La obesidad causa más muertes en el mundo que la combinación de las enfermedades de transmisión sexual, el tabaco y la violencia armada. Además, es un factor de riesgo para la covid-19. Por eso, en este 2021, Año Internacional de las Frutas y las Verduras, Naciones Unidas anima a los países a fomentar una alimentación más sostenible, que desperdicie menos y promueva una mejor salud.
El 22 de marzo se celebra el Día Mundial del Agua para recordarnos la importancia de conservar un bien necesario para la vida y para el desarrollo de las actividades económicas y sociales al que no todo el mundo tiene acceso.
En septiembre de 2015, la sede de las Naciones Unidas albergó una cumbre histórica en la que más de 150 líderes mundiales se reunieron para organizar una ambiciosa agenda que marcara el camino a seguir para erradicar la pobreza, promover la prosperidad y el bienestar de la población, proteger el medio ambiente y luchar contra el cambio climático. En ella, los Estados Miembros de la organización alcanzaron un acuerdo con 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y 169 metas que los distintos países debían cumplir de cara al año 2030. Cinco años después, un informe de la consultora IndeCity —de la mano del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, la Fundación ONCE, Renfe y SEAT— valora el avance que se ha hecho en el territorio español y determina que, aunque se ha progresado, aún queda camino por recorrer.
Ninguna capital española cumple al 100% los Objetivos de Desarrollo Sostenible
Para poder medir el desarrollo de los ODS, IndeCity ha desarrollado el ‘Índice ODS’, una herramienta que permite a las distintas capitales de provincia y a las dos ciudades autónomas analizar, evaluar y comparar qué grado de cumplimiento tienen sobre ellos. Además, sirve de ayuda para identificar las fortalezas y aquellos puntos en los que existe oportunidad de mejora en el desarrollo sostenible. Pasado un lustro desde la cumbre y con nueve años para llegar al 2030, dice el informe que las capitales de provincia españolas ya han logrado superar más de la mitad del camino hacia un desarrollo sostenible completo. De hecho, según los datos recabados, de media, se encuentran a un 60% de su cumplimiento. Sin embargo, aún queda camino por andar: ninguna capital española cumple al 100% ningún ODS.
No obstante son evidentes los avances en algunos objetivos. Es el caso del ODS 3, centrado en la salud y el bienestar, que tiene un cumplimiento medio de 84,72%. No tan avanzados van aquellos relacionados con el medio ambiente, la sostenibilidad y el cambio climático, en los que aún hay un buen margen de mejora. “Se encuentran a medio camino”, reza el texto; que también hace referencia a los márgenes de mejora que se deben impulsar en el entorno de las ciudades: “Es imprescindible mejorar el ejercicio efectivo del derecho a la vivienda (acceso y asequibilidad), una mejora en la integración tarifaria y multimodal en las redes de transporte público urbanas e interurbanas, así como avanzar en estrategias de sostenibilidad ambiental urbana, además de fortalecer la resiliencia de los ecosistemas urbanos”. Sin embargo, donde más esfuerzo queda por hacer es en el ámbito de la accesibilidad universal y en la reducción de grandes brechas en cuestiones relacionadas con la inclusión y la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad. Según el informe, las capitales españolas solo logran un cumplimiento medio del 17% en cuanto a la calidad de datos demográficos de personas con discapacidad, lo que deja entrever la falta de visibilidad de este colectivo.
Los datos previos a la pandemia apuntan que el ODS en que más hemos avanzado es el de la salud y el bienestar
En cuanto al progreso por capitales, el asunto está bastante repartido. San Sebastián ocupa el primer puesto en cuanto a número de objetivos conseguidos y se pone a la cabeza en tres de ellos: educación de calidad, producción y consumo responsable, y vida de ecosistemas terrestres. Le sigue Barcelona, que se posiciona como la ciudad que más ha avanzado en materia de pobreza e industria, innovación e infraestructura. Los 12 objetivos restantes se reparten de forma diversificada por todo el territorio español.
Si ponemos el foco a nivel internacional, España ha pasado de situarse en el puesto 25 a colocarse en el 22 entre 2018 y 2020 en el ranking global del Sustainable Development Report, un informe elaborado por la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible (SDSN, por sus siglas en inglés) y la fundación Bertelsmann Stiftung, que analiza el progreso de los ODS en 193 países miembros de la ONU. Una posición exitosa, pero con amplio recorrido de mejora frente a otros países europeos como Francia, Alemania, Países Bajos, Croacia o Eslovenia.
España se encuentra entre los 25 países del mundo con mayor progreso en los ODS
En este contexto, la valoración de las Naciones Unidas es positiva. “Nuestro propósito es mostrar que la transformación es posible y que está ocurriendo en estos momentos de un modo adecuado en muchos lugares y con muchas innovaciones, así como con el compromiso de mucha gente”, aseguraba Antonio Gutierrez, secretario general de la ONU, en el primer Momento ODS celebrado en septiembre, un acto dedicado a impulsar la consecución de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible.
Pero no podemos conformarnos con el camino andado hasta ahora. Los ODS no solo sirven para generar un entorno de bienestar durante épocas buenas, sino también para hacer frente con fortaleza a los problemas que puedan surgir. El ejemplo más claro es la pandemia mundial y sus diversas consecuencias. “La pandemia nos ha empujado hacia la peor recesión en décadas y ha tenido terribles consecuencias para los más vulnerables”, apuntó Gutierrez, quien señaló que la Agenda 2030 está precisamente diseñada para abordar las fragilidades que esta crisis ha expuesto. “En su interior subyace una clara promesa: acabar con la pobreza y no dejar a nadie atrás (…) brinda la orientación que necesitamos para poner fin a la pandemia, responder a sus repercusiones socioeconómicas y trazar el rumbo de una recuperación transformadora”, subrayó el secretario general.
El 20 de febrero se celebra el Día Mundial de la Justicia Social para recordarnos que, con los nuevos retos que la pandemia ha traído consigo, todos debemos caminar hacia un sistema que se base en sus principios para no dejar a nadie atrás.
La economía naranja, también conocida como economía creativa, es la prueba que demuestra que las ideas pueden valer su peso en oro (y no en sentido figurado). Esto es parte de lo que pretende poner en valor la Organización de las Naciones Unidas con la celebración del Año Internacional de la Economía Creativa para el Desarrollo Sostenible en 2021. Una economía que aglutina los bienes y servicios culturales en base a tres sectores distintos: las artes y el patrimonio, las industrias culturales y las nuevas tecnologías; y que cuenta con una cadena de producción tan grande como compleja, aunque no lo parezca, ya que en ella participan creadores de contenidos, productores, colaboradores y distribuidores (además de, por supuesto el consumidor final), otorgando así empleo y oportunidades a numerosos actores sociales.
Gran parte de su atractivo actual reside en la íntima e indirecta relación que guarda con la innovación y el emprendimiento, factores que se relacionan a su vez con proyectos de corte social y medioambiental. La economía naranja es actualmente la principal vía de difusión del conocimiento masivo en nuestras sociedades, lo que otorga la oportunidad de mostrar las enormes ventajas de la sostenibilidad y el cuidado del medio ambiente. Su importancia se refleja también en los propios números económicos, cuya magnitud es imposible ignorar: ya en 2011 el comercio mundial de bienes y servicios creativos alcanzó la cifra récord de 624 mil millones de euros, un aumento que duplica el alcanzado en el periodo comprendido entre 2002 y 2011. De hecho, estas cifras no han dejado de crecer hasta la llegada de la pandemia. Según el informe Recostruyendo Europa: la economía cultural y creativa antes y después de la COVID-19, de la Agrupación Europea de Sociedades de Autores y Compositores, elaborado por EY, en 2019, las industrias creativas y culturales representaban el 4,4% del PIB de la Unión Europea, en términos de volumen de negocios, con unos ingresos anuales de 643.000 millones de euros y un valor añadido total de 253.000 millones de euros. Además, según el mismo informe, estas industrias son un importante generador de empleo, especialmente entre la población más joven, con más de 7,6 millones de personas trabajando en el sector, más de ocho veces las de la industria de las telecomunicaciones.
Ya en 2011, el comercio mundial de bienes y servicios creativos alcanzó la cifra récord de 624 mil millones de euros
En algunos países, como es el caso de Colombia, este sector ya está fuertemente institucionalizado y por ello existen incluso cargos específicos, como es el de viceministro para la Creatividad y la Economía Naranja, cuya misión, según indica la página oficial del Ministerio que preside, es la de “consolidar los programas para el fomento de las artes y la preservación del patrimonio, así como para generar nuevas oportunidades para el desarrollo de las libertades creativas e identificar soluciones innovadoras para la gestión del patrimonio cultural, con base en la implementación de políticas de impulso a la economía creativa”.
En nuestro país, el sector empieza a adquirir —aunque poco a poco— mayor importancia, lo que se refleja no solo en el 3,2% del PIB aportado por las industrias culturales, sino también en las propias declaraciones institucionales. Cabe recordar las palabras pronunciadas por Carmen Páez, subdirectora general de Promoción de Industrias Culturales del Ministerio de Cultura y Deporte, en las que destacaba su papel como “un sector estratégico a nivel tanto cuantitativo como cualitativo”.
En España los festivales de música estivales son capaces de mover a más de 2,5 millones de personas
Estas palabras no son ni mucho menos casuales. En España, estas actividades económicas están jugando un papel cada vez más relevante. Los cálculos respecto al negocio de la música en directo, por ejemplo, otorgan —según datos de 2018– un impacto de unos 5.000 millones de euros. Los festivales musicales, de hecho, son capaces de mover hasta 2 millones y medio de personas cada temporada estival (sin contar, claro está, el pasado verano que vino marcado por las restricciones por la pandemia). Cifras que pueden pasar desapercibidas y que, sin embargo, son capaces de convertirse en el eje de todo un sistema. Tampoco pueden pasarse por alto lo que serán, con seguridad, los trabajos del futuro, en gran medida tecnológicos (y con un amplio margen, evidentemente, para la propia creatividad). Es el caso, por ejemplo, de la industria del videojuego que solo en España genera 9.000 empleos directos y 22.828 indirectos y que cuenta ya con un impacto de más de 3.500 millones de euros sobre la economía de nuestro país.
Es innegable que su relevancia como sector clave va mucho más allá de los tradicionales beneficios económicos. Estamos ante productos con la capacidad de crear cultura y construir puentes, con el potencial de transformar vidas humanas y fortalecer el tejido social; no solo se trata de una vía de desarrollo sino también, por tanto, de una vía de inclusión, ya que comunica los valores con los que deseamos identificarnos. Su presencia va desde los libros hasta nuestros propios bolsillos, donde guardamos el teléfono móvil no solo para hacer llamadas y enviar mensajes, sino también para leer y consumir todo tipo de contenidos audiovisuales.
Este fragmento de la economía —al fin y al cabo, una especie de fábrica de ideas— también estimula la propia innovación e investigación, lo que se percibe cada vez más como dos de los cimientos fundamentales para estimular el desarrollo sostenible de unos países que ya miran hacia un futuro postindustrial. No solo estamos ante productos de cultura, sino también ante innovadores diseños tecnológicos y ecológicos (por ejemplo, con materiales no contaminantes). Asimismo, tampoco podemos pasar por alto los avances que traerán, por ejemplo, las nuevas formas de transmitir conocimientos a personas con discapacidades. Ejemplo de ello son las nuevas formas de enseñanza —donde lo digital va ganando cada vez más peso— y las nuevas artes visuales. Sobra decir, por supuesto, que su huella ecológica es mínima en comparación con otros sectores industriales.
Esta clase de modelo no solo enriquece las vidas humanas, sino que también las educa en las nuevas posibilidades ofrecidas por las sociedades actuales. Son estas razones las que empujaron a la UNESCO a asociar la cultura como parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, particularmente aquellos centrados en la educación de calidad, las pautas de consumo y producción sostenibles y la relación entre el crecimiento económico y el medio ambiente.
El Foro de Davos, que este año tendrá dos ediciones, una virtual que da comienzo este lunes y otra presencial, que será en mayo, arranca con un mensaje claro: “La covid-19 ha demostrado que ninguna institución o individuo, por sí solo, puede enfrentarse a los desafíos económicos, medioambientales, sociales y tecnológicos de un mundo tan complejo e interdependiente como el nuestro”, reconoce el Foro Económico Mundial en su página web. La crisis sanitaria ha acelerado cambios sistémicos en todos los países y, para los líderes mundiales que se reúnen anualmente en la ciudad suiza de Davos, 2021 es un momento crítico en el que reconstruir la confianza, “resetear nuestras prioridades y reformar el sistema con urgencia”.
El foro, creado en 1971 por el profesor Klaus Schwab, se ha convertido en una cita indispensable para la élite política y económica mundial que quiera aportar a la conversación de las finanzas internacionales. En su agenda para este año, Davos busca dar forma a los principios, las políticas y las colaboraciones necesarias para que el mundo siga girando en un nuevo contexto cambiante. De manera virtual, el Foro Económico Mundial se centrará esta vez en lo que ya se ha denominado el gran reinicio: la búsqueda de una economía mundial más inclusiva, cohesionada y sostenible que no deje a nadie atrás. Entre el 25 y el 29 de enero se reunirán, de manera telemática, jefes de Estado y Gobierno, CEO de empresas, líderes de la sociedad civil, medios de comunicación y jóvenes de los cinco continentes. Todo ello para debatir sobre cómo construir ese futuro sostenible, mejorar el mañana del mercado laboral, potenciar el desarrollo sostenible e impulsar las nuevas tecnologías de la Cuarta Revolución Industrial.
Para los líderes mundiales es un momento en el que resetear nuestras prioridades y reformar el sistema con urgencia
Son siete los temas que se tratarán en la cita digital del Foro Económico Mundial y sobre ellos girará ese gran reinicio del que se lleva hablando desde el principio de la pandemia. Salvar el planeta, construir economías más justas, utilizar la tecnología para el bien común, el futuro de la sociedad y del trabajo, mejorar los negocios, diseñar futuros saludables y dar un paso más en la geopolítica serán los pilares del encuentro. Y es que el calentamiento global se hace cada vez más visible: la temperatura de la Tierra ha alcanzado ya un grado más que en la época de la preindustrialización lo que afecta a los ecosistemas marinos y terrestres. El hielo de los polos se derrite, el nivel del mar aumenta cada año y el plástico inunda nuestros océanos. Las razones para ser pesimistas parecen muchas, pero desde el Foro de Davos se lanza un mensaje de esperanza: “La sostenibilidad ha llegado para quedarse en todos los aspectos de la actividad humana –la energía, la alimentación, la moda, los viajes, las ciudades…–“. Pero alertan: incluso en un mundo 100% sostenible sería necesario seguir trabajando para “reparar el daño que hemos hecho”.
La esperanza de vida media mundial ha aumentado en unos treinta años desde la Segunda Guerra Mundial, lo que hace indispensable que el acceso al estado del bienestar siga siendo posible para todos. Sin embargo, el Foro Económico Mundial reconoce que la desigualdad económica se ha acrecentado en muchos Estados, la movilidad social se está revirtiendo y la cohesión está desapareciendo. Por ello se cuestionan cómo redibujar nuestras economías para que el crecimiento beneficie a todos y, además, lo haga de forma sostenible.
La desigualdad económica se ha acrecentado en muchos Estados.
Las nuevas tecnologías crecen como no habíamos imaginado y son tan disruptivas que están precipitando un cambio social profundo. Pero la digitalización de la vida –big data, inteligencia artificial, robotización…– supone “una amenaza para la esencia misma de lo que es ser humano”. Por ello, el Foro de Davos intenta responder a preguntas tan básicas como si deberíamos ralentizar el boom de la tecnología o cómo acordar, entre todos, unas normas que regulen los algoritmos, la modificación genética o los robots de guerra, entre otros. Usar todos esos avances tecnológicos para el bien común es uno de los principales retos al que nos estamos ya enfrentando. Pero a pesar de que cada vez es más sencillo acceder a cursos online gratuitos de universidades de prestigio o realizar crowdfundings para poner en marcha negocios, no se puede dejar todo al azar. “La historia sugiere que, si dejamos la digitalización en manos del mercado, la Cuarta Revolución Industrial se traducirá en un periodo de deslocalización que dañará muchas economías”, aseguran desde Davos. Y se preguntan: ¿qué vamos a hacer al respecto?
Ese interrogante nos lleva a otro de los pilares básicos del foro de este año: cómo construir mejores negocios. Las empresas llevan décadas situándose en el primer plano de los cambios sociales y tecnológicos y, por eso, para la élite mundial, son imprescindibles para construir ese futuro resiliente e inclusivo que necesita el planeta. Las compañías inteligentes serán aquellas que hagan mover el mundo y de eso, precisamente, se debatirá en el encuentro digital del foro de Davos. Pero también se discutirá sobre las características de una vida saludable: el estrés laboral, la ansiedad, la depresión o la soledad no elegida son baches en el camino para conseguir una salud mental saludable. Inmersos en una pandemia como estamos, hablar de salud se convierte en una conversación más que necesaria. Por eso, desde el Foro Económico Mundial se hace un llamamiento a abordar los grandes desafíos sanitarios –físicos y psicológicos– sin dejar a nadie atrás.
Schwan: «La cooperación público-privada es más necesaria que nunca»
Si algo ha demostrado el último año es que los países del mundo son capaces de sentarse a buscar una solución a un problema compartido. Así ha ocurrido con la covid-19 y el ingente esfuerzo público-privado para desarrollar una vacuna en tiempo récord. Y así podría ocurrir con el resto de desafíos a los que nos enfrentamos, especialmente la emergencia climática. En esta edición del Foro de Davos, los líderes mundiales intentarán dejar atrás la geopolítica tal y como se ha entendido hasta ahora para dar paso a una colaboración global.
Este año, el encuentro físico del Foro Económico Mundial no se dará en Davos, sino en Singapur. A mediados de mayo, si la pandemia lo permite, los líderes mundiales se darán encuentro en la ciudad asiática al preverse que la curva de contagios estará controlada en el país para esas fechas. Schwab tiene claro que esa cumbre es primordial para garantizar una cooperación público-privada que “es más necesaria que nunca para reconstruir la confianza y abordar los errores cometidos en 2020”.
Naciones Unidas ha declarado este 2021 como el Año Internacional de la Economía Creativa para el Desarrollo Sostenible, una forma de promover el crecimiento económico inclusivo que empodere a todos por igual. ¿En qué consiste y cómo implementarla?
Respetar los derechos humanos y el medio ambiente pronto será de debida diligencia para cualquier empresa europea. La primavera pasada, el comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, anunció el avance en una iniciativa legislativa obligatoria sobre debida diligencia en derechos humanos y medio ambiente para todas las empresas con sede en el continente. Esta tiene como último propósito reforzar el marco regulador de tal forma que las empresas, ya sean multinacionales o pequeñas compañías, consigan alinear sus necesidades tanto con sus grupos de interés como con la sociedad.
El documento se ha hecho esperar. Amplios sectores empresariales, así como sindicatos y organizaciones sin ánimo de lucro, llevan a su espalda varios años de trabajo impulsando acciones contundentes en los derechos humanos y la seguridad climática. Recientemente, más de 26 empresas internacionales firmaron una declaración conjunta para que la UE exija al sector privado la debida actuación en materia de derechos humanos. Cientos de inversores se han pronunciado en la misma línea: es urgente frenar el trabajo forzoso y el daño al entorno en la cadena de producción. En su 2020 ICT Benchmark, la organización KnowTheChain descubrió que las empresas con sede en Europa obtuvieron una puntuación muy baja a la hora de acatar la seguridad de sus empleados.
Empresas con sede en Europa obtuvieron una puntuación muy baja con respecto a la seguridad de sus empleados
Y la pandemia no ha hecho más que evidenciar esta urgencia: Business Human Rights Resource Center ha rastreado las acciones de 35 marcas de moda globales para descubrir que ni siquiera la mitad lleva a cabo ejercicios de debida diligencia. Queda mucho que pincelar de esta futura directiva pero, sobre el papel, se plantea que se establezcan requisitos obligatorios con un sistema de sanciones supervisado a nivel nacional, abarcando toda la cadena de valor. Tras un primer rastreo sobre los enfoques legislativos existentes en relación a la debida diligencia, la Comisión ha concluido que la legislación debe contemplar medidas adicionales para grupos vulnerables y vigilar todas las actividades de la compañía, una acción que cambiará el cálculo del riesgo con respecto al abuso de trabajadores, daños a las comunidades y al medio ambiente.
Para que esta directiva sea eficaz, indica la European Coalition for Corporate Justice, deben asegurarse: el respeto de los derechos en la cadena de valor, la identificación y mitigación de los impactos adversos potenciales y reales sobre el medio ambiente y trabajadores, la cooperación en su solución y la responsabilidad sobre las acciones negativas. Estos, no obstante, son requisitos que las compañías responsables llevan tiempo incluyendo en su agenda, siendo la seguridad laboral y el cuidado del medioambiente dos pilares fundamentales para una sociedad sostenible.
En este sentido, el Grupo Red Eléctrica, dispone de un Modelo de Gestión de Derechos Humanos diseñado para proteger, respetar y remediar cualquier riesgo en materia de derechos que sigue la metodología definida por los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos propuesta por la Organización de las Naciones Unidas.
La actividad de la compañía, por el sector en que se enmarca, tiene vinculados riesgos en el ámbito de los derechos humanos principalmente en materia de salud y seguridad de las personas, condiciones laborales, cadena de suministro e impacto sobre las comunidades. El Grupo Red Eléctrica cuenta con políticas y mecanismos de control para minimizar estos riesgos, asegurar el respeto de los derechos humanos y remediar posibles vulneraciones de los mismos.
El Grupo Red Eléctrica dispone de un Modelo de Gestión de Derechos Humanos
Desde 2013 Red Eléctrica desarrolla análisis periódicos de diligencia debida para identificar los riesgos asociados a su actividad, tanto directa como indirecta, en materia de derechos humanos y con alcance a todas las empresas del Grupo. El resultado de este proceso evidencia que la compañía tiene un nivel de riesgo bajo, aplica los controles adecuados para su gestión y, por tanto, no ha sido necesaria la implantación de ninguna acción de remediación. La compañía mantiene un enfoque de control y de mejora continua a través del desarrollo de actuaciones que permiten la prevención de posibles vulneraciones así como la búsqueda de soluciones y su reparación en el caso de que se produjeran.
En su compromiso explícito con la promoción de los derechos humanos en todos los territorios en los que opera, Red Eléctrica pone a disposición de sus grupos de interés el canal ético como mecanismo formal de respuesta ante consultas y denuncias relacionadas con su cumplimiento, haciendo público el informe anual de gestión de la ética donde se incluye un análisis de las posibles denuncias recibidas en esta materia. Adicionalmente, la compañía cuenta con otros canales de comunicación con sus grupos de interés, donde éstos pueden trasladar sus inquietudes en relación a cualquier vulneración de los derechos humanos.
El aumento de la legislación de debida diligencia obligatoria en materia de derechos humanos en los países europeos garantizará que el resto de compañías sigan el mismo camino hasta conseguir una cadena de valor global que responda a un futuro sostenible, con puestos de trabajo seguros que contemplen todas las minorías. En el momento crucial de reconstruir la economía post-covid, la directiva europea puede marcar un antes y después en hacerla más resistente para todos y todas.
En menos de diez años harán falta más de 96.000 viviendas al día para dar techo a los más de 3.000 millones de personas que seremos en 2030. Así lo estiman las predicciones de las Naciones Unidas, que dan con unas cifras imposibles de acotar. En la actualidad las ciudades ya acogen a más de la mitad de la población mundial y producen más del 75% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero. Cada vez tenemos menos espacio y más habitantes: cuando la hoja del calendario marque el año 2050, el 75% de la población estará viviendo en entornos urbanos, lo que sumará aún más presión al ya acuciante problema de la habitabilidad y, por ende, de la sostenibilidad.
La rápida urbanización sobrecarga los servicios, satura el suelo, agota los recursos, empeora el aire y conlleva un crecimiento urbano incontrolado que llevará a un número creciente de habitantes en barrios pobres, tal y como indica el Objetivo de Desarrollo Sostenible 11 sobre ciudades y comunidades sostenibles. Con la mirada puesta en el futuro, la teoría de lo común ha tomado parte del protagonismo en el discurso por la sostenibilidad. El consumo colaborativo y la financiación colectiva han demostrado ser modalidades que fomentan un modo de vida mucho más sostenible y justo con el planeta. Ahora, en el ámbito inmobiliario, el coliving transforma la vivienda en una mucho más abierta e inclusiva, más común, priorizando los espacios compartidos por encima de los privados.
El modelo se importa de Silicon Valley, donde el acceso a la vivienda es, como en la mayor parte de las grandes ciudades, tremendamente complicado. Aunque en un principio surgió como una simple idea de compartir piso y abaratar el precio en un mercado de rentas demasiado altas, el ‘coliving’ ha evolucionado en una alternativa que puede responder de forma muy satisfactoria al reto de la habitabilidad en formato de vivienda colaborativa que recupera los valores humanos de la comunidad -cada vez más difusos en el individualismo de las ciudades- y reduce la huella de carbono de los hogares.
El coliving es una alternativa que puede responder de forma muy satisfactoria al reto de la habitabilidad
El ‘coliving’ busca recuperar la convivencia entre vecinos a través de valores y objetivos comunes, con una co-gobernanza que sitúa a las personas en el centro, distinguiendo muy claramente entre zonas privadas y una serie de zonas comunes cuyo uso deciden los propios habitantes: un parque lúdico para los más pequeños, una zona de ‘coworking’, una terraza para barbacoas o un huerto urbano. Todo es válido siempre que cuente con la aprobación de la mayoría. Al compartir espacio y recursos se genera una pequeña economía de proximidad con la que se optimizan energías, se ahorran costes y se apuesta por las finanzas éticas.
De esta forma, la vida colaborativa se alinea por pura inercia con la sostenibilidad. Además, el vecindario suele autogestionarse garantizando, de esta forma, el derecho a la vivienda, una de las grandes metas que buscan alcanzar los ODS. A la hora de diseñar los planos, los vecinos suelen apostar por situar al medio ambiente en el centro de la ecuación, por lo que cabe esperar que estas viviendas sean energéticamente eficientes y estén construidas con materiales sostenibles. Se suele abogar por evitar aislantes, pinturas o barnices utilizados tradicionalmente y que pueden resultar perjudiciales así como por una distribución que, además de garantizar el reparto energético más eficiente, juegue muy bien con el equilibrio entre la densidad poblacional y el espacio que ocupa el edificio en sí superando ese reto de minimizar el uso del suelo sin dejar de lado la comodidad de la vivienda.
En España se contabilizan unas 150 viviendas ‘coliving’ de todo tipo: desde senior -grupos de mayores de 65 años y nuevas residencias- hasta intergeneracionales o específicas para grupos como personas LGTBI. La clave está en compartir los mismos intereses. Desde Cohousing Spain, el colectivo estatal que defiende este modelo de viviendas, aseguran que el ‘coliving’ cumple con 12 de los 17 ODS: la democratización de la vivienda y las finanzas, mejora de la oferta de vivienda no especulativa, recuperación de pueblos y edificios en desuso, fomento de ecosistemas económicos interdisciplinares y sostenibles (economía local, social, colaborativa y circular), mutualismo comunitario, incorporación de tecnología y fomento de la implicación social, entre otros.
En España se contabilizan unas 150 viviendas ‘coliving’
Algunos modelos cooperativos han llegado incluso a propiciar acuerdos legales ofreciendo contratos de propiedad a cambio de rehabilitación de un edificio. En Aletxa, un pueblo de Álava, un grupo de vecinos decidió rehabilitar un caserío de finales del siglo XVIII en una vivienda colaborativa, aplicando los mejores criterios de sostenibilidad y abriendo espacios para favorecer la vida en común. Las cinco viviendas, completamente autosuficientes, miden unos 45 metros cuadrados. Bajo la fórmula cooperativa, el objetivo principal es conseguir la mejor vivienda, con la mejor calidad y la mayor eficiencia sin intermediarios.
Del ‘coliving’ pueden extraerse numerosas ideas para el ámbito urbano, más allá de lo que concierne a la vivienda. La madrileña Cooperativa Entrepatios, que recientemente cumplió 15 años, se basa en tres pilares fundamentales: el social (los vecinos y vecinas forman parte activa del proyecto), el económico (financiado con banca ética) y el medioambiental (persigue generar la menor huella ecológica e impacto posible). La participación activa del ciudadano, el protagonismo de los espacios públicos y la reducción del impacto medioambiental son las tres características por las que se abogan de cara a la Agenda 2030. Si pretendemos hacer de las ciudades nuestro hogar, necesitamos hacerlo en una vida colaborativa con el medio ambiente.
España es hoy, según datos de la propia Unión Europea, uno de los países comunitarios que más agencias continentales alberga en su territorio. Al contar con cuatro organismos de este calibre se sitúa en tercer lugar en relación con los demás países del continente. Es por esta suerte de unión por la que se han beneficiado directamente algunas «pequeñas» ciudades del país como Alicante, Vigo o Bilbao. Esto, unido a reconocimientos tales como los de las capitales verdes —ganado en 2012 por Vitoria-Gasteiz—, muestra que las regiones periféricas (es decir, fuera de los principales polos económicos) cada vez juegan un papel más fundamental en el funcionamiento económico.
OCDE: La correlación entre el nivel de gasto descentralizado y el PIB per cápita es positiva
Basta dirigir la mirada a las propias cifras para comprobar que, efectivamente, España es uno de los países más descentralizados a nivel europeo. De hecho, gran parte de los países más desarrollados del mundo —tanto en términos económicos como políticos— poseen también un alto grado de descentralización. Según afirma la OCDE, la correlación entre el nivel de gasto descentralizado y el PIB per cápita es absolutamente positiva. Como es evidente, más que una simple casualidad estadística, los datos están respaldados con una base teórica que, en realidad, responde a la lógica más simple: si se es capaz de comprender mejor las realidades específicas del territorio, así como las preferencias de los ciudadanos locales, se responderá, entonces, con una mayor eficacia. Es, en definitiva, una cuestión de perspectiva.
Parte de estas ventajas tienen su origen también en el propio sistema económico, ya que en un entorno descentralizado la competencia entre administraciones regionales y locales para la promoción y atracción de empresas, talento e inversión se convierte, en definitiva, en el mayor incentivo posible. Es posible que estas afirmaciones se observen con mayor certeza en la actualidad, en un momento en el que parece más evidente que nunca que el país no puede sostenerse tan solo sobre dos patas, sino con las diecisiete CC.AA. y dos ciudades autónomas que lo componen. Eso es, al menos, lo que parece: cuanta más relevancia adquieran las distintas regiones de un país, más progreso obtendrán aquellas y, por tanto, el total del mismo. Para que la maquinaria funcione con todos sus engranajes la totalidad del poder económico no debe residir, por ejemplo, tan solo en la capital.
Según la AIREF, la descentralización proveería a los Estados de una dirección única y cohesionada de progreso
Los datos ofrecidos por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIREF) muestran también una perspectiva halagüeña a este respecto. Según sugieren, la descentralización proveería a los Estados de una dirección única y cohesionada de progreso que, en términos regionales, llevaría a la convergencia económica (o, lo que es lo mismo, que todas las regiones compartiesen la riqueza al mismo nivel, sin grandes diferencias). Unos datos que, además, sostienen —con información sobre Alemania y Austria, principalmente— que el propio crecimiento es más rápido dentro de los países descentralizados.
Es en esta senda en la que se sitúa también el propio Fondo Monetario Internacional, que según un estudio elaborado por la organización en 2019 los beneficios netos para trasladarse a regiones de mayores ingresos (como puede ser, por ejemplo, Madrid) disminuyeron alrededor de un 30%, algo en lo que participa también la posibilidad de realizar el trabajo a distancia. Sin embargo, el mismo informe también hacía hincapié en que la crisis del 2008 pudo crear en España, a su vez, un contexto de disparidad que, ahora, crece hasta ensancharse, lo que podría llegar a abrir una compleja brecha dentro del intrincado sistema autonómico del país. La pandemia puede provocar, eso sí, un profundo replanteamiento del sistema, obligado por el éxodo de las grandes ciudades.
Las ventajas de la descentralización pueden volverse evidentes en una situación como la actual, en la que el teletrabajo se ha revelado como una herramienta imprescindible para el propio desarrollo vital de la ciudadanía. La pandemia ha acelerado nuevos modelos de trabajo dentro de las empresas, lo que podría abrir nuevas vías para salir de los grandes polos económicos del país hacia ciudades y regiones que antes, posiblemente, habían sido dejadas —relativamente— de lado. Ya no es posible interpretarlas como localizaciones secundarias: el desarrollo económico podría estar obligado a pasar por la totalidad del territorio nacional. Es posible, por tanto, que el coronavirus haya sentado un precedente. Redirigir grandes empresas y organismos a distintas regiones podría crear un ambiente de equilibrio económico entre regiones y progreso que en última instancia beneficie a todos y cada uno de los ciudadanos.
La descentralización parece, así, ser propicia para el crecimiento económico según las perspectivas arrojadas por numerosos informes. Son los apuntes proporcionados por organismos como la OCDE y la AIREF los que muestran que para alcanzar un desarrollo sostenible y global no hace falta un solo timón. El único requisito, parece, es navegar con determinación en una misma dirección.