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La economía naranja, también conocida como economía creativa, es la prueba que demuestra que las ideas pueden valer su peso en oro (y no en sentido figurado). Esto es parte de lo que pretende poner en valor la Organización de las Naciones Unidas con la celebración del Año Internacional de la Economía Creativa para el Desarrollo Sostenible en 2021. Una economía que aglutina los bienes y servicios culturales en base a tres sectores distintos: las artes y el patrimonio, las industrias culturales y las nuevas tecnologías; y que cuenta con una cadena de producción tan grande como compleja, aunque no lo parezca, ya que en ella participan creadores de contenidos, productores, colaboradores y distribuidores (además de, por supuesto el consumidor final), otorgando así empleo y oportunidades a numerosos actores sociales.

La economía naranja como motor económico

Gran parte de su atractivo actual reside en la íntima e indirecta relación que guarda con la innovación y el emprendimiento, factores que se relacionan a su vez con proyectos de corte social y medioambiental. La economía naranja es actualmente la principal vía de difusión del conocimiento masivo en nuestras sociedades, lo que otorga la oportunidad de mostrar las enormes ventajas de la sostenibilidad y el cuidado del medio ambiente. Su importancia se refleja también en los propios números económicos, cuya magnitud es imposible ignorar: ya en 2011 el comercio mundial de bienes y servicios creativos alcanzó la cifra récord de 624 mil millones de euros, un aumento que duplica el alcanzado en el periodo comprendido entre 2002 y 2011. De hecho, estas cifras no han dejado de crecer hasta la llegada de la pandemia. Según el informe Recostruyendo Europa: la economía cultural y creativa antes y después de la COVID-19, de la Agrupación Europea de Sociedades de Autores y Compositores, elaborado por EY, en 2019, las industrias creativas y culturales representaban el 4,4% del PIB de la Unión Europea, en términos de volumen de negocios, con unos ingresos anuales de 643.000 millones de euros y un valor añadido total de 253.000 millones de euros. Además, según el mismo informe, estas industrias son un importante generador de empleo, especialmente entre la población más joven, con más de 7,6 millones de personas trabajando en el sector, más de ocho veces las de la industria de las telecomunicaciones.

Ya en 2011, el comercio mundial de bienes y servicios creativos alcanzó la cifra récord de 624 mil millones de euros

En algunos países, como es el caso de Colombia, este sector ya está fuertemente institucionalizado y por ello  existen incluso cargos específicos, como es el de viceministro para la Creatividad y la Economía Naranja, cuya misión, según indica la página oficial del Ministerio que preside, es la de “consolidar los programas para el fomento de las artes y la preservación del patrimonio, así como para generar nuevas oportunidades para el desarrollo de las libertades creativas e identificar soluciones innovadoras para la gestión del patrimonio cultural, con base en la implementación de políticas de impulso a la economía creativa”. 

En nuestro país, el sector empieza a adquirir —aunque poco a poco— mayor importancia, lo que se refleja no solo en el 3,2% del PIB aportado por las industrias culturales, sino también en las propias declaraciones institucionales. Cabe recordar las palabras pronunciadas por Carmen Páez, subdirectora general de Promoción de Industrias Culturales del Ministerio de Cultura y Deporte, en las que destacaba su papel como “un sector estratégico a nivel tanto cuantitativo como cualitativo”. 

En España los festivales de música estivales son capaces de mover a más de 2,5 millones de personas

Estas palabras no son ni mucho menos casuales. En España, estas actividades económicas están jugando un papel cada vez más relevante. Los cálculos respecto al negocio de la música en directo, por ejemplo, otorgan —según datos de 2018– un impacto de unos 5.000 millones de euros. Los festivales musicales, de hecho, son capaces de mover hasta 2 millones y medio de personas cada temporada estival (sin contar, claro está, el pasado verano que vino marcado por las restricciones por la pandemia). Cifras que pueden pasar desapercibidas y que, sin embargo, son capaces de convertirse en el eje de todo un sistema. Tampoco pueden pasarse por alto lo que serán, con seguridad, los trabajos del futuro, en gran medida tecnológicos (y con un amplio margen, evidentemente, para la propia creatividad). Es el caso, por ejemplo, de la industria del videojuego que solo en España genera 9.000 empleos directos y 22.828 indirectos y que cuenta ya con un impacto de más de 3.500 millones de euros sobre la economía de nuestro país.

Estímulo social pero también de innovación y emprendimiento

Es innegable que su relevancia como sector clave va mucho más allá de los tradicionales beneficios económicos. Estamos ante productos con la capacidad de crear cultura y construir puentes, con el potencial de transformar vidas humanas y fortalecer el tejido social; no solo se trata de una vía de desarrollo sino también, por tanto, de una vía de inclusión, ya que comunica los valores con los que deseamos identificarnos. Su presencia va desde los libros hasta nuestros propios bolsillos, donde guardamos el teléfono móvil no solo para hacer llamadas y enviar mensajes, sino también para leer y consumir todo tipo de contenidos audiovisuales. 

Este fragmento de la economía —al fin y al cabo, una especie de fábrica de ideas— también estimula la propia innovación e investigación, lo que se percibe cada vez más como dos de los cimientos fundamentales para estimular el desarrollo sostenible de unos países que ya miran hacia un futuro postindustrial. No solo estamos ante productos de cultura, sino también ante innovadores diseños tecnológicos y ecológicos (por ejemplo, con materiales no contaminantes). Asimismo, tampoco podemos pasar por alto los avances que traerán, por ejemplo, las nuevas formas de transmitir conocimientos a personas con discapacidades. Ejemplo de ello son las nuevas formas de enseñanza —donde lo digital va ganando cada vez más peso— y las nuevas artes visuales. Sobra decir, por supuesto, que su huella ecológica es mínima en comparación con otros sectores industriales.

Esta clase de modelo no solo enriquece las vidas humanas, sino que también las educa en las nuevas posibilidades ofrecidas por las sociedades actuales. Son estas razones las que empujaron a la UNESCO a asociar la cultura como parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, particularmente aquellos centrados en la educación de calidad, las pautas de consumo y producción sostenibles y la relación entre el crecimiento económico y el medio ambiente.

El Foro de Davos, que este año tendrá dos ediciones, una virtual que da comienzo este lunes y otra presencial, que será en mayo, arranca con un mensaje claro: “La covid-19 ha demostrado que ninguna institución o individuo, por sí solo, puede enfrentarse a los desafíos económicos, medioambientales, sociales y tecnológicos de un mundo tan complejo e interdependiente como el nuestro”, reconoce el Foro Económico Mundial en su página web. La crisis sanitaria ha acelerado cambios sistémicos en todos los países y, para los líderes mundiales que se reúnen anualmente en la ciudad suiza de Davos, 2021 es un momento crítico en el que reconstruir la confianza, “resetear nuestras prioridades y reformar el sistema con urgencia”. 

El foro, creado en 1971 por el profesor Klaus Schwab, se ha convertido en una cita indispensable para la élite política y económica mundial que quiera aportar a la conversación de las finanzas internacionales. En su agenda para este año, Davos busca dar forma a los principios, las políticas y las colaboraciones necesarias para que el mundo siga girando en un nuevo contexto cambiante. De manera virtual, el Foro Económico Mundial se centrará esta vez en lo que ya se ha denominado el gran reinicio: la búsqueda de una economía mundial más inclusiva, cohesionada y sostenible que no deje a nadie atrás. Entre el 25 y el 29 de enero se reunirán, de manera telemática, jefes de Estado y Gobierno, CEO de empresas, líderes de la sociedad civil, medios de comunicación y jóvenes de los cinco continentes. Todo ello para debatir sobre cómo construir ese futuro sostenible, mejorar el mañana del mercado laboral, potenciar el desarrollo sostenible e impulsar las nuevas tecnologías de la Cuarta Revolución Industrial.

Para los líderes mundiales es un momento en el que resetear nuestras prioridades y reformar el sistema con urgencia

Son siete los temas que se tratarán en la cita digital del Foro Económico Mundial y sobre ellos girará ese gran reinicio del que se lleva hablando desde el principio de la pandemia. Salvar el planeta, construir economías más justas, utilizar la tecnología para el bien común, el futuro de la sociedad y del trabajo, mejorar los negocios, diseñar futuros saludables y dar un paso más en la geopolítica serán los pilares del encuentro. Y es que el calentamiento global se hace cada vez más visible: la temperatura de la Tierra ha alcanzado ya un grado más que en la época de la preindustrialización lo que afecta a los ecosistemas marinos y terrestres. El hielo de los polos se derrite, el nivel del mar aumenta cada año y el plástico inunda nuestros océanos. Las razones para ser pesimistas parecen muchas, pero desde el Foro de Davos se lanza un mensaje de esperanza: “La sostenibilidad ha llegado para quedarse en todos los aspectos de la actividad humana –la energía, la alimentación, la moda, los viajes, las ciudades…–“. Pero alertan: incluso en un mundo 100% sostenible sería necesario seguir trabajando para “reparar el daño que hemos hecho”. 

Crecimiento sostenible e igualitario

La esperanza de vida media mundial ha aumentado en unos treinta años desde la Segunda Guerra Mundial, lo que hace indispensable que el acceso al estado del bienestar siga siendo posible para todos. Sin embargo, el Foro Económico Mundial reconoce que la desigualdad económica se ha acrecentado en muchos Estados, la movilidad social se está revirtiendo y la cohesión está desapareciendo. Por ello se cuestionan cómo redibujar nuestras economías para que el crecimiento beneficie a todos y, además, lo haga de forma sostenible.

La desigualdad económica se ha acrecentado en muchos Estados.

Las nuevas tecnologías crecen como no habíamos imaginado y son tan disruptivas que están precipitando un cambio social profundo. Pero la digitalización de la vida –big data, inteligencia artificial, robotización…– supone “una amenaza para la esencia misma de lo que es ser humano”. Por ello, el Foro de Davos intenta responder a preguntas tan básicas como si deberíamos ralentizar el boom de la tecnología o cómo acordar, entre todos, unas normas que regulen los algoritmos, la modificación genética o los robots de guerra, entre otros. Usar todos esos avances tecnológicos para el bien común es uno de los principales retos al que nos estamos ya enfrentando. Pero a pesar de que cada vez es más sencillo acceder a cursos online gratuitos de universidades de prestigio o realizar crowdfundings para poner en marcha negocios, no se puede dejar todo al azar. “La historia sugiere que, si dejamos la digitalización en manos del mercado, la Cuarta Revolución Industrial se traducirá en un periodo de deslocalización que dañará muchas economías”, aseguran desde Davos. Y se preguntan: ¿qué vamos a hacer al respecto?

Salud y tecnología en el centro de las conversaciones

Ese interrogante nos lleva a otro de los pilares básicos del foro de este año: cómo construir mejores negocios. Las empresas llevan décadas situándose en el primer plano de los cambios sociales y tecnológicos y, por eso, para la élite mundial, son imprescindibles para construir ese futuro resiliente e inclusivo que necesita el planeta. Las compañías inteligentes serán aquellas que hagan mover el mundo y de eso, precisamente, se debatirá en el encuentro digital del foro de Davos. Pero también se discutirá sobre las características de una vida saludable: el estrés laboral, la ansiedad, la depresión o la soledad no elegida son baches en el camino para conseguir una salud mental saludable. Inmersos en una pandemia como estamos, hablar de salud se convierte en una conversación más que necesaria. Por eso, desde el Foro Económico Mundial se hace un llamamiento a abordar los grandes desafíos sanitarios –físicos y psicológicos– sin dejar a nadie atrás. 

Schwan: «La cooperación público-privada es más necesaria que nunca»

Si algo ha demostrado el último año es que los países del mundo son capaces de sentarse a buscar una solución a un problema compartido. Así ha ocurrido con la covid-19 y el ingente esfuerzo público-privado para desarrollar una vacuna en tiempo récord. Y así podría ocurrir con el resto de desafíos a los que nos enfrentamos, especialmente la emergencia climática. En esta edición del Foro de Davos, los líderes mundiales intentarán dejar atrás la geopolítica tal y como se ha entendido hasta ahora para dar paso a una colaboración global. 

De Suiza a Singapur 

Este año, el encuentro físico del Foro Económico Mundial no se dará en Davos, sino en Singapur. A mediados de mayo, si la pandemia lo permite, los líderes mundiales se darán encuentro en la ciudad asiática al preverse que la curva de contagios estará controlada en el país para esas fechas. Schwab  tiene claro que esa cumbre es primordial para garantizar una cooperación público-privada que “es más necesaria que nunca para reconstruir la confianza y abordar los errores cometidos en 2020”.

Respetar los derechos humanos y el medio ambiente pronto será de debida diligencia para cualquier empresa europea. La primavera pasada, el comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, anunció el avance en una iniciativa legislativa obligatoria sobre debida diligencia en derechos humanos y medio ambiente para todas las empresas con sede en el continente. Esta tiene como último propósito reforzar el marco regulador de tal forma que las empresas, ya sean multinacionales o pequeñas compañías, consigan alinear sus necesidades tanto con sus grupos de interés como con la sociedad.

El documento se ha hecho esperar. Amplios sectores empresariales, así como sindicatos y organizaciones sin ánimo de lucro, llevan a su espalda varios años de trabajo impulsando acciones contundentes en los derechos humanos y la seguridad climática. Recientemente, más de 26 empresas internacionales firmaron una declaración conjunta para que la UE exija al sector privado la debida actuación en materia de derechos humanos. Cientos de inversores se han pronunciado en la misma línea: es urgente frenar el trabajo forzoso y el daño al entorno en la cadena de producción. En su 2020 ICT Benchmark, la organización KnowTheChain descubrió que las empresas con sede en Europa obtuvieron una puntuación muy baja a la hora de acatar la seguridad de sus empleados. 

Empresas con sede en Europa obtuvieron una puntuación muy baja con respecto a la seguridad de sus empleados

Y la pandemia no ha hecho más que evidenciar esta urgencia: Business Human Rights Resource Center ha rastreado las acciones de 35 marcas de moda globales para descubrir que ni siquiera la mitad lleva a cabo ejercicios de debida diligencia. Queda mucho que pincelar de esta futura directiva pero, sobre el papel, se plantea que se establezcan requisitos obligatorios con un sistema de sanciones supervisado a nivel nacional, abarcando toda la cadena de valor. Tras un primer rastreo sobre los enfoques legislativos existentes en relación a la debida diligencia, la Comisión ha concluido que la legislación debe contemplar medidas adicionales para grupos vulnerables y vigilar todas las actividades de la compañía, una acción que cambiará el cálculo del riesgo con respecto al abuso de trabajadores, daños a las comunidades y al medio ambiente.

La debida diligencia ya preocupaba a las compañías mucho antes

Para que esta directiva sea eficaz, indica la European Coalition for Corporate Justice, deben asegurarse: el respeto de los derechos en la cadena de valor, la identificación y mitigación de los impactos adversos potenciales y reales sobre el medio ambiente y trabajadores, la cooperación en su solución y la responsabilidad sobre las acciones negativas. Estos, no obstante, son requisitos que las compañías responsables llevan tiempo incluyendo en su agenda, siendo la seguridad laboral y el cuidado del medioambiente dos pilares fundamentales para una sociedad sostenible.

En este sentido, el Grupo Red Eléctrica, dispone de un Modelo de Gestión de Derechos Humanos diseñado para proteger, respetar y remediar cualquier riesgo en materia de derechos que sigue la metodología definida por los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos propuesta por la Organización de las Naciones Unidas. 

La actividad de la compañía, por el sector en que se enmarca, tiene vinculados riesgos en el ámbito de los derechos humanos principalmente en materia de salud y seguridad de las personas, condiciones laborales, cadena de suministro e impacto sobre las comunidades. El Grupo Red Eléctrica cuenta con políticas y mecanismos de control para minimizar estos riesgos, asegurar el respeto de los derechos humanos y remediar posibles vulneraciones de los mismos.

El Grupo Red Eléctrica dispone de un Modelo de Gestión de Derechos Humanos

Desde 2013 Red Eléctrica desarrolla análisis periódicos de diligencia debida  para identificar los riesgos asociados a su actividad, tanto directa como indirecta, en materia de derechos humanos y con alcance a todas las empresas del Grupo. El resultado de este proceso evidencia que la compañía tiene un nivel de riesgo bajo, aplica los controles adecuados para su gestión y, por tanto, no ha sido necesaria la implantación de ninguna acción de remediación. La compañía mantiene un enfoque de control y de mejora continua a través del desarrollo de actuaciones que permiten la prevención de posibles vulneraciones así como la búsqueda de soluciones y su reparación en el caso de que se produjeran.

En su compromiso explícito con la promoción de los derechos humanos en todos los territorios en los que opera, Red Eléctrica pone a disposición de sus grupos de interés el canal ético como mecanismo formal de respuesta ante consultas y denuncias relacionadas con su cumplimiento, haciendo público el informe anual de gestión de la ética donde se incluye un análisis de las posibles denuncias recibidas en esta materia. Adicionalmente, la compañía cuenta con otros canales de comunicación con sus grupos de interés, donde éstos pueden trasladar sus inquietudes en relación a cualquier vulneración de los derechos humanos. 

El aumento de la legislación de debida diligencia obligatoria en materia de derechos humanos en los países europeos garantizará que el resto de compañías sigan el mismo camino hasta conseguir una cadena de valor global que responda a un futuro sostenible, con puestos de trabajo seguros que contemplen todas las minorías. En el momento crucial de reconstruir la economía post-covid, la directiva europea puede marcar un antes y después en hacerla más resistente para todos y todas.

España es hoy, según datos de la propia Unión Europea, uno de los países comunitarios que más agencias continentales alberga en su territorio. Al contar con cuatro organismos de este calibre se sitúa en tercer lugar en relación con los demás países del continente. Es por esta suerte de unión por la que se han beneficiado directamente algunas «pequeñas» ciudades del país como Alicante, Vigo o Bilbao. Esto, unido a reconocimientos tales como los de las capitales verdes —ganado en 2012 por Vitoria-Gasteiz—, muestra que las regiones periféricas (es decir, fuera de los principales polos económicos) cada vez juegan un papel más fundamental en el funcionamiento económico.

OCDE: La correlación entre el nivel de gasto descentralizado y el PIB per cápita es positiva

Basta dirigir la mirada a las propias cifras para comprobar que, efectivamente, España es uno de los países más descentralizados a nivel europeo. De hecho, gran parte de los países más desarrollados del mundo —tanto en términos económicos como políticos— poseen también un alto grado de descentralización. Según afirma la OCDE, la correlación entre el nivel de gasto descentralizado y el PIB per cápita es absolutamente positiva. Como es evidente, más que una simple casualidad estadística, los datos están respaldados con una base teórica que, en realidad, responde a la lógica más simple: si se es capaz de comprender mejor las realidades específicas del territorio, así como las preferencias de los ciudadanos locales, se responderá, entonces, con una mayor eficacia. Es, en definitiva, una cuestión de perspectiva. 

Las descentralización como ventaja económica

Parte de estas ventajas tienen su origen también en el propio sistema económico, ya que en un entorno descentralizado la competencia entre administraciones regionales y locales para la promoción y atracción de empresas, talento e inversión se convierte, en definitiva, en el mayor incentivo posible. Es posible que estas afirmaciones se observen con mayor certeza en la actualidad, en un momento en el que parece más evidente que nunca que el país no puede sostenerse tan solo sobre dos patas, sino con las diecisiete CC.AA. y dos ciudades autónomas que lo componen. Eso es, al menos, lo que parece: cuanta más relevancia adquieran las distintas regiones de un país, más progreso obtendrán aquellas y, por tanto, el total del mismo. Para que la maquinaria funcione con todos sus engranajes la totalidad del poder económico no debe residir, por ejemplo, tan solo en la capital.

Según la AIREF, la descentralización proveería a los Estados de una dirección única y cohesionada de progreso

Los datos ofrecidos por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIREF) muestran también una perspectiva halagüeña a este respecto. Según sugieren, la descentralización proveería a los Estados de una dirección única y cohesionada de progreso que, en términos regionales, llevaría a la convergencia económica (o, lo que es lo mismo, que todas las regiones compartiesen la riqueza al mismo nivel, sin grandes diferencias). Unos datos que, además, sostienen —con información sobre Alemania y Austria, principalmente— que el propio crecimiento es más rápido dentro de los países descentralizados.

Es en esta senda en la que se sitúa también el propio Fondo Monetario Internacional, que según un estudio elaborado por la organización en 2019 los beneficios netos para trasladarse a regiones de mayores ingresos (como puede ser, por ejemplo, Madrid) disminuyeron alrededor de un 30%, algo en lo que participa también la posibilidad de realizar el trabajo a distancia. Sin embargo, el mismo informe también hacía hincapié en que la crisis del 2008 pudo crear en España, a su vez, un contexto de disparidad que, ahora, crece hasta ensancharse, lo que podría llegar a abrir una compleja brecha dentro del intrincado sistema autonómico del país. La pandemia puede provocar, eso sí, un profundo replanteamiento del sistema, obligado por el éxodo de las grandes ciudades. 

¿La generalización del teletrabajo impulsará la descentralización?

Las ventajas de la descentralización pueden volverse evidentes en una situación como la actual, en la que el teletrabajo se ha revelado como una herramienta imprescindible para el propio desarrollo vital de la ciudadanía. La pandemia ha acelerado nuevos modelos de trabajo dentro de las empresas, lo que podría abrir nuevas vías para salir de los grandes polos económicos del país hacia ciudades y regiones que antes, posiblemente, habían sido dejadas —relativamente— de lado. Ya no es posible interpretarlas como localizaciones secundarias: el desarrollo económico podría estar obligado a pasar por la totalidad del territorio nacional. Es posible, por tanto, que el coronavirus haya sentado un precedente. Redirigir grandes empresas y organismos a distintas regiones podría crear un ambiente de equilibrio económico entre regiones y progreso que en última instancia beneficie a todos y cada uno de los ciudadanos.

La descentralización parece, así, ser propicia para el crecimiento económico según las perspectivas arrojadas por numerosos informes. Son los apuntes proporcionados por organismos como la OCDE y la AIREF los que muestran que para alcanzar un desarrollo sostenible y global no hace falta un solo timón. El único requisito, parece, es navegar con determinación en una misma dirección.

Naciones Unidas ha propuesto que durante el año entrante se festejen hasta cuatro ámbitos que, a su parecer, merecen una atención mayor. Así, 2021 será el Año Internacional de la Economía Creativa para el Desarrollo Sostenible, el Año Internacional de la Paz y la Confianza, el Año Internacional de las Frutas y Verduras y el Año Internacional para la Eliminación del Trabajo Infantil. 

Las cuatro conmemoraciones representan puntos cardinales de los programas de actuación —presentes y futuros— que la organización pretende llevar a cabo con la máxima eficacia posible. 

Año Internacional de la Economía Creativa para el Desarrollo Sostenible

Esta conmemoración centra su atención en la oportunidad que se presenta para «fomentar la innovación y ofrecer oportunidades, beneficios y empoderamiento para todos». Esta selección proviene, en parte, del daño causado por la pandemia, cuya interrupción ha generado, sobre todo, la práctica desaparición de eventos culturales, dañando empleos relacionados con estos y otros campos creativos. Hasta el 45% de los artistas y escritores de la Unión Europea son auto-empleados, lo que los hace especialmente vulnerables en situaciones como la que estamos viviendo. Para las Naciones Unidas es fundamental destacar «la importancia de unas políticas nacionales adecuadas encaminadas a promover la diversidad de la expresión cultural y el fomento de la creatividad para el desarrollo sostenible». Es esta expresión la que se prevé como una de las claves para el año venidero: realizarse es, también, crecer.

Año Internacional de la Paz y la Confianza

En el caso del Año Internacional de la Paz y la Confianza ocurre exactamente lo mismo, siendo un pretexto ideal para resarcirse de un año repleto de múltiples disputas y recelos políticos provocados por el coronavirus. Entre los objetivos se hallan, por ejemplo, la promoción del multilateralismo —es decir, la cooperación de múltiples países— y la diplomacia preventiva. Los esfuerzos de la ONU pretenden centrarse en lo que, hasta ahora, era el orden de estabilidad política global, algo que trasluce perfectamente en la afirmación de que la conmemoración «es un medio de movilizar los esfuerzos de la comunidad internacional para promover la paz y la confianza entre las naciones sobre la base, entre otras cosas, del diálogo político, el entendimiento mutuo y la cooperación». Tan solo en la disputa entre Armenia y Azerbaiyán perdieron la vida más de 5.600 personastanto civiles como militares.

Año Internacional de las Frutas y Verduras 

2021 será también una oportunidad para luchar por el desarrollo de una vida saludable. El Año Internacional de las Frutas y Verduras intentará poner un énfasis global en el fomento de las dietas saludables, las cuales se perfilan como las únicas herramientas con las que luchar contra un mal que causa más muertes que la combinación del tabaco, las enfermedades de transmisión sexual y la violencia armadas: la obesidad. De hecho, según señala la Organización Mundial de la Salud, el 39% de las personas adultas —según datos globales relativos a 2016– tiene sobrepeso. Además, unos 40 millones de niños y niñas menores de 5 años padecían sobrepeso u obesidad en 2018. Esto va unido, a su vez, al propio concepto de sostenibilidad, ya que no solo se trata de alimentos que favorecen la lucha contra el cambio climático, sino que también nos hallamos frente a unos alimentos cuya pérdida y desperdicio son especialmente altos. Según el propio secretario general de la ONU, António Guterres, esta es una oportunidad para «comprometernos con un mundo más sano, resiliente y en el que todas las personas tengan a su alcance, y puedan permitirse, la nutrición variada que necesitan». 

Año Internacional para la Eliminación del Trabajo Infantil

Más reivindicativo es, si cabe, la última de las conmemoraciones prevista para el porvenir más cercano. Tanto es así, que su propia denominación es especialmente directa, tratándose del Año Internacional para la Eliminación del Trabajo Infantil. Como es evidente, esto busca la consecución de un compromiso fuerte y sólido para la erradicación de una lacra que, aún hoy sigue presente. Según datos del Banco Mundial, en países como Argentina el porcentaje de menores de entre 7 y 14 años activos en la economía es de un 5%.  Se busca también «poner fin a las formas contemporáneas de esclavitud y la trata de personas, así como asegurar la prohibición y eliminación de las peores formas de trabajo infantil, incluyendo la utilización de niños soldados». Es, por tanto, una suerte de grito contra toda injusticia y explotación.

Son esta clase de hitos conmemorativos los que, en definitiva, hacen célebre a la Organización de las Naciones Unidas. Sin embargo, ha de tenerse en cuenta que para que acciones como éstas tengan sentido son los Estados los que han de tomar decisiones.

Mientras los efectos de la pandemia aún se dejan notar en términos económicos y sociales, el futuro parece comenzar a brillar con un tímido optimismo. Esto no solo tiene lugar por las primeras llegadas de las tan ansiadas vacunas, sino también porque el horizonte comienza a teñirse de color verde. La pandemia ha acelerado proyectos transformadores que ahora ven una oportunidad única de cambiar los pilares económicos y sociales a mejor.

Los bonos sostenibles ayudan a cumplir objetivos climáticos, ecológicos y económicos

Este es el caso de los bonos de sostenibilidad, cuya demanda parece crecer de forma imparable. Emisiones de deuda como éstas —es decir, intentos de captar fondos de los inversores con una devolución completa (con intereses) posterior— se hallan destinadas a la financiación de proyectos que guarden un carácter tanto ambiental como social. Casos así incumben a cualquier tipo de empresa: muestra de ello es una agencia de telecomunicaciones que, por ejemplo, emitiese un bono para la transformación de una red de cobre a una con un menor coste ambiental. Esto no solo ayudaría a cumplir ciertos objetivos climáticos y ecológicos sino también económicos. Se trata, por tanto, de inversiones con impacto no solo en la empresa sino también en el conjunto de la sociedad. Parte de las categorías que entran en esta clase de bonos son, por ejemplo, las energías renovables, la eficiencia energética, la gestión de recursos naturales y el uso de la tierra. Sin embargo, estos bonos se encargan también de promover infraestructuras básicas asequibles, acceso a servicios esenciales, la seguridad alimentaria o ciertos avances socioeconómicos.

El auge de los bonos sostenibles 

Las repercusiones de financiaciones de este tipo son evidentes, asentándose como una de las múltiples bases con las que la Unión Europea —al igual que sus propios Estados miembro— pretende favorecer una transición ecológica y digital. Este es el caso de España, ya que según AFME se ha consolidado como el tercer mayor emisor de bonos sostenibles de Europa, tan solo por detrás de Francia y Holanda. Nuestro país ha llegado a incrementar las cifras nacionales de estas emisiones hasta en un 97% anual en el primer semestre de 2020 (una cifra que alcanza, aproximadamente, alrededor de 9.000 millones de euros en bonos verdes, también enfocados a resultados responsables en términos sociales y ambientales). Gran parte de responsabilidad tiene el Instituto de Crédito Oficial, cuya emisión pública de bonos sociales logró superar hasta en siete veces el propio importe de la transacción (es decir, que si la emisión se realizó por un valor de 500 millones, su demanda sobrepasó los 3.500 millones de euros). Una inversión destinada tanto a empresarios autónomos como a pymes, así como a muchos otros tipos de empresas españolas. El hecho de que estos bonos hayan sido usados en un contexto de crisis aporta toda su relevancia de una manera sutil. Basta citar las cifras que, según el Observatorio Español de la Financiación Sostenible (OFISO), se han emitido hasta septiembre con esta forma de deuda: 11.500 millones de euros.

España es el tercer mayor emisor de bonos sostenibles de Europa

Dentro del ámbito europeo, España aporta hasta un 12,6% de la financiación sostenible comunitaria, colocándose como una gran fuerza impulsora de la llamada «transición verde». En términos presupuestarios la Unión Europea invertirá más de un 30% del total, acercándose hasta los 60.000 millones de euros. Según la propia AFME, gran parte de esta clase de emisiones reflejan la existente preocupación social desatada por el coronavirus, ya que gran parte de estos bonos se dirigen en esta dirección. Tanto es así, que el 2020 es el año en el que ha tenido lugar un mayor número de emisiones sociales, cifrándose en un 27%.

España, décimo emisor de bonos verdes

Emisiones como estas también representan la oportunidad de adquirir beneficios que, por supuesto, también pueden ser colectivos. La inversión en sostenibilidad demuestra que es posible, a través de esta senda, conseguir una ventaja estratégica y competitiva: se trata de sumergirse en un horizonte que no solo es cada vez más visible sino, de hecho, implacable. Si, tal como hemos visto, el ecosistema no espera impasible, el bienestar social tampoco. 

El futuro se atisba ya dominado por esta clase de inversiones: el Tesoro español prevé emitir bonos verdes en 2021, algo que hará crecer aún más los importes relacionados con emisiones de este calibre. Mientras tanto, España sigue consolidándose como un referente mundial: durante 2019, nuestro país fue el décimo emisor —a nivel global— de bonos verdes, tal y como afirma Climate Bonds Initiative. Otros indicadores de relevancia son, por ejemplo, las propias incursiones bancarias. La incorporación del BBVA a la Red de Bonos Sostenibles del Nasdaq es otro paso en esta dirección, ya que esta es, hoy por hoy, una importantísima red de información mundial acerca de estas emisiones.