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Superado el momento más duro de la pandemia en muchos países, poco a poco, toca volver a poner el foco en dar respuesta a otra gran emergencia: la climática. Recientemente, las Naciones Unidas recordaron que aún estamos muy lejos de alcanzar el objetivo de limitar el aumento de la temperatura mundial a 1,5 grados, una meta que la mayor parte de los estados firmaron en el Acuerdo de París. 

«Necesitamos ser más ambiciosos en la mitigación, en nuestra adaptación y, también, en la financiación», afirmaba en febrero de este año António Guterres, titular de la ONU. «Este año es crucial en la lucha contra el cambio climático». Las declaraciones no perseguían otro objetivo que el de animar a los Estados miembros a aprovechar el impulso en el camino hacia la Conferencia anual de la ONU sobre el clima (COP26), el evento climático mundial por excelencia, encuentro obligado a frenar en seco el pasado mes de noviembre y esperar a que las restricciones de la crisis sanitaria permitieran llevarlo a cabo. 

ONU: «Este año es uno crucial en la lucha contra el cambio climático»

Ahora, si todo va bien, la COP26 se celebrará en Glasgow (Reino Unido) del 1 al 12 de noviembre de 2021 y reunirá a más de 200 representantes de gobiernos de todo el mundo para trabajar a toda velocidad en la acción climática y encontrar un consenso que permita el cumplimiento del Acuerdo de París a tiempo. Para hacerlo, ya está elaborado el conocido como Paris Rulebook, un documento donde se recogen todas las medidas que deben ser implementadas para cumplir con el acuerdo y llevar la economía hacia la neutralidad. Toda una declaración de intenciones sobre la apuesta por la cooperación internacional que hará frente a los principales retos a los que se enfrenta la humanidad: fin de la pobreza, hambre cero, salud y bienestar, energía asequible, igualdad, ciudades sostenibles y ecosistemas protegidos, entre otros.

Para pavimentar el camino, los líderes de las naciones participantes en la COP26 están realizando a lo largo de mayo negociaciones virtuales para dar las primeras pinceladas de ese nuevo compromiso y llegar a noviembre con un papel lleno de propuestas concretas que poner sobre la mesa (virtual). Esta ‘Pre-cop’, no obstante, no es nueva. Viene realizándose siempre unas semanas antes de cada Conferencia del Clima y esta vez se adelanta de forma virtual. Además, tendrá como cada año su encuentro previo presencial, que tendrá lugar en Milán entre el 30 de septiembre y el 2 de octubre.

¿Qué nos jugamos en Glasgow?

Las líneas de acción de esta COP26 responderán a algo tan evidente como la propia realidad. El año pasado no solo será recordado por la pandemia, también por recibir el triste premio del tercer año más caluroso desde que se tiene constancia, un ejemplo de las rápidas alteraciones que está sufriendo el planeta y que necesitamos frenar. Patricia Espinosa, secretaria ejecutiva de la ONU de Cambio Climático, va directa al grano: «2021 será el año más importante para el cambio climático desde la adopción del Acuerdo de París». Así lo aseguró a principios de febrero, cuando se anunció que la cumbre se celebraría en noviembre en lugar de abril debido a las restricciones anti-covid.

De esta forma, enumeró lo que ella considera las claves del éxito para la Conferencia del Clima: que se cumplan las promesas hechas a los países en desarrollo, especialmente la de movilizar 100.000 millones de dólares anuales en financiación climática; que los gobiernos concluyan los temas pendientes y las negociaciones para aplicar plenamente el Acuerdo de París; que los países disminuyan las emisiones y aumenten la ambición climática, tanto en la reducción de CO₂ como en la adaptación a los –inevitables– impactos del cambio climático y, por último, que no se deje de lado ninguna voz o solución, firmando un nuevo compromiso con los observadores e, incluso, los interesados que no formen parte de la COP26. 

El objetivo final de la COP26 es actualizar los compromisos de los Estados para acelerar el cumplimiento con el Acuerdo de París

En este sentido, la Cumbre del Clima de Glasgow pondrá el foco sobre lo que considera prioridades a resolver urgentemente, como la descarbonización o la transformación verde del sistema financiero, de manera que todos los países puedan impulsar inversiones limpias. Además, los líderes mundiales tendrán que llegar a un consenso de cara a ser más transparentes y ayudar a las sociedades y economías a adaptarse al cambio climático (especialmente las más vulnerables), comprometiéndose a alcanzar las emisiones netas lo antes posible a través de recortes notables antes de 2030. Para ello, como marca el planning de la COP26, los líderes deberán comprometerse a acelerar la transición real hacia el transporte sin emisiones de carbono, eliminando motores de gasolina y diésel, y apostando por la innovación y el compromiso, tanto de inversores como de ciudadanos.

Todas estas líneas de actuación irán recogidas en un paquete de medidas equilibrado que establezca los pasos para cumplir con el Acuerdo de París. Si todo va como se espera, este será el producto final de la reunión y afianzará más la lucha climática. Por si no fuera suficiente, el Reino Unido, como país organizador, se ha comprometido a reforzar los lazos institucionales con los países, implicando también a actores sociales como las redes ciudadanas o los colectivos activistas. De hecho, en colaboración con Chile, ha lanzado una serie de consultas mensuales para cubrir los principales puntos de las negociaciones, facilitando el trabajo de los técnicos para así poder incluir hasta la más ínfima preocupación en relación con el planeta. Nadie lo duda: es hora de ponerse las pilas, y, esta vez, de verdad. 

Y es que, a ojos de Espinosa, a pesar de la doble crisis de la COVID-19 y el cambio climático, «la humanidad nunca antes había tenido el poder de determinar consciente y colectivamente su trayectoria futura y su destino final». Hay que verlo como una oportunidad dorada para construir «un futuro resiliente, sostenible y próspero para todos».

La nueva Ley de Cambio Climático y Transición Energética que ha aprobado el Congreso de los Diputados sienta las bases para construir un futuro más verde. Con ella se prevé cumplir los compromisos internacionales marcados para alcanzar antes de 2050 lo que se conoce como neutralidad climática, es decir, que el país solo pueda emitir los gases de efecto invernadero que se puedan equilibrar y sean iguales (o menores) a los que se eliminan a través de la absorción natural del planeta. 

Pero los beneficios de este nuevo marco normativo se notarán mucho antes. En el año 2030, las medidas que marca esta ley permitirán realizar grandes cambios, entre los que se hallan la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero en un mínimo de un 23% respecto a las de 1990, una penetración de energías renovables de un 42% y la configuración de un mix de generación eléctrico con al menos un 74% del total producido a partir de energías de origen renovable.

En 2030 habrá una penetración de energías renovables de un 42%

Se trata, por tanto, de un firme paso hacia adelante que anticipa una revolución económica largamente esperada. Véanse, por ejemplo, las acciones relativas al actual parque móvil en España—casi el 30% de las emisiones de gases invernadero en 2019 cifran su origen en el sector transportes—: en 2040, como muy tarde, no será posible vender turismos y vehículos comerciales ligeros nuevos que emitan dióxido de carbono. Esto no solo incluye la promoción de vehículos eléctricos, sino también multitud de planes de movilidad sostenible. Algo similar ocurre con la industria, que aún ha de transformarse en gran medida. Unos avances que no solo tendrán un impacto positivo en la naturaleza, sino que también significarán la construcción de una economía más competitiva y resiliente.

Recientemente Teresa Ribera, vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, señalaba que “se aprueba una ley de clima enormemente ambiciosa como resultado de un trabajo conjunto sobre el que todavía, seguro, queda margen para seguir mejorando en una trayectoria que no es lineal, sino que debe incrementarse progresivamente conforme vayamos alcanzando velocidad de crucero en el tiempo por venir, porque en el cambio climático llegamos tarde”.

Un problema global, un problema europeo

Los estándares de la nueva Ley de Cambio Climático y Transición Energética son a día de hoy más altos que aquellos marcados por la propia Unión Europea. Mientras desde Bruselas consideran necesario un aumento de la eficiencia energética entre el 36% y el 37% para el año 2030, el objetivo español se sitúa en un 39,5%. La nueva ley española, de hecho, se enmarca dentro de la nueva oleada legislativa que está experimentando todo el continente.

Mientras desde Bruselas consideran necesario un aumento de la eficiencia energética entre el 36% y el 37% para el año 2030, el objetivo español se sitúa en un 39,5%

Si miramos hacia el centro de Europa, Alemania, por ejemplo, coincide plenamente con España —y con sus compromisos internacionales— en el hecho de situar como objetivo la neutralidad climática en el año 2050. Los países más cercanos también dejan constancia de una cultura climática cada vez más asentada. Reino Unido, por ejemplo, cifra su reducción de emisiones en un 68% para el año 2030, algo que escalaría hasta el 78% en el año 2035. Su neutralidad, como es habitual a causa de los compromisos internacionales, también sería en el 2050. Francia se antoja como uno de los países más similares a España —junto con Hungría e Irlanda— en este sentido, con un 40% previsto en relación a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.

La legislación general, no obstante, es común a cada uno de los países, que siguen líneas más o menos compartidas: la limitación a los combustibles fósiles, el impulso a las energías renovables y hasta la promoción de viviendas energéticamente eficientes. Incluso la prohibición del fracking —técnica de fractura hidráulica para aumentar la extracción de gas y petróleo— se antoja común: Alemania, Italia, Francia o Suiza ya lo han prohibido también. Un camino que se inicia con la nueva Ley de Cambio Climático y Transición Energética en nuestro país que no solo se plantea como interesante comienzo, sino que se dibuja como una evolución positiva sin marcha atrás.

Joe Biden ha cumplido en el mes de mayo sus primeros 100 días como Presidente de Estados Unidos. Una agenda política descrita como «una de las más ambiciosas de Estados Unidos», y en la que Biden ya dejó entrever el giro ambiental que daría el país después de anunciar su vuelta al Acuerdo de París. A este compromiso se han sumado otros como la reducción de subvenciones para el sector de los combustibles fósiles, el bloqueo de nuevas concesiones para extracciones o la protección del 30% de las tierras y áreas marítimas del país antes del año 2030.

Y ahora ha llegado uno de esos planes transversales que anunció al principio de la investidura: el American Jobs Plan, un paquete económico para reconstruir infraestructuras y reformular la economía con el que el Gobierno de Estados Unidos espera, tras invertir más de dos billones de dólares, «crear la economía más resiliente e innovadora del mundo», en palabras del propio presidente. Entre otras medidas, como la renovación de puentes o la retirada de las contaminantes tuberías de plomo en los sistemas sanitarios, este paquete da vida al llamado Clean Electricity Standard, un decreto federal que obligará a generar por ley un cierto porcentaje de electricidad a partir de energías renovables.

Siguiendo esta línea, se espera que la Administración Biden también invierta 46 millones de dólares en la adquisición de vehículos eléctricos y 35 millones en el desarrollo nuevos programas tecnológicos de cara a fomentar la sostenibilidad. La proyección también incluye otros 50 millones para «garantizar la resiliencia de las infraestructuras» frente a incendios forestales, inundaciones y huracanes. Haciendo uso de la transversalidad, el programa también reserva 16 millones para ubicar a los trabajadores de plantas de combustibles fósiles en nuevos puestos de energías renovables. Cientos de objetivos bajo una misma misión: abordar, de una vez por todas, la transición energética.

Siguiente paso: la ‘cumbre del clima de Biden’

«Juntos podemos hacerlo». Con estas palabras, Joe Biden puso punto y final delante de la webcam de la Casa Blanca a la conocida como ‘Cumbre del Clima de Biden’, un encuentro que reunió alrededor de las pantallas de todo el mundo a más de 40 líderes mundiales como antesala a la COP26 planificada en Glasgow a finales de este año. La convocatoria, celebrada el 24 y el 25 de abril, sirvió para afianzar públicamente el nuevo –y ambicioso– compromiso de Estados Unidos con la lucha climática.

Estados Unidos se marca un drástico objetivo: disminuir las emisiones entre el 50 y el 52% respecto a los niveles de 2005 para 2030

Al evento, que llevó cuatro meses de preparación, no solo se presentaron los jefes de estado, incluido el presidente Pedro Sánchez, sino también ministros, activistas, filántropos y diversos sectores medioambientales con la ambición de generar una conversación transversal capaz de relanzar los compromisos adoptados en el Acuerdo de París. «Nuestros compromisos deben hacerse realidad, de otro modo, no son más que humo», aseguraba Joe Biden en su intervención. «Las naciones que trabajen conjuntamente invirtiendo en una economía más limpia recogerán los beneficios para sus ciudadanos».

Esta línea económica ha sido, precisamente, uno de los aspectos vertebradores del guión de esta cumbre. Para el presidente estadounidense, al igual que para el resto de representantes políticos que se han dado cita en el evento, la transición energética y el desarrollo de tecnologías innovadoras son los ingredientes básicos para frenar a tiempo el cambio climático. «Que alguien me diga una forma con la que podamos crear tantos puestos de trabajo y generar tanta riqueza como en esta lucha climática», retó Biden a sus invitados. 

El guante lo recogió el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al centrar su discurso en las oportunidades económicas que representa la transición verde y terminar poniendo dos promesas sobre la mesa: «España os escucha alto y claro. Desde el Gobierno movilizaremos más de 230.000 millones de euros para crear hasta 350.000 empleos, la mayor parte de ellos en el sector de la manufacturación y la construcción», aseguró, para terminar añadiendo que en 2022, nuestro país habrá reducido en un 85% la energía eléctrica procedente de combustibles fósiles. Un paso más para evitar llegar a ese aumento de 1,5 grados en la temperatura global, conocido como el  ‘punto de no retorno’ en la crisis climática.

España habrá reducido en un 85% la energía eléctrica procedente de combustibles fósiles en 2022

Los compromisos del resto de países

Tras dos días de intervenciones y debates, esta particular cumbre del clima se cerró con media docena de compromisos. Empezando por los del anfitrión, Estados Unidos, que se ha marcado a sí mismo un drástico objetivo: disminuir las emisiones entre el 50 y el 52% respecto a los niveles de 2005 para 2030 con el objetivo de descarbonizar la economía estadounidense en 2050. La promesa llega como una bocanada de aire fresco en el reto climático, ya que este país es el segundo mayor responsable de las emisiones mundiales de CO₂. «Es un imperativo moral, y no hay otra opción», aprovechó para subrayar Biden.

«Estoy encantada de ver que Estados Unidos ha vuelto», aplaudió la canciller alemana Ángela Merkel tras conocer los nuevos compromisos del país. Precisamente, la Unión Europea anunció que reducirá sus emisiones en al menos el 55% para 2030 con relación a 1990, aprovechando también el avance de Reino Unido tras comprometerse a disminuir las suyas un 78% en 2035 respecto a la misma referencia. Además, la entidad europea aprovechó para recalcar la importancia de mecanismos como los bonos verdes o la imposición de un precio al carbono.

China, el mayor emisor a nivel mundial (responsable del 28% de las emisiones globales), no anunció nuevos compromisos climáticos, pero sí hizo hincapié en su objetivo de llegar al tope de las emisiones de carbono antes de 2030 y alcanzar la neutralidad a partir de 2060. «El tiempo que le tomaría a China cumplir esos objetivos es más corto que en los países desarrollados y requiere un arduo trabajo», argumentó Xi Jiping, el presidente del país, para acabar prometiendo que «China aumentará sus contribuciones previstas mediante la adopción de políticas y medidas más enérgicas».  

Japón, por su parte, aumentó su esfuerzo para evitar el colapso climático marcándose una reducción del 46% para 2030 con respecto a 2013. Corea del Sur, el tercer mayor inversor en plantas de carbón a nivel mundial, se comprometió a dejar de financiar estos proyectos en el extranjero. Por otro lado, Canadá marcó la línea de meta en la reducción entre el 40 y 45% de emisiones para 2030, aunque en comparación con los niveles de 2005. India, por otro lado, se comprometió a instalar 450GW de tecnología renovable para el año 2030 y a iniciar conversaciones con Biden para impulsar la inversión verde en el país.

No faltaron tampoco las promesas para apostar por combustibles alternativos como el hidrógeno verde por parte de China, Australia, Rusia y Brasil. Este último país se ha convertido, de hecho, en uno de los protagonistas de la cumbre después de que su presidente Jair Bolsonaro, con un tono más moderado, se comprometiera a alcanzar la neutralidad para 2050, diez años antes del anterior compromiso medioambiental del país, y acabar con la deforestación ilegal de la Amazonía en 2050, a pesar de que Latinoamérica es solo responsable de menos del 3% de los gases de efecto invernadero.

El compromiso político escuchado estos días marca una nueva era en la Agenda 2030 con los países más influyentes del mundo aunando conversaciones y alcanzando ambiciosos acuerdos para enfrascarse en una lucha climática más intensa que permita frenar el daño que le estamos provocando al planeta. 

Es ya un hecho probado que el cambio climático afecta a los ríos que, al igual que arterias en un cuerpo, riegan el globo terráqueo. Todos ellos, conforme va avanzando el cambio climático, son susceptibles de verse afectados en mayor o menor medida por las transformaciones ambientales fruto de la contaminación y de las emisiones de gases de efecto invernadero. En el imaginario colectivo estas consecuencias se vislumbran en forma de sequías, una reducción brusca del caudal de los ríos. No obstante, esta idea no es del todo precisa: la balanza, al parecer, puede inclinarse tanto en este sentido como hacia el de las inundaciones y desbordamientos. 

Se han producido impactos hasta en un 53% de la diversidad de las cuencas fluviales mundiales.

Si bien el cambio climático suele, efectivamente, producir sequías y evotranspiraciones —esto es, la pérdida de humedad de una superficie por evaporación directa, así como la pérdida de agua por transpiración de la vegetación—, en otros casos el resultado no es ni mucho menos similar. Un estudio publicado recientemente en la revista Science indica que la complejidad de las tendencias hidrológicas, en relación con los efectos climáticos, puede llegar a producir algunos casos de incremento de volumen en el caudal de agua de los ríos. Para los investigadores hay dos factores clave en este sentido: el aumento de las precipitaciones torrenciales en determinadas zonas geográficas, y el deshielo en áreas cubiertas históricamente por glaciares. Tal como destaca el estudio, “el cambio climático es el factor causal que influye en la magnitud de los caudales de los ríos a nivel mundial”. A lo que se suman variaciones en la diversidad de un 53% en las cuencas fluviales mundiales como consecuencia de la propia actividad humana. 

En España la sequía como principal foco de preocupación

Los efectos del cambio climático, no obstante, están unidos a multiplicidad de factores y consecuencias. Así lo demuestra uno de los últimos informes del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Impactos y riesgos derivados del cambio climático en España, que indica que la reducción del caudal en los ríos —algo que ocurre a menudo, sobre todo en áreas de clima mediterráneo— puede llevar, entre otras cosas, a la reducción de la producción hidroeléctrica. 

Así, los riesgos inherentes al cambio climático se ven íntimamente relacionados: un caudal escaso —o incluso los cambios en sus patrones estacionales habituales— conllevan un riesgo de cambio en la biodiversidad de las comunidades acuáticas y, por supuesto, a una mayor probabilidad de reducir la disponibilidad de recursos hídricos para todo tipo de usos. Según el informe, la evolución en este sentido es nítida: los grandes cambios en los sistemas hidrogeológicos del territorio nacional vienen impulsados por ríos que se han secado, humedales que han desaparecido y acuíferos intensamente explotados durante años. 

Durante la segunda mitad del siglo XX, la capacidad de uso de los ríos españoles se redujo entre un 10% y un 20%

Algunas de las predicciones que desglosa este documento incluyen una “tendencia general de descenso de la humedad”, así como un aumento “en la intensidad y magnitud de las sequías bajo escenarios de cambio climático”. Algo producido, principalmente, por los efectos de la reducción de las precipitaciones y el aumento de la evapotranspiración. Todo esto, a su vez, afectaría también a las recargas de agua subterráneas, reduciendo la aportación de éstas a los ríos, causando de nuevo una evolución decreciente en sus caudales. No es algo anecdótico: ya durante la segunda mitad del siglo XX, la capacidad de uso de los ríos españoles se redujo entre un 10% y un 20%, lo que indica una tendencia de fuerza considerable.

Sin embargo, tras el cambio climático se perfilan otros impactos adversos, como es el caso de la contaminación y la intrusión salina —causada, entre otros aspectos, por el aumento del nivel del mar— que puede volver inservible grandes fuentes de agua dulce, tanto para el consumo como para otros de sus usos, entre los que se incluyen los industriales y energéticos. Hoy, incluso en posibles escenarios de bajas emisiones, se prevén ya considerables repercusiones sobre el ciclo hidrológico, lo que se traduce en una disminución no solo de la disponibilidad del agua, sino también de su calidad.

De este modo, si bien hasta 2030 las simulaciones realizadas en algunos estudios sugieren un cierto aumento del caudal en las estaciones de primavera e invierno, las proyecciones para el horizonte más lejano, situado entre 2060 y 2090, están determinadas por el seguro descenso de los caudales en todas las estaciones del año. 

En febrero y marzo de este año Europa, y con especial intensidad España, cambió repentinamente de color: los cielos del continente, como las lentes de unas gafas, se de  un tono naranja debido a sucesivas oleadas de polvo proveniente del Sahara. La particular belleza que azotó el territorio europeo, sin embargo, era peligrosa; el aire era nocivo para la salud. Según los observatorios universitarios de Londres, Manchester y Birmingham el polvo saharaui que había traído el viento contenía principalmente partículas de silicio, aluminio, calcio y hierro. Sin embargo su impacto no solo afecta a la salud, sino también a la total organización de la sociedad y su economía, llegando a cerrar aeropuertos y carreteras y dejando inútiles numerosos sistemas de energía.

Aunque estos fenómenos meteorológicos no son nuevos en nuestras sociedades, lo cierto es que sus impactos son cada vez más habituales y, por tanto, cada vez más preocupantes, ya que reducen significativamente la calidad del aire incrementando la contaminación atmosférica. Entre sus efectos climáticos más visibles destacan, por ejemplo, la reducción de precipitaciones o la condensación de nubes. Este polvo, si bien tiene efectos positivos —fertiliza, por ejemplo, los ecosistemas oceánicos— también puede resultar peligroso para las personas. Diferentes estudios realizados en nuestro país a lo largo de los años, concretamente en Barcelona, Madrid y las Islas Canarias, concluían que durante los días en los que se daba una elevada concentración de polvo en el aire se daba un incremento de las visitas hospitalarias, así como de la mortalidad diaria. Un estudio realizado en Miami también lo constata, demostrando la amenaza que supone para la salud con un mayor ratio de visitas a los hospitales —especialmente de gente con patologías respiratorias previas— durante fenómenos de este tipo. 

Contaminación atmosférica y salud

Según la prestigiosa revista científica The Lancet, la contaminación atmosférica causa 3,2 millones de muertes al año. Estas cifras son una de las razones principales por las que la Organización Mundial de la Salud ha señalado este problema como una de sus prioridades a nivel mundial. En los adultos, el asma, la EPOC y el cáncer de pulmón son tres de las enfermedades respiratorias epidemiológicamente más prevalentes relacionadas con los efectos de la polución atmosférica. A esto puede sumarse la alteración de la función pulmonar, el incremento de las afecciones alérgicas, las alteraciones inmunitarias e incluso un aumento general del riesgo de mortalidad. 

La contaminación atmosférica causa 3,2 millones de muertes al año

Más allá de situaciones habituales, los contextos extraordinarios creados por el cambio climático también se muestran especialmente peligrosos. Las transformaciones bruscas en el equilibrio ambiental, como los cambios de temperatura, precipitaciones o humedad, afectan sobremanera al impacto de la contaminación, al igual que sus consecuencias más inmediatas. El aumento de temperatura, de hecho, está estrechamente relacionado con el aumento de la concentración del ozono troposférico, un contaminante secundario cuyas consecuencias se materializan no solo en la causa de enfermedades respiratorias, sino también en el agravamiento de patologías respiratorias previas. 

Sin embargo, las enfermedades respiratorias no son las únicas. Según alertan desde la Agencia Estatal de Meteorología, “estas partículas al ser inhaladas cruzan la barrera alveolar, se incorporan al torrente sanguíneo y provocan estrés oxidativo, proinflamatorio y protrombótico, esto produce hipertensión gestacional e hipoperfusión placentaria, lo cual altera las funciones de la placenta y se relacionaría con causas de prematuridad y bajo peso al nacer”, así como otro tipo de alteraciones en mujeres embarazadas. 

Un fenómeno cada vez más frecuente

La visibilidad de este tipo de fenómenos atmosféricos es cada vez mayor. Los datos sugieren una mayor frecuencia en el tiempo, algo que se confirma tras los análisis en los núcleos nevados alpinos, que muestran un aumento de la concentración de polvo desértico durante los últimos 100 años. Ante esta situación, España ya parece empezar a tomar medidas al respecto, comenzando a instalar —junto con Portugal— sistemas que alerten de este particular fenómeno, que parece que va a acrecentarse tanto en frecuencia como en intensidad en el futuro: la presencia de un clima más seco en el norte de África así parece indicarlo, si bien la distribución del polvo también se halla sujeta a los vaivenes de los patrones de distribución creados por el cambio climático.

El polvo del Sahara ha aumentado su frecuencia de llegada a Europa durante los últimos 100 años

Con el cambio climático creando y aumentando nuevas zonas desérticas, es de esperar que los episodios de polvo saharaui sean no solo cada vez mayores, sino que entrañen un mayor riesgo: cuanta mayor concentración de partículas haya, más peligro existirá para la salud. El futuro ya no solo implica frenar el cambio climático, sino también obtener sistemas de rastreo meteorológico para esta clase de eventos, entre cuyos beneficios no solo está la protección preventiva sanitaria, sino también el uso y ahorro de los recursos energéticos (prevé, por ejemplo, si las placas solares serán bloqueadas durante un determinado número de días).

La tormenta Filomena puso de manifiesto la falta de preparación y resistencia de las ciudades frente a los fenómenos climáticos más extremos. Paradójicamente son las urbes las que  han provocado —o al menos, aumentado— este tipo de respuestas meteorológicas: según la ONU, las ciudades son responsables del 70% de las emisiones de gases de efecto invernadero, una de las principales causas del cambio climático. 

Tal y como señalan desde Naciones Unidas, las ciudades también pueden ser una de las figuras clave para enmendar los daños que, en gran parte, ellas mismas han causado. Cambiar la forma en que planificamos, construimos, gestionamos y proveemos de suministros energéticos a nuestras urbes es algo fundamental a la hora de reducir la emisión de gases nocivos. Esto es posible mediante sencillas soluciones que abarcan desde la construcción de edificios sin emisiones de carbono a un sistema de transporte público que apueste por vehículos más limpios alimentados por combustibles alternativos. Unas inversiones que, según estimaciones del Banco Mundial, serían mucho menores que los 18.000 millones de dólares anuales que cuestan a nivel mundial los desastres naturales.

Los desastres naturales cuestan 18.000 millones de dólares anuales a nivel mundial

Un problema global... y europeo

Uno de los grandes ejemplos de actuación se sitúa en Europa, concretamente en la capital inglesa. Londres adolece, al igual que muchas otras poblaciones alrededor del mundo, de un importante problema de contaminación ambiental: más de un 95% de quienes residen en la ciudad se halla expuesto, según World Resources Institute, a esta clase de polución aérea (una cifra que aumenta hasta casi el 100% en las zonas de menores recursos económicos). Con el fin de reducir estas cifras, en 2003 se estableció una “tasa de congestión” aplicable a todos los vehículos que se adentrasen en el centro de la ciudad. El último avance en este sentido se aplicó durante el 2019, año en que se consiguió crear —por primera vez a nivel global— una “zona de emisiones extremadamente bajas”: 21 kilómetros cuadrados del área central de Londres en las que los conductores deben, o bien adaptarse a los estándares de emisiones, o bien pagar una tasa que posteriormente se reinvierte en el sistema de transporte público local. La iniciativa, en la que se han fijado otras ciudades como Madrid, ha llevado a reducir la entrada de hasta 44.000 vehículos contaminantes en la capital británica y a disminuir un 44%  las emisiones de dióxido de nitrógeno.

Este caso, sin embargo, parece ser una excepción. Según datos del Basque Center for Climate Change, los planes de adaptación al cambio climático de las ciudades más grandes del planeta no van a conseguir resultados efectivos a medio y largo plazo tal y como están planteados en la actualidad. No serán capaces de reducir la vulnerabilidad de tormentas como Filomena ni de incrementar la propia resistencia de las ciudades, dada la escasa definición de los procesos de financiación y regulación ligados a estos planteamientos. Los expertos responsables del estudio recuerdan que para que las políticas de adaptación al cambio climático sean efectivas, los organismos municipales deberían: mejorar la información climática y la forma en que es utilizada, incrementar los canales de financiación local, fortalecer los sistemas de monitorización y evaluación y tener en cuenta, sobre todo, a los grupos de población más vulnerables. 

En España solo un 10,1% de las ciudades cuenta con un plan de mitigación contra los problemas climáticos

En la península ibérica es tan solo Barcelona quien parece adentrarse —aunque tímidamente— en la senda de las buenas prácticas climáticas. Este problema de adaptación a la emergencia ambiental, eso sí, se vuelve más complejo en cuanto que cada núcleo urbano posee sus propias particularidades, con diferentes climas y regímenes hidrológicos. Así, no es lo mismo una ciudad situada en el norte de España que la propia Barcelona, cuyo principal problema vendría determinado por las fuertes lluvias torrenciales características del clima mediterráneo. 

Una lucha por (y para) el futuro

El clima, no obstante, tampoco es un mero problema de eventuales urgencias; se trata de volver a hacer nuestras ciudades habitables. Basta observar el avance del aumento de la temperatura en Ávila o Murcia, mucho más calurosas ahora —con 1,8 grados de diferencia— que hace 30 años. El hecho de convertir nuestros propios hogares en lugares cada vez más inhabitables es un fenómeno tan absurdo como cada vez más evidente. Según la revista Journal of Cleaner Production, un 33% de las ciudades de la Unión Europea no cuenta aún con un plan de mitigación a los problemas climáticos, y solo un 26% tiene un plan de adaptación. En el ámbito nacional, los datos empeoran severamente: tan solo un 10,1% cuenta con un plan de mitigación, cifra que baja hasta el 7,3% en relación a los planes de adaptación. 

Una transición hacia economías resilientes y con bajas emisiones de carbono podría crear hoy más de 65 millones de nuevos empleos netos hasta la próxima década. Un potencial estímulo económico que para acometer las medidas que ya dejan de  ser algo opcional: nunca habrá empleo y economía en un futuro sin salud. 

El compromiso de la Unión Europea (UE) con el clima, lejos de resquebrajarse por la pandemia, parece haberse fortalecido en los últimos meses. Con un presupuesto de 1,8 billones de euros, la UE ha elaborado su plan de reconstrucción entorno al European Green Deal o Pacto Verde Europeo. Consolidado en 2019, este gran proyecto a largo plazo se plantea como el plan para construir una sociedad «sana, sostenible y próspera con una economía resiliente que trabaje para las personas y la naturaleza», a través de la creación de nuevos empleos verdes, de la restauración de la biodiversidad, de relanzar una industria sostenible y transitar hacia un modelo de economía circular, entre otros objetivos.  Este año supone el pistoletazo de salida para una etapa completamente nueva en la que Europa pretende alcanzar la neutralidad climática para 2050, pero ¿por dónde empezar? 

El Pacto Europeo por el Clima, anima a todos los actores de la sociedad civil a unirse a la lucha climática

Del mismo modo que la colaboración ha sido la única forma de conseguir una vacuna en tiempo récord, la UE entiende que, si queremos lograr una transformación real, debemos remar en la misma dirección. Con esta idea y en el marco del European Green Deal, el pasado mes de diciembre se lanzó el Pacto Europeo por el Clima, una iniciativa que anima a todos los actores de la sociedad civil a unirse a la lucha climática. «El Pacto Europeo por el Clima reunirá a quienes quieran tomar medidas por nuestro planeta. Con el Pacto, queremos ayudar a todas las personas en Europa a actuar en su vida cotidiana y darles la oportunidad de participar en la transición verde e inspirarse mutuamente. Cuando se trata de abordar el cambio climático, cualquiera puede actuar y contribuir», afirma el vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea para el Pacto Verde Europeo, Frans Timmermans.

Esta gran plataforma abierta y en constante evolución pretende fomentar el intercambio de información, el debate y las acciones concretas para apoyar a empresas, gobiernos locales, industrias y ciudadanía en la transformación verde de Europa. En su primera etapa, los esfuerzos se centrarán en cuatro grandes áreas que, según recoge la propia web de la Comisión Europea, «ofrecen beneficios inmediatos no solo para el clima y el medio ambiente, sino también para la salud y el bienestar de los ciudadanos»: zonas verdes, transporte verde, edificios eficientes y habilidades verdes.

Más zonas verdes para combatir el cambio climático

Los árboles son la máquina perfecta en la lucha contra el cambio climático: absorben CO₂ y expulsan oxígeno. Por ello, la UE planea plantar al menos tres millones de árboles para 2030. También se impulsan iniciativas como la herramienta Ciudad Verde, que permite a cualquier ciudad autoevaluar su grado de sostenibilidad ofreciendo información, guías y consejos para reinventar el urbanismo en su versión más verde; o el programa LIFE, que este año recibe un 37% más de fondos para poner en marcha 120 proyectos nuevos dirigidos a la restauración medioambiental de Europa.

El impulso del transporte sostenible

La movilidad es una de las áreas que se han visto más afectadas por la pandemia. Un hecho que ha propiciado la aparición de nuevas tendencias, como el resurgir de las bicicletas en muchas ciudades europeas, que plantean la situación actual como un buen punto de partida para reinventar la movilidad de forma sostenible. Este año 2021 ha sido declarado por la Unión Europea como el Año Europeo del Ferrocarril, una iniciativa que pretende estimular la utilización de un medio de transporte electrificado y que apenas representa el 0,4% de las emisiones generadas por el transporte en la UE —que suponen un 25% sobre el total—. Además, esta declaración coincide con la implementación del cuarto paquete ferroviario que busca construir un Espacio Ferroviario Europeo totalmente integrado.

Edificios inteligentes y más eficientes

La UE rehabilitará 35 millones de viviendas para 2030

El temporal Filomena en España ha destapado algunas carencias energéticas y de confort de los hogares. Frente a un futuro en el que presumiblemente pasaremos más tiempo en nuestras casas y en el que los fenómenos extremos proliferarán, el aprovechamiento energético y la reinvención del espacio son dos prioridades clave. 

Según datos de la Comisión Europea, actualmente cerca del 75% del parque de edificios es ineficiente desde el punto de vista energético. Una cifra que pretende revertir mediante la iniciativa Ola de Renovación, que tiene como objetivo rehabilitar 35 millones de edificios para 2030. Por otro lado, se ha puesto en marcha el diseño de la Nueva Bauhaus Europea, un espacio de encuentro para reinventar los espacios para las nuevas formas de vida con la tecnología y la sostenibilidad como pilares.

Nuevos empleos con habilidades verdes

El trabajo se ha llevado una de las peores partes de la pandemia con más de 360.000 empleos destruidos solo en España. Sin embargo, la transformación ecológica, por la que está apostando Europa en su reconstrucción, abrirá nuevas oportunidades que necesitarán una importante fuerza laboral para salir adelante. En este marco, el fomento de capacidades verdes que respondan a las necesidades de estos nuevos empleos será prioritario.

El Fondo Social Europeo se centrará en la recapacitación laboral para la transición verde

Así, en 2021 la Agenda Europea para las Capacidades arranca con el Pacto por las Capacidades, una iniciativa que pone en común a empresas, trabajadores y gobiernos para profundizar en el desarrollo de habilidades ecológicas y empezar a crear un ecosistema europeo de industrias y empleos verdes. Además, el Fondo Social Europeo se centrará en la recapacitación de aquellas personas a las que reinventarse o acceder al mercado laboral les resulte más difícil. Un proyecto que tiene como objetivo formar a cinco millones de personas.

El 20 de enero la Casa Blanca estrenaba nuevo huésped y, con él, se dejaban atrás cuatro años de negacionismo climático y políticas controvertidas tanto a nivel nacional como internacional. La llegada al despacho oval del demócrata Joe Biden parece querer dejar atrás una legislatura perdida para la Agenda 2030 y la vuelta a un liderazgo con foco en la lucha contra el cambio climático. Algo que, para Miranda Massie, directora del Museo del Clima de Nueva York, es una «obligación moral» de Estados Unidos para con el mundo: «Somos el mayor emisor del planeta y, por eso, deberíamos liderar la lucha contra una emergencia climática que es el marco bajo el que se producen las peores crisis raciales, de justicia social y de igualdad de la historia», sentencia. Y la Administración de Biden y Kamala Harris, a priori, parece incorporar el cambio climático como eje vertebrador de las políticas y del futuro de su país.

La Administración de Biden y Kamala Harris, parece incorporar el cambio climático como eje vertebrador

Nada más tomar posesión del nuevo cargo, Biden ha dado la orden de dar marcha atrás a la retirada del Acuerdo de París –impulsado por Barack Obama y abandonado por Donald Trump a finales del año pasado– mostrando un nuevo compromiso adquirido con la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Pero, ¿cuál será el camino a seguir por la Administración Biden?

El clima como eje transversal

El primer paso que dio el nuevo presidente –incluso antes de su llegada a la Casa Blanca– de cara a su compromiso climático fue el nombramiento de algunas de las caras visibles de su gabinete, como el secretario de Estado de la era Obama, John Kerry, como enviado especial de Estados Unidos para el clima. De esta manera, se eleva el cambio climático a un puesto ministerial que no será asumido sin desafíos nacionales e internacionales. Pero, según el New York Times, la ambición climática del nuevo presidente no se queda solo ahí: toda persona que ocupe un puesto en su Administración, aseguran, debe cumplir un requisito fundamental, que es incluir la emergencia climática entre sus principales preocupaciones.

Con esto dicho, en los próximos meses se prevé que Biden priorice la inversión en energías renovables. Las primeras, junto a toda empresa o sector ligado al clima –eléctricas, transporte o infraestructuras sostenibles– tendrán un empujón desde Washington: serán piezas clave del paquete de estímulos para superar la crisis económica en la que el coronavirus ha sumido al país –y al mundo–. 

Compromiso con la descarbonización

Al contrario que Trump, Biden es un arduo defensor de la reducción de emisiones de CO₂. Su programa electoral asegura su compromiso con la descarbonización, que quiere impulsar desde el primer día en la Casa Blanca. Además, su intención es que todos los ciudadanos dispongan de una electricidad proveniente de fuentes 100% renovables para 2035 y que la economía y el país esté descarbonizada por completo para 2050. El impulso de los trenes de alta velocidad y las infraestructuras sostenibles –rehabilitación de edificios, creación de nuevas plantas eólicas y solares, etc.– estarán en el centro de las políticas medioambientales del nuevo presidente. La movilidad sostenible también llegará a los hogares en forma de incentivos para sustituir el parque móvil estadounidense por vehículos eléctricos. 

La estrategia de Biden: inversiones en tecnologías renovables, sustitución de energías contaminantes y la adaptación de infraestructuras

La estrategia de Biden se basará, en definitiva, en las inversiones millonarias, directas e indirectas, en tecnologías renovables, en sustitución de energías contaminantes por otras que reduzcan las emisiones o la adaptación de infraestructuras y edificios a los fenómenos extremos provocados por el cambio climático. Detrás de todo este plan se encuentra la palabra oportunidad: la nueva Administración quiere convertir uno de los mayores desafíos de la humanidad en una oportunidad para, como ya ocurrió en su momento con el New Deal de Roosevelt, impulsar el crecimiento económico y el empleo en Estados Unidos. Por el momento, solo queda ver hasta qué punto el nuevo presidente es capaz de ejecutar ese ambicioso plan, que sin embargo para muchos activistas climáticos sigue siendo insuficiente. 

El año 2019 nos queda ya muy lejos. Especialmente después de estos doce últimos meses donde el coronavirus ha sido el protagonista. Sin embargo, de ese año previo a que todo cambiara todavía salen a la luz noticias realmente llamativas. En 2019 Europa fue testigo de la mayor y más drástica caída de emisiones de dióxido de carbono, que se desplomaron más de un 24% en comparación con los niveles registrados en 1990. Fue el nivel más bajo en tres décadas, tal y como anunció a finales de 2020 la Comisión Europea en su Informe Anual de situación sobre la acción por el clima, que trata de los avances de la Unión Europea en la reducción de las emisiones en 2019. 

Los resultados de este estudio demuestran que ser más verdes y mantener a la vez el crecimiento de la economía es completamente factible. Si se comparan los números con 2018, veremos que en 2019 la caída interanual en la producción de gases de efecto invernadero en los 27 estados-miembros fue de un 3,7%, mientras que el PIB creció un 1,5%. En palabras de Frans Timmermans, vicepresidente ejecutivo responsable del Pacto Verde Europeo: “La Unión Europea está demostrando que es posible reducir las emisiones y hacer que crezca la economía. No obstante, el informe confirma una vez más que debemos intensificar nuestros esfuerzos en todos los sectores de la economía para alcanzar nuestro objetivo común de neutralidad climática de aquí a 2050”. 

Para elaborar una estrategia realista es importante analizar las emisiones cubiertas por el Régimen de Comercio de Derechos de Emisión (RCDE UE), el principal mercado de carbono del mundo y el de mayor tamaño. El RCDE establece la cantidad total, sujeta a un límite máximo, de determinados gases de efecto invernadero que pueden emitir las instalaciones contempladas en el régimen. Dentro de este límite, las empresas reciben o compran derechos de emisión con los que comerciar en función de necesidades y, al final de cada año, entregan suficientes derechos para cubrir todas sus emisiones. En caso contrario, se les imponen fuertes sanciones.

Las emisiones cayeron un 9,1% en 2019, lo equivalente a 152 millones de toneladas de CO2

Este sistema, calificado como un hito de la política europea de lucha contra el cambio climático, consiguió registrar la mayor reducción en 2019 con un descenso del 9,1% de emisiones, es decir, alrededor de 152 millones de toneladas de dióxido de carbono. Uno de los principales responsables fue el sector eléctrico que, gracias a la sustitución del uso del carbón para la calefacción por electricidad procedente de fuentes renovables y gas, redujo sus emisiones en un 15%. La industria, por otro lado, solo alcanzó el 2% de reducción y las emisiones de la aviación siguieron creciendo, aunque moderadamente: aumentaron un 1%, es decir, alrededor de 0,7 millones de toneladas equivalentes a CO₂ en comparación con 2018.

Por otro lado, las emisiones no contempladas en el RCDE UE, tales como las procedentes de la industria no sujeta a ese régimen, el transporte, los edificios, la agricultura y los residuos no sufrieron cambios significativos con respecto a los niveles de 2018, ni para bien ni para mal. Teniendo estos últimos datos en cuenta, la transición verde, indica Timmermans, solo es viable si aprovechamos las oportunidades de recuperación económica post-Covid para relanzar una economía más verde y resiliente. 

El coronavirus como herramienta de aprendizaje

La pandemia provocada por el coronavirus apunta a una caída sin precedentes en las emisiones, según la propia Comisión Europea, estimando una reducción de las emisiones globales en un 8%, en comparación con 2019. Aunque ya hemos sido testigos de algunas caídas de gases efecto invernadero fruto de las restricciones de movilidad para frenar los contagios, falta saber de qué forma se han visto afectados los derechos de emisión en la Unión Europea, unas cifras que no conoceremos hasta finales de 2021. 

Mientras esperamos esos resultados podemos tomar nota de las vivencias económicas y sociales durante los meses más duros de la pandemia que han evidenciado la necesidad de un sistema más verde, inclusivo y justo para evitar consecuencias similares a las provocadas por el coronavirus en el futuro. De hecho, en julio de 2020, la Comisión Europea aprobó que el paquete de recuperación económica 2021-2027 destinara un 30% de los fondos (más de un billón de euros) a apoyar a los países de la UE en los retos de sostenibilidad y el fomento de los trabajos verdes para garantizar una mejor competitividad, especialmente en las áreas de renovación de edificios, energías renovables, movilidad limpia y la integración del sector de la energía. 

España es el tercer mayor emisor de bonos sostenibles de Europa

España, por ejemplo, se consolidó en 2020 como el tercer mayor emisor de bonos sostenibles de Europa -intentos de captar fondos de los inversores con una devolución completa (con intereses) posterior- tan solo por detrás de Francia y Holanda. Nuestro país llegó a incrementar las cifras nacionales de estas emisiones hasta en un 97% anual en el primer trimestre de 2020, alrededor de 9.000 millones de euros en bonos verdes. En el futuro de 2021 estas inversiones apuntan a convertirse en protagonistas: el Tesoro español prevé emitir bonos verdes, algo que hará crecer aún más el interés en este tipo de emisiones para cumplir con los compromisos de sostenibilidad. 

Dicen los expertos que uno de los mejores trucos para ahorrar es controlar los gastos mensuales y saber cuánto destinamos a cada factura. Seguro que, sin pensarlo mucho, sabes cuánto pagas de alquiler, cuánto sueles gastar en ocio o qué parte de tu sueldo va destinado a cubrir tu consumo de Internet, agua o luz. Pero, ¿sabes cuánto te cuesta la contaminación atmosférica? Según los cálculos de la Alianza Europea de Salud Pública (EPHA, por sus siglas en inglés), casi mil euros al año. 

En concreto, la factura asciende a 926 euros en conceptos de tratamientos médicos derivados de la polución, las jornadas laborales perdidas, muertes prematuras y otros costes sanitarios derivados de la contaminación, especialmente de sus elementos más mortíferos, como las micropartículas en suspensión, el dióxido de nitrógeno y el ozono. En España, la minuta que la contaminación le pasa a cada habitante está algo por debajo de la media europea, que el mismo informe sitúa en 1.276 euros anuales. De hecho, ninguna de las ciudades españolas se encuentra el top ten, encabezado por Bucarest (Rumanía), donde los costes sobrepasan los 3.000 euros anuales por persona, y en el que figuran nada menos que cinco ciudades italianas –Milán, Padua, Venecia, Brescia y Turín–. 

En España, la contaminación atmosférica cuesta a cada habitante 926 euros al año

En nuestro país, el problema principal se concentra en las grandes ciudades que, aunque llevan años intentando implantar políticas para reducir su contaminación, siguen registrando los mayores índices debido, principalmente, al tráfico rodado. Así, los costes netos por los daños causados por la contaminación son de 3.383 millones de euros en Madrid,Barcelona (2.020 millones ), Valencia (670 millones) y Zaragoza (522 millones ). Sin embargo, la cosa cambia si hablamos de gastos per cápita: a nivel individual, la contaminación sale más cara a los habitantes de Barcelona (1.256 euros), Guadalajara (1.183 euros), Madrid (1.069 euros), Gijón y Coslada (que comparten la cifra de 1.033 euros). 

Del otro lado de la balanza, las ciudades que menos pagan por gastos derivados de la contaminación son Arrecife (26 millones), Elda (35 millones), Zamora (37 millones) y Ferrol (40 millones). Al hablar de gastos per cápita, la factura es más barata para la población canaria de Santa Cruz de Tenerife (382 euros), Arrecife (448 euros) y Telde (521 euros) y, ya en la península, Cáceres (584 euros). 

Una mirada a Europa

Para su análisis, la EPHA ha realizado mediciones en 432 ciudades de países miembro de la Unión Europea, además de Reino Unido, Noruega y Suiza, con la intención de hacer una estimación del daño que la contaminación atmosférica produce en la salud humana, basándose en los datos oficiales de Eurostat y lo recogido en las estaciones de medición de los niveles de polución en 2018. 

«Nuestro estudio revela la magnitud de los daños causados por el aire contaminado en la salud humana y las inmensas desigualdades que existen entre los distintos países de Europa», explica Sascha Marschang, secretario general de la EPHA. Si observamos el mapa que recoge los datos del impacto per cápita, es especialmente notoria la diferencia entre las ciudades del centro y este de Europa, además de la ya comentada incidencia en el norte de Italia. Según los datos, dos tercios de las ciudades analizadas en el informe no cumplen con los criterios marcados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre aire limpio. Debido a la densidad de población y a la propia situación económica de las grandes ciudades –con mayores ingresos, pero también con más gastos–, sus habitantes son los que suelen enfrentarse a los mayores costes por contaminación. 

Sin embargo, más allá del coste para nuestro bolsillo, el aspecto más importante para la entidad es el demostrado impacto que la mala calidad del aire tiene en nuestro organismo. Según estimaciones de la propia OMS, en todo el mundo, alrededor de siete millones de personas mueren prematuramente cada año por exposición a la contaminación y a las partículas dañinas que flotan en el aire y que aumentan el riesgo de sufrir cardiopatías, accidentes cerebrovasculares y enfermedades pulmonares, desde el asma, la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) al cáncer. En Europa, solo en 2018 –año en que se recogieron los datos para este estudio–, se estima que más de medio millón de personas murieron por causas estrechamente relacionadas con la contaminación.

Según la OMS siete millones de personas mueren prematuramente cada año por exposición a la contaminación

De hecho, dentro de los costes sociales calculados en el estudio, la mortalidad prematura es el más importante, ya que sobrepasa el 75% de estos gastos. La situación en las ciudades, además, se espera que empeore con la pandemia ya que, según apuntan estudios recientes, la mala calidad del aire podría ser un factor de riesgo extra: además de dañar los sistemas cardiovascular y pulmonar, las partículas nocivas también podrían ser transmisoras del virus. 

Reducir la contaminación es una de las prioridades para las grandes ciudades europeas que, en los últimos años, han implementado medidas para mejorar la calidad del aire. Sobre todo, lo han hecho mediante restricciones al tráfico rodado, uno de los principales responsables de la polución urbana –en España, se han visto este tipo de medidas en grandes urbes como Madrid y Barcelona, pero también en otras como Pontevedra– y apostando por parques, zonas verdes y medios de transporte más sostenibles. «En gran medida, las ciudades pueden reducir los costes pasándose a la movilidad urbana de cero emisiones. Los gobiernos nacionales y la Unión Europea deben tener en cuenta este impacto para sus políticas de transportes para apoyar, y no obstaculizar, una recuperación saludable tras la pandemia», concluye Marschang.