Autor: Pelayo de las Heras

La economía naranja, también conocida como economía creativa, es la prueba que demuestra que las ideas pueden valer su peso en oro (y no en sentido figurado). Esto es parte de lo que pretende poner en valor la Organización de las Naciones Unidas con la celebración del Año Internacional de la Economía Creativa para el Desarrollo Sostenible en 2021. Una economía que aglutina los bienes y servicios culturales en base a tres sectores distintos: las artes y el patrimonio, las industrias culturales y las nuevas tecnologías; y que cuenta con una cadena de producción tan grande como compleja, aunque no lo parezca, ya que en ella participan creadores de contenidos, productores, colaboradores y distribuidores (además de, por supuesto el consumidor final), otorgando así empleo y oportunidades a numerosos actores sociales.

La economía naranja como motor económico

Gran parte de su atractivo actual reside en la íntima e indirecta relación que guarda con la innovación y el emprendimiento, factores que se relacionan a su vez con proyectos de corte social y medioambiental. La economía naranja es actualmente la principal vía de difusión del conocimiento masivo en nuestras sociedades, lo que otorga la oportunidad de mostrar las enormes ventajas de la sostenibilidad y el cuidado del medio ambiente. Su importancia se refleja también en los propios números económicos, cuya magnitud es imposible ignorar: ya en 2011 el comercio mundial de bienes y servicios creativos alcanzó la cifra récord de 624 mil millones de euros, un aumento que duplica el alcanzado en el periodo comprendido entre 2002 y 2011. De hecho, estas cifras no han dejado de crecer hasta la llegada de la pandemia. Según el informe Recostruyendo Europa: la economía cultural y creativa antes y después de la COVID-19, de la Agrupación Europea de Sociedades de Autores y Compositores, elaborado por EY, en 2019, las industrias creativas y culturales representaban el 4,4% del PIB de la Unión Europea, en términos de volumen de negocios, con unos ingresos anuales de 643.000 millones de euros y un valor añadido total de 253.000 millones de euros. Además, según el mismo informe, estas industrias son un importante generador de empleo, especialmente entre la población más joven, con más de 7,6 millones de personas trabajando en el sector, más de ocho veces las de la industria de las telecomunicaciones.

En algunos países, como es el caso de Colombia, este sector ya está fuertemente institucionalizado y por ello  existen incluso cargos específicos, como es el de viceministro para la Creatividad y la Economía Naranja, cuya misión, según indica la página oficial del Ministerio que preside, es la de “consolidar los programas para el fomento de las artes y la preservación del patrimonio, así como para generar nuevas oportunidades para el desarrollo de las libertades creativas e identificar soluciones innovadoras para la gestión del patrimonio cultural, con base en la implementación de políticas de impulso a la economía creativa”. 

En nuestro país, el sector empieza a adquirir —aunque poco a poco— mayor importancia, lo que se refleja no solo en el 3,2% del PIB aportado por las industrias culturales, sino también en las propias declaraciones institucionales. Cabe recordar las palabras pronunciadas por Carmen Páez, subdirectora general de Promoción de Industrias Culturales del Ministerio de Cultura y Deporte, en las que destacaba su papel como “un sector estratégico a nivel tanto cuantitativo como cualitativo”. 

Estas palabras no son ni mucho menos casuales. En España, estas actividades económicas están jugando un papel cada vez más relevante. Los cálculos respecto al negocio de la música en directo, por ejemplo, otorgan —según datos de 2018– un impacto de unos 5.000 millones de euros. Los festivales musicales, de hecho, son capaces de mover hasta 2 millones y medio de personas cada temporada estival (sin contar, claro está, el pasado verano que vino marcado por las restricciones por la pandemia). Cifras que pueden pasar desapercibidas y que, sin embargo, son capaces de convertirse en el eje de todo un sistema. Tampoco pueden pasarse por alto lo que serán, con seguridad, los trabajos del futuro, en gran medida tecnológicos (y con un amplio margen, evidentemente, para la propia creatividad). Es el caso, por ejemplo, de la industria del videojuego que solo en España genera 9.000 empleos directos y 22.828 indirectos y que cuenta ya con un impacto de más de 3.500 millones de euros sobre la economía de nuestro país.

Estímulo social pero también de innovación y emprendimiento

Es innegable que su relevancia como sector clave va mucho más allá de los tradicionales beneficios económicos. Estamos ante productos con la capacidad de crear cultura y construir puentes, con el potencial de transformar vidas humanas y fortalecer el tejido social; no solo se trata de una vía de desarrollo sino también, por tanto, de una vía de inclusión, ya que comunica los valores con los que deseamos identificarnos. Su presencia va desde los libros hasta nuestros propios bolsillos, donde guardamos el teléfono móvil no solo para hacer llamadas y enviar mensajes, sino también para leer y consumir todo tipo de contenidos audiovisuales. 

Este fragmento de la economía —al fin y al cabo, una especie de fábrica de ideas— también estimula la propia innovación e investigación, lo que se percibe cada vez más como dos de los cimientos fundamentales para estimular el desarrollo sostenible de unos países que ya miran hacia un futuro postindustrial. No solo estamos ante productos de cultura, sino también ante innovadores diseños tecnológicos y ecológicos (por ejemplo, con materiales no contaminantes). Asimismo, tampoco podemos pasar por alto los avances que traerán, por ejemplo, las nuevas formas de transmitir conocimientos a personas con discapacidades. Ejemplo de ello son las nuevas formas de enseñanza —donde lo digital va ganando cada vez más peso— y las nuevas artes visuales. Sobra decir, por supuesto, que su huella ecológica es mínima en comparación con otros sectores industriales.

Esta clase de modelo no solo enriquece las vidas humanas, sino que también las educa en las nuevas posibilidades ofrecidas por las sociedades actuales. Son estas razones las que empujaron a la UNESCO a asociar la cultura como parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, particularmente aquellos centrados en la educación de calidad, las pautas de consumo y producción sostenibles y la relación entre el crecimiento económico y el medio ambiente.

España es hoy, según datos de la propia Unión Europea, uno de los países comunitarios que más agencias continentales alberga en su territorio. Al contar con cuatro organismos de este calibre se sitúa en tercer lugar en relación con los demás países del continente. Es por esta suerte de unión por la que se han beneficiado directamente algunas «pequeñas» ciudades del país como Alicante, Vigo o Bilbao. Esto, unido a reconocimientos tales como los de las capitales verdes —ganado en 2012 por Vitoria-Gasteiz—, muestra que las regiones periféricas (es decir, fuera de los principales polos económicos) cada vez juegan un papel más fundamental en el funcionamiento económico.

Basta dirigir la mirada a las propias cifras para comprobar que, efectivamente, España es uno de los países más descentralizados a nivel europeo. De hecho, gran parte de los países más desarrollados del mundo —tanto en términos económicos como políticos— poseen también un alto grado de descentralización. Según afirma la OCDE, la correlación entre el nivel de gasto descentralizado y el PIB per cápita es absolutamente positiva. Como es evidente, más que una simple casualidad estadística, los datos están respaldados con una base teórica que, en realidad, responde a la lógica más simple: si se es capaz de comprender mejor las realidades específicas del territorio, así como las preferencias de los ciudadanos locales, se responderá, entonces, con una mayor eficacia. Es, en definitiva, una cuestión de perspectiva. 

Las descentralización como ventaja económica

Parte de estas ventajas tienen su origen también en el propio sistema económico, ya que en un entorno descentralizado la competencia entre administraciones regionales y locales para la promoción y atracción de empresas, talento e inversión se convierte, en definitiva, en el mayor incentivo posible. Es posible que estas afirmaciones se observen con mayor certeza en la actualidad, en un momento en el que parece más evidente que nunca que el país no puede sostenerse tan solo sobre dos patas, sino con las diecisiete CC.AA. y dos ciudades autónomas que lo componen. Eso es, al menos, lo que parece: cuanta más relevancia adquieran las distintas regiones de un país, más progreso obtendrán aquellas y, por tanto, el total del mismo. Para que la maquinaria funcione con todos sus engranajes la totalidad del poder económico no debe residir, por ejemplo, tan solo en la capital.

Los datos ofrecidos por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIREF) muestran también una perspectiva halagüeña a este respecto. Según sugieren, la descentralización proveería a los Estados de una dirección única y cohesionada de progreso que, en términos regionales, llevaría a la convergencia económica (o, lo que es lo mismo, que todas las regiones compartiesen la riqueza al mismo nivel, sin grandes diferencias). Unos datos que, además, sostienen —con información sobre Alemania y Austria, principalmente— que el propio crecimiento es más rápido dentro de los países descentralizados.

Es en esta senda en la que se sitúa también el propio Fondo Monetario Internacional, que según un estudio elaborado por la organización en 2019 los beneficios netos para trasladarse a regiones de mayores ingresos (como puede ser, por ejemplo, Madrid) disminuyeron alrededor de un 30%, algo en lo que participa también la posibilidad de realizar el trabajo a distancia. Sin embargo, el mismo informe también hacía hincapié en que la crisis del 2008 pudo crear en España, a su vez, un contexto de disparidad que, ahora, crece hasta ensancharse, lo que podría llegar a abrir una compleja brecha dentro del intrincado sistema autonómico del país. La pandemia puede provocar, eso sí, un profundo replanteamiento del sistema, obligado por el éxodo de las grandes ciudades. 

¿La generalización del teletrabajo impulsará la descentralización?

Las ventajas de la descentralización pueden volverse evidentes en una situación como la actual, en la que el teletrabajo se ha revelado como una herramienta imprescindible para el propio desarrollo vital de la ciudadanía. La pandemia ha acelerado nuevos modelos de trabajo dentro de las empresas, lo que podría abrir nuevas vías para salir de los grandes polos económicos del país hacia ciudades y regiones que antes, posiblemente, habían sido dejadas —relativamente— de lado. Ya no es posible interpretarlas como localizaciones secundarias: el desarrollo económico podría estar obligado a pasar por la totalidad del territorio nacional. Es posible, por tanto, que el coronavirus haya sentado un precedente. Redirigir grandes empresas y organismos a distintas regiones podría crear un ambiente de equilibrio económico entre regiones y progreso que en última instancia beneficie a todos y cada uno de los ciudadanos.

La descentralización parece, así, ser propicia para el crecimiento económico según las perspectivas arrojadas por numerosos informes. Son los apuntes proporcionados por organismos como la OCDE y la AIREF los que muestran que para alcanzar un desarrollo sostenible y global no hace falta un solo timón. El único requisito, parece, es navegar con determinación en una misma dirección.

Naciones Unidas ha propuesto que durante el año entrante se festejen hasta cuatro ámbitos que, a su parecer, merecen una atención mayor. Así, 2021 será el Año Internacional de la Economía Creativa para el Desarrollo Sostenible, el Año Internacional de la Paz y la Confianza, el Año Internacional de las Frutas y Verduras y el Año Internacional para la Eliminación del Trabajo Infantil. 

Las cuatro conmemoraciones representan puntos cardinales de los programas de actuación —presentes y futuros— que la organización pretende llevar a cabo con la máxima eficacia posible. 

Año Internacional de la Economía Creativa para el Desarrollo Sostenible

Esta conmemoración centra su atención en la oportunidad que se presenta para «fomentar la innovación y ofrecer oportunidades, beneficios y empoderamiento para todos». Esta selección proviene, en parte, del daño causado por la pandemia, cuya interrupción ha generado, sobre todo, la práctica desaparición de eventos culturales, dañando empleos relacionados con estos y otros campos creativos. Hasta el 45% de los artistas y escritores de la Unión Europea son auto-empleados, lo que los hace especialmente vulnerables en situaciones como la que estamos viviendo. Para las Naciones Unidas es fundamental destacar «la importancia de unas políticas nacionales adecuadas encaminadas a promover la diversidad de la expresión cultural y el fomento de la creatividad para el desarrollo sostenible». Es esta expresión la que se prevé como una de las claves para el año venidero: realizarse es, también, crecer.

Año Internacional de la Paz y la Confianza

En el caso del Año Internacional de la Paz y la Confianza ocurre exactamente lo mismo, siendo un pretexto ideal para resarcirse de un año repleto de múltiples disputas y recelos políticos provocados por el coronavirus. Entre los objetivos se hallan, por ejemplo, la promoción del multilateralismo —es decir, la cooperación de múltiples países— y la diplomacia preventiva. Los esfuerzos de la ONU pretenden centrarse en lo que, hasta ahora, era el orden de estabilidad política global, algo que trasluce perfectamente en la afirmación de que la conmemoración «es un medio de movilizar los esfuerzos de la comunidad internacional para promover la paz y la confianza entre las naciones sobre la base, entre otras cosas, del diálogo político, el entendimiento mutuo y la cooperación». Tan solo en la disputa entre Armenia y Azerbaiyán perdieron la vida más de 5.600 personastanto civiles como militares.

Año Internacional de las Frutas y Verduras 

2021 será también una oportunidad para luchar por el desarrollo de una vida saludable. El Año Internacional de las Frutas y Verduras intentará poner un énfasis global en el fomento de las dietas saludables, las cuales se perfilan como las únicas herramientas con las que luchar contra un mal que causa más muertes que la combinación del tabaco, las enfermedades de transmisión sexual y la violencia armadas: la obesidad. De hecho, según señala la Organización Mundial de la Salud, el 39% de las personas adultas —según datos globales relativos a 2016– tiene sobrepeso. Además, unos 40 millones de niños y niñas menores de 5 años padecían sobrepeso u obesidad en 2018. Esto va unido, a su vez, al propio concepto de sostenibilidad, ya que no solo se trata de alimentos que favorecen la lucha contra el cambio climático, sino que también nos hallamos frente a unos alimentos cuya pérdida y desperdicio son especialmente altos. Según el propio secretario general de la ONU, António Guterres, esta es una oportunidad para «comprometernos con un mundo más sano, resiliente y en el que todas las personas tengan a su alcance, y puedan permitirse, la nutrición variada que necesitan». 

Año Internacional para la Eliminación del Trabajo Infantil

Más reivindicativo es, si cabe, la última de las conmemoraciones prevista para el porvenir más cercano. Tanto es así, que su propia denominación es especialmente directa, tratándose del Año Internacional para la Eliminación del Trabajo Infantil. Como es evidente, esto busca la consecución de un compromiso fuerte y sólido para la erradicación de una lacra que, aún hoy sigue presente. Según datos del Banco Mundial, en países como Argentina el porcentaje de menores de entre 7 y 14 años activos en la economía es de un 5%.  Se busca también «poner fin a las formas contemporáneas de esclavitud y la trata de personas, así como asegurar la prohibición y eliminación de las peores formas de trabajo infantil, incluyendo la utilización de niños soldados». Es, por tanto, una suerte de grito contra toda injusticia y explotación.

Son esta clase de hitos conmemorativos los que, en definitiva, hacen célebre a la Organización de las Naciones Unidas. Sin embargo, ha de tenerse en cuenta que para que acciones como éstas tengan sentido son los Estados los que han de tomar decisiones.

Mientras los efectos de la pandemia aún se dejan notar en términos económicos y sociales, el futuro parece comenzar a brillar con un tímido optimismo. Esto no solo tiene lugar por las primeras llegadas de las tan ansiadas vacunas, sino también porque el horizonte comienza a teñirse de color verde. La pandemia ha acelerado proyectos transformadores que ahora ven una oportunidad única de cambiar los pilares económicos y sociales a mejor.

Este es el caso de los bonos de sostenibilidad, cuya demanda parece crecer de forma imparable. Emisiones de deuda como éstas —es decir, intentos de captar fondos de los inversores con una devolución completa (con intereses) posterior— se hallan destinadas a la financiación de proyectos que guarden un carácter tanto ambiental como social. Casos así incumben a cualquier tipo de empresa: muestra de ello es una agencia de telecomunicaciones que, por ejemplo, emitiese un bono para la transformación de una red de cobre a una con un menor coste ambiental. Esto no solo ayudaría a cumplir ciertos objetivos climáticos y ecológicos sino también económicos. Se trata, por tanto, de inversiones con impacto no solo en la empresa sino también en el conjunto de la sociedad. Parte de las categorías que entran en esta clase de bonos son, por ejemplo, las energías renovables, la eficiencia energética, la gestión de recursos naturales y el uso de la tierra. Sin embargo, estos bonos se encargan también de promover infraestructuras básicas asequibles, acceso a servicios esenciales, la seguridad alimentaria o ciertos avances socioeconómicos.

El auge de los bonos sostenibles 

Las repercusiones de financiaciones de este tipo son evidentes, asentándose como una de las múltiples bases con las que la Unión Europea —al igual que sus propios Estados miembro— pretende favorecer una transición ecológica y digital. Este es el caso de España, ya que según AFME se ha consolidado como el tercer mayor emisor de bonos sostenibles de Europa, tan solo por detrás de Francia y Holanda. Nuestro país ha llegado a incrementar las cifras nacionales de estas emisiones hasta en un 97% anual en el primer semestre de 2020 (una cifra que alcanza, aproximadamente, alrededor de 9.000 millones de euros en bonos verdes, también enfocados a resultados responsables en términos sociales y ambientales). Gran parte de responsabilidad tiene el Instituto de Crédito Oficial, cuya emisión pública de bonos sociales logró superar hasta en siete veces el propio importe de la transacción (es decir, que si la emisión se realizó por un valor de 500 millones, su demanda sobrepasó los 3.500 millones de euros). Una inversión destinada tanto a empresarios autónomos como a pymes, así como a muchos otros tipos de empresas españolas. El hecho de que estos bonos hayan sido usados en un contexto de crisis aporta toda su relevancia de una manera sutil. Basta citar las cifras que, según el Observatorio Español de la Financiación Sostenible (OFISO), se han emitido hasta septiembre con esta forma de deuda: 11.500 millones de euros.

Dentro del ámbito europeo, España aporta hasta un 12,6% de la financiación sostenible comunitaria, colocándose como una gran fuerza impulsora de la llamada «transición verde». En términos presupuestarios la Unión Europea invertirá más de un 30% del total, acercándose hasta los 60.000 millones de euros. Según la propia AFME, gran parte de esta clase de emisiones reflejan la existente preocupación social desatada por el coronavirus, ya que gran parte de estos bonos se dirigen en esta dirección. Tanto es así, que el 2020 es el año en el que ha tenido lugar un mayor número de emisiones sociales, cifrándose en un 27%.

España, décimo emisor de bonos verdes

Emisiones como estas también representan la oportunidad de adquirir beneficios que, por supuesto, también pueden ser colectivos. La inversión en sostenibilidad demuestra que es posible, a través de esta senda, conseguir una ventaja estratégica y competitiva: se trata de sumergirse en un horizonte que no solo es cada vez más visible sino, de hecho, implacable. Si, tal como hemos visto, el ecosistema no espera impasible, el bienestar social tampoco. 

El futuro se atisba ya dominado por esta clase de inversiones: el Tesoro español prevé emitir bonos verdes en 2021, algo que hará crecer aún más los importes relacionados con emisiones de este calibre. Mientras tanto, España sigue consolidándose como un referente mundial: durante 2019, nuestro país fue el décimo emisor —a nivel global— de bonos verdes, tal y como afirma Climate Bonds Initiative. Otros indicadores de relevancia son, por ejemplo, las propias incursiones bancarias. La incorporación del BBVA a la Red de Bonos Sostenibles del Nasdaq es otro paso en esta dirección, ya que esta es, hoy por hoy, una importantísima red de información mundial acerca de estas emisiones.

Más allá de consistir en la enseñanza de la lectura y la escritura, la alfabetización es una fuerza motriz del desarrollo sostenible. No solo beneficia a la sociedad que apuesta por ella, sino que constituye una pieza fundamental en el progreso de la humanidad, y ayuda a erradicar la pobreza y el abuso infantil. Con esta idea en el horizonte, la UNESCO, la rama de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, lleva desde 1946 luchando contra el analfabetismo, que se presenta como un obstáculo en el camino para garantizar el derecho universal a la educación. Por eso, cada 8 de septiembre se celebra el Día Internacional de la Alfabetización, un recordatorio para que todos los actores de la sociedad reflexionen sobre el gran reto que supone acabar con este problema.

A grandes rasgos, el proceso de alfabetización hace principalmente referencia a la adquisición de competencias básicas de lectura y escritura: dos capacidades que facilitan no solo la integración social, sino que favorecen una mejor calidad de vida. Sin embargo, el término abarca mucho más que la lectura, el cálculo y la escritura, y se presenta como un medio a través del cual identificar, comprender, interpretar, crear y comunicar sobre la realidad. Es precisamente por eso que la alfabetización permite una mayor participación en el mercado laboral, lo que, a su vez, mejora la salud y la alimentación, reduce la pobreza, y amplía las oportunidades de desarrollo personal durante la vida. En definitiva, permite el empoderamiento de las personas.

En las últimas décadas se ha producido un avance significativo en este sentido: la analfabetización se redujo en un 25% en los jóvenes entre 1990 y 2015, según la UNESCO. Sin embargo, todavía hoy, cerca de mil millones de personas de todas las edades carecen de las capacidades básicas de lectura, escritura y cálculo. Por este motivo, el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 4 de la Agenda 2030 de la ONU busca garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. Se trata, cuando menos, de un objetivo ambicioso cuya consecución se ha visto ralentizada con la irrupción del coronavirus.

Si bien a inicios de año más de la mitad de los niños y adolescentes del planeta no alcanzaban los estándares mínimos de ciertas competencias, la pandemia ha nublado cualquier esperanza a corto plazo, ya que ha dificultado el acceso a la educación básica. Durante este año, según datos de la UNESCO, el 91% de los estudiantes alrededor del mundo se han visto afectados de una u otra manera a causa de la COVID-19. En el mes de abril, de hecho, se han llegado a contabilizar hasta 1.600 millones de niños y jóvenes de todo el mundo que no han ido a la escuela y más de 369 millones de niños que dependían de los comedores escolares se han visto afectados por el cierre de las instituciones. Además, durante estos meses ha quedado al descubierto la existencia de una barrera digital que ha impedido que muchos jóvenes puedan seguir con su educación a distancia.

Aunque la incertidumbre se cierne todavía sobre el próximo curso escolar, desde la UNESCO han puesto ya en marcha una serie de acciones para contrarrestar el efecto del coronavirus en la educación. Además de supervisar globalmente los cierres de las escuelas a nivel nacional y local, se ha creado la “Coalición Mundial para la Educación COVID-19”, una alianza multisectorial entre Naciones Unidas, medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil diseñada para la creación de soluciones —y alternativas— innovadoras orientadas, en gran parte, a reducir la brecha digital.

Según han anunciado desde la organización, el objetivo es corregir el preocupante rumbo adquirido durante los últimos meses a través de distintas metas: ayudar a los estados a movilizar recursos e implementar soluciones innovadoras y adecuadas, buscar soluciones equitativas para un acceso universal, garantizar respuestas coordinadas y evitar un solapamiento de esfuerzos (o derroche de los mismos) y facilitar la vuelta de los estudiantes a las escuelas para reducir las tasas de abandono escolar.

En este sentido, la alfabetización es una de las principales metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y su impulso también ayudará a una recuperación justa tras la pandemia: contribuirá a garantizar el desarrollo sostenible, pero también un mundo más justo, democrático y en paz.