóvenes a los adultos». Los temas que aporta al debate social son evidentes: la transición energética, la calidad del aire, la salud –y el rol– del océano y la biodiversidad.

A partir de ahora, la educación ambiental será transversal a todos los contenidos curriculares

La educación ambiental, no obstante, va más allá de la mera teoría dada en el aula. Es una herramienta diseñada para comprender los retos y los obstáculos que depara el futuro mediante un pensamiento ecológico firme y rotundo. Por ello, esta requiere de un contacto estrecho con la naturaleza y las nuevas formas de enfrentar el día a día: realizar actividades en relación con el medio ambiente, separar los residuos en clase o visitar granjas o viveros para conocer las formas de vida que nos rodean.

Un ejemplo evidente es el del consumo –y gestión– del agua. Casi el 98% del agua que hay actualmente en el planeta es agua salada. ¿Cómo solucionar, entonces, un problema que parece acecharnos cada vez desde más cerca? A través de los conceptos de sostenibilidad, reutilización o consumo responsable es posible enseñar cómo se debe cuidar –y cómo deben cuidar los demás agentes de la sociedad– un recurso tan preciado.

Una ciudadanía comprometida

Para el próximo lustro, tanto el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico como el Ministerio de Educación pretenden seguir las pautas establecidas por el Plan de Acción de Educación Ambiental para la Sostenibilidad (PAEAS). Este documento establece los objetivos y las líneas de acción en materia de educación ambiental: la emergencia climática, la economía circular, los conflictos ambientales o los aspectos relacionados con la energía dejarán de ser tratados como contenidos adicionales; ahora, los contenidos curriculares serán presididos por la transversalidad inherente a la educación ambiental.

A través de los conceptos de sostenibilidad, reutilización o consumo responsable es posible enseñar cómo debemos cuidar un recurso tan preciado como el agua

El PAEAS, además, prevé la creación de redes interescolares, de tal modo que los centros de distintos municipios y regiones puedan desarrollar el contenido curricular de forma cooperativa: los espacios de trabajo y los foros de encuentro solo pueden ser verdes si son comunes. En este sentido, y para garantizar una acción adecuada y armónica a través de los distintos organismos e instituciones, se han desarrollado las Buenas Prácticas de Educación para el Desarrollo Sostenible: una vía a través de la cual conocer la mejor forma con la que difundir las acciones y proyectos vinculados con la educación ambiental. En la medida de lo posible, por tanto, la educación ambiental debe ser similar, evitando grandes diferencias y divisiones entre un centro escolar y otro.

Para implementar un plan de tal calibre también se prevé la formación del profesorado, eslabón clave en la transmisión del conocimiento, más allá del hogar. Es en la escuela donde se empieza a descubrir el planeta y donde se aprende la relevancia del reciclaje y la gestión de unos recursos que son finitos, entre otros hábitos. Al fin y al cabo, solo cuando comencemos a cambiar nuestros gestos diarios seremos capaces de proteger el planeta.

El arte rupestre, en peligro por el cambio climático

Arcos, flechas, bisontes, monigotes huesudos y figuras voluptuosas se mezclan entre los salientes rocosos: las paredes de múltiples cuevas europeas se hallan decoradas a través de estas formas con las primeras raíces de la conciencia humana. El arte rupestre, con la sencillez que lo caracteriza, muestra nuestros primeros pasos a través de los albores de la misma historia. ¿Existe, de hecho, otra forma de comprender la peculiar perspectiva que tenían del mundo los homínidos prehistóricos? Entre esas figuras, en ocasiones casi abstractas, es posible descubrir los ocultos engranajes de aquellos pequeños grupos de humanos: quiénes cazaban, cómo se alimentaban, a qué tenían miedo, en qué creían. Es decir, la forma en que percibían el mundo nuestros más lejanos antepasados.

Factores de origen climático y humano se hallan detrás de un declive material del arte rupestre

Este imprescindible legado está hoy en peligro. Al menos eso es lo que señalan determinados estudios, como el informe publicado por una agrupación de investigadores en Scientific Reports, que afirman que el cambio climático podría estar deteriorando rápidamente pinturas con miles de años de antigüedad (y, por tanto, únicas e irrepetibles para la comprensión de este periodo). En cuestión de pocos años podríamos llegar a perder todo aquello que ha resistido a los distintos avatares de la historia. El caso de Arnhem Land, en Australia, evidencia con nitidez el riesgo al que nos enfrentamos. Tras la llegada del ciclón Mónica, la destrucción se abrió paso hasta una de las cuevas del lugar: algunos restos de los destrozados árboles volaron hasta el interior de la cavidad mientras los incendios asediaron –y degradaron– la zona.

Según señaló en un simposio organizado por la Universidad de Flinders el arqueólogo Daryl Wesley, los factores de origen climático y humano se hallan detrás de la destrucción material del arte rupestre que rastrea al menos hasta la mitad de la década de 1960. Y no solo a causa de los efectos más explosivos del calentamiento global. Tal como explicó en el mismo encuentro la arqueóloga Jillian Huntley, se ha descubierto recientemente que ciertos cristales salinos están ayudando a colapsar las rocas sobre las que descansan algunas de las pinturas más antiguas del mundo. La razón es sencilla: al existir un cambio constante y profundo en el clima, estos cristales se expanden y se contraen, dando lugar al señalado colapso. Para ella, el informe elaborado por el IPCC –que demuestra la causa humana del cambio climático y algunos de sus efectos irreversibles– es incluso conservador. «Se necesita alcanzar cero emisiones netas no en 2050, sino lo antes posible», defendió durante su intervención. En ello coincidía también Ania Kotarba, otra de las académicas presentes, quien señalaba que «la gravedad y la velocidad de los cambios actuales son nuevas y urgentes».

Según algunos arqueólogos, se ha producido «una rápida pérdida de escamas en estos antiguos paneles artísticos en menos de cinco meses»

Uno de los ejemplos más dolorosos se encuentra también en Indonesia, concretamente en los refugios rocosos de Maros-Pangkep, donde se hallan más de 300 cuevas con arte rupestre. A pesar de contar con una antigüedad datada entre los 20.000 y los 45.000 años, las rocas están comenzando ahora a erosionarse a causa de determinadas sales –como el sulfato de calcio– capaces de causar desprendimientos en las escamas rocosas. La razón, de nuevo, responde a los repetidos cambios de temperatura y humedad, fenómenos vinculados estrechamente al impacto causado por el cambio climático. Algo agravado, además, en las regiones tropicales, castigadas siempre con mayor intensidad por los efectos causados por el calentamiento global.

Estos impactos, más allá de su gravedad, sorprenden también por su rapidez. Según algunos de los arqueólogos desplegados en la región indonesia, se ha producido « en menos de cinco meses una rápida pérdida de escamas del tamaño de una mano en estos antiguos paneles artísticos ». Esto se ve agravado aún más por las perspectivas que depara el futuro: hasta el momento, los avances para alcanzar las metas del Acuerdo de París siguen siendo insuficientes. Todas las señales de alarma nos empujan hacia una urgencia que, sin embargo, aún podemos atajar. Al fin y al cabo, ¿puede una sociedad que destruye su pasado alcanzar cualquier tipo de futuro?