El 20 de febrero se celebra el Día Mundial de la Justicia Social para recordarnos que, con los nuevos retos que la pandemia ha traído consigo, todos debemos caminar hacia un sistema que se base en sus principios para no dejar a nadie atrás.
“Por un nuevo amanecer de esas vidas / todos debemos poner lo que nos toca / Su futuro depende de nosotros / Terminemos con el trabajo infantil”. Con estos versos, el grupo francés Kids United New Generation hace un llamamiento en contra de una realidad todavía muy presente y más cercana de lo que pensamos: el trabajo infantil. Con el mensaje de la canción Take a Stand, el grupo recuerda al mundo que 2021 es el Año Internacional para la Eliminación del Trabajo Infantil y que, con las crisis sanitaria y económica actuales, se hace más necesario que nunca atajar esta vulneración de derechos de los menores que, por desgracia, aún no ha quedado en el pasado. Y es que152 millones de niños y niñas siguen sometidos al trabajo infantil en todo el planeta, aunque en la última década se haya conseguido reducir en un 38%. De ellos, según Unicef, 72,5 millones ejercen alguna de las peores formas de trabajo infantil, entre las que se encuentra la esclavitud, la trata, el trabajo forzoso o el reclutamiento para conflictos armados.
152 millones de niños y niñas siguen sometidos al trabajo infantil en todo el planeta
Para entender cómo impacta en la vida de los más pequeños el trabajo infantil, primero es necesario comprender qué es exactamente y sus implicaciones. Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), no todas las tareas que un menor realiza deben ser consideradas trabajo infantil. Y recuerda que “la participación de los niños o los adolescentes en trabajos que no atentan contra su salud y su desarrollo personal ni interfieren con su escolarización se considera positiva”. La ayuda que prestan a sus familias en el hogar, la colaboración en un negocio familiar o las tareas que realizan fuera del horario escolar o durante las vacaciones para ganar dinero ayudan, según la OIT, al desarrollo de los menores, al bienestar de la familia y a prepararse para ser miembros productivos de la sociedad en la edad adulta. Teniendo esto en cuenta, este organismo de Naciones Unidas define el trabajo infantil como todo aquel “que priva a los niños de su niñez, su potencial y su dignidad, y que es perjudicial para su desarrollo físico y psicológico”. En sus formas más extremas, además, los menores son sometidos a situaciones de esclavitud y se ven separados de sus familias y expuestos a peligros y enfermedades graves. La OIT recuerda que, incluso, se ven “abandonados a su suerte en calles de grandes ciudades, con frecuencia a una edad muy temprana”.
Las organizaciones internacionales lo tienen claro: la mayoría de menores que se ven forzados al trabajo precoz lo hacen en el sector agrícola. Sin embargo, Unicef alerta de que hay millones de niñas trabajando como sirvientas domésticas y asistentas del hogar sin sueldo y que, ellas, son «especialmente vulnerables a la explotación y el maltrato». Los datos de las circunstancias más terribles de trabajo infantil son demoledores: 1,2 millones de niñas y niños son víctimas de trata; 5,7 millones lo son de la servidumbre por deuda u otras formas de esclavitud; 1,8 millones, de la prostitución o la pornografía; y más de 300.000 menores son reclutados como niños soldados en conflictos armados que no cesan.
Según Unicef, 72,5 millones de menores ejercen alguna de las peores formas de trabajo infantil
Por regiones, Asia y el Pacífico suspenden a la hora de proteger a los más pequeños del trabajo infantil. Allí, 127,3 millones de niños y niñas de entre 5 y 14 años son trabajadores. Esto es, el 19% de los menores de la región trabajan. En África subsahariana, alrededor de 48 millones de niños trabajan: casi uno de cada tres menores de 15 años es activo económicamente, lo que supone el 29% del total. Por su parte, en América Latina y el Caribe, cerca de 17,4 millones de niños y niñas tienen trabajo, es decir, un 16% de los niños y niñas de la región se ven sometidos a trabajo infantil. En Oriente Medio y África del Norte el porcentaje es del 15% de los menores de la región. Las economías más desarrolladas no se libran: 2,5 millones de niños trabajan en ellas. Y 2,4 millones lo hacen en las economías en transición.
Ahora, en plena pandemia y con una crisis económica mundial que amenaza con no tener precedentes, los cierres de las escuelas y las situaciones familiares de muchos menores ponen en el punto de mira los avances conseguidos. Porque, como asegura Francesco d’Ovidio, encargado del Servicio de Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo de la OIT, “el apoyo a la erradicación del trabajo infantil hoy es más importante que nunca, pues la crisis de la covid-19 amenaza con revertir los logros de años”. Por eso, Naciones Unidas hace un llamamiento claro en este Año Internacional para la Eliminación del Trabajo Infantil: que los Gobiernos, las empresas, el tercer sector y la sociedad civil se unan para luchar contra esta lacra que pone en jaque el derecho a la infancia. Ahora, es el momento de pasar de los compromisos a la acción.
Que cada 11 de febrero se celebre el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia no es baladí. A lo largo de la historia y de manera sistemática las investigadoras y científicas se han visto privadas en muchos casos del reconocimiento merecido por sus aportaciones a los avances científicos. Todos recordamos a Neil Armstrong dando “un pequeño paso para el hombre y un gran paso para la humanidad”. Sin embargo, durante décadas olvidamos que quienes recorrieron millas buscando la manera de llegar a la luna fueron Katherine Johnson, Dorothy Vaughan y Mary Jackson. Tres mujeres afroamericanas que materializaron un sueño –aparentemente inalcanzable– en cálculos matemáticos. Sin ellas, la carrera espacial no se habría desarrollado de la misma manera y, a pesar de ello, la realidad de una sociedad patriarcal decidió dejarlas fuera de los libros de texto.
Solo el 29,3% del total del personal de investigación a nivel mundial son mujeres
Algo que podría parecer anecdótico se convierte en un problema sistémico cuando nos damos cuenta de la ausencia de referentes femeninos en los libros de ciencias. Según la Unesco, las mujeres representan solo el 29,3% del total del personal de investigación a nivel mundial. Dicho de otro modo: 7 de cada 10 investigadores son hombres. Además, solo el 3% de los premios Nobel en ciencias han sido otorgados a mujeres –e, incluso, se ha llegado a excluir del Nobel a las mujeres que han formado parte de una investigación premiada–. Para Naciones Unidas, las asociaciones de científicas y las ONG la razón de estas cifras es clara: los estereotipos de género son directamente responsables de la escasa representación femenina en la ciencia.
La iniciativa #NoMoreMatildas denuncia la falta de referentes científicos para las niñas y adolescentes
Tras un año en el que se ha demostrado que la participación de las mujeres es clave para que la sociedad y la ciencia avancen –y para encontrar vacunas para enfermedades como la covid-19–, la iniciativa #NoMoreMatildas, impulsada por la Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas (AMIT), pone sobre la mesa una realidad ignorada durante demasiado tiempo: la falta de referentes científicos para las niñas y adolescentes.
Diferentes estudios revelan que los nombres femeninos en los libros de ciencias de la ESO solo ocupan un 7,6% respecto a sus homólogos varones. Además, solo el 12% de las citas de trabajos académicos hacen referencia a científicas. Lo más curiosos es lo paradójico de la representación femenina en la ciencia española: si en los años 80 las mujeres representaban más del 30% del alumnado de Ingeniería informática, hoy apenas llegan al 12%. Este mismo patrón siguen las matemáticas: en el año 2000 ellas representaron más del 60% del alumnado; durante los siguientes 18 años, su presencia cayó hasta el 37%. Desde AMIT se preguntan si esta tendencia no será, en parte, fruto de la ausencia de referentes femeninos y si no se estará perpetuando, una vez más, esa idea errónea de que la ciencia siempre ha sido un mundo de hombres. Porque, en realidad, nunca lo ha sido. Y así lo demuestran Mileva Einstein, Lise Meitner, Marie Lavoisier, Inge Lehman o Hedy Lamar, cinco investigadoras que son solo una pequeña muestra de la contribución de la mujer al avance científico y su escaso reconocimiento:
En pocas cosas hay tanto consenso como en reconocer a Marie Anne Pierrette Paulze-Lavoisier la madre de la química moderna. Esta francesa ilustrada se convirtió en la colaboradora esencial de su marido, Antoine Lavoisier –conocido como el padre de la misma disciplina científica de la que su esposa fue madre–. Juntos consiguieron que se sentasen las bases para dejar atrás la alquimia de la época y sumergir al mundo en la más pura modernidad. Sin embargo, la llegada de la Revolución Francesa, a pesar de todo el bien que hizo, acabó con el brillante futuro de Marie y su marido. El conocido como reinado del terror acabó con Antoine encarcelado y ejecutado por su trabajo previo. Ella, después de un breve periodo en prisión, continuó recopilando las investigaciones que había llevado a cabo con su marido. Al no conseguir que ninguna editorial las publicara, decidió autoeditarlas. La casa de esta científica se convirtió, hasta el día de su muerte, en un lugar de encuentro para las mentes más brillantes de su país.
Son 43 las cartas que se conservan de la correspondencia entre Albert y Mileva Einstein, pero todas tienen una característica en común: en ellas ambos hablan una y otra vez de “nuestros trabajos”, “nuestra teoría del movimiento relativo” o “nuestros artículos”. Sin embargo, poco se sabe de la que fuera la primera mujer de Einstein más allá de que estudiaron juntos, fueron compañeros de ciencia y de vida durante años.
Podría decirse que hasta los años 80 –cuando se publicó la correspondencia– prácticamente nadie discutía la autoría absoluta de este científico alemán sobre la teoría de la relatividad, aunque se sospechaba que ella, que había sido compañera suya en la universidad, podría haber tenido algo que ver en su trabajo. Según las cartas entre el físico y la matemática –cuya carrera se vio truncada por un embarazo fuera del matrimonio, la teoría que llevó a Einstein a ganar el Nobel estaría construida sobre los cimientos del trabajo universitario de Maric.
La fisión nuclear se tornó realidad a principios del siglo XX gracias a las investigaciones que esta austriaca –que trabajaba gratis en un laboratorio alemán– llevó a cabo. Con la llegada del nazismo, Meitner, que era judía, estuvo a punto de perder la vida. Sin embargo, eso no fue motivo para que la científica convirtiera su descubrimiento en una bomba nuclear: se negó a colaborar en el proyecto Manhattan y eso hizo, en parte, que fuese su colaborador Otto Hahn el que se llevó el crédito (y el Nobel de Química) en 1944 por el descubrimiento de la fisión nuclear.
Para compensar todos los agravios profesionales sufridos por Meitner por el mero hecho de ser mujer en una época en la que los estudios superiores y la ciencia se les estaba prácticamente prohibidas, en 1997 la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada (IUPAC) decidió bautizar un elemento de la tabla periódica en su honor. Nació así el meitnerio, un reconocimiento tardío al gran talento de una mujer que cambió el curso de la historia para siempre.
Todos aprendemos en el colegio que nuestro planeta está formado por diferentes capas: la corteza, el manto superior e inferior y el núcleo externo e interno. Sin embargo, son menos los que saben quién descubrió, en 1936, la discontinuidad que separa el núcleo externo del interno y que corrobora que la Tierra no es hueca. Fue Inge Lehman quien desmontó, tras estudiar los terremotos, el sueño que Julio Verne tuvo en el siglo XIX. Pero esta danesa ya había sido pionera mucho antes de este descubrimiento por sus trabajos como sismóloga y geóloga.
Su dedicación y descubrimientos la llevaron en 1928 a ser la primera mujer que fue nombrada jefa del departamento de sismología del recién creado Real Instituto Geodésico Danés (Danish Geodetic Institute). Pero no fue el único hito con el que abrió las puertas a otras mujeres: en 1971 se convirtió en la primera mujer en ganar la medalla William Bowie, la mayor distinción de la Unión Geofísica Americana.
Su pasión, la ingeniería, se vio pospuesta como carrera durante años porque Hedy Lamar decidió dedicarse a su otro gran amor: la actuación. En los primeros años de la década de 1930 fue una de las actrices más famosas de Europa, conocida por aquel entonces como Hedwig Eva Maria Kiesler. Con el auge del nazismo, del que su marido era partícipe, decidió huir a Estados Unidos y triunfar en Hollywood. Durante la Segunda Guerra Mundial utilizó su conocimiento de primera mano del régimen nazi para buscar una manera de otorgarle la ventaja a los aliados. Así, inventó y patentó un sistema que impedía que los torpedos fueran detectados. Sin embargo, el ejército estadounidense no lo usó hasta años después. Eso sí, hoy, su invento es la base de las comunicaciones sin cables y, sin ir más lejos, del WIFI.
La economía naranja, también conocida como economía creativa, es la prueba que demuestra que las ideas pueden valer su peso en oro (y no en sentido figurado). Esto es parte de lo que pretende poner en valor la Organización de las Naciones Unidas con la celebración del Año Internacional de la Economía Creativa para el Desarrollo Sostenible en 2021. Una economía que aglutina los bienes y servicios culturales en base a tres sectores distintos: las artes y el patrimonio, las industrias culturales y las nuevas tecnologías; y que cuenta con una cadena de producción tan grande como compleja, aunque no lo parezca, ya que en ella participan creadores de contenidos, productores, colaboradores y distribuidores (además de, por supuesto el consumidor final), otorgando así empleo y oportunidades a numerosos actores sociales.
Gran parte de su atractivo actual reside en la íntima e indirecta relación que guarda con la innovación y el emprendimiento, factores que se relacionan a su vez con proyectos de corte social y medioambiental. La economía naranja es actualmente la principal vía de difusión del conocimiento masivo en nuestras sociedades, lo que otorga la oportunidad de mostrar las enormes ventajas de la sostenibilidad y el cuidado del medio ambiente. Su importancia se refleja también en los propios números económicos, cuya magnitud es imposible ignorar: ya en 2011 el comercio mundial de bienes y servicios creativos alcanzó la cifra récord de 624 mil millones de euros, un aumento que duplica el alcanzado en el periodo comprendido entre 2002 y 2011. De hecho, estas cifras no han dejado de crecer hasta la llegada de la pandemia. Según el informe Recostruyendo Europa: la economía cultural y creativa antes y después de la COVID-19, de la Agrupación Europea de Sociedades de Autores y Compositores, elaborado por EY, en 2019, las industrias creativas y culturales representaban el 4,4% del PIB de la Unión Europea, en términos de volumen de negocios, con unos ingresos anuales de 643.000 millones de euros y un valor añadido total de 253.000 millones de euros. Además, según el mismo informe, estas industrias son un importante generador de empleo, especialmente entre la población más joven, con más de 7,6 millones de personas trabajando en el sector, más de ocho veces las de la industria de las telecomunicaciones.
Ya en 2011, el comercio mundial de bienes y servicios creativos alcanzó la cifra récord de 624 mil millones de euros
En algunos países, como es el caso de Colombia, este sector ya está fuertemente institucionalizado y por ello existen incluso cargos específicos, como es el de viceministro para la Creatividad y la Economía Naranja, cuya misión, según indica la página oficial del Ministerio que preside, es la de “consolidar los programas para el fomento de las artes y la preservación del patrimonio, así como para generar nuevas oportunidades para el desarrollo de las libertades creativas e identificar soluciones innovadoras para la gestión del patrimonio cultural, con base en la implementación de políticas de impulso a la economía creativa”.
En nuestro país, el sector empieza a adquirir —aunque poco a poco— mayor importancia, lo que se refleja no solo en el 3,2% del PIB aportado por las industrias culturales, sino también en las propias declaraciones institucionales. Cabe recordar las palabras pronunciadas por Carmen Páez, subdirectora general de Promoción de Industrias Culturales del Ministerio de Cultura y Deporte, en las que destacaba su papel como “un sector estratégico a nivel tanto cuantitativo como cualitativo”.
En España los festivales de música estivales son capaces de mover a más de 2,5 millones de personas
Estas palabras no son ni mucho menos casuales. En España, estas actividades económicas están jugando un papel cada vez más relevante. Los cálculos respecto al negocio de la música en directo, por ejemplo, otorgan —según datos de 2018– un impacto de unos 5.000 millones de euros. Los festivales musicales, de hecho, son capaces de mover hasta 2 millones y medio de personas cada temporada estival (sin contar, claro está, el pasado verano que vino marcado por las restricciones por la pandemia). Cifras que pueden pasar desapercibidas y que, sin embargo, son capaces de convertirse en el eje de todo un sistema. Tampoco pueden pasarse por alto lo que serán, con seguridad, los trabajos del futuro, en gran medida tecnológicos (y con un amplio margen, evidentemente, para la propia creatividad). Es el caso, por ejemplo, de la industria del videojuego que solo en España genera 9.000 empleos directos y 22.828 indirectos y que cuenta ya con un impacto de más de 3.500 millones de euros sobre la economía de nuestro país.
Es innegable que su relevancia como sector clave va mucho más allá de los tradicionales beneficios económicos. Estamos ante productos con la capacidad de crear cultura y construir puentes, con el potencial de transformar vidas humanas y fortalecer el tejido social; no solo se trata de una vía de desarrollo sino también, por tanto, de una vía de inclusión, ya que comunica los valores con los que deseamos identificarnos. Su presencia va desde los libros hasta nuestros propios bolsillos, donde guardamos el teléfono móvil no solo para hacer llamadas y enviar mensajes, sino también para leer y consumir todo tipo de contenidos audiovisuales.
Este fragmento de la economía —al fin y al cabo, una especie de fábrica de ideas— también estimula la propia innovación e investigación, lo que se percibe cada vez más como dos de los cimientos fundamentales para estimular el desarrollo sostenible de unos países que ya miran hacia un futuro postindustrial. No solo estamos ante productos de cultura, sino también ante innovadores diseños tecnológicos y ecológicos (por ejemplo, con materiales no contaminantes). Asimismo, tampoco podemos pasar por alto los avances que traerán, por ejemplo, las nuevas formas de transmitir conocimientos a personas con discapacidades. Ejemplo de ello son las nuevas formas de enseñanza —donde lo digital va ganando cada vez más peso— y las nuevas artes visuales. Sobra decir, por supuesto, que su huella ecológica es mínima en comparación con otros sectores industriales.
Esta clase de modelo no solo enriquece las vidas humanas, sino que también las educa en las nuevas posibilidades ofrecidas por las sociedades actuales. Son estas razones las que empujaron a la UNESCO a asociar la cultura como parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, particularmente aquellos centrados en la educación de calidad, las pautas de consumo y producción sostenibles y la relación entre el crecimiento económico y el medio ambiente.
La despoblación se ha vuelto una de las principales amenazas para la cohesión social territorial. Los motivos son evidentes, ya que en España 39,5 millones de personas viven en el 15,9% del territorio, mientras el 84,1% restante está habitado solo por 7,5 millones. Aunque desde 1975 la población española ha aumentado en un tercio su crecimiento, este no es homogéneo, ya que el potente desarrollo económico ha creado grandes movimientos migratorios, produciendo trasvases de población que han desequilibrado no solo el propio territorio, si no las tendencias demográficas adjuntas. Es el caso, por ejemplo, de Soria, que según el Instituto Nacional de Estadística ha visto reducida su población en un 23% desde 1975. Es parte de lo que algunos llaman la “España vacía”, en contraposición con lugares como Madrid, cuyo crecimiento durante estos años es más que evidente.
En España, 39,5 millones de personas viven en el 15,9% del territorio, mientras los 7,5 millones restantes habitan el 84,1%
Este desplazamiento hacia las zonas urbanas unido a que el envejecimiento de la población ha crecido un 30% durante los últimos años, ha hecho que la situación se haya agravado en múltiples áreas del ámbito rural nacional, donde cuentan únicamente con ingresos provenientes de las jubilaciones. Las consecuencias ya están teniendo lugar: la renta rural no solo es alrededor de un 25% más baja, si no que el propio riesgo de pobreza es inherentemente más alto.
Sin embargo, en los últimos meses estamos ante lo que parece será un nuevo capítulo del desarrollo rural. La pandemia no solo ha hecho que los trasvases de población comiencen a darse ahora al revés —algo posible por la expansión forzosa del teletrabajo— sino que también ha arrojado luz sobre un problema que parecía crónico y que, ahora, deja entreabierta su puerta.
¿Cómo evitar que las zonas rurales, según el INE, pierdan unos cinco habitantes cada hora? Gran parte de la responsabilidad recae en la amplia brecha que las separa de las ciudades. Parte del bienestar urbano no ha podido llegar aún a los pueblos, que no disfrutan en su totalidad de aspectos evidentes del progreso social, como la sanidad, la educación y los servicios sociales. Las soluciones pasan por una mayor inversión, necesidad que ha quedado patente con la futura implantación del próximo Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Economía española, ‘España Puede’, en el que se otorga un 16% del presupuesto a la “agenda urbana y rural, la lucha contra la despoblación y el desarrollo de la agricultura”. En Europa, la Red Europea de Desarrollo Rural, incluye el intercambio de contactos entre agentes del mundo rural y el apoyo a las aplicaciones de las diversas prácticas y programas de desarrollo rural de los Estados miembros de la Unión Europea. Se trata, por tanto, de una suerte de foro activo enfocado por completo al hallazgo —y aplicación— de soluciones eficaces. Ejemplo de estos programas es PADIMA, que se estructura en torno a tres pilares básicos de intercambio entre sus socios: educación (y formación), marketing territorial y diversificación económica. Un acto de concienciación que hace posible mirar al futuro con las herramientas adecuadas (y, por tanto, necesarias).
La importancia que ahora parece haber obtenido este problema en Europa, responde quizás a la llegada a la presidencia de la Comisión Europea de Ursula Von der Leyen, quien en su discurso del Estado de la Unión ya habló del “Green Deal europeo y los fondos de recuperación Next Generation, que serán una gran oportunidad para revitalizar las zonas rurales”. Es este último proyecto, Next Generation, el que se alza como el marco necesario para la prevista inyección de 15.000 millones de euros en ayudas para las zonas rurales. Se trata de un arma con la que poder realizar cambios estructurales (algunos, de hecho, requeridos en el Green Deal o Pacto Verde Europeo). Un impulso continental, en definitiva, que surge sobre los ecos financieros de la Política Agrícola Común, cuyas inversiones ya han ayudado a transformar las zonas verdes del continente en los años anteriores.
Expandir las telecomunicaciones, mejorar el bienestar social y aplicar la tecnología en el ámbito económico son fundamentales para un nuevo horizonte para el mundo rural
Para paliar el abandono rural se necesitará de la implicación de todos y de medidas de diversa índole: crear una nueva red económica y mejorar la existente y, sin duda, implantar los avances tecnológicos a la mayor celeridad posible. Algo que también va en consonancia con la propia agenda europea, la cual marca que todos los ciudadanos han de tener, por ejemplo, conexiones de al menos 30 mbps para reducir la brecha digital.
El establecimiento y expansión de las telecomunicaciones, la mejora del bienestar social —véase la cercanía de un centro médico— y el desarrollo y aplicación tecnológica en el ámbito económico —como se prevé que ocurra, por ejemplo, en la propia agricultura—, son tres de los pilares fundamentales en los que parece gestarse un nuevo horizonte para el mundo rural y el urbano, pues todos saldremos beneficiados. Es un proyecto con el que crear un continente para el futuro.
El sector privado (empresas y fundaciones) también se ha implicado en frenar la despoblación rural y promover el desarrollo económico de la España vacía. Un ejemplo son los proyectos que el Grupo Red Eléctrica está desarrollando en colaboración con agentes locales. Con Correos y AlmaNatura, tiene en marcha la segunda edición de Holapueblo, plataforma que pone en contacto a municipios con baja densidad de población con personas que desean realizar un cambio de vida abandonando la ciudad, instalándose en un pueblo y emprendiendo allí un negocio.
Otra de sus iniciativas llevará acceso a internet de calidad a pueblos de Segovia poco atractivos desde un punto de vista comercial gracias a un acuerdo con Nordesnet que ya está desplegando su propia infraestructura e iluminando la fibra propiedad de Red Eléctrica. Y valga otro ejemplo más: Huerta Próxima, desarrollada en colaboración con Intervegas, y que consiste en una plataforma de venta que conecta a productores de fruta, verdura, lácteos, carne y huevos con consumidores de forma directa, de modo que los productos frescos y de proximidad sigan llegando a las despensas de los ciudadanos.
El 26 de enero se celebra el Día Internacional de la Educación Ambiental, una de las grandes asignaturas pendientes de nuestro sistema educativo. ¿Cambiará la pandemia nuestra manera de entender esta competencia, fundamental en un planeta en emergencia climática?
El Foro de Davos, que este año tendrá dos ediciones, una virtual que da comienzo este lunes y otra presencial, que será en mayo, arranca con un mensaje claro: “La covid-19 ha demostrado que ninguna institución o individuo, por sí solo, puede enfrentarse a los desafíos económicos, medioambientales, sociales y tecnológicos de un mundo tan complejo e interdependiente como el nuestro”, reconoce el Foro Económico Mundial en su página web. La crisis sanitaria ha acelerado cambios sistémicos en todos los países y, para los líderes mundiales que se reúnen anualmente en la ciudad suiza de Davos, 2021 es un momento crítico en el que reconstruir la confianza, “resetear nuestras prioridades y reformar el sistema con urgencia”.
El foro, creado en 1971 por el profesor Klaus Schwab, se ha convertido en una cita indispensable para la élite política y económica mundial que quiera aportar a la conversación de las finanzas internacionales. En su agenda para este año, Davos busca dar forma a los principios, las políticas y las colaboraciones necesarias para que el mundo siga girando en un nuevo contexto cambiante. De manera virtual, el Foro Económico Mundial se centrará esta vez en lo que ya se ha denominado el gran reinicio: la búsqueda de una economía mundial más inclusiva, cohesionada y sostenible que no deje a nadie atrás. Entre el 25 y el 29 de enero se reunirán, de manera telemática, jefes de Estado y Gobierno, CEO de empresas, líderes de la sociedad civil, medios de comunicación y jóvenes de los cinco continentes. Todo ello para debatir sobre cómo construir ese futuro sostenible, mejorar el mañana del mercado laboral, potenciar el desarrollo sostenible e impulsar las nuevas tecnologías de la Cuarta Revolución Industrial.
Para los líderes mundiales es un momento en el que resetear nuestras prioridades y reformar el sistema con urgencia
Son siete los temas que se tratarán en la cita digital del Foro Económico Mundial y sobre ellos girará ese gran reinicio del que se lleva hablando desde el principio de la pandemia. Salvar el planeta, construir economías más justas, utilizar la tecnología para el bien común, el futuro de la sociedad y del trabajo, mejorar los negocios, diseñar futuros saludables y dar un paso más en la geopolítica serán los pilares del encuentro. Y es que el calentamiento global se hace cada vez más visible: la temperatura de la Tierra ha alcanzado ya un grado más que en la época de la preindustrialización lo que afecta a los ecosistemas marinos y terrestres. El hielo de los polos se derrite, el nivel del mar aumenta cada año y el plástico inunda nuestros océanos. Las razones para ser pesimistas parecen muchas, pero desde el Foro de Davos se lanza un mensaje de esperanza: “La sostenibilidad ha llegado para quedarse en todos los aspectos de la actividad humana –la energía, la alimentación, la moda, los viajes, las ciudades…–“. Pero alertan: incluso en un mundo 100% sostenible sería necesario seguir trabajando para “reparar el daño que hemos hecho”.
La esperanza de vida media mundial ha aumentado en unos treinta años desde la Segunda Guerra Mundial, lo que hace indispensable que el acceso al estado del bienestar siga siendo posible para todos. Sin embargo, el Foro Económico Mundial reconoce que la desigualdad económica se ha acrecentado en muchos Estados, la movilidad social se está revirtiendo y la cohesión está desapareciendo. Por ello se cuestionan cómo redibujar nuestras economías para que el crecimiento beneficie a todos y, además, lo haga de forma sostenible.
La desigualdad económica se ha acrecentado en muchos Estados.
Las nuevas tecnologías crecen como no habíamos imaginado y son tan disruptivas que están precipitando un cambio social profundo. Pero la digitalización de la vida –big data, inteligencia artificial, robotización…– supone “una amenaza para la esencia misma de lo que es ser humano”. Por ello, el Foro de Davos intenta responder a preguntas tan básicas como si deberíamos ralentizar el boom de la tecnología o cómo acordar, entre todos, unas normas que regulen los algoritmos, la modificación genética o los robots de guerra, entre otros. Usar todos esos avances tecnológicos para el bien común es uno de los principales retos al que nos estamos ya enfrentando. Pero a pesar de que cada vez es más sencillo acceder a cursos online gratuitos de universidades de prestigio o realizar crowdfundings para poner en marcha negocios, no se puede dejar todo al azar. “La historia sugiere que, si dejamos la digitalización en manos del mercado, la Cuarta Revolución Industrial se traducirá en un periodo de deslocalización que dañará muchas economías”, aseguran desde Davos. Y se preguntan: ¿qué vamos a hacer al respecto?
Ese interrogante nos lleva a otro de los pilares básicos del foro de este año: cómo construir mejores negocios. Las empresas llevan décadas situándose en el primer plano de los cambios sociales y tecnológicos y, por eso, para la élite mundial, son imprescindibles para construir ese futuro resiliente e inclusivo que necesita el planeta. Las compañías inteligentes serán aquellas que hagan mover el mundo y de eso, precisamente, se debatirá en el encuentro digital del foro de Davos. Pero también se discutirá sobre las características de una vida saludable: el estrés laboral, la ansiedad, la depresión o la soledad no elegida son baches en el camino para conseguir una salud mental saludable. Inmersos en una pandemia como estamos, hablar de salud se convierte en una conversación más que necesaria. Por eso, desde el Foro Económico Mundial se hace un llamamiento a abordar los grandes desafíos sanitarios –físicos y psicológicos– sin dejar a nadie atrás.
Schwan: «La cooperación público-privada es más necesaria que nunca»
Si algo ha demostrado el último año es que los países del mundo son capaces de sentarse a buscar una solución a un problema compartido. Así ha ocurrido con la covid-19 y el ingente esfuerzo público-privado para desarrollar una vacuna en tiempo récord. Y así podría ocurrir con el resto de desafíos a los que nos enfrentamos, especialmente la emergencia climática. En esta edición del Foro de Davos, los líderes mundiales intentarán dejar atrás la geopolítica tal y como se ha entendido hasta ahora para dar paso a una colaboración global.
Este año, el encuentro físico del Foro Económico Mundial no se dará en Davos, sino en Singapur. A mediados de mayo, si la pandemia lo permite, los líderes mundiales se darán encuentro en la ciudad asiática al preverse que la curva de contagios estará controlada en el país para esas fechas. Schwab tiene claro que esa cumbre es primordial para garantizar una cooperación público-privada que “es más necesaria que nunca para reconstruir la confianza y abordar los errores cometidos en 2020”.
Naciones Unidas ha declarado este 2021 como el Año Internacional de la Economía Creativa para el Desarrollo Sostenible, una forma de promover el crecimiento económico inclusivo que empodere a todos por igual. ¿En qué consiste y cómo implementarla?
Respetar los derechos humanos y el medio ambiente pronto será de debida diligencia para cualquier empresa europea. La primavera pasada, el comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, anunció el avance en una iniciativa legislativa obligatoria sobre debida diligencia en derechos humanos y medio ambiente para todas las empresas con sede en el continente. Esta tiene como último propósito reforzar el marco regulador de tal forma que las empresas, ya sean multinacionales o pequeñas compañías, consigan alinear sus necesidades tanto con sus grupos de interés como con la sociedad.
El documento se ha hecho esperar. Amplios sectores empresariales, así como sindicatos y organizaciones sin ánimo de lucro, llevan a su espalda varios años de trabajo impulsando acciones contundentes en los derechos humanos y la seguridad climática. Recientemente, más de 26 empresas internacionales firmaron una declaración conjunta para que la UE exija al sector privado la debida actuación en materia de derechos humanos. Cientos de inversores se han pronunciado en la misma línea: es urgente frenar el trabajo forzoso y el daño al entorno en la cadena de producción. En su 2020 ICT Benchmark, la organización KnowTheChain descubrió que las empresas con sede en Europa obtuvieron una puntuación muy baja a la hora de acatar la seguridad de sus empleados.
Empresas con sede en Europa obtuvieron una puntuación muy baja con respecto a la seguridad de sus empleados
Y la pandemia no ha hecho más que evidenciar esta urgencia: Business Human Rights Resource Center ha rastreado las acciones de 35 marcas de moda globales para descubrir que ni siquiera la mitad lleva a cabo ejercicios de debida diligencia. Queda mucho que pincelar de esta futura directiva pero, sobre el papel, se plantea que se establezcan requisitos obligatorios con un sistema de sanciones supervisado a nivel nacional, abarcando toda la cadena de valor. Tras un primer rastreo sobre los enfoques legislativos existentes en relación a la debida diligencia, la Comisión ha concluido que la legislación debe contemplar medidas adicionales para grupos vulnerables y vigilar todas las actividades de la compañía, una acción que cambiará el cálculo del riesgo con respecto al abuso de trabajadores, daños a las comunidades y al medio ambiente.
Para que esta directiva sea eficaz, indica la European Coalition for Corporate Justice, deben asegurarse: el respeto de los derechos en la cadena de valor, la identificación y mitigación de los impactos adversos potenciales y reales sobre el medio ambiente y trabajadores, la cooperación en su solución y la responsabilidad sobre las acciones negativas. Estos, no obstante, son requisitos que las compañías responsables llevan tiempo incluyendo en su agenda, siendo la seguridad laboral y el cuidado del medioambiente dos pilares fundamentales para una sociedad sostenible.
En este sentido, el Grupo Red Eléctrica, dispone de un Modelo de Gestión de Derechos Humanos diseñado para proteger, respetar y remediar cualquier riesgo en materia de derechos que sigue la metodología definida por los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos propuesta por la Organización de las Naciones Unidas.
La actividad de la compañía, por el sector en que se enmarca, tiene vinculados riesgos en el ámbito de los derechos humanos principalmente en materia de salud y seguridad de las personas, condiciones laborales, cadena de suministro e impacto sobre las comunidades. El Grupo Red Eléctrica cuenta con políticas y mecanismos de control para minimizar estos riesgos, asegurar el respeto de los derechos humanos y remediar posibles vulneraciones de los mismos.
El Grupo Red Eléctrica dispone de un Modelo de Gestión de Derechos Humanos
Desde 2013 Red Eléctrica desarrolla análisis periódicos de diligencia debida para identificar los riesgos asociados a su actividad, tanto directa como indirecta, en materia de derechos humanos y con alcance a todas las empresas del Grupo. El resultado de este proceso evidencia que la compañía tiene un nivel de riesgo bajo, aplica los controles adecuados para su gestión y, por tanto, no ha sido necesaria la implantación de ninguna acción de remediación. La compañía mantiene un enfoque de control y de mejora continua a través del desarrollo de actuaciones que permiten la prevención de posibles vulneraciones así como la búsqueda de soluciones y su reparación en el caso de que se produjeran.
En su compromiso explícito con la promoción de los derechos humanos en todos los territorios en los que opera, Red Eléctrica pone a disposición de sus grupos de interés el canal ético como mecanismo formal de respuesta ante consultas y denuncias relacionadas con su cumplimiento, haciendo público el informe anual de gestión de la ética donde se incluye un análisis de las posibles denuncias recibidas en esta materia. Adicionalmente, la compañía cuenta con otros canales de comunicación con sus grupos de interés, donde éstos pueden trasladar sus inquietudes en relación a cualquier vulneración de los derechos humanos.
El aumento de la legislación de debida diligencia obligatoria en materia de derechos humanos en los países europeos garantizará que el resto de compañías sigan el mismo camino hasta conseguir una cadena de valor global que responda a un futuro sostenible, con puestos de trabajo seguros que contemplen todas las minorías. En el momento crucial de reconstruir la economía post-covid, la directiva europea puede marcar un antes y después en hacerla más resistente para todos y todas.
España es hoy, según datos de la propia Unión Europea, uno de los países comunitarios que más agencias continentales alberga en su territorio. Al contar con cuatro organismos de este calibre se sitúa en tercer lugar en relación con los demás países del continente. Es por esta suerte de unión por la que se han beneficiado directamente algunas «pequeñas» ciudades del país como Alicante, Vigo o Bilbao. Esto, unido a reconocimientos tales como los de las capitales verdes —ganado en 2012 por Vitoria-Gasteiz—, muestra que las regiones periféricas (es decir, fuera de los principales polos económicos) cada vez juegan un papel más fundamental en el funcionamiento económico.
OCDE: La correlación entre el nivel de gasto descentralizado y el PIB per cápita es positiva
Basta dirigir la mirada a las propias cifras para comprobar que, efectivamente, España es uno de los países más descentralizados a nivel europeo. De hecho, gran parte de los países más desarrollados del mundo —tanto en términos económicos como políticos— poseen también un alto grado de descentralización. Según afirma la OCDE, la correlación entre el nivel de gasto descentralizado y el PIB per cápita es absolutamente positiva. Como es evidente, más que una simple casualidad estadística, los datos están respaldados con una base teórica que, en realidad, responde a la lógica más simple: si se es capaz de comprender mejor las realidades específicas del territorio, así como las preferencias de los ciudadanos locales, se responderá, entonces, con una mayor eficacia. Es, en definitiva, una cuestión de perspectiva.
Parte de estas ventajas tienen su origen también en el propio sistema económico, ya que en un entorno descentralizado la competencia entre administraciones regionales y locales para la promoción y atracción de empresas, talento e inversión se convierte, en definitiva, en el mayor incentivo posible. Es posible que estas afirmaciones se observen con mayor certeza en la actualidad, en un momento en el que parece más evidente que nunca que el país no puede sostenerse tan solo sobre dos patas, sino con las diecisiete CC.AA. y dos ciudades autónomas que lo componen. Eso es, al menos, lo que parece: cuanta más relevancia adquieran las distintas regiones de un país, más progreso obtendrán aquellas y, por tanto, el total del mismo. Para que la maquinaria funcione con todos sus engranajes la totalidad del poder económico no debe residir, por ejemplo, tan solo en la capital.
Según la AIREF, la descentralización proveería a los Estados de una dirección única y cohesionada de progreso
Los datos ofrecidos por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIREF) muestran también una perspectiva halagüeña a este respecto. Según sugieren, la descentralización proveería a los Estados de una dirección única y cohesionada de progreso que, en términos regionales, llevaría a la convergencia económica (o, lo que es lo mismo, que todas las regiones compartiesen la riqueza al mismo nivel, sin grandes diferencias). Unos datos que, además, sostienen —con información sobre Alemania y Austria, principalmente— que el propio crecimiento es más rápido dentro de los países descentralizados.
Es en esta senda en la que se sitúa también el propio Fondo Monetario Internacional, que según un estudio elaborado por la organización en 2019 los beneficios netos para trasladarse a regiones de mayores ingresos (como puede ser, por ejemplo, Madrid) disminuyeron alrededor de un 30%, algo en lo que participa también la posibilidad de realizar el trabajo a distancia. Sin embargo, el mismo informe también hacía hincapié en que la crisis del 2008 pudo crear en España, a su vez, un contexto de disparidad que, ahora, crece hasta ensancharse, lo que podría llegar a abrir una compleja brecha dentro del intrincado sistema autonómico del país. La pandemia puede provocar, eso sí, un profundo replanteamiento del sistema, obligado por el éxodo de las grandes ciudades.
Las ventajas de la descentralización pueden volverse evidentes en una situación como la actual, en la que el teletrabajo se ha revelado como una herramienta imprescindible para el propio desarrollo vital de la ciudadanía. La pandemia ha acelerado nuevos modelos de trabajo dentro de las empresas, lo que podría abrir nuevas vías para salir de los grandes polos económicos del país hacia ciudades y regiones que antes, posiblemente, habían sido dejadas —relativamente— de lado. Ya no es posible interpretarlas como localizaciones secundarias: el desarrollo económico podría estar obligado a pasar por la totalidad del territorio nacional. Es posible, por tanto, que el coronavirus haya sentado un precedente. Redirigir grandes empresas y organismos a distintas regiones podría crear un ambiente de equilibrio económico entre regiones y progreso que en última instancia beneficie a todos y cada uno de los ciudadanos.
La descentralización parece, así, ser propicia para el crecimiento económico según las perspectivas arrojadas por numerosos informes. Son los apuntes proporcionados por organismos como la OCDE y la AIREF los que muestran que para alcanzar un desarrollo sostenible y global no hace falta un solo timón. El único requisito, parece, es navegar con determinación en una misma dirección.